Columnas de la Jornada.
La administración calderónica tiene más de tres años en campaña bélico-electoral. La bandera para intentar la conquista de una mayoría panista en la Cámara de Diputados pasa por la siembra del miedo, la sustracción de entidades federativas enteras (en las que no habrá condiciones para la emisión libre del sufragio), el abstencionismo inducido y la presencia militar que servirá tanto para cuidar el curso del proceso electoral como para enfrentar protestas e inconformidades. Hoy no hay el mismo perfil ciudadano que tres años atrás: como en Estados Unidos, un gobierno tachado de ilegitimidad ha reducido en grandes proporciones las libertades cívicas, las garantías constitucionales y el ánimo de lucha política. Con el gran telón de fondo de la guerra contra el narcotráfico, los actos seleccionados, que vayan contra los lineamientos establecidos desde el poder, corren el riesgo de ser combatidos con las armas, sobre todo ahora que el Pentágono ha anunciado su disposición para compartir con el Ejército mexicano las técnicas de combates urbanos que han aplicado en Iraq y Afganistán.
La guerra contra las drogas está sabidamente perdida y es absolutamente inviable si sólo se atacan las operaciones logísticas y los rápidamente reemplazables mandos bajos y medios de los cárteles, sin tocar las vertientes financieras y de poder político. Pero ese despliegue militar le ha dado a Calderón materia para un discurso recurrente y con él se pretende instalar a los pequeñines de Los Pinos como héroes que han sabido enfrentar el cochinero dejado por los antecesores, del PRI para atrás, pues a pesar de que el propio michoacano y algunos de sus subordinados han asegurado que recibieron instituciones desmanteladas y que había un abandono del cumplimiento de responsabilidades en la materia cuando abordaron el poder, se han negado a actuar jurídicamente contra el foxismo propiciador de las desgracias actuales, e incluso varios de sus gerentes estelares del gran circo estupefaciente forman parte de la plantilla personal del comandante Felipe.
La estrategia pinolera de usar la multimencionada guerra para apuntalar ambiciones electorales va quedando de manifiesto conforme las posiciones de los partidos se van definiendo. Ya en un primer escarceo la administración del caldero pretendió imponer reglas de supervisión de candidatos a puestos de representación popular para impedir que el narcotráfico pudiese filtrarse a esos ámbitos, que en la actualidad están más que infiltrados. Ahora se pretende confrontar la posición belicista interna del panismo con la reticencia de gobiernos estatales priístas (muchos de ellos, metidos hasta la coronilla en el negocio) a sumarse a la escalada sangrienta.
El sintomático Germán Martínez dio ayer un paso más a esa politización de la guerra contra el narcotráfico al enderezar un discurso contra las culpas ciertas del partido de los tres colores, pero sin atreverse a hacer una referencia mínima a lo hecho durante el foxiato. De la misma manera en que fue cómplice por omisión de las pillerías de los refugiados de San Cristóbal cuando fue fallido secretario de la Función Pública, el muñeco blanquiazul de ventrílocuo calderónico se olvida de las andanzas de Chente y Marta, de la liberación del operador del sexenio al que le fue abierta la Puerta Grande y del entramado de gabinete que permitió el crecimiento y el desbordamiento del poder de los capos, que hoy tampoco sufren más que mermas y derrotas selectivas.
Astillas
Más del México bárbaro: Treinta años atrás, con sus manos, sus recursos y en un terreno que un vecino donó expresamente para ello, los pobladores de La Piedad, en el municipio de El Marqués, Querétaro, construyeron un pozo de agua. Hace 12 años y medio eligieron en asamblea como administrador a Roberto Hernández Barrón, quien de inmediato comenzó a vender el líquido, mediante pipas particulares, y a traficar con la instalación de tomas domiciliarias. Cuando terminó el trienio para el que habían elegido a Hernández Barrón, éste y tres familiares constituyeron una sociedad civil que se declaró dueña del pozo. Ese tiempo llevan luchando las casi 700 familias para recuperar el control de lo que es suyo. Las protestas llegaron el año pasado a una maniobra igualmente familiar, pues Hernández Barrón es hermano de la esposa del todopoderoso secretario general del gobierno estatal, Alfredo Botello Montes, miembro distinguido de El Yunque. Así, el gobierno del cuñado (Botello) decidió que el problema del cuñado (Hernández Barrón) fuera absorbido por la Comisión Estatal del Agua, para evitar auditorías y problemas al nombrado en segundo término. Como la comunidad no aceptó esa transa, se ordenó hace ocho meses el corte del suministro de agua (acusando a los pobladores de morosidad, por no pagar al Cuñado por el servicio que les robó). La protesta popular que ello originó llevó el pasado 29 de septiembre al encarcelamiento de 19 personas, cinco de ellos niños, según narran a esta columna los afectados. Ya liberaron a nueve, pero dejaron en prisión a seis por el delito de despojo agravado, según narran algunos de sus familiares. Los afectados señalan que Antorcha Campesina los ha defendido porque es lo único que queda en el Estado. A todos los encarcelan, los compran o los sacan del estado. Aquí se firmó la Constitución pero es donde no vale... Juan Carlos Raya platica: “Leo a Primo Levi (La última navidad en guerra), quien narra que, casi al final de la confrontación bélica, la Gestapo intensificó la persecución de los ‘catastrofistas’ que querian dejar de creer en Alemania”... En días pasados, La Jornada cabeceó así una nota: Cobardía, usar a la población contra el Ejército: Calderón, lo que hace decir al ingeniero Raúl Cárdenas, profesor retirado del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro: Cobardía y prevaricación al usar el Ejército contra la población, lo que FCH hace... Y, mientras le dan al Osito Téllez el Óscar por la (involuntaria) revelación telefónica del año, ¡hasta mañana, en esta columna sin alfombra... roja!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Cuando Robert Allen Stanford llegó a Antigua, a principios de los años 90, pocos nativos ha-bían oído hablar del financiero texano, dice en su edición del sábado The New York Times. “Hoy domina muchos aspectos de la vida de esta asoleada isla caribeña y algunos inclusive la llaman Territorio Stanford”. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó autorización para operar a la filial Fondos Stanford en 2005, cuando era presidente Jonathan Davis y continuó operando con el cambio de administración, en 2006, cuando lo sustituyó Guillermo Babatz. La conquista de Antigua por sir Stanford –el título nobiliario se lo otorgó el gobierno isleño– no difiere de los métodos que suelen usarse para colonizar a países tercermundistas: la corrupción de funcionarios y políticos. No es exagerado llamar Territorio Stanford a Antigua, cuya población es menor a 100 mil habitantes: es dueño de una línea aérea, de un periódico, de un vasto complejo residencial, del estadio nacional, donde se juega cricket, el deporte favorito. Y, desde luego, del Stanford International Bank. Los problemas comienzan cuando sus operaciones se contaminan con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. En 1999, en el marco de una investigación, tuvo que entregar a la DEA –Drug Enforcement Agency– un cheque por $3.1 millones de dólares, después de que el banco halló que un capo del narcotráfico de México había ocultado o lavado dinero. Aun cuando lo entregó a la DEA, el Departamento del Tesoro incluyó a Antigua en su lista de países en los que se blanquean riquezas. Sucesos como éstos rebotaron en Estados Unidos, donde Stanford se cubrió mediante aportaciones generosas a congresistas y políticos. De1999 a la campaña del año anterior, Stanford invirtió alrededor de 4.8 millones de dólares en actividades de cabildeo, y ha aportado 2.4 millones más a candidatos a distintos puestos de elección popular.
Conexión mexicana
Dado el modo de operar del financiero texano de 58 años, que comenzó su carrera en el negocio de los gimnasios, cabe hacer algunas preguntas: ¿cómo es que la Comisión Nacional Bancaria de México le otorgó un permiso para operar en 2005, con el antecedente del episodio de 1999, cuando regresa dinero a la DEA porque un capo del narco mexicano lo había ocultado en el banco de Antigua? Eso sucedió en el sexenio anterior, con Jonathan Davis, pero ¿cómo es que siguió operando en la nueva administración, con Guillermo Babatz? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones que tienen los dos principales ejecutivos, David Nanes y Rafael Ortiz, con las autoridades financieras? ¿Por qué hasta el momento la única reacción de la CNBV ha sido abrir un buzón electrónico para que el público exponga sus dudas y quejas? Preguntas que no tendrán eco ni respuestas.
Se alejan los aliados
El año pasado nos subieron los impuestos (por el IETU) y ahora el impuesto indirecto de la pérdida del poder de compra (la devaluación del peso). Nos hicieron más pobres a todos. ¿Quién es el autor de la declaración? ¿Alguno de los pocos legisladores que guardan cierta distancia del gobierno panista? No, para nada. Corresponde a Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista de TvAzteca, entrevistado, no en alguno de sus canales de televisión, sino por la revista Expansión. ¿Qué pasó con el mandato del Banco de México que era preservar el poder de compra de los mexicanos? Pues parece que se les olvidó. Es muy lamentable, agregó. El fin de semana el dólar estuvo en la frontera de los 15 pesos. Los apoyos del panismo se están alejando.
Ante la espeluznante sacudida que vive el planeta, los países más poderosos del mundo –cuando menos así se autodefinían antes del estallido de la crisis–, han decidido diseñar un nuevo sistema financiero internacional, y para lograr tal propósito no encontraron mejor diseñador ni ejecutor que el organismo creador de una buena cantidad de estrategias que condujeron a millones de habitantes a la miseria más atroz, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el azote de los pueblos.
Se ha reiterado hasta el cansancio –más como justificación que como explicación– que la crisis es mundial y que, por lo mismo, su solución sólo será posible con la plena participación de la comunidad de naciones. Sin embargo, tal solución es ahora democráticamente decidida por un grupúsculo de países que, como siempre, piensan por el resto del planeta.
Muestra de lo anterior es el encuentro realizado este fin de semana en Berlín, durante el cual los ocho gobiernos congregados acordaron comisionar al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Financiero de Estabilidad la aplicación de las recomendaciones para poner en marcha el plan de acción así como su vigilancia, es decir, el diseño y ejecución de la nueva arquitectura financiera internacional –como la calificó la canciller alemana, Angela Merkel–, la cual deberá aplicarse de manera consecuente.
Merkel, en voz de las naciones europeas participantes en el encuentro de Berlín, subrayó que “todos los mercados financieros del mundo, todos los productos financieros y los actores de los mercados, independientemente del lugar de su sede, deberán someterse a la vigilancia y regulación, y esto regirá tanto para sociedades accionarias como para los fondos de inversión libre… se pretende evitar que esos actores asuman riesgos excesivos”. Bien en el discurso, pero en el lenguaje de la canciller todos quiere decir lo que nosotros, los países más poderosos, decidamos, les guste o no a los demás, que no fueron invitados al sepelio del viejo orden económico internacional.
En este contexto, le encargan al FMI –un organismo de control creado por los vencedores de la segunda Guerra Mundial– la refundación del orden económico y financiero internacional que reventó, entre otras causas, por las políticas, las estrategias y las imposiciones de ese mismo organismo, no sin la anuencia y aplauso de los que hoy deciden la nueva arquitectura.
La crisis es mundial, dicen, pero las decisiones se siguen tomando en petit comité. Lo dijo el primer ministro británico, Gordon Brown: “hubo consenso en que es necesario establecer un New Deal, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo esos sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro”. Le hizo segunda el presidente francés, Nicolás Sarkozy: todos están decididos al éxito; no hay camino de retorno; no nos podemos permitir un fracaso en la refundación del sistema financiero internacional.
¿En qué momento se logró el consenso mundial? ¿Cuándo se pronunciaron los países tercermundistas? Sólo ellos sabrán, pero obvio es que el grueso de naciones ni siquiera fueron tomadas en cuenta, y al enterarnos de que los poderosos han decidido encargar al FMI el nuevo diseño, fácil es conocer de dónde vienen tan democráticas instrucciones.
Angela Merkel detalló que la reunión de Berlín da continuidad a los esfuerzos internacionales que pactó el G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington, y dijo que será prioritario mantener la presión en la cumbre del 2 de abril en Londres para que las medidas acordadas se apliquen en forma consecuente. En efecto, el citado encuentro en la capital estadunidense reunió a los representantes del Grupo de los 20 países más poderosos del planeta (G-7, más Rusia, las naciones emergentes más destacadas y la representación de la Unión Europea) para encontrar soluciones a la crisis, las cuales, por lo visto, no aparecieron.
El G-20 ordenó al FMI el citado diseño. Bien, pero los países que dan cuerpo a ese grupo concentran poco más de 65 por ciento del poder de voto en el seno del Fondo Monetario Internacional. Así, alrededor de 190 naciones no tendrán ni voz ni voto –de hecho, muchas de ellas ni siquiera serán mencionadas– y quedarán totalmente excluidas de esta democrática solución con la plena participación de la comunidad internacional.
Pero la concentración del G-20 aguanta otra criba. En este contexto, el G-7 lleva la voz (y el voto) cantante. Sólo Estados Unidos concentra casi 17 por ciento del poder total de voto en el FMI; el resto de las naciones integrantes del G-7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) acaparan en conjunto el 27.7 por ciento, y si se le suma Rusia (G-8) el 30.39 por ciento, para sumar, con Estados Unidos, 47.39 por ciento del total. China y su creciente cuan decisivo poderío económico-financiero, sólo tiene 3.36 por ciento del voto, y ha sido excluida del consenso.
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía (todas naciones integrantes del G-20, como economías emergentes) apenas reúnen el 17.64 por ciento de ese poder de voto en el FMI. México (que no pertenece al G-7 ni al G-8) sólo tiene el 1.47 por ciento de ese mismo poder de voto. Entonces, ¿quiénes, en esta democrática cuan consensuada solución de la crisis internacional, tomarán las decisiones y definirán qué sí y qué no en la nueva arquitectura y su respectivo diseño?
Los viejos arquitectos disfrazados de nuevos diseñadores, para que al modificar todo en los hechos no cambien nada, en espera de la siguiente crisis.
Las rebanadas del pastel
En pleno terror cambiario, dice el gobernador del Banco de México que los bancos extranjeros que operan en el país no son los responsables del desplome del peso, pues tienen amplia disponibilidad de dólares, incluso más allá de lo imaginable, de tal suerte que no están repatriando dólares a sus matrices. ¿Quién, entonces? ¿Serán los mexicanos de salario mínimo? ¿Acaso las micro y pequeñas empresas que revientan como palomitas de maíz?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
No hay duda de que aunada a la lacerante crisis económica global, México enfrenta hoy otra crisis que comienza a reportar enormes costos no sólo económicos, sino también políticos y sociales: su imagen en el exterior se desmorona.
Las señales que México ha dado al mundo a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, desde hace años tienen el común denominador de la inestabilidad.
Las señales que México ha dado al mundo a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, desde hace años tienen el común denominador de la inestabilidad.
Si bien durante poco más de una década los indicadores económicos del país habían mostrado un comportamiento más o menos estable, que se tradujo en confianza en los mercados y en las inversiones, los resultados que reportaban otros sectores, de manera paralela, no eran tan halagüeños.
Secuelas de levantamientos armados, guerrillas, homicidios que no se esclarecen, impunidad, elecciones cuestionadas, seguidas de prolongados conflictos poselectorales; escándalos de corrupción, así como el más reciente recrudecimiento de la inseguridad y de la violencia generada por el narcotráfico y el secuestro, se han convertido en los mensajes que el mundo recibe de nuestro país desde hace años.
Y es que hoy, cuando la economía nacional es arrastrada por la llamada crisis global, los muy escasos indicadores que daban pie a una precaria estabilidad han terminado por desaparecer y sólo quedan al desnudo, ante los ojos del mundo entero, los horrores que arroja cotidianamente la lucha contra la delincuencia organizada.
El gobierno de Felipe Calderón ya sabe de los enormes costos que esta realidad comienza a arrojar al país. Ya lo detectó, lo midió y está sumamente preocupado.
Quizás sea por esta razón que, durante la semana pasada, al menos tres miembros del gabinete saltaron a la palestra para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la lucha contra el narcotráfico.
Cada uno por su parte, carentes de una estrategia, sin un mensaje claro ni argumentos bien definidos, hicieron algunos señalamientos temerarios que, lejos de cumplir con el propósito de enviar un mensaje positivo, provocaron una serie de enredos, de dimes y diretes, que orillaron a la intervención de gobernadores, legisladores e, incluso, del propio secretario de Gobernación.
Las declaraciones de los secretarios de Turismo, Rodolfo Elizondo; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Energía, Gerardo Ruiz, abrieron innecesariamente tres frentes distintos en un debate que nada abona a la confianza que el gobierno calderonista ahora busca construir.
El responsable del sector turismo manifestó, el 16 de febrero, su preocupación por el “deterioro de la imagen de México en el exterior, por la insistencia de algunos medios de comunicación –dijo– de destacar todo lo que sucede en materia de crimen organizado”.
Resulta comprensible la preocupación de Elizondo, ante la difícil realidad que enfrenta ese sector a partir de la innegable caída del turismo extranjero al país producto de las señales de inestabilidad. Lo que parece un despropósito es que, quien fuera el encargado de la comunicación del gobierno federal durante el primer tramo del sexenio anterior, culpe a los medios de ser los responsables del acelerado deterioro de la imagen de México más allá de las fronteras.
Al día siguiente, el 17, la canciller expresó ante su similar de Irlanda que la violencia generada por la lucha contra el crimen organizado de ninguna manera se da en varios sitios de la República, sino que ésta se circunscribe exclusivamente a tres entidades federativas. Mencionó Baja California, Chihuahua y Sinaloa.
El señalamiento de Espinosa causó revuelo e indignación entre legisladores, pero también en los tres estados sobre los que puso el dedo.
El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, reprochó a la canciller, a través de un desplegado publicado en medios impresos, la ligereza de sus aseveraciones; la acusó de querer minimizar un problema que se extiende a muchos otros estados, y le exigió una rectificación. Y es que apuntar de esa manera, en un tema tan sensible, pudiera fácilmente provocar brotes de mayor inestabilidad en esas entidades fronterizas.
En París, el 18 de febrero, el secretario de Energía soltó una declaración que, por lo aventurada, dejó perplejos a sus interlocutores y pronto se regó por todo nuestro país.
Palabras más, palabras menos, Gerardo Ruiz dijo que México tuvo que entrar a la lucha contra la delincuencia organizada porque, de no hacerlo, el próximo presidente de la República podría ser un narcotraficante.
Los yerros concatenados de los tres miembros del gabinete calderonista llegaron hasta el Congreso. En el Senado, institución encargada de sancionar la política exterior de México, quieren prohibir a los secretarios de Estado que opinen en materia de seguridad. El país queda peor parado, argumentan los legisladores.
Por delicado, el asunto del deterioro de la imagen en el exterior ya forma parte de la agenda de Felipe Calderón. Es preciso atenderlo con prontitud y eficacia, pues de lo contrario el daño que cause ésta, la otra crisis, será incuantificable.
La aprobación de la enmienda constitucional que permitirá eventuales postulaciones sucesivas a todos los cargos de elección popular en Venezuela, revalidó en las urnas el liderazgo de Hugo Chávez y dio legitimidad al proyecto de un socialismo para el siglo XXI. Eso es una mala noticia para Washington y sus palafreneros intelectuales, que consideran a Chávez una fuerza negativa en el concierto interhemisférico, según la visión ratificada por el presidente Barack Obama.
En Venezuela se está llevando a cabo un proceso de cambio pacífico, que combina un capitalismo de Estado con reformas sociales y la democracia directa, que no sólo es votar, sino participar de manera activa en la elaboración de los proyectos y en la toma de decisiones locales y nacionales.
Quienes adversan ese modelo, sectores ligados al capital financiero internacional y los propietarios de grandes medios de difusión masiva, han venido impulsando una aguda lucha de clases con base en la ideología, la desinformación y el racismo. Con razón, durante la campaña, Chávez dijo que sufragar por el sí era votar por la paz. En cambio, de triunfar el no se profundizarían los escenarios de violencia, la guerra mediática y la confrontación ideológica, ante el recurso sistemático de sectores golpistas de la oposición de desconocer las instituciones democráticas del país.
Lo que viene es predecible: dado que Venezuela está incluida entre las amenazas globales a la seguridad nacional de Estados Unidos, Obama persistirá en la guerra asimétrica contra Chávez. En enero, durante su audiencia de confirmación en el Capitolio, el flamante número dos del Departamento de Estado, James Steinberg, dijo que Washington había cedido durante demasiado tiempo el campo de juego a Chávez. Según el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y antiguo analista de la Corporación Rand –un think tank al servicio del Pentágono–, las acciones y la visión chavista no sirven a los intereses de los venezolanos ni a la población de América Latina. Eso, en el lenguaje orwelliano, debe leerse como que Chávez resulta hostil a los intereses geoestratégicos del imperio y del complejo militar industrial. De allí que Washington insistirá en su guerra encubierta, sin reglas ni prohibiciones, que algunos expertos militares han definido como un conflicto de cuarta generación.
A diferencia del combate militar tradicional y de las guerras relámpago y de desgaste, la guerra de cuarta generación –que puede adquirir dimensiones sicológicas y físicas, y echa mano de técnicas de comunicación y marketing y hace un uso sicoanalítico del biopoder– aprovecha la asimetría estratégica entre las partes para obtener ventajas. Ése ha sido el modus operandi de Washington respecto de Venezuela desde antes y durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002, continuado después con el sabotaje petrolero y el referendo revocatorio.
En la coyuntura del 15/F, los círculos de inteligencia de Estados Unidos instrumentaron la Operación Jaque al Rey, una maniobra conspirativa tramada en Puerto Rico el pasado 9 de enero. Allí, con la presencia del director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, del titular de Primero Justicia, Julio Borges, y otros golpistas venezolanos, y con la participación de dirigentes del Partido Social Cristiano de Chile, que dirige el presidenciable Eduardo Frei, estrategas estadunidenses ajustaron nuevos planes de desestabilización. Saben que una eventual relección de Hugo Chávez en los comicios de 2012 significaría la consolidación de los procesos de cambio en varios países del área andina y de las alianzas subregionales, en detrimento de los intereses económicos y de clase de la Casa Blanca, las corporaciones y sus aliados nativos.
La reacción de la plutocracia venezolana y los grandes medios inscritos en la guerra mediática de matriz estadunidense deja entrever una nueva fase de la confrontación. En un intento por posicionarse ante el nuevo escenario, el comando derechista asesorado por Washington reivindicó como una victoria parcial haber superado el techo histórico de 5 millones de votos antichavistas. Sobre esa base, con apoyo de fundaciones estadunidenses y europeas conservadoras (Cato Institute, Heritage, Konrad Adenauer, la española FAES), de políticos conservadores (Madeleine Albright, José María Aznar, Eduardo Frei, Václav Havel, Lech Walesa) y mesías intelectuales al servicio de la contrarrevolución (Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Enrique Krauze) intentarán influir en la opinión pública con eje en la gastada consigna; Chávez totalitario versus una derecha que se disfraza de izquierda.
Ese frente unido derechista utiliza herramientas como el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, adscrito al Plan Bush (la Comisión para la Asistencia por una Cuba Libre) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Todos han venido apoyando las revoluciones de colores y los golpes suaves en las ex repúblicas soviéticas, y alentando la subversión en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Es previsible que el gobierno de Obama intensifique las actividades de inteligencia, contrainteligencia y el cerco financiero contra Venezuela, mientras genera desestabilización política mediante protestas callejeras y movimientos de caos planificado.
Al respecto, el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel denunció un plan que consiste en fortalecer ciertas instalaciones como el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá, donde se habría habilitado una terminal separada como base permanente de una unidad operacional de vigilancia aérea y espionaje electrónico con equipos Awacs. En ese contexto, el 15/F fue una nueva batalla ganada por Hugo Chávez, pero la guerra continúa.
El cinismo y falta de dignidad de Ulises Ruiz se combinaron en 2006 con la irresponsabilidad, ceguera e incompetencia de las clases políticas locales y nacionales para transformar una revuelta popular, un estallido de descontento, en un movimiento social y político de gran alcance y envergadura.
La campaña de represión y cooptación desatada el 25 de noviembre de 2006, que se mantiene hasta ahora, provocó la fragmentación y desarticulación del movimiento, pero al mismo tiempo le dio mayor sentido, profundidad y perspectiva. Es cierto que intimidó a mucha gente, que hasta hoy se encuentra paralizada, con miedo legítimo. Otro grupo no se paralizó por miedo, sino por frustración, por una sensación de impotencia. Aparentemente, de nada habría servido la más grande movilización de la historia de Oaxaca.
De las filas de ese grupo salió otro que llegó a la conclusión de que no había más opción que la violencia. Algunos retomaron lo que hace años se llamaba la vía armada, como camino para tomar el poder. Otros simplemente trataron de prepararse para la siguiente confrontación en gran escala con la policía, que sienten próxima.
Un grupo significativo ratificó su convicción electorera, que no había podido desahogar en el seno de la APPO. Buscan posiciones en el Congreso local y federal, para impulsar desde ahí reivindicaciones populares e intentar en su momento la conquista de la gubernatura y la presidencia de la República.
Gran parte de quienes participaron en el movimiento en 2006, acaso la mayoría, ha tomado un camino muy distinto. Se han radicalizado: vuelven a la raíz, se mantienen a ras de tierra, con la gente, en los barrios y en los pueblos. Se han hecho cada vez más conscientemente anticapitalistas. No escapan de la realidad: se saben expuestos a la dominación del capitalismo. Pero saben también que desde su vientre pueden empezar a tejer nuevas relaciones sociales, más allá de toda forma de explotación económica, en la autonomía. Se radicalizan al animarse a desafiar con lucidez el régimen político dominante. Nada esperan ya de los partidos políticos y el gobierno. Saben ya, por dolorosa experiencia, lo que no pueden dar. Y se radicalizan porque en vista de todo eso se muestran decididos a reorganizar la sociedad desde su base, con imaginación e iniciativa. Crean así, paso a paso, la fuerza política capaz de desmontar el régimen político y económico dominante desde abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas.
No rehuyen la lucha. Son militantes de la transformación. Pero hacen cuanto pueden para dar a su rabia sentido constructivo y evitar la violencia. Saben que da pretexto a las autoridades para la represión y reconocen su esterilidad. Si uno es el fuerte, resulta innecesaria; si es el débil, puede ser suicida, contraproducente o inútil.
El desafío actual de la APPO consiste en respetar el carácter del impulso que la define, que estaba en el origen del movimiento y determina su destino posible.
Necesita superar las tensiones y contradicciones que provocaron en su interior quienes intentaron imponerle sus propias agendas políticas. Sea cual fuere su validez y legitimidad, nunca fueron compartidas por la mayoría. Lo son ahora menos que nunca. Deben hacerse a un lado, para perseguir sus propósitos en otros espacios, o sumarse al empeño colectivo sin afán proselitista, para propósitos puntuales.
Aún más difícil es el desafío organizativo. Por aquellas agendas y otros factores, se manifestó en la APPO la tradición organizativa vertical de algunas de las organizaciones que la formaron. Se necesita hoy conseguir lo que no se logró en 2006: crear una estructura organizativa auténticamente horizontal, ajustada a la naturaleza del movimiento, capaz de respetar la autonomía de sus núcleos y al mismo tiempo de concertar su interacción y facilitar el continuo ejercicio de mutua solidaridad.
Se trata de forjar mecanismos descentralizados: ser red cuando estamos separados y asamblea cuando estamos juntos, como se dice en el Congreso Nacional Indígena, en vez de pretender que somos asamblea en todo momento o que lo es un grupo de supuestos representantes o delegados.
El riesgo que corre la APPO en su congreso extraordinario, cuyas deliberaciones prosiguen mientras escribo estas notas, es literalmente mortal: si no supera aquellos desafíos podría desaparecer. Languidecería por un tiempo, reducida a mero cascarón ritual, carente de sentido y de fuerza, con marchas cada vez más ralas.
El movimiento no se detendría. Quizás nada pueda detenerlo. Tras una fase de confusión y desconcierto, se articularía de nuevo, bajo nuevas formas, desde abajo y a la izquierda.
De acuerdo con la teoría, la actual crisis económica tendría que desembocarse en una derrota contundente tanto para el PAN como para el PRI en las urnas. La extensa investigación académica sobre el tema del comportamiento de los votantes en un contexto democrático no podría ser más claro: la situación económica es uno de los factores más importantes para determinar el sentido del voto de la población. Cuando la economía crece los ciudadanos tienden a respaldar a los partidos en el poder. En contraste, las crisis económicas son desastrosas para los partidos gobernantes y sus aliados. La victoria de Barack Obama en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido mucho más complicada si no fuera por los evidentes signos de crisis económica que se asomaron en las semanas antes de la elección presidencial.
Sin embargo, actualmente nos encontramos en un escenario inverosímil en que aun con las crisis económica, política, social y de seguridad en que se encuentra el país, Felipe Calderón aparentemente mantiene una tasa de aprobación ciudadana que se aproxima a 66 por ciento y su fiel aliado, el Revolucionario Institucional, cuenta con el primer lugar en intención de voto para las elecciones de julio, casi tres veces más que la que existe actualmente para el PRD (véase Consulta Mitofsky y El Universal, entre otras). ¿Qué explica esta anomalía?
En primer lugar, algunos factores nos obligan a matizar estos datos. Aún no contamos con candidatos formales y el electorado mexicano ha demostrado ser cada día más sofisticado y crítico de las propuestas y los perfiles de los candidatos. Asimismo, los 23 millones de espots que están en proceso de transmisión tienen la potencial intención de reorientar la opinión pública y cambiar la imagen de los partidos políticos durante los próximos meses.
Otro factor es que lo peor de la crisis económica todavía está por manifestarse. Puede ser el caso de que para las elecciones de julio estemos hundidos en la fase más crítica de la crisis, con efectos inesperados sobre los resultados electorales.
No obstante, los niveles tanto de aprobación para Calderón como de intención de voto para el PRI no dejan de llamar la atención. Y lo que realmente preocupa es que se explican por factores estructurales que no se cambiarán de la noche a la mañana y que incluso podrían profundizarse en los próximos meses.
La popularidad del presidente en funciones es el resultado directo de su pacto con los principales medios electrónicos de comunicación. Esta alianza es lo que explica la falta de acción del Congreso en la apertura del mercado de telecomunicaciones, así como exabruptos graves como el perdón otorgado por el Instituto Federal Electoral (IFE) a las televisoras la semana antepasada.
Lamentablemente, conforme se vaya agudizando la crisis económica se fortalecerá este vínculo entre el poder Ejecutivo y los poderes fácticos. Ante la protesta social que se agudizará durante los próximos meses, el presidente estará más desesperado que nunca por contar con los reflectores televisivos. Esta situación lo colocará en una posición aún más debilitada ante los chantajes de Tv Azteca, Televisa y otros medios de comunicación.
Con respecto al tricolor, su fortaleza electoral está íntimamente relacionada con el corporativismo y el clientelismo que predominan en las entidades que gobierna. Este año en lugares como el estado de México, Oaxaca, Veracruz y Sonora, seguramente veremos votaciones en favor de los candidatos del PRI que nos recordarán los peores tiempos del acarreo y la compra y coacción del voto. El IFE tendría la responsabilidad de intervenir para prevenir y castigar estas prácticas, pero sus acciones hasta la fecha no levantan gran esperanza en su voluntad de asegurar el cumplimiento del estado de derecho en la arena electoral.
El viejo partido de Estado también cuenta con un as bajo la manga: la nueva Ley de Emergencia Económica. Esta propuesta de ley busca inyectar cantidades importantes de dinero público a la economía, así como flexibilizar la contratación de obra pública y servicios gubernamentales, justo en un momento en que los gobernadores están buscando todas las vías posibles para comprar votos e influir en la contienda electoral. Todo parece indicar que el PRI podría ser el principal beneficiario de esta nueva discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.
No existe, desde luego, ninguna garantía de que el Revolucionario Institucional vaya a triunfar en las próximas elecciones federales. Todavía quedan muchos meses de campaña y la experiencia nos demuestra que la realidad política puede cambiar de manera rápida y totalmente inesperada. Sin embargo, si el PRD y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad de expandir su presencia en el país, no pueden permitirse el lujo de esperar con los brazos cruzados algún acontecimiento fortuito que cambie el escenario, sino que es urgente actuar desde ahora para transformar los términos del debate político nacional y plantear una visión clara y contrastante de su proyecto alternativo de nación.
La semana pasada pudimos ver dos estilos de conducir la banca central. Pero más que estilos son dos concepciones políticas enmarcadas en estructuras muy distintas de la sociedad. No se trata del ámbito restringido de lo que se llama la institucionalidad social, sino de política pura, sin más, sin necesidad de añadir ningún eufemismo u adorno conceptual.
El Banco de la Reserva Federal estadunidense publicó, como acostumbra, un comunicado de prensa sobre la situación económica. El 18 de febrero pasado, sin embargo, fue más allá de lo acostumbrado. Además de ofrecer sus proyecciones de corto plazo sobre la economía, tal como lo hace desde 2007 para un periodo de tres años (2009 a 2011), ahora incluyó proyecciones de largo plazo sobre el crecimiento del producto, del empleo y de los precios.
Esto se refiere a la necesidad de crear expectativas que vayan acomodando el comportamiento esperado de los agentes económicos, sean éstos públicos, privados o sociales. En el caso de la inflación, variable clave del desempeño general del mercado, la Fed expone aquella que considera consistente con la consecución del doble objetivo de alcanzar el máximo nivel de empleo de la capacidad instalada y de la fuerza de trabajo, así como la estabilidad de precios. Precisamente lo que en medio de la crisis se ha roto.
Así, para el largo plazo las expectativas de la Fed son un crecimiento de entre 2.5 a 2.7 por ciento de crecimiento real (descontada la inflación) en el producto; entre 4.8 y 5 por ciento del empleo, que, por cierto, en el corto plazo se estima que puede llegar a más de 8 por ciento y, finalmente, entre 1.7 y 2 por ciento de inflación, medida por el índice de precios al consumidor y que ahora se reduce hasta niveles tan bajos que hay quienes no descartan el fenómeno de la deflación.
Cuando menos hay un cuadro planteado de manera abierta, con transparencia, que es una de las responsabilidades más grandes de las agencias públicas, en cualquier circunstancia política, pero mucho más en el marco de la fuerte crisis económica y financiera actual.
No debe olvidarse que este esfuerzo de proyección del desempeño de la economía se genera en un entorno de fuerte incertidumbre. La economía aún no responde a los estímulos aplicados, el programa de Obama apenas empezará a operar y no se sabe la efectividad que tendrá; el sistema financiero no se estabiliza y no se reinician los créditos a la producción y el consumo, los empleos se siguen perdiendo a un ritmo alarmante y no se descarta la nacionalización de diversos bancos, entre ellos aun los de mayor tamaño.
Así que el esfuerzo de la Fed, a pesar de la fragilidad del escenario actual, cumple con una función de hacer política como le corresponde a una entidad pública de tal envergadura y que tiene un amplia capacidad de intervención en el curso de la crisis, ya que emite dinero y controla los flujos del crédito entre los bancos. No se trata aquí de hacer un panegírico de la Fed, sino sólo de mostrar las formas en se actúa en un determinado entorno político en el que la autonomía no se confunde con la asepsia política injustificable en una sociedad moderna y democrática.
El contraste con la actitud del Banco de México no podría ser más grande y elocuente en cuanto a cómo se concibe la institución del banco central y sus responsabilidades políticas. En este caso el Banco de México parece mutilado, amparado en una autonomía cómoda sobre todo para sus perennes funcionarios, escondidos en la sombra de sus grandes privilegios económicos y su falta de rendición de cuentas.
El 20 de febrero el banco central publicó un anuncio de política monetaria que no podía ser más insulso. Anuncia, con la gravedad que le caracteriza, como el brujo bajado de la colina para ilustrar a la tribu, que ha decidido reducir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a un nivel de 7.50 por ciento. Lo mismo sucedió con el anuncio de intervención en el mercado de cambios del 2 de febrero en el que ni siquiera se ofrece la cifra comprometida. Vaya transparencia.
Lo que sigue es un refrito de los diagnósticos que todo el que lea un periódico, auque sea nacional, ya sabe sobre las condiciones de la crisis económica internacional. Luego afirma que los componentes del balance de riesgos para la economía mexicana se han acrecentado, especialmente por la fragilidad derivada de su dependencia de los mercados de Estados Unidos, cosa que todos saben y que está claramente indicado en las más recientes cifras del INEGI. La inflación dice el banco no es por ahora el problema, pues claramente se está cayendo el gasto.
Pero de ofrecer un panorama del comportamiento esperado de la economía en el corto y mediano plazos no hay nada, al igual que fijar algunas líneas probables de acción que orienten a empresarios, trabajadores, consumidores y deudores. Y así se deja en una mayor incertidumbre a todos los participantes de los mercados. Se renuncia a un papel clave que tiene el banco central, sobre todo ante las enormes deficiencias de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Economía y Comunicaciones y Transportes.
La acción pública del gobierno marcha en el vacío y con una renuncia total a hacer política, como le corresponde y es su responsabilidad. No entiende el papel esencial de la política estatal debilitada desde hace 20 años. En el caso del Banco de México, entidad pública con carácter de autonomía, la carencia es aún mayor e indica no sólo los arreglos entre las cúpulas políticas del país, sino que cada vez muestra una mayor incapacidad para ejercer las diversas tareas de gobierno en una sociedad cansada y con cada vez más restricciones. Los cambios de concepciones políticas, de los modos de gobernar, de las enormes restricciones del sistema democrático deforme que se ha creado son ya impostergables y con ellos el de los personajes que representan todo este desgaste.
El odio a los judíos es una de las tradiciones más repugnantes de la cultura occidental, que alcanzó su clímax y catarsis en la solución final hitleriana, y que pese a la condena universal que despertó (con lentitud sospechosa, como relata por ejemplo Costa Gavras en Amén) hoy sirve como método para muchos crímenes de Estado en el mundo (ver el muy accesible Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor, de Carl Amery, Turner/ Fondo de Cultura Económica, 2002). Se ha vuelto recurso del totalitarismo imperial y la vocación carcelaria del poder global, ya sin el ingrediente antijudío.
El escándalo no es que en el pasado corrieran ríos de tinta inventando la conspiración judía, los siempre falsos Protocolos de los sabios de Sión y toda esa basura, que en México tuvo tristes seguidores, como Derrota mundial, de Salvador Borrego, y lo peor del sinarquismo. No, lo grave es que estos ríos sigan corriendo, y con ellos una violencia que no es sólo verbal.
El escándalo no es que en el pasado corrieran ríos de tinta inventando la conspiración judía, los siempre falsos Protocolos de los sabios de Sión y toda esa basura, que en México tuvo tristes seguidores, como Derrota mundial, de Salvador Borrego, y lo peor del sinarquismo. No, lo grave es que estos ríos sigan corriendo, y con ellos una violencia que no es sólo verbal.
El terrorismo contemporáneo sirve de pretexto al imperio (y los poderes intermedios) para criminalizar oposiciones. También es un hecho social alarmante en muchas partes del mundo, y uno de cuyos blancos favoritos son Israel y los judíos donde se encuentren. Pero no sólo. El pasado 13 de febrero, en Irak, 32 personas, en su mayoría mujeres y niños que peregrinaban a la ciudad santa chiíta de Kerbala, murieron en un atentado perpetrado por una mujer suicida al sur de Bagdad.
Estamos hablando de Babilonia, no de las Torres Gemelas. Murieron 32 personas y 65 fueron heridas cuando comían cerca de una de las carpas levantadas a lo largo de los 110 kilómetros que unen Bagdad con Kerbala. Según la policía de la provincia de Babilonia, el atentado tuvo lugar en Iskandariya. La suicida se acercó a un grupo de mujeres y luego hizo estallar el cinturón de explosivos que escondía bajo su vestido.
Según un cable de la agencia Afp, la forma de operar el ataque recuerda los atentados de Al Qaeda o los grupos jihadistas sunitas que proclaman su odio a los chiítas, considerados apóstatas y secuaces de la ocupación estadunidense. Se trató del cuarto atentado contra peregrinos chiítas en una semana. Es una noticia normal, cotidiana. Pero, ¿qué lleva a una mujer a inmolarse para llevarse consigo a los apóstatas y sus hijos? O bien: ¿quién dijo que tener útero garantiza respeto a la vida?
Uno de los desafíos más graves de la humanidad es el radicalismo islámico en sus diversas presentaciones. Cuando el actual mandatario iraní abre la boca para hablar de los judíos y el Holocausto, dan escalofríos. Esas posturas irracionales gozan de popularidad en muchas regiones árabes. Palestina no es excepción. También se ha documentado que el crecimiento de organizaciones militaristas y agresivas, como Hamas, es reacción a las invasiones ilegítimas de los colonos israelíes en territorios del pueblo palestino, que invocan una suerte de derecho divino tan desquiciado e insostenible como otro cualquiera con la misma coartada.
Todo esto lleva a un empantanamiento que aún con sus componentes específicos, inevitablemente despierta los monstruos de la judeofobia paneuropea que documentara León Poliakov en su monumental Historia del antisemitismo: el Santo Oficio y el caso Dreyfus, el wagnerismo, los pogromos rusos y los hábitos antijudíos, que generaron monstruos profundos en los reinos germánicos y el imperio austrohúngaro en los siglos XIX y XX.
Se trata de un hecho histórico, un tema inagotable para la historia de las mentalidades, que dio pie al desarrollo de la propaganda goebelsiana, hoy bien asimilada por la publicidad consumista en todo el mundo y las campañas mediáticas del poder y sus medios contra el enemigo. Forma parte de la ensalada retórica que, defendiendo los innegables derechos de los pueblos arábicos (no exclusivamente islámicos), en particular el palestino, repite con frecuencia (e involuntariamente) fórmulas, prejuicios, delirios y teorías conspirativas que fomentaron las iglesias católica, ortodoxa y luteranas, y heredaron los fascistas europeos y los regímenes estalinistas del siglo pasado.
A desenmascarar estos monstruos apelan los defensores de Israel, no pocas veces con razón. Pero también tienden una trampa al tildar de antisemita a cualquier crítico del Estado hebreo, como si éste fuera intachable y no cometiera crímenes. Como si no hubiera allí fanáticos armados, y en ascenso. Como si la Nakba no hubiera sido un despojo patriótico. Ello envenena el debate en Medio Oriente y abona la tentación de las bombas en ambos lados, entre quienes hoy acarician una solución final contra el otro.
EDITORIAL LA JORNADA
Politización de la narcoguerra
Con el telón de fondo de las decenas de ejecuciones diarias y la violencia delictiva fuera de control, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, embistió ayer contra los priístas, a los que acusó de sugerir la rendición ante el narcotráfico y de poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias mexicanas, en referencia a las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo en favor de la legalización de la mariguana, que tienen como antecedentes inmediatos otros posicionamientos que han contaminado el debate político con el tema de las drogas: el formulado en días pasados por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aludió al riesgo de que alguien asociado al narcotráfico llegara a la Presidencia de la República, palabras que fueron calificadas de catastrofismo puro por el priísta Manlio Fabio Beltrones, o el reconocimiento, por parte del calderonismo, que el anterior gobierno claudicó en sus responsabilidades legales ante la delincuencia organizada.
No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.
Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.
Con el telón de fondo de las decenas de ejecuciones diarias y la violencia delictiva fuera de control, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, embistió ayer contra los priístas, a los que acusó de sugerir la rendición ante el narcotráfico y de poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias mexicanas, en referencia a las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo en favor de la legalización de la mariguana, que tienen como antecedentes inmediatos otros posicionamientos que han contaminado el debate político con el tema de las drogas: el formulado en días pasados por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aludió al riesgo de que alguien asociado al narcotráfico llegara a la Presidencia de la República, palabras que fueron calificadas de catastrofismo puro por el priísta Manlio Fabio Beltrones, o el reconocimiento, por parte del calderonismo, que el anterior gobierno claudicó en sus responsabilidades legales ante la delincuencia organizada.
No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.
Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.
El debate actual es claramente electorero, por cuanto en ningún momento las acusaciones cruzadas han llevado a los declarantes a fincar responsabilidades legales, y la coalición de facto que detenta el poder no ha dado muestras de querer cruzar esa delgada línea entre lo discursivo y lo legal.
Con todo, la creciente politización del tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, lejos de aportarle credibilidad a las acciones oficiales, erosionará mucha de la que le quede, habida cuenta que, a ojos de la sociedad, estos asuntos, que le conciernen de manera directa, dolorosa y exasperante, son vistos por la clase política como recursos de posicionamiento partidista. En este sentido, lo expresado ayer por Martínez Cázares no podría ser más contraproducente para la causa del partido que encabeza.
No puede omitirse, por último, la pregunta que hoy se formula un creciente sector de la ciudadanía sobre si esta politización del problema de la delincuencia organizada no será un reflejo inverso de un fenómeno mucho más alarmante y que ha sido sugerido por los mismos participantes en la polémica: la incursión de la criminalidad en la esfera política.
Roberto Rock
Expedientes abiertos
Los otros “tapados”
¿Dónde estaban la clase política y los grandes empresarios de Monterrey cuando los narcos reclutaban a jóvenes en las zonas miserables de la urbe?
Estaban haciendo negocios.
¿Dónde estaban la clase política y los grandes empresarios de Monterrey cuando los narcos reclutaban a jóvenes en las zonas miserables de la urbe?
Estaban haciendo negocios.
“Santos, Elizondo, Cantú, Rivera, González, De la Garza, Mendoza, Sociedad Civil”, es el nombre de un influyente despacho en Monterrey que, de más de una manera, exhibe en qué medida una sola casta acapara el poder en la entidad, más allá de los partidos.
Durante años, entre los socios más destacados del despacho se han contado Luis González Parás, hermano del gobernador Natividad González Parás. También, el diputado federal priísta Francisco Rivera Bedoya, y Fernando Elizondo Barragán, actual candidato del PAN al gobierno del estado. Napoleón Cantú, otro priísta emblemático regional, es igualmente una personalidad de la compañía, lo mismo que Luis Santos de la Garza, panista de pura cepa. Elizondo Barragán es hijo de un ex gobernador priísta, Eduardo A. Elizondo, y de la señora Laura Barragán, cuya familia tiene un peso notable en el ramo refresquero.
El statu quo del régimen regiomontano se extiende en profundos y largos vericuetos en los que apellidos y empresas se mezclan y sobreponen, impidiendo usualmente que entre la luz de la mirada ciudadana. De cuando en cuando, un escándalo sacude esta especie de monopolio en el que se entrelazan los asuntos públicos y privados.
Nadie se alarma, por ejemplo, de los negocios del “primer hermano” del estado, Luis González Parás, ni del florecimiento de constructoras que hacen obra pública, como la de don José Maiz, hermano de la esposa del gobernador, o la compañía Docsa, donde sale a relucir el nombre de otro hermano del gobernador, Javier.
La lista de estas travesuras puede ser interminable. Pero ninguno de los prohombres de Monterrey luce alterado por ello. Lo que sí causa terror es que un grupo de jóvenes habitantes de los cerros que rodean esa ciudad se manifiesten y cierren las calles para impugnar la presencia del Ejército.
No es improbable que estos jóvenes sean financiados por el narcotráfico, el cual controla desde hace años la plaza de Monterrey. Que compró residencias, frecuentó los clubes e hizo vida en sociedad sin que las buenas conciencias se incomodaran.
Ahora que el narco cobra forma de lumpen embozado, la aristocracia de Monterrey se escandaliza. No que no tenga motivos. Lo que no tiene es autoridad moral.
APUNTES
II EL GENERAL SECRETARIO, Guillermo Galván Galván, se reúne en privado esta tarde con el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Jorge Mendoza, para detallar su propuesta sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, como lo expresó el jueves. El obstáculo está descrito en un artículo de la Constitución, el 129, para más señas. II UNA CARTA SORPRESA prepara la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quien habría expresado su intención de ser diputada plurinominal por el PAN. Ya había sido mencionada para un distrito federal del estado de México, entidad donde muchos la ven como aspirante a la sucesión de Enrique Peña Nieto. EL PRI prepara un reacomodo mayor: su dirigente, Beatriz Paredes, se proyecta como coordinadora de la próxima bancada de Diputados, y promueve para curules a personajes un tanto gastados pero con experiencia en batallas legislativas. Para la presidencia del Institucional se alista el diputado saliente Emilio Gamboa, por razones que habrá que analizar. Paredes asumiría su curul en septiembre, y la única duda es si sigue de presidenta —lo que prohíben los Estatutos— hasta marzo en que termina su periodo, o entra de interino Jesús Murillo y en marzo cede la silla al habilidoso Gamboa. II POCOS LO SABEN, pero la reforma a la ley de radio y televisión, que otorga recursos adicionales al IFE en este ámbito, dividió en sus posturas a las televisoras, lo que debilitó el cabildeo en contra de esta iniciativa, que era un reclamo difícil de eludir. II LA TRANSPARENCIA sobre los intereses en juego en el negocio de las telecomunicaciones, con pesos y centavos, nombres y apellidos, vigencia y costo de concesiones y refrendos, podría ser el mejor remedio contra el agudo deterioro que exhibe la vida pública en este campo. Al fuego mediático contra el secretario Luis Téllez se sumaron el fin de semana amenazas contra el presidente de la Canitec, Alejandro Puente, a quien se busca chantajear por sus posiciones críticas.
Lydia Cacho
Plan B
Juguemos a odiar
Imagine que sus hijos de siete y nueve años están jugando en su computadora un nuevo juego denominado “Viola a Ley”. Con los videojuegos los niños desarrollan habilidades mentales y motoras; afinan los sentidos, aumentan sus habilidades en tomar decisiones, pero para perseguir a una madre y sus dos hijas adolescentes. La meta es lograr una violación grupal de una niña en un vagón de un tren y deshacerse de la madre.
Estos videojuegos son parte de una serie para el mercado japonés que ya circula en el mundo. Los tres: Battle raper, Artificial girl y Rape Lay, son producidos por Illusion Studios Japón y maquilados en Estados Unidos.
Amazon.com, los tenía a la venta y gracias a las presiones de organizaciones de defensa de la infancia, los retiró del mercado diciendo que este producto está hecho para el mercado japonés y “se les colaron” algunos. La ley estadounidense, contrario a la japonesa, sí penaliza la pornografía infantil de dibujos animados llamada Hentai.
Si vive usted en Latinoamérica y cree que el Hentai no ha llagado a su hogar, mire otra vez. Internet tiene sitios en los que se debate y defiende el Hentai. Los adolescentes y sus productores aseguran que es “sólo un juego” en el que la pornografía infantil explícita no es mala, porque son cómics, como el Manga.
Los sicólogos especialistas en los efectos del juego, Douglas Gentile y Craig Anderson, aseguran que el impacto de los videojuegos en el incremento de la violencia perpetrada por niños y jóvenes es mayor incluso que el del cine o la televisión, porque tienen el componente de la interactividad, es decir, las cosas suceden en la medida en que el jugador participa y toma decisiones. Los niños pasan en promedio 13 horas por semana jugando videojuegos y las niñas cinco horas.
Son dañinos porque premian la violencia, se ganan puntos en la medida en que ejercitan su crueldad y hacen daño a los personajes. En el caso de Hentai, la violencia sexual contra niñas y mujeres es el tema central.
Contrario a lo que han dicho los padres que compran armas a sus hijos para jugar a la guerra, a los ladrones, o ahora de moda, a los narcos y secuestradores, los juegos violentos sí entrenan a los niños y niñas para alimentar sentimientos irracionales como el odio, la rabia y el rencor. Anderson asegura que en la medida en que niños y niñas están más expuestos a la violencia real y no saben cómo manejar esas emociones, vuelcan y nutren su capacidad de violencia en esos juegos; llevando luego a la realidad las actitudes de desprecio por la vida y las personas.
Mientras las y los expertos en sicopedagogía encuentran más vínculos entre los juguetes violentos y el ejercicio real de la violencia en edades más tempranas, el mercado de videojuego crece exponencialmente. El Hentai entra a casi todos los países del mundo gracias a internet, y millones de padres y madres responden “es sólo un juego”. Mientras tanto los creadores del Hentai han logrado darle la vuelta a la promoción de la pedofilia y de la violencia sexual contra mujeres, gracias a que las y los legisladores se niegan a revisar estos contenidos para establecer reglas jurídicas sobre su promoción y venta. Gentile y Anderson aseguran que en la medida en que discutamos estos temas con los hijos, y controlemos los juegos, les educaremos para ser más compasivos. Como está el mundo es imprescindible criar una nueva generación de niños más compasivos y amorosos. Estos videojuegos están planeados para educar, para fomentar sociedades violentas y sexistas y eso no es un juego, sino una tragedia.
Ricardo Raphael
Objeción de conciencia
Una mujer que sufrió la atrocidad física y también del alma que significa una violación, acude a un hospital público con el objeto de obtener consejo y, eventualmente, terminar con un embarazo no deseado.
Topa con un doctor cuya opinión es que su hijo debe nacer. Argumenta que, en todo caso, no puede ayudarle porque tal cosa atentaría contra sus propias convicciones.
Con beata actitud afirma que él sí cree en la vida. Guarda luego un silencio que parece eterno. Finalmente lo interrumpe deslizando una solución la cual, según su dicho, podría convenir a esta mujer: conoce una clínica privada donde le ayudarán con lo que está buscando.
Confundida y también desesperada, ella termina por acudir al lugar recomendado por el médico que antes eludió su responsabilidad como funcionario público, implicando su derecho a la objeción de conciencia.
¿Cuánta habrá sido la sorpresa de la mujer cuando descubrió que el dueño de la clínica sugerida era el mismo hombre que antes la atendiera en el hospital público?
Esta historia no es inventada. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son ya muchas las quejas que en la capital del país se han recibido a propósito de casos como el antes descrito: médicos que durante la mañana se niegan a practicar un aborto legal, haciendo abuso de su derecho a la objeción de conciencia y, por la de noche —mediante pago en efectivo por sus servicios—, entierran su ética personal 10 metros bajo tierra.
Mientras lo anterior ocurre, grupos sociales muy conservadores acuden a diversas oficinas públicas ocupadas por importantes líderes del panismo nacional. A ellos reclaman que el gobierno de la República continúe apoyando políticas abortistas, así como las que promueven la homosexualidad.
Aseguran que son votantes duros de Acción Nacional y que no quieren perder la confianza en su partido por estas actitudes equívocas del gobierno. Saben que el argumento electoral es capaz de conmover hasta a la más artrítica de las conciencias.
Las presiones de estos personajes tienen consecuencia. De espaldas a la sociedad, la autoridad modifica la Norma Oficial Número 46, que hasta hace muy poco volvía obligatorio para los servicios federales de salud ofrecer a las mujeres, víctimas de violación, la opción de tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia, o el procedimiento clínico para practicarse un aborto.
Advierten organizaciones feministas que tal modificación a la norma oficial no pudo ocurrir sin la autorización del secretario de Salud, José Córdova Villalobos, y del respectivo visto bueno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Al hilo de estos hechos, la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del ramo, con el objeto de que explique y explicite las razones de su actuación.
Como prueba irrefutable de la complicidad de su partido en la maniobra, 146 representantes del PAN votaron en contra de tal moción. Para ellos no era importante conocer los argumentos del funcionario. Muy bien saben ya, de qué va la cosa. Al final, los legisladores panistas perdieron en el Pleno y terminó citándose a Córdova Villalobos para que acuda a San Lázaro el día de mañana.
¿Cómo responderá el secretario a los cuestionamientos de los diputados de la oposición? Quizá se vea tentado, como el médico aquél, a defender su propio derecho a la objeción de conciencia: ¿por qué habría de cargar con la culpa que le genera la práctica del aborto en los hospitales públicos a su cargo?
Sólo de una cosa podemos estar seguros. El secretario no hablará ahí de su principal preocupación: el comportamiento de los votantes más conservadores del PAN durante la próxima elección si el aborto sigue promoviéndose en las clínicas del Estado.
Analista político
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