PORTADAS MUERTES DEL NARCO YA NO SE INVESTIGAN EX OPERADOR DE AMLO CEDIÓ CÁRCEL DE CANCÚN A LOS ZETAS, ACUSA PGR SEDENA: “ACEPTABLE” RESPETO DE MILITARES A DERECHOS HUMANOS TRAMITITIS DETIENE EL GASTO ANTICRISIS TOMA ENSERIO ALCALDE DE CHIHUAHUA AMENAZA, PERO ASEGURA QUE NO MODIFICARÁ SU AGENDA
23/02/2009 a las 9:35 am
EL UNIVERSAL: MUERTES DEL NARCO YA NO SE INVESTIGANLas muertes generadas durante este sexenio por la guerra entre grupos de narcotraficantes o por la lucha del Estado contra los cárteles ya no son investigadas, según una amplia revisión realizada por EL UNIVERSAL. No importa si son parte de las fuerzas del orden, sicarios o civiles; la mayoría de las víctimas fatales incrementa la lista de muertos, sin que los gobiernos locales y federales tengan capacidad, operativa u organizativa, para resolver cada crimen. Sus casos quedan en un limbo entre las autoridades. VEA LA NOTA COMPLETA\
LA JORNADA: SEDENA: “ACEPTABLE” RESPETO DE MILITARES A DERECHOS HUMANOSLos resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos “son aceptables”, porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) “no son muchas” las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Añadió que hacen falta reformas para dar “solidez” legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas “para hacer nuestro trabajo” con certeza y seguridad jurídica, señaló. VEA LA NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: TRAMITITIS DETIENE EL GASTO ANTICRISISLa inversión en infraestructura está prácticamente detenida, porque los proyectos no están preparados para desarrollarse, reconocieron especialistas y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Alonso García Tames, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dijo que se han venido atendiendo los principales problemas que atrasan el desarrollo de infraestructura en el país; sin embargo, sucede que las obras no están preparadas para ejecutarse como era el plan. VEA LA NOTA COMPLETA.
EL DIARIO: TOMA ENSERIO ALCALDE DE CHIHUAHUA AMENAZA, PERO ASEGURA QUE NO MODIFICARÁ SU AGENDACuatro cartulinas con amenazas de muerte en contra del alcalde José Reyes Ferriz aparecieron ayer en distintos puntos de la ciudad. Al respecto, el Ayuntamiento tomó con seriedad las advertencias clandestinas y ratificó el compromiso de mantener el control de la Policía Municipal, continuar con su depuración e implementar las medidas necesarias para restablecer la seguridad en las calles de Ciudad Juárez. De acuerdo con el secretario de Comunicación Social del Gobierno local, Sergio Belmonte Almeida, las amenazas no van a modificar la agenda de gobierno de Reyes Ferriz, ni van a alterar el tiempo que dedica a la función “para la cual está comprometido de tiempo completo”. Estas advertencias se generan a dos días de que el crimen organizado cumpliera el amago de asesinar a un agente policiaco en caso de que no renunciara Orduña a su cargo como jefe de la Policía Municipal. VEA LA NOTA COMPLETA.
23/02/2009 a las 9:35 am
EL UNIVERSAL: MUERTES DEL NARCO YA NO SE INVESTIGANLas muertes generadas durante este sexenio por la guerra entre grupos de narcotraficantes o por la lucha del Estado contra los cárteles ya no son investigadas, según una amplia revisión realizada por EL UNIVERSAL. No importa si son parte de las fuerzas del orden, sicarios o civiles; la mayoría de las víctimas fatales incrementa la lista de muertos, sin que los gobiernos locales y federales tengan capacidad, operativa u organizativa, para resolver cada crimen. Sus casos quedan en un limbo entre las autoridades. VEA LA NOTA COMPLETA\
LA JORNADA: SEDENA: “ACEPTABLE” RESPETO DE MILITARES A DERECHOS HUMANOSLos resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos “son aceptables”, porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) “no son muchas” las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Añadió que hacen falta reformas para dar “solidez” legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas “para hacer nuestro trabajo” con certeza y seguridad jurídica, señaló. VEA LA NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: TRAMITITIS DETIENE EL GASTO ANTICRISISLa inversión en infraestructura está prácticamente detenida, porque los proyectos no están preparados para desarrollarse, reconocieron especialistas y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Alonso García Tames, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dijo que se han venido atendiendo los principales problemas que atrasan el desarrollo de infraestructura en el país; sin embargo, sucede que las obras no están preparadas para ejecutarse como era el plan. VEA LA NOTA COMPLETA.
EL DIARIO: TOMA ENSERIO ALCALDE DE CHIHUAHUA AMENAZA, PERO ASEGURA QUE NO MODIFICARÁ SU AGENDACuatro cartulinas con amenazas de muerte en contra del alcalde José Reyes Ferriz aparecieron ayer en distintos puntos de la ciudad. Al respecto, el Ayuntamiento tomó con seriedad las advertencias clandestinas y ratificó el compromiso de mantener el control de la Policía Municipal, continuar con su depuración e implementar las medidas necesarias para restablecer la seguridad en las calles de Ciudad Juárez. De acuerdo con el secretario de Comunicación Social del Gobierno local, Sergio Belmonte Almeida, las amenazas no van a modificar la agenda de gobierno de Reyes Ferriz, ni van a alterar el tiempo que dedica a la función “para la cual está comprometido de tiempo completo”. Estas advertencias se generan a dos días de que el crimen organizado cumpliera el amago de asesinar a un agente policiaco en caso de que no renunciara Orduña a su cargo como jefe de la Policía Municipal. VEA LA NOTA COMPLETA.
Quisiera ser millonario se lleva ocho premios Óscar
La cinta británica sobre un joven de los barrios bajos de India, que busca salir de la miseria en un programa de concursos de la televisión, fue la gran triunfadora al lograr las estatuillas de mejor película, dirección, guión adaptado, banda sonora, canción, edición, fotografía y mezcla de sonido. Sean Penn fue galardonado como mejor actor por el filme Milk; Kate Winslet (izquierda), mejor actriz, por The reader, y la española Penélope Cruz por su papel secundario en Vicky Cristina Barcelona. El curioso caso de Benjamin Button, que tenía 13 postulaciones, sólo se llevó tres Foto Ap
No son muchas 671 quejas en un año: general López Portillo
Sedena: aceptable respeto de militares a derechos humanos
Faltan reformas que den solidez a la participación anticrimen de soldados
Asegura que se mantendrá el fuero de guerra; no es coto de impunidad
Afirma que el Ejército nada sabe sobre el paradero de los dos eperristas
JESÚS ARANDA
La cinta británica sobre un joven de los barrios bajos de India, que busca salir de la miseria en un programa de concursos de la televisión, fue la gran triunfadora al lograr las estatuillas de mejor película, dirección, guión adaptado, banda sonora, canción, edición, fotografía y mezcla de sonido. Sean Penn fue galardonado como mejor actor por el filme Milk; Kate Winslet (izquierda), mejor actriz, por The reader, y la española Penélope Cruz por su papel secundario en Vicky Cristina Barcelona. El curioso caso de Benjamin Button, que tenía 13 postulaciones, sólo se llevó tres Foto Ap
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Matan sicarios a un escolta del gobernador de Chihuahua
El mandatario iba en un convoy de seguridad; otros dos guardias, heridos
Anómalo cese de magistrado que pidió el recuento voto por voto
El proceso disciplinario de la Judicatura ocurrió tras la elección de 2006
Múltiples violaciones en el caso; el afectado pide a la Corte restituirlo
El mandatario iba en un convoy de seguridad; otros dos guardias, heridos
Anómalo cese de magistrado que pidió el recuento voto por voto
El proceso disciplinario de la Judicatura ocurrió tras la elección de 2006
Múltiples violaciones en el caso; el afectado pide a la Corte restituirlo
Jesús Aranda
En un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó en enero pasado al magistrado federal Francisco Salvador Pérez, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que el magistrado del primer tribunal unitario con sede en Oaxaca solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento voto por voto y casilla por casilla de la elección presidencial de 2006.
De acuerdo con la revisión administrativa que interpuso el magistrado Pérez ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la última instancia para ratificar o no su destitución, la decisión de los consejeros carece de fundamento legal no sólo por las violaciones a la normatividad en la materia, sino también por la actuación de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, quienes solaparon la actuación ilícita de los consejeros Constancio Carrasco Daza –actual magistrado federal–, Luis María Aguilar y María Teresa Herrera Tello, miembros de la Comisión de Disciplina que aprobó el dictamen de su remoción.
Como un hecho particularmente grave se denuncia que, desde finales de 2006, el magistrado Pérez fue suspendido de manera consecutiva durante cuatro ocasiones, por un lapso de seis meses cada una, sin fincarle una responsabilidad concreta –hasta enero pasado–, lo cual no sólo lo afectó en el plano profesional, sino también en el económico, ya que dejó de percibir su sueldo completo durante todo ese periodo.
En este contexto, el afectado solicita al pleno de la SCJN la restitución en el cargo y los ingresos económicos a que tiene derecho.
En el recurso de revisión, al cual tuvo acceso este diario, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese; que el dictamen no precisa cuáles son las faltas ni las sanciones exactas para cada una de éstas; que fue violada, en su perjuicio, la Constitución ya que los consejeros interpretaron jurídicamente las sentencias del magistrado, lo cual le está expresamente prohibido al CJF, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, además de que el consejo solicitó de forma ilícita a jueces de distrito que opinaran sobre la labor jurisdiccional del magistrado.
También fue sancionado por no impartir justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, su tribunal tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.
La queja destaca que es preocupante para la autonomía judicial, que la visitaduría del CJF haya llegado al extremode organizar reuniones en la sede del cuarto juzgado de distrito con sede en Oaxaca, encabezado en aquel entonces por María Dolores Duarte Ruvalcaba, en las que los jueces primero, segundo, quinto y octavo en esa entidad habrían externado su preocupación por revocaciones de autos de formal prisión y sentencias condenatorias, principalmente por delitos contra la salud, que habría ordenado el magistrado.
La queja censura la actuación de los ministros Mariano Azuela– quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.
Cuestiona particularmente al actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial ultrarápida en el ámbito federal.
El asunto está en manos de los ministros de la Corte, quienes en revisiones administrativas anteriores han restituido a magistrados porque las faltas cometidas no eran graves o porque los consejeros revisaron los criterios jurídicos de jueces y magistrados violando su autonomía jurisdiccional.
SHCP garantiza a empresarios 20 mil mdd para necesidades
El monto podrá ser utilizado para pagos de deuda y comercio exterior
Signos de tortura y tiro de gracia en los 2 líderes mixtecos: ONG
Confirman el hallazgo en Guerrero; fue doble asesinato extrajudicial
En un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó en enero pasado al magistrado federal Francisco Salvador Pérez, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que el magistrado del primer tribunal unitario con sede en Oaxaca solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento voto por voto y casilla por casilla de la elección presidencial de 2006.
De acuerdo con la revisión administrativa que interpuso el magistrado Pérez ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la última instancia para ratificar o no su destitución, la decisión de los consejeros carece de fundamento legal no sólo por las violaciones a la normatividad en la materia, sino también por la actuación de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, quienes solaparon la actuación ilícita de los consejeros Constancio Carrasco Daza –actual magistrado federal–, Luis María Aguilar y María Teresa Herrera Tello, miembros de la Comisión de Disciplina que aprobó el dictamen de su remoción.
Como un hecho particularmente grave se denuncia que, desde finales de 2006, el magistrado Pérez fue suspendido de manera consecutiva durante cuatro ocasiones, por un lapso de seis meses cada una, sin fincarle una responsabilidad concreta –hasta enero pasado–, lo cual no sólo lo afectó en el plano profesional, sino también en el económico, ya que dejó de percibir su sueldo completo durante todo ese periodo.
En este contexto, el afectado solicita al pleno de la SCJN la restitución en el cargo y los ingresos económicos a que tiene derecho.
En el recurso de revisión, al cual tuvo acceso este diario, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese; que el dictamen no precisa cuáles son las faltas ni las sanciones exactas para cada una de éstas; que fue violada, en su perjuicio, la Constitución ya que los consejeros interpretaron jurídicamente las sentencias del magistrado, lo cual le está expresamente prohibido al CJF, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, además de que el consejo solicitó de forma ilícita a jueces de distrito que opinaran sobre la labor jurisdiccional del magistrado.
También fue sancionado por no impartir justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, su tribunal tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.
La queja destaca que es preocupante para la autonomía judicial, que la visitaduría del CJF haya llegado al extremode organizar reuniones en la sede del cuarto juzgado de distrito con sede en Oaxaca, encabezado en aquel entonces por María Dolores Duarte Ruvalcaba, en las que los jueces primero, segundo, quinto y octavo en esa entidad habrían externado su preocupación por revocaciones de autos de formal prisión y sentencias condenatorias, principalmente por delitos contra la salud, que habría ordenado el magistrado.
La queja censura la actuación de los ministros Mariano Azuela– quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.
Cuestiona particularmente al actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial ultrarápida en el ámbito federal.
El asunto está en manos de los ministros de la Corte, quienes en revisiones administrativas anteriores han restituido a magistrados porque las faltas cometidas no eran graves o porque los consejeros revisaron los criterios jurídicos de jueces y magistrados violando su autonomía jurisdiccional.
SHCP garantiza a empresarios 20 mil mdd para necesidades
El monto podrá ser utilizado para pagos de deuda y comercio exterior
Signos de tortura y tiro de gracia en los 2 líderes mixtecos: ONG
Confirman el hallazgo en Guerrero; fue doble asesinato extrajudicial
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó que los cuerpos hallados cerca de la comunidad San Francisco, municipio de Tecoanapa, Guerrero, con huellas de tortura y tiro de gracia, corresponden a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a quienes presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desaparecieron el pasado 13 de febrero en Ayutla de los Libres. “Fue una doble ejecución extrajudicial. Se trató de un crimen de Estado”, considera la organización no gubernamental.
De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Acapulco, Raúl Lucas fue asesinado de dos balazos en el maxilar inferior, probablemente el domingo 15 o el lunes 16 de febrero. Sus restos se hallaron el viernes 21 dentro de una bolsa negra cerrada con cinta canela, enterrada a un metro de profundidad, descubrimiento resultado de una llamada telefónica anónima, aseguró el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, José Fernando Monreal.
Indicó que en las mismas circunstancias se encontraron los restos de Manuel Ponce Rosas, quien padeció traumatismo en cráneo y en tórax, tres heridas externas de 25 a 28 centímetros por las cuales pereció, provocadas a golpes con un tubo. Familiares de las víctimas llegaron la mañana del domingo al Semefo de Acapulco, y por la tarde les entregaron los restos de Raúl y Manuel, quienes serán sepultados el lunes en el municipio de Ayutla.
Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que la ejecución de los dos mixtecos atenta contra las leyes internacionales a las que México está suscrito, las cuales exigen el respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos.
Además, cuestionó las declaraciones irresponsables del procurador de Guerrero, Eduardo Murrueta, quien desde que conoció la denuncia por la desaparición de los indígenas, sin realizar una investigación objetiva, declaró que los ahora finados fueron víctimas de secuestro o levantón (plagio sin intención de obtener rescate).
Los homicidios de los luchadores sociales, las amenazas que previamente recibieron y el atentado a balazos por el cual Lucas García estuvo a punto de morir en 2006, dijo Rosales, significan que su labor afectó intereses de personas enquistadas en los gobiernos municipal y del estado.
Consideró que desde que se presentó la denuncia de la desaparición, la Federación y el gobierno estatal evidenciaron una completa inactividad, lo mismo que cuando se presentaron los dos amparos contra la incomunicación que padecían los detenidos, y cuando se exigió a las autoridades la revisión de prisiones municipales, y sedes de batallones, en su búsqueda”.
Se levantó la averiguación previa TAB/SC/AM/161/2009, que se radicará en la fiscalía especial para delitos graves.
De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Acapulco, Raúl Lucas fue asesinado de dos balazos en el maxilar inferior, probablemente el domingo 15 o el lunes 16 de febrero. Sus restos se hallaron el viernes 21 dentro de una bolsa negra cerrada con cinta canela, enterrada a un metro de profundidad, descubrimiento resultado de una llamada telefónica anónima, aseguró el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, José Fernando Monreal.
Indicó que en las mismas circunstancias se encontraron los restos de Manuel Ponce Rosas, quien padeció traumatismo en cráneo y en tórax, tres heridas externas de 25 a 28 centímetros por las cuales pereció, provocadas a golpes con un tubo. Familiares de las víctimas llegaron la mañana del domingo al Semefo de Acapulco, y por la tarde les entregaron los restos de Raúl y Manuel, quienes serán sepultados el lunes en el municipio de Ayutla.
Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que la ejecución de los dos mixtecos atenta contra las leyes internacionales a las que México está suscrito, las cuales exigen el respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos.
Además, cuestionó las declaraciones irresponsables del procurador de Guerrero, Eduardo Murrueta, quien desde que conoció la denuncia por la desaparición de los indígenas, sin realizar una investigación objetiva, declaró que los ahora finados fueron víctimas de secuestro o levantón (plagio sin intención de obtener rescate).
Los homicidios de los luchadores sociales, las amenazas que previamente recibieron y el atentado a balazos por el cual Lucas García estuvo a punto de morir en 2006, dijo Rosales, significan que su labor afectó intereses de personas enquistadas en los gobiernos municipal y del estado.
Consideró que desde que se presentó la denuncia de la desaparición, la Federación y el gobierno estatal evidenciaron una completa inactividad, lo mismo que cuando se presentaron los dos amparos contra la incomunicación que padecían los detenidos, y cuando se exigió a las autoridades la revisión de prisiones municipales, y sedes de batallones, en su búsqueda”.
Se levantó la averiguación previa TAB/SC/AM/161/2009, que se radicará en la fiscalía especial para delitos graves.
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Mundo
Asesinan en Colombia a defensores de víctimas de los paramilitaresBogotá, 22 de febrero. Al menos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha en Colombia fueron asesinados en los últimos tres años por hombres no identificados por las autoridades, pero posiblemente involucrados con organizaciones armadas que durante los años 80 y 90 arrebataron bienes a campesinos y cuya posesión pretenden asegurar ahora, mediante nuevos crímenes y acciones al margen de legislación nacional.
La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.
Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.
En todos los casos, el elemento común es el reclamo de campesinos desplazados a quienes los grupos de paramilitares les arrebataron sus bienes a sangre y fuego, señaló el reporte de la CNRR, presidida por el académico Eduardo Pizarro, quien asumió el cargo para asegurar que la legislación no fuera eludida por los individuos que se entregaron a las autoridades judiciales, conocidos como desmovilizados.
Al menos 30 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007, al acogerse a la legislación propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.
Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres
Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.
Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.
En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.
Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.
Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.
La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.
La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:
El paramilitarismo no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo.
Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas
Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.
Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.
Cumple Raúl Castro un año como jefe de Estado
Era de la CIA el diplomático de EU expulsado de Ecuador: CorreaQuito, 22 de febrero. Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos expulsado de Ecuador, era el responsable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en este país, aseguró hoy el presidente Rafael Correa, al dar nuevas razones sobre la decisión de su gobierno dada a conocer el jueves pasado.
El ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Sullivan al descubrir que se había cometido una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado. El diplomático recibió información privilegiada de directivos policiacos sobre el narcotráfico en Ecuador y condicionó la cooperación logística y económica a la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía nacional a la designación de funcionarios recomendados por la embajada estadunidense.
Correa destacó que la expulsión de Sullivan –anunciada después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el jueves– ocurrió después de decidir la destitución de Manuel Silva, jefe de la unidad policial dedicada a investigar casos de alto impacto.
Sullivan se llevó computadoras de la unidad policial
Sullivan hizo una barbaridad, sostuvo Correa en declaraciones hechas en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Según el sitio noticioso Ecuador Inmediato, el diplomático se llevó computadoras de unidad policial.
Este es el segundo funcionario de la embajada de Washington en Quito que es expulsado del país por tratar de subordinar a miembros del gobierno ecuatoriano a directrices estadunidenses. El primero fue Armando Astorga, agregado de asuntos migratorios, a quien se le pidió la salida del país a principios de febrero.
El gobierno de Ecuador anunció desde 2007 que no renovaría el acuerdo que autoriza la permanencia de fuerzas estadunidenses en la base aérea de Manta, establecida en 1989.
El Departamento de Estado dijo el jueves que la expulsión de Sullivan –así como la de Astorga– no habrá de afectar la cooperación bilateral con Ecuador en asuntos de seguridad y desarrollo económico.
Además de Ecuador, Venezuela y Bolivia han tenido conflictos con diplomáticos estadunidenses. Este sábado, el presidente boliviano, Evo Morales, denunció que la CIA infiltró a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia para tratar de desestabilizar su gobierno.
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Morir a 20 km/hNo manejan, no beben, no rebasan los límites de velocidad, pero cada año mil 800 niños pierden la vida en un accidente de tránsito. Más de la mitad de estas muertes sucede dentro de un vehículo. El resto, son menores atropellados. ¿Quién tiene la culpa?
Lápida de cementoLa Máquina golea al Necaxa que ya mira de frente al descenso
México Acuerdan regular sesiones por falta de productividadSG: Congreso “congela” iniciativas de CalderónAN se opone a legalizar droga y critica a PRIUn mundo raroMueren al detonarles una granadaInvestigan 100 casos de violencia contra la mujerServitje lanza “cadena” contra abstencionismo“Extraviados” se equivocan con dañar al PRD: OrtegaPRD ve “grave” alza en extorsionesFormal prisión para seis de “La Familia”Homicidios violentos, los que nadie investigaEscuelas, el nuevo mercado“Queremos 45 mil cada mes”“Yonkeros”, de Juárez¿Los “malos” son basura?
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La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.
Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.
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La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.
Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres
Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.
Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.
En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.
Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.
Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.
La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.
La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:
El paramilitarismo no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo.
Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas
Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.
Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.
Cumple Raúl Castro un año como jefe de Estado
Era de la CIA el diplomático de EU expulsado de Ecuador: CorreaQuito, 22 de febrero. Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos expulsado de Ecuador, era el responsable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en este país, aseguró hoy el presidente Rafael Correa, al dar nuevas razones sobre la decisión de su gobierno dada a conocer el jueves pasado.
El ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Sullivan al descubrir que se había cometido una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado. El diplomático recibió información privilegiada de directivos policiacos sobre el narcotráfico en Ecuador y condicionó la cooperación logística y económica a la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía nacional a la designación de funcionarios recomendados por la embajada estadunidense.
Correa destacó que la expulsión de Sullivan –anunciada después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el jueves– ocurrió después de decidir la destitución de Manuel Silva, jefe de la unidad policial dedicada a investigar casos de alto impacto.
Sullivan se llevó computadoras de la unidad policial
Sullivan hizo una barbaridad, sostuvo Correa en declaraciones hechas en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Según el sitio noticioso Ecuador Inmediato, el diplomático se llevó computadoras de unidad policial.
Este es el segundo funcionario de la embajada de Washington en Quito que es expulsado del país por tratar de subordinar a miembros del gobierno ecuatoriano a directrices estadunidenses. El primero fue Armando Astorga, agregado de asuntos migratorios, a quien se le pidió la salida del país a principios de febrero.
El gobierno de Ecuador anunció desde 2007 que no renovaría el acuerdo que autoriza la permanencia de fuerzas estadunidenses en la base aérea de Manta, establecida en 1989.
El Departamento de Estado dijo el jueves que la expulsión de Sullivan –así como la de Astorga– no habrá de afectar la cooperación bilateral con Ecuador en asuntos de seguridad y desarrollo económico.
Además de Ecuador, Venezuela y Bolivia han tenido conflictos con diplomáticos estadunidenses. Este sábado, el presidente boliviano, Evo Morales, denunció que la CIA infiltró a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia para tratar de desestabilizar su gobierno.
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