Columnas
Julio Hernández López: Astillero
No hay que achicarse, recomienda desde el mundo de las miniaturas el jefe formal de las instituciones liliputienses, mientras en la Chihuahua de pueblo mártir las venganzas y amagos de los narcos sin cargo ni credencial pública llegan hasta el convoy del gobernador priísta que apenas tomó nota del mensaje mortal que le enviaron y de inmediato atribuyó el incidente sangriento a un altercado vial, como si a cualquiera le fuera dado enfrentar a tiros a los choferes arbitrarios de los poderosos que por donde transitan van desplegando muestras de abuso y prepotencia. Un escolta muerto y otros heridos en el incidente que toca a otro gobernador, como en el pasado detonaron granadas a unos metros de donde el michoacano regente del mercado local daba el verdadero Grito.
Los altercados viales se multiplican, como en la mancillada Ciudad Juárez, donde el grupo dominante de capos ha hecho que se retiren del cargo los jefes policiacos municipales que no son de su contentillo, amenazando con asesinar agentes de a pie mientras la ruleta de las designaciones no caiga en una de sus fichas compradas. Entidad norteña que pareciera abandonada por los poderes federales, convertida en diario escenario de crímenes sin castigo, mientras el resto del país se entera de sus desgracias como si sucedieran en latitudes extrañas. Ironía de la vida que el estado histórico, plataforma de lanzamiento y sostenimiento de las acciones revolucionarias verdaderas del siglo pasado, tenga hoy en sitiales directivos de las cámaras federales a políticos que nada hacen por defender verdaderamente a sus paisanos. Ni el Maderito senador panista que, conforme permite que lo conozcan, más empequeñecido políticamente se exhibe, ni el diputado priísta César Duarte, de similar talla política breve. ¡Chihuahua: ni un chihuahuense en los primeros niveles políticos del país que sea capaz de hacer por su terruño algo más que discursillos oportunistas y declaraciones intrascendentes!
Ponerse en los zapatos del pueblo, pide Felipe el chico a los miembros frívolos de su gabinete siempre vestido de marca. Sugerencias pedestres para ver si mediante pedagogía del calzado los secretarios que creen pisar el cielo van entendiendo el sufrimiento de los mexicanos. Discurso sentimentaloide que no tiene asidero en la realidad despilfarradora de quienes a cuenta del erario se dan la gran vida y aseguran mediante actos de corrupción la vida desahogadísima de varias generaciones de sus familiares.
Achicado también está el peso, cada vez más devaluado frente al dólar, que ayer pasó la barrera de los 15. La despensa familiar continúa reduciéndose, luego de décadas en las que se hizo creer a los críos que en ella se resumían la fortaleza de la casa y el futuro promisorio garantizados a partir de la existencia de miles de millones de dólares que ahora están siendo utilizados para contener los apetitos de los especuladores que ayudan a sus empresas locales y a sus matrices extranjeras con cargo a las remesas cotidianas que son puestas a la venta a compradores no conocidos sin que mengüe la carrera cambiaria desfavorable para el peso.
No achicarse, promueve con sentido pronominal el aterido conductor formal del Titanic nacional, sin enterarse de que, en realidad, lo que debería hacer es convocar a la solidaridad en la tarea de achicar, es decir, de extraer el líquido de una embarcación que se está hundiendo. ¡Aguas!
Astillas
De varios lugares del país llegan correos denunciando que el Ejército ha pasado a una fase más agresiva en la llamada guerra contra el narcotráfico. En especial, se menciona que los militares catean casas sin orden judicial, violan cerraduras y siembran el miedo en colonias urbanas y en poblados rurales. De entre los casos citados destaca lo sucedido en la colonia La Durangueña, de Torreón, Coahuila, donde los soldados entraron casa por casa hasta que encontraron los explosivos robados días antes a una empresa particular de Ciudad Lerdo. Similar operación se habría realizado ayer en Tlahualilo, Durango. La letra constitucional y el estado de derecho van quedando cada día más difuminados, en razón de estas acometidas bélicas...
Sinaloa también hierve, pero el gobernador priísta del estado, que es una especie de corcho al que le pagan para que navegue en lo alto de las aguas narcodominadas fingiendo que es un pato, no ha encontrado mejor tema de litigio público que la defensa del cantante de banda Julio Preciado, que en estado volátil destrozó en semanas anteriores el himno nacional en la inauguración de un torneo internacional de beisbol. Fue un problema de audición, de sonido, alega el góber-pato...
Un lector que conoce de estas cosas informa que las compañías harineras para la industria de la tortilla se quejan de que ya no tienen subsidio del gobierno, y por ello han decidido que en lugar de aumentarle 50 pesos por mes a la tonelada de las marcas económicas, como Maseca, ahora han subido 100 pesos, de enero a febrero, y para marzo se anuncia que de 5 mil 100 pesos por tonelada pasará a 5 mil 250 (Minsa cuesta casi 5 mil 500 pesos). Con esos aumentos, evidentemente se encarece el precio de la tortilla y con ello muchos otros productos básicos...
Luis Erasto Flores dice que es militante de Antorcha Campesina y que seguirán luchando por la liberación de los presos políticos de Querétaro por el asunto de control del agua comunal en La Piedad, muncipio de El Marqués, en Yunquétaro. Dice el antorchista que su organización es un contrapeso para el gobierno espurio y que en mayo próximo celebrarán un aniversario más con una concentración en el Estadio Azteca... Y, mientras la desesperación lleva a los adversarios de López Obrador a tratar de enderezar el tema de la corrupción de una cárcel de Cancún contra López Obrador, pretendiendo embarrarlo del tinte de narcotráfico que hoy está sirviendo, entre otras cosas, para disimular asesinatos y agresiones, ¡hasta mañana, en esta columna que no fue nombrada consejera de Pemex!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Julio Hernández López: Astillero
No hay que achicarse, recomienda desde el mundo de las miniaturas el jefe formal de las instituciones liliputienses, mientras en la Chihuahua de pueblo mártir las venganzas y amagos de los narcos sin cargo ni credencial pública llegan hasta el convoy del gobernador priísta que apenas tomó nota del mensaje mortal que le enviaron y de inmediato atribuyó el incidente sangriento a un altercado vial, como si a cualquiera le fuera dado enfrentar a tiros a los choferes arbitrarios de los poderosos que por donde transitan van desplegando muestras de abuso y prepotencia. Un escolta muerto y otros heridos en el incidente que toca a otro gobernador, como en el pasado detonaron granadas a unos metros de donde el michoacano regente del mercado local daba el verdadero Grito.
Los altercados viales se multiplican, como en la mancillada Ciudad Juárez, donde el grupo dominante de capos ha hecho que se retiren del cargo los jefes policiacos municipales que no son de su contentillo, amenazando con asesinar agentes de a pie mientras la ruleta de las designaciones no caiga en una de sus fichas compradas. Entidad norteña que pareciera abandonada por los poderes federales, convertida en diario escenario de crímenes sin castigo, mientras el resto del país se entera de sus desgracias como si sucedieran en latitudes extrañas. Ironía de la vida que el estado histórico, plataforma de lanzamiento y sostenimiento de las acciones revolucionarias verdaderas del siglo pasado, tenga hoy en sitiales directivos de las cámaras federales a políticos que nada hacen por defender verdaderamente a sus paisanos. Ni el Maderito senador panista que, conforme permite que lo conozcan, más empequeñecido políticamente se exhibe, ni el diputado priísta César Duarte, de similar talla política breve. ¡Chihuahua: ni un chihuahuense en los primeros niveles políticos del país que sea capaz de hacer por su terruño algo más que discursillos oportunistas y declaraciones intrascendentes!
Ponerse en los zapatos del pueblo, pide Felipe el chico a los miembros frívolos de su gabinete siempre vestido de marca. Sugerencias pedestres para ver si mediante pedagogía del calzado los secretarios que creen pisar el cielo van entendiendo el sufrimiento de los mexicanos. Discurso sentimentaloide que no tiene asidero en la realidad despilfarradora de quienes a cuenta del erario se dan la gran vida y aseguran mediante actos de corrupción la vida desahogadísima de varias generaciones de sus familiares.
Achicado también está el peso, cada vez más devaluado frente al dólar, que ayer pasó la barrera de los 15. La despensa familiar continúa reduciéndose, luego de décadas en las que se hizo creer a los críos que en ella se resumían la fortaleza de la casa y el futuro promisorio garantizados a partir de la existencia de miles de millones de dólares que ahora están siendo utilizados para contener los apetitos de los especuladores que ayudan a sus empresas locales y a sus matrices extranjeras con cargo a las remesas cotidianas que son puestas a la venta a compradores no conocidos sin que mengüe la carrera cambiaria desfavorable para el peso.
No achicarse, promueve con sentido pronominal el aterido conductor formal del Titanic nacional, sin enterarse de que, en realidad, lo que debería hacer es convocar a la solidaridad en la tarea de achicar, es decir, de extraer el líquido de una embarcación que se está hundiendo. ¡Aguas!
Astillas
De varios lugares del país llegan correos denunciando que el Ejército ha pasado a una fase más agresiva en la llamada guerra contra el narcotráfico. En especial, se menciona que los militares catean casas sin orden judicial, violan cerraduras y siembran el miedo en colonias urbanas y en poblados rurales. De entre los casos citados destaca lo sucedido en la colonia La Durangueña, de Torreón, Coahuila, donde los soldados entraron casa por casa hasta que encontraron los explosivos robados días antes a una empresa particular de Ciudad Lerdo. Similar operación se habría realizado ayer en Tlahualilo, Durango. La letra constitucional y el estado de derecho van quedando cada día más difuminados, en razón de estas acometidas bélicas...
Sinaloa también hierve, pero el gobernador priísta del estado, que es una especie de corcho al que le pagan para que navegue en lo alto de las aguas narcodominadas fingiendo que es un pato, no ha encontrado mejor tema de litigio público que la defensa del cantante de banda Julio Preciado, que en estado volátil destrozó en semanas anteriores el himno nacional en la inauguración de un torneo internacional de beisbol. Fue un problema de audición, de sonido, alega el góber-pato...
Un lector que conoce de estas cosas informa que las compañías harineras para la industria de la tortilla se quejan de que ya no tienen subsidio del gobierno, y por ello han decidido que en lugar de aumentarle 50 pesos por mes a la tonelada de las marcas económicas, como Maseca, ahora han subido 100 pesos, de enero a febrero, y para marzo se anuncia que de 5 mil 100 pesos por tonelada pasará a 5 mil 250 (Minsa cuesta casi 5 mil 500 pesos). Con esos aumentos, evidentemente se encarece el precio de la tortilla y con ello muchos otros productos básicos...
Luis Erasto Flores dice que es militante de Antorcha Campesina y que seguirán luchando por la liberación de los presos políticos de Querétaro por el asunto de control del agua comunal en La Piedad, muncipio de El Marqués, en Yunquétaro. Dice el antorchista que su organización es un contrapeso para el gobierno espurio y que en mayo próximo celebrarán un aniversario más con una concentración en el Estadio Azteca... Y, mientras la desesperación lleva a los adversarios de López Obrador a tratar de enderezar el tema de la corrupción de una cárcel de Cancún contra López Obrador, pretendiendo embarrarlo del tinte de narcotráfico que hoy está sirviendo, entre otras cosas, para disimular asesinatos y agresiones, ¡hasta mañana, en esta columna que no fue nombrada consejera de Pemex!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
En línea con la proyección de los analistas de Grupo Invex, el dólar brincó la barrera de los 15 pesos y llegó a venderse ayer hasta en 15.19. Hace apenas cicno meses se compraba un dólar con menos de 10 pesos. Si esto no es una catástrofe, ¿entonces cómo llamarla? La devaluación calderonista ya cuenta por el doble de la del ex presidente Echeverría, en su momento encarnizadamente atacada por el panismo. El Banco de México inyectó dólares ayer mismo al mercado en lo oscurito, sin informar cuántos, tampoco a qué precio ni quiénes los adquirieron. Están saqueando la reserva internacional a la vista de todos y ante el silencio de todos: líderes de los partidos políticos, representantes del sector privado, los capos de la Cámara de Diputados, del Senado. Lo que puede suceder más adelante es que el mismo gobierno enfrente una escasez de dólares para la compra de alimentos y medicinas para la población del país.
El affraire Stanford
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió ayer esta declaración: “Al cierre del viernes 30 de enero del presente año Stanford Fondos administraba recursos de la clientela por 706.8 millones de pesos. A partir del martes 17 de febrero la clientela ha ido retirando sus inversiones de dicha distribuidora, de tal suerte que al cierre del pasado 20 de febrero el monto de recursos administrados por Stanford Fondos era de 431.3 millones de pesos.
Los reportes sobre personas que no han podido retirar sus inversiones se refieren a las que se realizaron con Stanford Financial Group, basado en Houston, Texas, y con Stanford International Bank Ltd, con sede en Antigua. Dichas instituciones no están reguladas ni supervisadas por la CNBV. ¿Quiere decir que cualquier banco, compañía o grupo puede venir a México, defraudar al público con inversiones como las que ofrecía Stanford, y todo está bien, porque no están regulados ni supervisados por la CNBV? Entonces, ¿a cargo de quién está la supervisión? Como quien dice, éste es un mar abierto a los corsarios, sin ley ni autoridades. Mientras tanto, un juez federal en Texas ordenó la incautación –toma de control, le llaman– de los activos del grupo Stanford.
La venta de Banamex
Los dueños no lo quieren vender, eso está claro. Banamex es el brazo financiero de un grupo de poder muy extendido. Su principal socio, Roberto Hernández, es el segundo accionista de Televisa.
Los que quieren que sea vendido son congresistas de Estados Unidos y funcionarios de primera línea del gobierno del presidente Obama. Desean que el producto se aplique a Citigroup y aligere la carga del rescate del mismo grupo que está pesando sobre la economía de los contribuyentes. Y mientras más pronto mejor, porque la caída de sus acciones en la bolsa ha venido mermando el valor del banco. El sistema financiero mundial está viviendo una profunda transformación, el fantasma de la nacionalización recorre una larga ruta que va de Estados Unidos a Europa, no pretendan que las sucursales en México de los bancos extranjeros queden fuera del cambio. Esta semana habrá noticias trascendentales en Washington.
El affraire Stanford
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió ayer esta declaración: “Al cierre del viernes 30 de enero del presente año Stanford Fondos administraba recursos de la clientela por 706.8 millones de pesos. A partir del martes 17 de febrero la clientela ha ido retirando sus inversiones de dicha distribuidora, de tal suerte que al cierre del pasado 20 de febrero el monto de recursos administrados por Stanford Fondos era de 431.3 millones de pesos.
Los reportes sobre personas que no han podido retirar sus inversiones se refieren a las que se realizaron con Stanford Financial Group, basado en Houston, Texas, y con Stanford International Bank Ltd, con sede en Antigua. Dichas instituciones no están reguladas ni supervisadas por la CNBV. ¿Quiere decir que cualquier banco, compañía o grupo puede venir a México, defraudar al público con inversiones como las que ofrecía Stanford, y todo está bien, porque no están regulados ni supervisados por la CNBV? Entonces, ¿a cargo de quién está la supervisión? Como quien dice, éste es un mar abierto a los corsarios, sin ley ni autoridades. Mientras tanto, un juez federal en Texas ordenó la incautación –toma de control, le llaman– de los activos del grupo Stanford.
La venta de Banamex
Los dueños no lo quieren vender, eso está claro. Banamex es el brazo financiero de un grupo de poder muy extendido. Su principal socio, Roberto Hernández, es el segundo accionista de Televisa.
Los que quieren que sea vendido son congresistas de Estados Unidos y funcionarios de primera línea del gobierno del presidente Obama. Desean que el producto se aplique a Citigroup y aligere la carga del rescate del mismo grupo que está pesando sobre la economía de los contribuyentes. Y mientras más pronto mejor, porque la caída de sus acciones en la bolsa ha venido mermando el valor del banco. El sistema financiero mundial está viviendo una profunda transformación, el fantasma de la nacionalización recorre una larga ruta que va de Estados Unidos a Europa, no pretendan que las sucursales en México de los bancos extranjeros queden fuera del cambio. Esta semana habrá noticias trascendentales en Washington.
Las urgencias electorales de los tricolores los ha llevado a modificar su estrategia y, como parte de ella, a defenestrar lo que tres lustros atrás aplaudieron a rabiar y avalaron como la única vía sólida para que el campo mexicano salga adelante y sus habitantes pasaran de la miseria, prácticamente en automático y por decreto presidencial, a una vida plena de oportunidades.
Es el PRI y su reacomodo ante las elecciones intermedias y, a mediano plazo, las presidenciales de 2012. Es la chaqueta de las mil variantes. Quince años atrás ovacionaron, con lágrimas de felicidad, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual de siempre incluyó la total apertura del sector agropecuario, algo que el calendario negociado fijó para el primer día de 2008.
Algo falló, porque tres lustros después el tricolor se declara “dispuesto a apoyar la revisión del TLCAN en materia agropecuaria, luego de que durante años hubo resistencias en sectores de esa fuerza para apoyar una iniciativa de esa naturaleza. En su plataforma electoral 2009-2012 el PRI definió respaldar a la revisión de dicho tratado en materia agropecuaria, porque fue deficiente su negociación en perjuicio del sector rural. Incluso está dispuesto a apoyar que se acuda a las instancias internacionales procedentes para lograr introducir una cláusula inicial que postule como propósito del tratado mejorar la calidad de vida de la población rural de los respectivos países… (Además) excluir el maíz y el frijol del tratado por tratarse de productos estratégicos para la seguridad nacional.” (El Universal).
Lentos, pero seguros, a los tricolores parece no importarles que ese mismo planteamiento, con sus respectivas advertencias, debieron hacerlo hace 15 años, cuando se negociaba (por lo visto pésimamente) la integración comercial de México al vecino del norte y en especial, por las mismas razones de seguridad nacional que ahora invocan, la total apertura del sector agropecuario.
Con reconsideración tricolor o sin ella, lo cierto es que más temprano que tarde el capítulo agropecuario del TLCAN debe ser revisado con lupa y actuar en consecuencia, porque la dependencia alimentaria reporta niveles verdaderamente peligrosos para la tan cacareada seguridad nacional, así como la supuesta política gubernamental hacia el desamparado campo mexicano, cuyos habitantes cada vez están en peores condiciones, si ello es posible.
Urge, de urgir, dirían los clásicos, porque para una muestra suficiente resulta un botón: en 2008 México erogó casi 20 mil 700 millones de dólares (el equivalente a cuando menos dos refinerías de muy buen tamaño y capacidad) para importar alimentos (otrora producidos en el país), de los que alrededor de la mitad se destinaron a la adquisición de cereales, carnes y semillas y frutas oleaginosas.
De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2008 la importación de alimentos resultó 20 por ciento superior con respecto al registro de 2007, mientras el déficit de la balanza comercial de grupos de productos alimenticios se incrementó 31 por ciento.
Días antes de cumplirse la fecha acordada en el TLCAN para la total apertura del sector agropecuario, el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez (sin comentarios) aseguró que los campesinos mexicanos estaban en perfectas condiciones para lograr una integración de tú a tú con sus pares estadunidense y canadiense. Un año después, el registro oficial reporta que la sangría de divisas por la importación de alimentos se incrementó 20 por ciento, y contando.
Por aquellas fechas, la Cámara de Diputados documentó que alrededor de 80 por ciento de las importaciones agrícolas totales de México corresponden a granos básicos, oleaginosas y productos derivados, y subrayaba que el comercio de granos básicos y oleaginosas entre los países del tratado es un flujo de doble vía entre Estados Unidos y Canadá, pero de una sola entrada entre Estados Unidos y México. Así, en los últimos años las importaciones agropecuarias han sido mayores que las exportaciones, lo que generó déficit en la balanza comercial del sector agrícola en 2005 y 2006. Además, advirtió que no valía el discurso triunfalista, porque a lo largo de la vigencia del TLCAN las asimetrías existentes entre los productores mexicanos y estadunidenses de maíz y otros granos no se han cerrado, por lo que los primeros se encontrarán con mayores desventajas.
Y en 2008 se repite el numerito, pero con un mayor deterioro. Si los tricolores hubieran recapacitado a tiempo sobre las barbaridades negociadas, a estas alturas probablemente la seguridad alimentaria no pendería de un hilo (si es que éste no se ha roto), y México hubiera destinado esos recursos a la reconstrucción del campo mexicano y del nivel de vida de quienes lo habitan.
Pero ningún país es tan perfecto ni cuenta con partidos políticos tan sólidos y cumplidores como México en tiempos electorales. Si fuera por las promesas de candidatos y promotores, este sería el primer país del mundo en materia de desarrollo. Lamentablemente, no es así, y en sentido electorero habrá que tomar la reconsideración tricolor. De éstas los votantes registrarán muchísimas más en las semanas por venir, y no sólo de los priístas, que para eso existen ocho partidos con registro, los cuales después saldrán con cualquier justificación para incumplir, una vez amarrado el voto.
Las rebanadas del pastel
Si los bancos no son responsables del desplome del peso, porque “tienen amplia disponibilidad de dólares (Guillermo Ortiz dixit), entonces deben ser extraterrestres los causantes, pues el tipo de cambio se mantiene al garete: ayer, 15.10 de los nuestros por cada billete verde en la banca privada que opera en el país, mientras la Comisión de Cambios (Banco de México y Secretaría de hacienda) una vez más olvidó el mecanismo de subasta por ella misma dispuesto, para vender directamente las divisas. ¿A quién? A los bancos… Un enorme beso de despedida, sonoro aplauso incluido, para la queridísima Vitola, Fannie Kauffman, de uno de sus muchos admiradores.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cristina Barros y Marco Buenrostro: Itacate
Es el PRI y su reacomodo ante las elecciones intermedias y, a mediano plazo, las presidenciales de 2012. Es la chaqueta de las mil variantes. Quince años atrás ovacionaron, con lágrimas de felicidad, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual de siempre incluyó la total apertura del sector agropecuario, algo que el calendario negociado fijó para el primer día de 2008.
Algo falló, porque tres lustros después el tricolor se declara “dispuesto a apoyar la revisión del TLCAN en materia agropecuaria, luego de que durante años hubo resistencias en sectores de esa fuerza para apoyar una iniciativa de esa naturaleza. En su plataforma electoral 2009-2012 el PRI definió respaldar a la revisión de dicho tratado en materia agropecuaria, porque fue deficiente su negociación en perjuicio del sector rural. Incluso está dispuesto a apoyar que se acuda a las instancias internacionales procedentes para lograr introducir una cláusula inicial que postule como propósito del tratado mejorar la calidad de vida de la población rural de los respectivos países… (Además) excluir el maíz y el frijol del tratado por tratarse de productos estratégicos para la seguridad nacional.” (El Universal).
Lentos, pero seguros, a los tricolores parece no importarles que ese mismo planteamiento, con sus respectivas advertencias, debieron hacerlo hace 15 años, cuando se negociaba (por lo visto pésimamente) la integración comercial de México al vecino del norte y en especial, por las mismas razones de seguridad nacional que ahora invocan, la total apertura del sector agropecuario.
Con reconsideración tricolor o sin ella, lo cierto es que más temprano que tarde el capítulo agropecuario del TLCAN debe ser revisado con lupa y actuar en consecuencia, porque la dependencia alimentaria reporta niveles verdaderamente peligrosos para la tan cacareada seguridad nacional, así como la supuesta política gubernamental hacia el desamparado campo mexicano, cuyos habitantes cada vez están en peores condiciones, si ello es posible.
Urge, de urgir, dirían los clásicos, porque para una muestra suficiente resulta un botón: en 2008 México erogó casi 20 mil 700 millones de dólares (el equivalente a cuando menos dos refinerías de muy buen tamaño y capacidad) para importar alimentos (otrora producidos en el país), de los que alrededor de la mitad se destinaron a la adquisición de cereales, carnes y semillas y frutas oleaginosas.
De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2008 la importación de alimentos resultó 20 por ciento superior con respecto al registro de 2007, mientras el déficit de la balanza comercial de grupos de productos alimenticios se incrementó 31 por ciento.
Días antes de cumplirse la fecha acordada en el TLCAN para la total apertura del sector agropecuario, el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez (sin comentarios) aseguró que los campesinos mexicanos estaban en perfectas condiciones para lograr una integración de tú a tú con sus pares estadunidense y canadiense. Un año después, el registro oficial reporta que la sangría de divisas por la importación de alimentos se incrementó 20 por ciento, y contando.
Por aquellas fechas, la Cámara de Diputados documentó que alrededor de 80 por ciento de las importaciones agrícolas totales de México corresponden a granos básicos, oleaginosas y productos derivados, y subrayaba que el comercio de granos básicos y oleaginosas entre los países del tratado es un flujo de doble vía entre Estados Unidos y Canadá, pero de una sola entrada entre Estados Unidos y México. Así, en los últimos años las importaciones agropecuarias han sido mayores que las exportaciones, lo que generó déficit en la balanza comercial del sector agrícola en 2005 y 2006. Además, advirtió que no valía el discurso triunfalista, porque a lo largo de la vigencia del TLCAN las asimetrías existentes entre los productores mexicanos y estadunidenses de maíz y otros granos no se han cerrado, por lo que los primeros se encontrarán con mayores desventajas.
Y en 2008 se repite el numerito, pero con un mayor deterioro. Si los tricolores hubieran recapacitado a tiempo sobre las barbaridades negociadas, a estas alturas probablemente la seguridad alimentaria no pendería de un hilo (si es que éste no se ha roto), y México hubiera destinado esos recursos a la reconstrucción del campo mexicano y del nivel de vida de quienes lo habitan.
Pero ningún país es tan perfecto ni cuenta con partidos políticos tan sólidos y cumplidores como México en tiempos electorales. Si fuera por las promesas de candidatos y promotores, este sería el primer país del mundo en materia de desarrollo. Lamentablemente, no es así, y en sentido electorero habrá que tomar la reconsideración tricolor. De éstas los votantes registrarán muchísimas más en las semanas por venir, y no sólo de los priístas, que para eso existen ocho partidos con registro, los cuales después saldrán con cualquier justificación para incumplir, una vez amarrado el voto.
Las rebanadas del pastel
Si los bancos no son responsables del desplome del peso, porque “tienen amplia disponibilidad de dólares (Guillermo Ortiz dixit), entonces deben ser extraterrestres los causantes, pues el tipo de cambio se mantiene al garete: ayer, 15.10 de los nuestros por cada billete verde en la banca privada que opera en el país, mientras la Comisión de Cambios (Banco de México y Secretaría de hacienda) una vez más olvidó el mecanismo de subasta por ella misma dispuesto, para vender directamente las divisas. ¿A quién? A los bancos… Un enorme beso de despedida, sonoro aplauso incluido, para la queridísima Vitola, Fannie Kauffman, de uno de sus muchos admiradores.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cristina Barros y Marco Buenrostro: Itacate
El maestro Tino Contreras, decano indiscutible del jazz en México, acaba de regresar del Festival Internacional de Jazz de Puerto Príncipe, en Haití, donde ofreció dos conciertos con llenos totales; el primero, el 30 de enero, se realizó en el Instituto Francés de Haití, y para cerrar el festival, el sábado 31 se presentó en el Parque de la Caña de Azúcar, donde la embajadora de México, Zadalinda González y Reinero, lo felicitó.
El célebre baterista (que el próximo 3 de abril cumplirá 85 años) estaba acompañado por su hijo Valentino en el bajo eléctrico, Jaime Reyes en el piano y Andrés Granados en las percusiones. Alternó con músicos de Canadá, España, Estados Unidos, Suiza y Haití, y armó su repertorio con sus temas clásicos, entre ellos Yúmare, 7/4 blues y Betsabé, además de las canciones que le gusta cantar a Tino, como My way y The Shadow of your Smile.
Después de mucho batallar, por fin el año pasado Tino y su esposa Mónica lograron rescatar las cintas del concierto que ofreció el maestro hace 38 años en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. En la grabación, hecha disco gracias a la producción de Fausto Villanueva, aparecen temas como Joe al bat, Sublime (dedicada a Ocádiz), Istambul, Eurídice y Bellas Artes, todas composiciones del baterista que entonces presentó un cuadro de lujo, un verdadero dream team: Luis Ocádiz (piano), José Luis Rivas (contrabajo), Rodolfo Popo Sánchez (sax alto y flauta), Ramón Negrete (sax tenor) y Adolfo Sahagún (trompeta).
Si te gusta el buen jazz tradicional, si apenas estás entrando al mundo de la síncopa, si eres paleontólogo, o si sencillamente quieres husmear en la historia de la música, debes conseguir este disco. El audio no es el mejor, pero es un documento invaluable. Su título es Palacio de Bellas Artes, y lo puedes conseguir si escribes a tinocontrerasjazz@hotmail.com
Otro gran veterano, otro respetabilísimo maestro de estas tierras, es el pianista potosino Jorge Martínez Zapata, quien puso de pie a la Sala Nezahualcóyotl con esa sutil manera de fusionar jazz y folclor mexicano, durante el Festival Nacional de Jazz del año pasado. Al parecer, en este crítico 2009 no habrá segunda edición del festival. Ya veremos, decía Stevie Wonder.
Regresando a Martínez Zapata, resulta que el maestro vendrá nuevamente al Distrito Federal, ahora para presentar su libro Razonamiento técnico de la invención musical espontánea, en la Feria del Libro del Palacio de Minería. La cita es mañana, martes 24, a las 12 del día.
Sería bueno que los estudiantes de música, y los profesionales también, se dieran una vuelta por allá. Seguramente será algo bueno, corregido y aumentado lo que trae Jorge desde San Luis Potosí. Lo que no captamos todavía del todo es por qué esperaron nueve años para invitar al maestro, ya que este título fue publicado por la editorial Ponciano Arriaga desde el año 2000, y hay dos libros ulteriores: Armonía vocal tradicional y El lenguaje universal de la música. Bienvenido.
En el otro extremo de la galaxia, donde el free jazz radical, la música concreta, la electroacústica y otros ruidos inteligentes y revoltosos se dan cita para ser felices y para alborotar el gallinero, tenemos que Germán Bringas y Discos Jazzorca presentarán la segunda caja de Zona de desfragmentación: siete cedés con 53 artistas que convergen en los callejones de la improvisación libre y la cultura del riesgo.
Zona de desfragmentación II se presentará el sábado 7 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, en el Museo Diego Rivera Anahuacalli, con nueve bandas (imposible tener a las 53) y varios artistas plásticos invitados, entre ellos el tlatoani mayor de la iconografía necense: Alfredo Arcos.
Germán Bringas es un multinstrumentista de vanguardia con años de trayectoria, con una discografía impresionante y con envidiable hiperactividad profesional, que no transige en sus posturas artísticas y éticas, ni con el canto de las sirenas ni con los ladridos de las bestias que surgen de las cloacas para ensuciar y apestar este planeta. Gracias. Salud.
amalacara@prodigy.net.mx
Opinión
Abraham Nuncio: La venganza de Calles
El célebre baterista (que el próximo 3 de abril cumplirá 85 años) estaba acompañado por su hijo Valentino en el bajo eléctrico, Jaime Reyes en el piano y Andrés Granados en las percusiones. Alternó con músicos de Canadá, España, Estados Unidos, Suiza y Haití, y armó su repertorio con sus temas clásicos, entre ellos Yúmare, 7/4 blues y Betsabé, además de las canciones que le gusta cantar a Tino, como My way y The Shadow of your Smile.
Después de mucho batallar, por fin el año pasado Tino y su esposa Mónica lograron rescatar las cintas del concierto que ofreció el maestro hace 38 años en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. En la grabación, hecha disco gracias a la producción de Fausto Villanueva, aparecen temas como Joe al bat, Sublime (dedicada a Ocádiz), Istambul, Eurídice y Bellas Artes, todas composiciones del baterista que entonces presentó un cuadro de lujo, un verdadero dream team: Luis Ocádiz (piano), José Luis Rivas (contrabajo), Rodolfo Popo Sánchez (sax alto y flauta), Ramón Negrete (sax tenor) y Adolfo Sahagún (trompeta).
Si te gusta el buen jazz tradicional, si apenas estás entrando al mundo de la síncopa, si eres paleontólogo, o si sencillamente quieres husmear en la historia de la música, debes conseguir este disco. El audio no es el mejor, pero es un documento invaluable. Su título es Palacio de Bellas Artes, y lo puedes conseguir si escribes a tinocontrerasjazz@hotmail.com
Otro gran veterano, otro respetabilísimo maestro de estas tierras, es el pianista potosino Jorge Martínez Zapata, quien puso de pie a la Sala Nezahualcóyotl con esa sutil manera de fusionar jazz y folclor mexicano, durante el Festival Nacional de Jazz del año pasado. Al parecer, en este crítico 2009 no habrá segunda edición del festival. Ya veremos, decía Stevie Wonder.
Regresando a Martínez Zapata, resulta que el maestro vendrá nuevamente al Distrito Federal, ahora para presentar su libro Razonamiento técnico de la invención musical espontánea, en la Feria del Libro del Palacio de Minería. La cita es mañana, martes 24, a las 12 del día.
Sería bueno que los estudiantes de música, y los profesionales también, se dieran una vuelta por allá. Seguramente será algo bueno, corregido y aumentado lo que trae Jorge desde San Luis Potosí. Lo que no captamos todavía del todo es por qué esperaron nueve años para invitar al maestro, ya que este título fue publicado por la editorial Ponciano Arriaga desde el año 2000, y hay dos libros ulteriores: Armonía vocal tradicional y El lenguaje universal de la música. Bienvenido.
En el otro extremo de la galaxia, donde el free jazz radical, la música concreta, la electroacústica y otros ruidos inteligentes y revoltosos se dan cita para ser felices y para alborotar el gallinero, tenemos que Germán Bringas y Discos Jazzorca presentarán la segunda caja de Zona de desfragmentación: siete cedés con 53 artistas que convergen en los callejones de la improvisación libre y la cultura del riesgo.
Zona de desfragmentación II se presentará el sábado 7 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, en el Museo Diego Rivera Anahuacalli, con nueve bandas (imposible tener a las 53) y varios artistas plásticos invitados, entre ellos el tlatoani mayor de la iconografía necense: Alfredo Arcos.
Germán Bringas es un multinstrumentista de vanguardia con años de trayectoria, con una discografía impresionante y con envidiable hiperactividad profesional, que no transige en sus posturas artísticas y éticas, ni con el canto de las sirenas ni con los ladridos de las bestias que surgen de las cloacas para ensuciar y apestar este planeta. Gracias. Salud.
amalacara@prodigy.net.mx
Opinión
Abraham Nuncio: La venganza de Calles
La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.
Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.
La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.
Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.
Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.
La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).
El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.
La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.
En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.
Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.
Ana María Aragonés: Ahora es el momento
Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.
La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.
Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.
Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.
La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).
El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.
La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.
En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.
Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.
Ana María Aragonés: Ahora es el momento
Primero fue la revelación de que el góber precioso había participado en una conjura para violar los derechos humanos de una periodista. En un primer momento, cuando millones de ciudadanos escucharon el intercambio obsceno entre las voces rasposas y muy machas de Mario Marín y de Kamel Nacif, se dio por hecho que el primero no resistiría la revelación y que no lograría sostenerse en el cargo. No se tomó en cuenta, en el cálculo, la pertenencia del ejecutivo estatal y el federal a un mismo partido bicápite y tetracolor (verde, rojo, blanco y azul) que, desde tiempos ancestrales, tiene como principal divisa, objetivo y razón de existencia perpetuarse en el poder, incluso si para ello hay que recurrir a la complicidad y el encubrimiento, y que con ese propósito evita, siempre que resulte humanamente posible, las fisuras entre sus filas.
Luego se supo que el secretario de Gobernación había protagonizado un escandaloso conflicto de intereses cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y después, cuando ocupaba el cargo de subsecretario del ramo, y no tuvo empacho en firmar, como representante de las empresas energéticas de su familia, contratos jugosos con el gobierno federal. El escándalo neutralizó de inmediato al funcionario y la Secretaría de Gobernación quedó acéfala por largos meses, porque se había hecho evidente que Juan Camilo Mouriño carecía de la solvencia moral para hacerse cargo de la gobernabilidad del país. Los únicos que no se enteraron fueron el propio Mouriño y su jefe inmediato, Felipe Calderón, quienes continuaron en la creencia de que el primero seguía al frente de los asuntos en el Palacio de Cobián. De hecho, la simulación persistió hasta el día de su muerte, prematura, por desgracia, y el episodio fue rematado por la erección de una estatua discursiva, y forzosamente efímera, en memoria del difunto.
Se ha tenido noticia, también, de un gobernador que saca decenas de millones de pesos del erario para destinarlos a la construcción de iglesias de su preferencia y que, cuando es descubierto con las manos en la masa, manda a las voces críticas a chingar a su madre; de otro que ordena taladrar una pirámide milenaria para fijarle aditamentos de bailarina de Las Vegas; se ha sabido de un secretario de Seguridad Pública que se rodea de un equipo de infiltrados del narco sin por ello perder su santidad personal. Estas revelaciones, que en la tierra prometida de la democracia desembocarían en la renuncia inmediata o la remoción rápida de los protagonistas, en el sistema político mexicano son neutralizadas por el poderoso blindaje facial de los gobernantes que en lenguaje llano se llama cara dura.
El episodio más reciente es el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien, en una conversación privada, reveló que su ex jefe Carlos Salinas se había clavado la mitad de la partida secreta asignada a la Presidencia. Cuando la plática se hizo pública, Téllez no confirmó el señalamiento pero tampoco lo negó, sino todo lo contrario: se hizo bolas. Quedó, eso sí, exhibido como un hombre de deslealtades cruzadas; fue desleal con Salinas, por chismear sobre sus raterías; fue desleal con las instituciones, por no ponerlas al tanto de lo poco o mucho que sabía al respecto; es desleal con el país porque, sabedor del saqueo rutinario de las arcas públicas por parte de los gobernantes de primer nivel, opta por callarse y seguir habitando las esferas de ese poder depredador, y es desleal incluso con su patrón actual, porque sabe perfectamente que se ha vuelto un lastre político para un gobierno de por sí desprestigiado y descompuesto.
No hay mucho que agregar sobre Salinas, quien sigue empeñado en desodorizar su paso por el poder, en borrar las huellas de sus uñas en el erario –crucen la conversación de Téllez con la agria polémica entre los hermanos Adriana y Raúl, divulgada hace unos años, en torno al origen y la posesión de aquellos célebres dineros depositados en Suiza–, en apostar a la amnesia social y en venderse como un hombre propositivo y bien intencionado.
Conforme se agravan las tropelías de los personajes del poder, se solidifica el pegamento de complicidad que los mantiene inamovibles en un muégano gobernante que da abrigo, además, a una extensa nomina de ex funcionarios (Salinas, Zedillo, Fox & Bribiesca, Gil Díaz...) y se manifiesta, hacia la sociedad, como un blindaje facial a prueba de bombas atómicas. Todos tienen mutuas colas que pisarse, conversaciones que revelar, munición para el escándalo: si Téllez sabe lo que sabe de Salinas, hay que imaginarse lo que le conocerá a Calderón. Parece razonable suponer que, al igual que Marín, que Ruiz, que González Márquez, que Peña Nieto, que García Luna, que Mouriño, se mantendrá (y será mantenido) en el cargo que detenta. Hagan sus apuestas.
Luego se supo que el secretario de Gobernación había protagonizado un escandaloso conflicto de intereses cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y después, cuando ocupaba el cargo de subsecretario del ramo, y no tuvo empacho en firmar, como representante de las empresas energéticas de su familia, contratos jugosos con el gobierno federal. El escándalo neutralizó de inmediato al funcionario y la Secretaría de Gobernación quedó acéfala por largos meses, porque se había hecho evidente que Juan Camilo Mouriño carecía de la solvencia moral para hacerse cargo de la gobernabilidad del país. Los únicos que no se enteraron fueron el propio Mouriño y su jefe inmediato, Felipe Calderón, quienes continuaron en la creencia de que el primero seguía al frente de los asuntos en el Palacio de Cobián. De hecho, la simulación persistió hasta el día de su muerte, prematura, por desgracia, y el episodio fue rematado por la erección de una estatua discursiva, y forzosamente efímera, en memoria del difunto.
Se ha tenido noticia, también, de un gobernador que saca decenas de millones de pesos del erario para destinarlos a la construcción de iglesias de su preferencia y que, cuando es descubierto con las manos en la masa, manda a las voces críticas a chingar a su madre; de otro que ordena taladrar una pirámide milenaria para fijarle aditamentos de bailarina de Las Vegas; se ha sabido de un secretario de Seguridad Pública que se rodea de un equipo de infiltrados del narco sin por ello perder su santidad personal. Estas revelaciones, que en la tierra prometida de la democracia desembocarían en la renuncia inmediata o la remoción rápida de los protagonistas, en el sistema político mexicano son neutralizadas por el poderoso blindaje facial de los gobernantes que en lenguaje llano se llama cara dura.
El episodio más reciente es el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien, en una conversación privada, reveló que su ex jefe Carlos Salinas se había clavado la mitad de la partida secreta asignada a la Presidencia. Cuando la plática se hizo pública, Téllez no confirmó el señalamiento pero tampoco lo negó, sino todo lo contrario: se hizo bolas. Quedó, eso sí, exhibido como un hombre de deslealtades cruzadas; fue desleal con Salinas, por chismear sobre sus raterías; fue desleal con las instituciones, por no ponerlas al tanto de lo poco o mucho que sabía al respecto; es desleal con el país porque, sabedor del saqueo rutinario de las arcas públicas por parte de los gobernantes de primer nivel, opta por callarse y seguir habitando las esferas de ese poder depredador, y es desleal incluso con su patrón actual, porque sabe perfectamente que se ha vuelto un lastre político para un gobierno de por sí desprestigiado y descompuesto.
No hay mucho que agregar sobre Salinas, quien sigue empeñado en desodorizar su paso por el poder, en borrar las huellas de sus uñas en el erario –crucen la conversación de Téllez con la agria polémica entre los hermanos Adriana y Raúl, divulgada hace unos años, en torno al origen y la posesión de aquellos célebres dineros depositados en Suiza–, en apostar a la amnesia social y en venderse como un hombre propositivo y bien intencionado.
Conforme se agravan las tropelías de los personajes del poder, se solidifica el pegamento de complicidad que los mantiene inamovibles en un muégano gobernante que da abrigo, además, a una extensa nomina de ex funcionarios (Salinas, Zedillo, Fox & Bribiesca, Gil Díaz...) y se manifiesta, hacia la sociedad, como un blindaje facial a prueba de bombas atómicas. Todos tienen mutuas colas que pisarse, conversaciones que revelar, munición para el escándalo: si Téllez sabe lo que sabe de Salinas, hay que imaginarse lo que le conocerá a Calderón. Parece razonable suponer que, al igual que Marín, que Ruiz, que González Márquez, que Peña Nieto, que García Luna, que Mouriño, se mantendrá (y será mantenido) en el cargo que detenta. Hagan sus apuestas.
Violencia imparable, mensajes equívocos
El atentado del pasado domingo en contra del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, en el que murió uno de sus guardias personales y dos resultaron heridos, es un hecho que arroja conclusiones alarmantes en torno al deterioro de la seguridad pública en el país.
Pone en evidencia, en primer lugar, un avance en la escala de violencia y en el grado de determinación con que se desempeñan las organizaciones delictivas: en los dos últimos años, éstas han transitado de las expresiones propias de conflictos intestinos (venganzas, disputas territoriales, ajustes de cuentas) y de confrontaciones con las corporaciones de seguridad pública a ataques como el que se comenta, en el que el objetivo fue, según los datos disponibles y a pesar de los intentos iniciales por minimizar el hecho, un personaje ubicado en el segundo nivel de mando en el país, sólo por debajo de la Presidencia de la República. Tal perspectiva genera un doble impacto en el conjunto de la opinión pública nacional: por un lado, da cuenta del poderío y la resolución del narco para desafiar a las más altas instancias del poder público; por el otro, muestra la vulnerabilidad en que se encuentran los funcionarios de todos los niveles, y con ello profundiza el sentir de desamparo, zozobra y temor en la ciudadanía ante una espiral de violencia e inseguridad que parece imparable.
La lectura del episodio es inevitable: si las corporaciones criminales son capaces de asesinar a un general del Ejército Mexicano o de armar un atentado homicida contra un gobernador estatal –por no mencionar a los numerosos comandantes y directores estatales y municipales de Seguridad Pública asesinados en los dos últimos años, ni de los centenares de efectivos policiales y castrenses caídos–, los ciudadanos de a pie no pueden guardar la menor aspiración a que el Estado sea garante de su integridad física.
Para colmo, algunos gestos equívocos de las autoridades han fortalecido la sensación de desamparo, la percepción de que el poder público abdica de su responsabilidad más básica y la idea de que, ante el caos violento, no queda más remedio que recurrir a la autodefensa.
Uno de esos gestos es el anuncio realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que estudia la posibilidad de abrir armerías en distintas ciudades del territorio nacional, además de la que ya existe en el Distrito Federal, ante el interés de diversos sectores de la población por adquirir armamento para su protección.
Es claro que, en la circunstancia presente, hacen falta elementos que contribuyan a erradicar la violencia, no que la multipliquen, y que las instancias del poder público debieran refrendar, de cara a la sociedad, y con hechos más que con discursos, su compromiso con la seguridad pública, las leyes y el estado de derecho, y su disposición a hacer valer, en plena observancia de los derechos humanos, el monopolio estatal de fuerza y violencia legítima. En cambio, la postura de la Sedena perece orientada a promover en la ciudadanía una oleada armamentista que, cabe suponer, incrementaría el número de armas de fuego en las calles –al día de hoy más de dos millones de personas poseen licencia para portar armas cortas, según datos de la propia institución castrense–, y configuraría, de ese modo, un círculo reproductor de la violencia como el que ya parece prefigurarse en distintas regiones del territorio nacional, con los indicios de la existencia de grupos armados consagrados a la tarea de combatir, con medios propios, ciertas expresiones delictivas.
Por lo demás, el anuncio referido conlleva un mensaje implícito para la ciudadanía: la aceptación, por parte de las autoridades, de su incapacidad para dar seguridad a los ciudadanos, y es pertinente, por ello, rectificar. Hasta ahora el gobierno federal ha demostrado una alarmante falta de capacidad en la toma de decisiones con respecto a su política de seguridad, como lo muestra el que se haya empeñado en una guerra contra el narcotráfico sin contar con organismos policiacos preparados para ese fin.
Promover el uso de armas en la ciudadanía sería un desatino mayúsculo, que podría llevar a México por una senda análoga a la recorrida por Estados Unidos, donde las millones de armas de fuego poseídas por particulares no han reducido la delincuencia, y en cambio se han traducido en incontables tragedias domésticas y en masacres escolares como las que periódicamente sacuden a la opinión pública del vecino país.
En suma, si las instancias gubernamentales no despejan con hechos esta percepción de desamparo que es, en gran medida, un desamparo real, y si no presentan a la sociedad una estrategia plausible de lucha contra la delincuencia organizada, el país corre el riesgo de situarse en los terrenos peligrosísimos de la protección por propia mano –y de ahí a la justicia por propia mano sólo hay un paso–, de la ley de la jungla y del sálvese quien pueda.
Alberto Aziz Nassif
Un gobierno declarador
Ante una realidad de violencia y crisis económica que se impone con fuerza, vemos que el discurso político del gobierno está subiendo de tono y se ha descontrolado. El país está amenazado por varios frentes: los datos duros de la crisis económica impactan todos los días con más desempleo, deterioro de la economía familiar, quiebras y fraudes, baja el PIB, se cae el petróleo, de devalúa el peso. En otro frente, la guerra contra el narcotráfico extiende sus marcas de sangre y la estadística de muertes llega a las mil en los primeros 51 días de este negro 2009 (EL UNIVERSAL, 21/II/09).
La mesura de los primeros tiempos del sexenio ha desaparecido y la prudencia de la política de comunicación se ha resquebrajado: si al inicio del sexenio sólo Felipe Calderón daba la nota, ahora desde cualquier parte del gabinete surge una declaración escandalosa. Tenemos un gobierno declarador.
En los últimos días ha habido varias notas escandalosas. La canciller Patricia Espinosa quiso ponerle buena cara al país, minimizó la crisis de seguridad y manipuló la información para decir que el problema con el narco sólo estaba en tres estados (Baja California, Sinaloa y Chihuahua).
Con esta declaración surgieron dos complicaciones adicionales: la evidencia de una manipulación que esconde lo que pasa en el DF, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Quintana Roo, Durango, estado de México y otros territorios del país; y, además, el gobernador de Chihuahua (quien acaba de sufrir un atentado) reclamó en un desplegado que el problema sea minimizado; al día siguiente, el secretario de Gobernación respondió al gobernador y, en otro desplegado, afirmó que la situación de ese estado del norte no se replica en la mayoría del territorio nacional. En suma, entre diferentes niveles de gobierno litigan sobre la abrumadora dimensión del problema que ha dejado la guerra contra el narco.
Al mismo tiempo, el secretario de Economía, tan anónimo como sus políticas, quiso tener sus minutos de fama y en una declaración desde París dijo que si no se hubiera emprendido esta guerra contra el narcotráfico, el próximo presidente del país “sería narco”. La estridencia de esta especulación generó alboroto en la granja política y hubo respuestas múltiples. El extrañamiento vino incluso desde las filas del partido gobernante.
Unos días después, para hacer control de daños, los panistas empezaron a circular la versión de que había un complot en contra del gobierno. Para seguir estirando la cuerda de las declaraciones, durante la celebración del día del Ejército, el Presidente volvió a los adjetivos y llamó cobardes a los que se escudan en mujeres y niños para detener la acción militar en contra del narco.
Parece que ante lo duro de la situación, la Presidencia ha decidido que la mejor táctica es subir el tono del discurso y poner adjetivos de por medio. Así sucedió tan sólo unos días atrás, cuando se desató otra polémica en contra de los críticos; así, a los que no comparten el optimismo naif de este gobierno se les denomina catastrofistas, como al empresario Carlos Slim, al que sí se le linchó desde el gobierno mediante una sistemática descalificación que empezó el secretario del Trabajo.
Pero no sólo se trata de un gobierno declarador que ha subido el tono, sino de escándalos que se destapan por conversaciones de otro integrante del gabinete, Luis Téllez. Conversaciones comprometedoras del secretario de Comunicaciones y Transportes en las que no se muestra nada que no sea muy conocido, pero sí se logra ver el modo de operación política de este gobierno. Lo menos que dice Téllez es que extraña al PRI, pero quizá lo más importante es la forma de jugar con intereses, usar el cargo para manipular información y comprometer a su jefe. Un declarador in fraganti. No es la primera vez que sucede un escándalo con alguno de los secretarios de Estado, en los que puede variar la intensidad y las circunstancias, pero hay una constante: la permanencia en el cargo.
Mientras el gobierno declara y se enreda, se inicia un ambiente electoral con una gran cantidad de spots y descalificaciones en la clase política, pero con poca claridad sobre los problemas reales; quizá por esa razón no se logra capturar el interés de una ciudadanía agobiada por la crisis y temerosa por su seguridad.
Investigador del CIESAS
La mesura de los primeros tiempos del sexenio ha desaparecido y la prudencia de la política de comunicación se ha resquebrajado: si al inicio del sexenio sólo Felipe Calderón daba la nota, ahora desde cualquier parte del gabinete surge una declaración escandalosa. Tenemos un gobierno declarador.
En los últimos días ha habido varias notas escandalosas. La canciller Patricia Espinosa quiso ponerle buena cara al país, minimizó la crisis de seguridad y manipuló la información para decir que el problema con el narco sólo estaba en tres estados (Baja California, Sinaloa y Chihuahua).
Con esta declaración surgieron dos complicaciones adicionales: la evidencia de una manipulación que esconde lo que pasa en el DF, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Quintana Roo, Durango, estado de México y otros territorios del país; y, además, el gobernador de Chihuahua (quien acaba de sufrir un atentado) reclamó en un desplegado que el problema sea minimizado; al día siguiente, el secretario de Gobernación respondió al gobernador y, en otro desplegado, afirmó que la situación de ese estado del norte no se replica en la mayoría del territorio nacional. En suma, entre diferentes niveles de gobierno litigan sobre la abrumadora dimensión del problema que ha dejado la guerra contra el narco.
Al mismo tiempo, el secretario de Economía, tan anónimo como sus políticas, quiso tener sus minutos de fama y en una declaración desde París dijo que si no se hubiera emprendido esta guerra contra el narcotráfico, el próximo presidente del país “sería narco”. La estridencia de esta especulación generó alboroto en la granja política y hubo respuestas múltiples. El extrañamiento vino incluso desde las filas del partido gobernante.
Unos días después, para hacer control de daños, los panistas empezaron a circular la versión de que había un complot en contra del gobierno. Para seguir estirando la cuerda de las declaraciones, durante la celebración del día del Ejército, el Presidente volvió a los adjetivos y llamó cobardes a los que se escudan en mujeres y niños para detener la acción militar en contra del narco.
Parece que ante lo duro de la situación, la Presidencia ha decidido que la mejor táctica es subir el tono del discurso y poner adjetivos de por medio. Así sucedió tan sólo unos días atrás, cuando se desató otra polémica en contra de los críticos; así, a los que no comparten el optimismo naif de este gobierno se les denomina catastrofistas, como al empresario Carlos Slim, al que sí se le linchó desde el gobierno mediante una sistemática descalificación que empezó el secretario del Trabajo.
Pero no sólo se trata de un gobierno declarador que ha subido el tono, sino de escándalos que se destapan por conversaciones de otro integrante del gabinete, Luis Téllez. Conversaciones comprometedoras del secretario de Comunicaciones y Transportes en las que no se muestra nada que no sea muy conocido, pero sí se logra ver el modo de operación política de este gobierno. Lo menos que dice Téllez es que extraña al PRI, pero quizá lo más importante es la forma de jugar con intereses, usar el cargo para manipular información y comprometer a su jefe. Un declarador in fraganti. No es la primera vez que sucede un escándalo con alguno de los secretarios de Estado, en los que puede variar la intensidad y las circunstancias, pero hay una constante: la permanencia en el cargo.
Mientras el gobierno declara y se enreda, se inicia un ambiente electoral con una gran cantidad de spots y descalificaciones en la clase política, pero con poca claridad sobre los problemas reales; quizá por esa razón no se logra capturar el interés de una ciudadanía agobiada por la crisis y temerosa por su seguridad.
Investigador del CIESAS
Enrique del Val Blanco
¿De qué se trata?
No hay duda de que en estas difíciles horas para el país el Ejército mexicano está dando, como siempre, muestras de su patriotismo y entrega a las mejores causas; por ello hay que apoyarlo de la mejor manera.
Pero el gobierno federal está cometiendo un error al anunciar el pasado 19 de febrero en Monterrey que “ha ordenado la creación de un programa integral de becas para que el gobierno federal cubra 100% de las colegiaturas de bachillerato o universidad a todos los hijos de militares, ya sea en planteles públicos o privados”.
Con este ofrecimiento el gobierno federal abre la puerta al financiamiento público de las escuelas particulares, que en su gran mayoría son de órdenes religiosas o empresas comerciales —incluyendo fondos de inversión estadounidenses— cuyo único objetivo es obtener el mayor rendimiento de su inversión.
Seguramente están muy contentos con el anuncio del Presidente, ya que desde hace años ha sido el anhelo de varios de ellos, plasmado en su propuesta de bonos educativos o vouchers, como se conocen en varias partes del mundo y que, por cierto, han sido un fracaso educativo.
Sería muy conveniente tener algunas aclaraciones: estamos hablando de desvío de fondos públicos para financiar la educación privada y, ya que este programa de becas no está en el Presupuesto de Egresos autorizado para 2009, sería bueno saber de dónde van a salir los recursos, porque sería lamentable que se redujeran los que el gobierno da a la educación superior pública para entregarlos a las empresas educativas.
Otro asunto es saber si alguien en el gobierno ya hizo las cuentas sobre los costos de la educación pública en relación con la privada. En el primer caso el promedio de cobro de colegiaturas o cuotas es de mil pesos al año, mientras que el promedio de las privadas, incluyendo las patito, es de 5 mil pesos mensuales. Este gobierno, con la situación económica actual, ¿está dispuesto a despilfarrar sumas millonarias para engrosar las utilidades de las escuelas particulares?
¿Habrán analizado el hecho de que lo que cobran por colegiatura mensual por alumno algunas de esas empresas rebasa la cantidad que reciben muchos soldados como haberes al mes? ¿Por qué, si hay que apoyarlos, no se dan los recursos a la familia para mejorar la situación de todos sus miembros? ¿Por qué no se les ofrecieron lugares en algunos de los planteles que este gobierno ha construido y va a construir? Se habla de cerca de 300 planteles de bachillerato y universidades donde sin duda los hijos de los militares podrían asistir.
Aunado a ello, sería de justicia apoyar a otras fuerzas federales y estatales que también están sufriendo el embate de los narcotraficantes y nada se les ha ofrecido hasta ahora.
¿Por qué antes de anunciar apuradamente algo nuevo no estudian cuál sería la mejor manera de apoyar la educación de los hijos de los militares y no dar la apariencia de que se trata de financiar a los que se dedican a comerciar con la educación?
Analista político y economista
Javier Corral Jurado
¿Por qué en Chihuahua?
Las circunstancias en las que perdió la vida uno de los escoltas del gobernador de Chihuahua parecen configurar “un aviso”, en términos del modus operandi del narco, pero hasta ahora esa similitud no toma cuerpo completo. Tampoco hay elementos para configurar la hipótesis de un atentado directo a la persona de José Reyes Baeza, según su propio dicho y el parte de la Procuradora estatal. Incluso no se descarta que esos hechos se hayan producido por un error en la actuación del convoy de seguridad, que cerró el paso a sicarios sin darse cuenta que lo eran, y éstos reaccionaron violentamente sin tener conciencia de que balaceaban a custodios del mandatario.
Como sea, el hecho describe la magnitud de la violencia en Chihuahua, el grado de vulnerabilidad y exposición a la que están sometidos los ciudadanos, así como el clima de terror. Lo único cierto ahora es que en Chihuahua ya nadie se libra de una reacción virulenta como la sufrida por el licenciado Reyes Baeza. Se suceden hechos traumáticos: las ejecuciones no paran, este año van 403 en 54 días; febrero de 2009 está por volverse el mes más violento desde que inició la guerra contra el narco. El estado concentra 42% de las ejecuciones de todo el país.
Esta nueva escalada de violencia se enderezó contra policías municipales y ha logrado la renuncia de por lo menos tres jefes policiacos en la última semana; la dimisión que cobró impacto y golpeó el ánimo ciudadano fue la del jefe de policía de Ciudad Juárez, Roberto Orduña; se separó de su cargo después de que aparecieron varios carteles escritos por las bandas de narcotraficantes que exigían su salida y en la que advertían que si no lo hacía asesinarían a un oficial cada 48 horas. Este fin de semana sicarios de las bandas abatieron a dos policías. Sobre sus cadáveres dejaron notas en las que se adjudicaron la amenaza cumplida y anunciaban más muertes.
“No permitiré que hombres que trabajan por defender a la ciudadanía continúen perdiendo su vida”, dijo Orduña al renunciar, un militar retirado que había llegado al puesto hace 11 meses. La amenaza de muerte está ahora enderezada hacia el alcalde fronterizo José Reyes Ferriz, a quien los narcos le mandaron el mensaje en 12 cartulinas que distribuyeron por la ciudad anunciando que “le cortarán la cabeza”, “si sigues ayudando a la gente que tú ya sabes”.
Estos hechos manifiestan la gravedad del problema y colocan de nueva cuenta en el análisis la pregunta obligada: ¿por qué en Chihuahua se ha concentrado así la disputa del crimen? No hay respuesta categórica, ni siquiera aquella que identifica al Estado norteño como la frontera más grande de México y plataforma de exportación más importante de la droga hacia EU.
Lo que hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema que como partícipe en la solución. En Chihuahua, el operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al gobierno del estado. Aún no se conoce una acción de depuración al interior de la Procuraduría, como la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el gobernador pide revisar la estrategia gubernamental antinarco, y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede saca raja político-partidista del tema.
La semana pasada dio nuevamente un paso: lanzó un exhorto publicado como desplegado en los periódicos del DF, dirigido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para pedirle rectificara su aseveración de que la violencia en el país se concentraba en tres entidades federativas, entre ellas Chihuahua. Fue una acción que pintó de cuerpo entero la política del avestruz. Ello mereció la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Puntual, Gómez Mont puso las cosas en su lugar: “Debemos reconocer que la violencia en Chihuahua y su intensidad no resultan replicadas en la mayoría del territorio nacional, inferir lo contrario es una premisa falsa que no abona en la solución integral de este problema”.
Que el gobernador la haya visto pasar tan cerca debería provocar en él una seria reflexión sobre la postura que ha asumido y las tareas pendientes que su administración tiene con el combate a la corrupción y la procuración de justicia.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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