Banamex: problemática y oportunidad
La decisión, anunciada ayer por el gobierno de Estados Unidos, de aumentar hasta en 36 por ciento su participación en el capital del multinacional Citigroup –a efecto de salvarlo de la bancarrota–, pone en perspectiva distintas consideraciones que resultan inquietantes, por decir lo menos, en torno a la situación legal de Banamex, filial en México del gigante financiero.
Enajenado durante el proceso de reprivatización bancaria que emprendió Carlos Salinas de Gortari a inicios de la década de los 90; rescatado con dinero público por medio del fraudulento Fobaproa/IPAB durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y vendido posteriormente a Citigroup, en un proceso irregular que significó eludir el pago al erario de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares por concepto de impuestos, Banamex vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras el anuncio realizado ayer por el gobierno de Barack Obama, por cuanto éste pudiera convertirse, así sea de manera temporal, en propietario de una de las principales instituciones financieras del país. Tal escenario, además de tener obligadas implicaciones en términos de vigencia de la soberanía nacional, está expresamente prohibido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula al sistema bancario mexicano: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
La redacción de la normativa no deja espacio para la interpretación, por más que los representantes de la institución señalada pretendan sostener que la operación no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México, y su aplicación a la letra por parte de la autoridad imposibilitaría al grupo financiero estadunidense a operar esa filial en el país. No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependencia encargada de regular el sistema financiero mexicano, se ha limitado a afirmar que analizará la información que al efecto se proporcione y la adecuación de las nuevas condiciones (...) a la legislación financiera mexicana, e informarán en breve acerca del resultado de dicho análisis, declaración preocupante que parece sugerir que, en el caso que se comenta, es la ley la que deberá adecuarse a los intereses de los dueños del dinero.
Por lo demás, esta problemática situación plantea, de manera inopinada, un escenario propicio para que el calderonismo avance en el reconocimiento de las necesidades del país en materia de servicios financieros confiables y de calidad –y para que actúe en consecuencia–, toda vez que, como lo advirtió ayer mismo el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila, se abre la oportunidad de que Banamex regrese a manos mexicanas. Los grandes consorcios internacionales, propietarios de la mayoría de las instituciones bancarias que operan en México, han encontrado en el país un mercado de rapiña, carente de regulaciones oficiales y mucho más ventajoso, en términos de ganancias, que en sus naciones de origen. A pesar de esto, su aporte al desarrollo y su respaldo a los sectores productivos mediante el otorgamiento de crédito ha dejado mucho que desear y es obligado preguntarse si esto último no es una razón suficiente para que el Estado mexicano contribuya a la constitución de una verdadera banca nacional, orientada a atender las necesidades de los mexicanos en general y a satisfacer los requerimientos de sectores como el campo o la industria, imprescindibles para reactivar el mercado y la economía internos.
Es imprescindible, en suma, que el gobierno calderonista comience a actuar con altura de miras y en concordancia con el bienestar del país. La respuesta que dé a la problemática en que se encuentra inmerso Banamex demostrará si la presente administración está al servicio de los mexicanos o de los propietarios del capital trasnacional.
Obamamex
Traje a la medida
Los consejeros, otra vez
Carlos Fernández-Vega
México SABanamex, el otrora prestigiado Banco Nacional de México antes de la reprivatización salinista, cambia de nombre. A partir de ayer se le conoce internacionalmente como Obamamex, único banco extranjero que opera en el país propiedad mayoritaria de un gobierno foráneo, el gringo, encabezado por el joven Barack, hecho que tajantemente prohíbe la mexicanísima Ley de Instituciones de Crédito.
De nueva cuenta el inquilino de Los Pinos está metido en un berenjenal, y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo concretado ayer entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibir que se concrete, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo siete: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes cuando las referidas oficinas (de representación de la banca extranjera) no se ajusten a las disposiciones legales.
¿Qué violación legal es atribuible al acuerdo Citigroup-Casa Blanca? La del artículo 13 de la multicitada ley, que a la letra establece: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad (léase, por ejemplo, gobierno de Estados Unidos de América). Y Banamex es filial de Citigroup.
¿Es interpretable lo que a la letra establece la Ley de Instituciones de Crédito? Todo indica que no, por ser más claro que el agua, pero Citigroup dice que sí, porque (nótese la solidez del argumento) el acuerdo con el gobierno estadunidense tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios de la trasnacional financiera. Así, con la mano en la cintura, el consorcio sostiene que existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.
En ninguna parte de la citada ley se establecen salvedades para casos temporales, de emergencia económica y/o relacionados con estrategias de negocios, como las citadas por Citigroup. Eso sí, simple y llanamente fija la postura del Legislativo: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, y hasta donde se sabe el gobierno estadunidense (que ahora es dueño de 36 por ciento de las acciones de Citigroup) es una persona moral extranjera que ejerce funciones de autoridad; ergo, está legalmente impedido para participar en Banamex.
En tiempos de Vicente Fox el gobierno del cambio se dijo al borde del orgasmo por la llamada venta del siglo (Banamex a Citigroup, por la friolera de 12 mil 500 millones de dólares), al tiempo que ovacionaba a Roberto Hernández, Alfredo Harp y demás integrantes de la pandilla, hasta ese momento dueños de Banamex, por evadir legalmente el pago de los impuestos respectivos, algo así como 3 mil 750 millones de dólares.
Cuando el 17 de mayo de 2001 se conoció la venta de Banamex a Citigroup, de inmediato brincó a la palestra el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el fin de excusarse ante el presidente Fox de tener que tomar decisiones que competen a la dependencia bajo mi responsabilidad sobre la citada operación de compraventa. Eso sí, participó activamente para garantizar a Roberto Hernández y pandilla el cero pago de impuestos.
Pues bien, ahora que Citigroup ha metido al gobierno calderonista en un nuevo berenjenal y que de plano no sabe cómo salir de la bronca, el inquilino de Los Pinos podría argüir las mismas razones que Gil Díaz en 2001, toda vez que el michoacano alguna vez se empleó en Banamex (ahora podrá demostrar si fue o sigue siendo) y así tira el arpa y cede los trastes a terceros. Hasta donde se sabe no lo ha hecho, pero más rápidos que una saeta ejercieron esa posibilidad el partido tricolor, la Secretaría de Hacienda y el propio Citigroup, por medio de su filial en México, tercia de ases que “analizan el rescate de Citi… Senadores del PRI, la Secretaría de Hacienda y Banamex instalaron una mesa para analizar las implicaciones para el banco del rescate por parte del gobierno de Estados Unidos de Citigroup, informó el senador Carlos Lozano, (quien dijo) que el objetivo es dotar de certeza jurídica al proceso de rescate bancario estadunidense, porque la ley mexicana establece prohibiciones para los asociados de la banca. El PRI pospuso la discusión de una iniciativa de reforma del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que busca dar una salida al tema. Lo bajamos porque hemos tenido comentarios tanto de la Secretaría de Hacienda como de las instituciones bancarias. Nos vamos a sentar, no queremos crear ningún conflicto. Lo que queremos es que haya transparencia en el tema y veamos cómo lo resolvemos para que no quede una laguna legal”, explicó Lozano (El Universal).
¡Maravilloso! Como la Ley de Instituciones de Crédito no cuadra con el rescate que de Citigroup ha hecho el gobierno de Obama, entonces los ágiles legisladores mexicanos, el doctor catarrito y el propio Banamex analizan la posibilidad de modificar la citada legislación, en la vieja práctica política de hacer trajes a la medida. Vamos a darle certeza jurídica a la trasnacional financiera, presume un senador de la República, cuando su chamba debe ser defender la legislación nacional y los intereses del país. ¡Y quiere ser gobernador!, mientras Calderón mantiene el discurso sobre el respeto al estado de derecho.
Qué espectáculo.
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