Editorial La Jornada
La industria petrolera nacional
presentó en enero su mayor ritmo de crecimiento anualizado en 16 años,
alcanzó su mejor nivel de los pasados 15 meses, y ligó su tercer mes
consecutivo al alza. A estas buenas noticias debe sumarse la entrada en
operación del campo petrolífero de Quesqui en el estado de Tabasco, el
cual cuenta con 500 millones de barriles de reservas probadas y se
espera genere 135 mil barriles diarios el próximo año; así como la
posible incorporación de un megayacimiento en Veracruz con un potencial
de 5 mil millones de barriles de petróleo equivalente (es decir, una
combinación de crudo y gas).
Si bien las cifras referidas deben tomarse con cautela, lo cierto es
que en lo inmediato suponen un éxito de la política de recuperación de
la industria petrolera implementada por el gobierno federal para frenar,
y posteriormente revertir, la caída libre a la cual fue condenado el
sector por la combinación de corrupción rampante y desmantelamiento
deliberado durante las administraciones del ciclo neoliberal.
Este éxito parcial es más significativo si se considera la
catastrófica situación en la cual el gobierno en turno recibió a
Petróleos Mexicanos (Pemex, símbolo y sinónimo de la industria
petrolera, en tanto que aporta 97 por ciento de la producción local de
crudo). En primer lugar, la sobrexplotación irresponsable del yacimiento
de Cantarell, aunada al abandono de la prospección de nuevos campos
petrolíferos, había llevado a un derrumbe de la producción de crudo
desde su máximo histórico de 3.38 millones de barriles diarios en 2004
hasta los 1.7 millones obtenidos en diciembre de 2018. No puede pasarse
por alto que la reforma energética, aprobada en el contexto del Pacto
por México en 2013, agudizó el ritmo de la debacle, pese a la entrega de
campos listos para la explotación a la iniciativa privada nacional y
foránea.
En segunda instancia, la exacción fiscal de Pemex, en un contexto de
caída en la producción y de precios petroleros reducidos, llevó a un
endeudamiento brutal de la empresa, cuyos pasivos financieros se
dispararon un 246 por ciento en apenas 10 años, al pasar de 546 mil
millones a 2 billones de pesos entre 2008 y 2018, es decir, durante los
pasados cuatro años del sexenio de Felipe Calderón y todo el de Enrique
Peña Nieto. Por último, los intentos por reducir a su mínima expresión a
la empresa productiva del Estado se cebaron en los trabajadores, 14 mil
694 de lo cuales fueron cesados sólo en 2015, cuando la compañía era
dirigida por el hoy preso Emilio Lozoya Austin.
El somero recuento del quebranto contra Pemex echa luz sobre la
magnitud de la tarea de rescate que se encuentra en curso. Dada la
importancia social, económica y geopolítica que supone para el país la
fortaleza de su sector energético, cabe hacer votos por que la
recuperación de los meses recientes marque el inicio de un crecimiento
sostenido, así como por que los recursos derivados de esta nueva etapa
en la vida de Petróleos Mexicanos se usen en beneficio del conjunto de
la población.
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