Vendía paletas cuando AFI hizo redada contra la piratería
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 26 febrero 09 (CIMAC).- “Lo único que quiero es estar con mi familia, mis hijas e hijos y mi esposo, estoy en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de San José del Alto, Querétaro, me trajeron con engaños y voy a cumplir tres años aquí. En diciembre me sentenciaron a 21 años por un delito que no cometí, quiero que me escuchen, no sé leer, ni escribir, pero poco a poco mis compañeras me han enseñado a hablar español y me han explicado porque estoy aquí”.
Es el llamado por justicia que vía telefónica Jacinta Francisco Marcial realizó desde el Centro de Readaptación Social de Querétaro, durante una conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el miércoles pasado.
Jacinta es indígena otomí, acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Las únicas pruebas para sentenciar a Jacinta, son una fotografía publicada en un periódico local, donde ella aparece detrás de los agentes y las declaraciones de los seis “afis”, pero para los abogados del Centro Pro, estas pruebas son insuficientes y hay irregularidades.
EL “OPERATIVO”
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amelado, Querétaro. El comunicado de prensa distribuido en la conferencia, describe que seis agentes de la AFI, sin identificarse y sin portar uniforme, llegaron al tianguis y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.
El comunicado agrega que después de este incidente, las y los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, éstos se negaron, lo cual aumentó la tensión y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.
Ante el clima de inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada y ofrecieron pagar en efectivo los daños causados por los elementos de la AFI, argumentando que debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.
Por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como garantía de que regresarían, el cual, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.
El incidente terminó cuando, el mismo día, aproximadamente a las siete de la tarde, todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados.
Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cinco meses después, que Jacinta fue llevada por engaños a la ciudad de Querétaro y presentada ante los medios de comunicación enterándose que la acusaban junto con dos mujeres más, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos en marzo.
Durante la conferencia, Erika Juárez, nuera de Jacinta, denunció también que fue detenida y llevada con engaños estando recluida en el CeReSo junto con su suegra, cuando ella ni siquiera estuvo el día que se registraron los hechos en el tianguis, manifestó. “Yo no salgo en la foto del periódico y no entiendo cómo obtuvieron mi nombre, a mí me sacaron porque no había pruebas, pero tuvimos que pagar una fuerte cantidad de dinero, que aún estamos pagando”.
DISCRIMINATORIO SISTEMA DE JUSTICIA
Para el Centro Pro, quien acaba de tomar el caso de Jacinta, persiste en graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia, los cuales tienen efectos de mayor intensidad en las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, mujeres y pobres.
Al respecto, el Centro Pro puntualiza que en este caso salen a relucir deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.
Cabe resaltar que Jacinta efectivamente vendía en este tianguis y otros lugares como afuera de iglesias y escuelas, pero aguas frescas, nieves y paletas.
Durante la conferencia, su esposo, el señor Guillermo Prisciliano, dijo entre lágrimas que vive desde hace 30 años con Jacinta y aseguró “mi esposa es una señora muy trabajadora, una mujer que me ayudó a sacar adelante a mis hijos y hoy está en prisión, tengo una gran tristeza, un dolor grande porque no es justo que le den una sentencia de 21 años cuando es inocente”
El señor Guillermo pidió a las autoridades y medios de comunicación “ahora que tanto se habla de los pueblos indígenas, de la mujer indígena y de la justicia por parte del gobierno que no sólo nos utilicen y que ayuden a mi esposa que la tienen separada de su familia injustamente”
Por otro lado. su hija Estela Hernández en entrevista para Cimacnoticias, destacó que desde muy pequeños, su mamá siempre les inculcó valores como el respeto, la justicia y dignidad. “No teníamos para comer, pero ella salía a vender y nosotros le ayudábamos, cuando crecimos ella nos impulsó para que estudiáramos y trabajáramos”.
Hoy te puedo decir, puntualiza Estela, que todos mis hermanos estudiamos, yo soy maestra, tengo un hermano técnico y tiene su trabajo en una empresa, tengo una hermana que es enfermera y los otros dos tienen una beca y están estudiando y el más chico está en el bachillerato.
“Para nosotros como familia ha sido un proceso de sufrimiento, mi papá esta muy débil y lo que nos ha ayudado a nosotros como hijos es el trabajar y de alguna una u otra manera los compañeros, amigos y vecinos nos dicen échenle ganas, pero nos hemos enfrentado a mucha desesperación y angustia, ninguno de nosotros hemos podido dormir tranquilamente desde que se llevaron a mi mamá”.
Andrés Díaz del Centro Pro, uno de loa abogados de Jacinta, indicó que en la averiguación previa se dice en el reporte que rinden los “afis” el mismo día de los hechos que un grupo de gente los rodeó y que eso implicó una retención.
Después al día siguiente, sale en el diario una foto donde no reconocen a Jacinta como partícipe de los hechos, pero un mes después el 22 de abril de 2006, es cuando ya obtienen el nombre de la señora y le imputan acusaciones falsas como el querer linchar y quemar al agente Cervantes Peñuelas, al agente que se le habían ordenado se quedará en el pueblo mientras conseguían el dinero y pagarle a los tianguistas los daños causados por los agentes.
Para Díaz, no existen más señalamientos y formas que acrediten que Jacinta haya retenido por ella misma y amedrentado o violentado físicamente a algún agente federal de investigación.
Durante la conferencia estuvieron también el director del Centro Pro Luis Arriaga y el abogado Santiago Aguirre.
09/STP/LAG/GG
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 26 febrero 09 (CIMAC).- “Lo único que quiero es estar con mi familia, mis hijas e hijos y mi esposo, estoy en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de San José del Alto, Querétaro, me trajeron con engaños y voy a cumplir tres años aquí. En diciembre me sentenciaron a 21 años por un delito que no cometí, quiero que me escuchen, no sé leer, ni escribir, pero poco a poco mis compañeras me han enseñado a hablar español y me han explicado porque estoy aquí”.
Es el llamado por justicia que vía telefónica Jacinta Francisco Marcial realizó desde el Centro de Readaptación Social de Querétaro, durante una conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el miércoles pasado.
Jacinta es indígena otomí, acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Las únicas pruebas para sentenciar a Jacinta, son una fotografía publicada en un periódico local, donde ella aparece detrás de los agentes y las declaraciones de los seis “afis”, pero para los abogados del Centro Pro, estas pruebas son insuficientes y hay irregularidades.
EL “OPERATIVO”
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amelado, Querétaro. El comunicado de prensa distribuido en la conferencia, describe que seis agentes de la AFI, sin identificarse y sin portar uniforme, llegaron al tianguis y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.
El comunicado agrega que después de este incidente, las y los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, éstos se negaron, lo cual aumentó la tensión y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.
Ante el clima de inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada y ofrecieron pagar en efectivo los daños causados por los elementos de la AFI, argumentando que debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.
Por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como garantía de que regresarían, el cual, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.
El incidente terminó cuando, el mismo día, aproximadamente a las siete de la tarde, todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados.
Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cinco meses después, que Jacinta fue llevada por engaños a la ciudad de Querétaro y presentada ante los medios de comunicación enterándose que la acusaban junto con dos mujeres más, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos en marzo.
Durante la conferencia, Erika Juárez, nuera de Jacinta, denunció también que fue detenida y llevada con engaños estando recluida en el CeReSo junto con su suegra, cuando ella ni siquiera estuvo el día que se registraron los hechos en el tianguis, manifestó. “Yo no salgo en la foto del periódico y no entiendo cómo obtuvieron mi nombre, a mí me sacaron porque no había pruebas, pero tuvimos que pagar una fuerte cantidad de dinero, que aún estamos pagando”.
DISCRIMINATORIO SISTEMA DE JUSTICIA
Para el Centro Pro, quien acaba de tomar el caso de Jacinta, persiste en graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia, los cuales tienen efectos de mayor intensidad en las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, mujeres y pobres.
Al respecto, el Centro Pro puntualiza que en este caso salen a relucir deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.
Cabe resaltar que Jacinta efectivamente vendía en este tianguis y otros lugares como afuera de iglesias y escuelas, pero aguas frescas, nieves y paletas.
Durante la conferencia, su esposo, el señor Guillermo Prisciliano, dijo entre lágrimas que vive desde hace 30 años con Jacinta y aseguró “mi esposa es una señora muy trabajadora, una mujer que me ayudó a sacar adelante a mis hijos y hoy está en prisión, tengo una gran tristeza, un dolor grande porque no es justo que le den una sentencia de 21 años cuando es inocente”
El señor Guillermo pidió a las autoridades y medios de comunicación “ahora que tanto se habla de los pueblos indígenas, de la mujer indígena y de la justicia por parte del gobierno que no sólo nos utilicen y que ayuden a mi esposa que la tienen separada de su familia injustamente”
Por otro lado. su hija Estela Hernández en entrevista para Cimacnoticias, destacó que desde muy pequeños, su mamá siempre les inculcó valores como el respeto, la justicia y dignidad. “No teníamos para comer, pero ella salía a vender y nosotros le ayudábamos, cuando crecimos ella nos impulsó para que estudiáramos y trabajáramos”.
Hoy te puedo decir, puntualiza Estela, que todos mis hermanos estudiamos, yo soy maestra, tengo un hermano técnico y tiene su trabajo en una empresa, tengo una hermana que es enfermera y los otros dos tienen una beca y están estudiando y el más chico está en el bachillerato.
“Para nosotros como familia ha sido un proceso de sufrimiento, mi papá esta muy débil y lo que nos ha ayudado a nosotros como hijos es el trabajar y de alguna una u otra manera los compañeros, amigos y vecinos nos dicen échenle ganas, pero nos hemos enfrentado a mucha desesperación y angustia, ninguno de nosotros hemos podido dormir tranquilamente desde que se llevaron a mi mamá”.
Andrés Díaz del Centro Pro, uno de loa abogados de Jacinta, indicó que en la averiguación previa se dice en el reporte que rinden los “afis” el mismo día de los hechos que un grupo de gente los rodeó y que eso implicó una retención.
Después al día siguiente, sale en el diario una foto donde no reconocen a Jacinta como partícipe de los hechos, pero un mes después el 22 de abril de 2006, es cuando ya obtienen el nombre de la señora y le imputan acusaciones falsas como el querer linchar y quemar al agente Cervantes Peñuelas, al agente que se le habían ordenado se quedará en el pueblo mientras conseguían el dinero y pagarle a los tianguistas los daños causados por los agentes.
Para Díaz, no existen más señalamientos y formas que acrediten que Jacinta haya retenido por ella misma y amedrentado o violentado físicamente a algún agente federal de investigación.
Durante la conferencia estuvieron también el director del Centro Pro Luis Arriaga y el abogado Santiago Aguirre.
09/STP/LAG/GG
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