En Calderolandia no hay conflictos sociales a punto de estallar, sino negocios de grupo por defender y discursos de ilusión por pronunciar. Cananea no es, entonces, sino una excelente oportunidad de pagar favores al amigo Larrea, defendido desde el Bufete de Gobernación por el abogado de multimillonarios, Fernando Gómez Mont, y de repetir el numerito de escarmiento ejemplar que el foxismo practicó en Atenco y en Oaxaca. No hay oficio político, lecturas históricas ni sensibilidad social en quienes se encargan de administrar con espíritu de saqueo el fideicomiso en liquidación denominado México. Por ello juegan con fuego y se complacen con el obsceno manejo de leyes y códigos como presuntos legitimadores de acciones de fuerza contra mineros norteños.
La comisión de buena voluntad que trató de mediar entre la obsesión electoral llamada gobierno federal y el grupo guerrillero conocido como Ejército Popular Revolucionario (EPR) también se topó con esa ausencia de voluntad y de oficio político. La oficina de tramitación de asuntos de elite, antes denominada Secretaría de Gobernación, pasó de las frivolidades y el contratismo del difunto ocupante anterior a la opacidad y la intrascendencia política del litigante alegre. Por ello los esfuerzos de un grupo de notables ciudadanos por encontrar respuestas a la desaparición forzada de dos mexicanos se topó con el abandono y la desidia. En realidad, el calderonismo simplemente sostiene los pactos de complicidad que dan impunidad a entes como el gobernador de Oaxaca, en cuyos escuadrones de la muerte se perdieron las pistas de los miembros de la organización guerrillera que, como otros oaxaqueños y mexicanos, simplemente fueron desaparecidos en esta feria macabra de violaciones a los derechos humanos y de abusos policiales y militares que en todo el país se está viviendo.
Eso sí, desde algún lugar de las montañas de restaurantes con servicio sólido y líquido, remontado en las alturas del confort extremo, el subtomandante GM emitió un comunicado pidiendo a los mexicanos todos que le entremos al diálogo (aunque sea nomás entre nosotros, pues las “autoridades” están ocupadas haciendo negocios) y que la mencionada comisión de mediación no se disuelva (pues, seguramente, todavía podría aguantar otros años en el abandono y la desatención). Ah, y respecto a Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pues con la novedad de que no se sabe nada, pero no por otra cosa sino porque la investigación ha sido “complicada”. Ya ha pasado mucho tiempo de los hechos denunciados, y varias pistas no quisieron aguardar indefinidamente y prefieron pasar a desvanecerse. Pero, sépanlo quienes deban saberlo, Gobernación quisiera encontrar a esos desaparecidos “por un principio elemental de justicia”. No, pos sí.
Ha tocado a la normalmente altiva jerarquía católica dar testimonio público de sometimiento a las reglas no escritas de convivencia con el narcotráfico que se han instaurado en México entero y que son una prueba palpable, incontestable, de que se ha entrado en un nivel de ineficacia gubernamental y de inexistencia del tal estado de derecho. El arzobispo de Durango se ha declarado mudo y sordo para no atender más los requerimientos periodísticos de que abunde en su dicho de que el narcotraficante presuntamente más buscado vive en un municipio de aquella entidad norteña sin que las autoridades lo sepan, aunque todo mundo sí. Sus colegas, algunos de los cuales suelen tener tratos confianzudos con esos donadores de limosnas purificables, han dicho en una reunión episcopal que se debe actuar con prudencia en esos temas y no ha faltado quien, desde la estructura del poder católico mexicano, ha “lamentado” que el jerarca duranguense no cuente con pruebas de lo que dijo, haciendo el juego a la PGR y el desgobierno del Calderón que barajan evasiones legales para no confrontar al sacerdote que ha dicho lo que mucha gente supone y los vecinos del presunto prófugo confirman cotidianamente. El cuadro de intimidación colectiva tuvo ayer las pinceladas macabras de una leyenda colocada sobre el cuerpo de uno de los dos militares de inteligencia que fueron encontrados en las inmediaciones del Guanaceví arzobispalmente invocado en estos días como guarida conocida del empresario más exitoso que han producido el vicentismo y el felipismo. Ni gobernantes ni sacerdotes podrán con El Chapo, decía el mensaje sangriento.
No todo han de ser, sin embargo, malas noticias. Los piadosos legisladores federales han tenido a bien abrir la llave para que antes de morirse de hambre, los mexicanos puedan hacerse de los ahorros que para un hipotético retiro (ahora, una broma cruel) hubieran hecho en las cuentas puestas antes en bandeja para que habilidosos negociantes las usaran como plataforma de respaldo de maniobras que dejaron a banqueros y empresarios ganancias sabrosas, y a los trabajadores una mueca amarga al ver que sus depósitos bajaban porque “habían perdido” en las ruletas a que les llevaron sus tramposos administradores. Pero ahora, quienes así lo deseen, podrán pasar a retirar una buena parte de sus ahorros devaluados, para que se vaya cerrando el episodio de esta versión presuntamente muy elaborada de lo que finalmente no es más que una adaptación tragicómica del juego fraudulento en que se trata de saber en dónde quedó la bolita.
Y, mientras se entiende que defender a Cananea y sus mineros no es defender al cacique sindical júnior de cuentas nunca claras (y se ve cuántos senadores realmente participan en el acto de apoyo que encabezará López Obrador), ¡hasta mañana, con Elbonso Lujambio y Alonsa Esther Gordillo renovando votos de complicidad y anunciando nuevos embates en nombre de la Alianza Calderón Elba, mejor conocida como Alianza por la Calidad de la Educación (y con Navarrete encareciendo los sabidos enjuagues del perredismo de alquiler con el contratante Quique Gaviotón, quien como sus antecesores siempre ha controlado a los “opositores” de izquierda)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La comisión de buena voluntad que trató de mediar entre la obsesión electoral llamada gobierno federal y el grupo guerrillero conocido como Ejército Popular Revolucionario (EPR) también se topó con esa ausencia de voluntad y de oficio político. La oficina de tramitación de asuntos de elite, antes denominada Secretaría de Gobernación, pasó de las frivolidades y el contratismo del difunto ocupante anterior a la opacidad y la intrascendencia política del litigante alegre. Por ello los esfuerzos de un grupo de notables ciudadanos por encontrar respuestas a la desaparición forzada de dos mexicanos se topó con el abandono y la desidia. En realidad, el calderonismo simplemente sostiene los pactos de complicidad que dan impunidad a entes como el gobernador de Oaxaca, en cuyos escuadrones de la muerte se perdieron las pistas de los miembros de la organización guerrillera que, como otros oaxaqueños y mexicanos, simplemente fueron desaparecidos en esta feria macabra de violaciones a los derechos humanos y de abusos policiales y militares que en todo el país se está viviendo.
Eso sí, desde algún lugar de las montañas de restaurantes con servicio sólido y líquido, remontado en las alturas del confort extremo, el subtomandante GM emitió un comunicado pidiendo a los mexicanos todos que le entremos al diálogo (aunque sea nomás entre nosotros, pues las “autoridades” están ocupadas haciendo negocios) y que la mencionada comisión de mediación no se disuelva (pues, seguramente, todavía podría aguantar otros años en el abandono y la desatención). Ah, y respecto a Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pues con la novedad de que no se sabe nada, pero no por otra cosa sino porque la investigación ha sido “complicada”. Ya ha pasado mucho tiempo de los hechos denunciados, y varias pistas no quisieron aguardar indefinidamente y prefieron pasar a desvanecerse. Pero, sépanlo quienes deban saberlo, Gobernación quisiera encontrar a esos desaparecidos “por un principio elemental de justicia”. No, pos sí.
Ha tocado a la normalmente altiva jerarquía católica dar testimonio público de sometimiento a las reglas no escritas de convivencia con el narcotráfico que se han instaurado en México entero y que son una prueba palpable, incontestable, de que se ha entrado en un nivel de ineficacia gubernamental y de inexistencia del tal estado de derecho. El arzobispo de Durango se ha declarado mudo y sordo para no atender más los requerimientos periodísticos de que abunde en su dicho de que el narcotraficante presuntamente más buscado vive en un municipio de aquella entidad norteña sin que las autoridades lo sepan, aunque todo mundo sí. Sus colegas, algunos de los cuales suelen tener tratos confianzudos con esos donadores de limosnas purificables, han dicho en una reunión episcopal que se debe actuar con prudencia en esos temas y no ha faltado quien, desde la estructura del poder católico mexicano, ha “lamentado” que el jerarca duranguense no cuente con pruebas de lo que dijo, haciendo el juego a la PGR y el desgobierno del Calderón que barajan evasiones legales para no confrontar al sacerdote que ha dicho lo que mucha gente supone y los vecinos del presunto prófugo confirman cotidianamente. El cuadro de intimidación colectiva tuvo ayer las pinceladas macabras de una leyenda colocada sobre el cuerpo de uno de los dos militares de inteligencia que fueron encontrados en las inmediaciones del Guanaceví arzobispalmente invocado en estos días como guarida conocida del empresario más exitoso que han producido el vicentismo y el felipismo. Ni gobernantes ni sacerdotes podrán con El Chapo, decía el mensaje sangriento.
No todo han de ser, sin embargo, malas noticias. Los piadosos legisladores federales han tenido a bien abrir la llave para que antes de morirse de hambre, los mexicanos puedan hacerse de los ahorros que para un hipotético retiro (ahora, una broma cruel) hubieran hecho en las cuentas puestas antes en bandeja para que habilidosos negociantes las usaran como plataforma de respaldo de maniobras que dejaron a banqueros y empresarios ganancias sabrosas, y a los trabajadores una mueca amarga al ver que sus depósitos bajaban porque “habían perdido” en las ruletas a que les llevaron sus tramposos administradores. Pero ahora, quienes así lo deseen, podrán pasar a retirar una buena parte de sus ahorros devaluados, para que se vaya cerrando el episodio de esta versión presuntamente muy elaborada de lo que finalmente no es más que una adaptación tragicómica del juego fraudulento en que se trata de saber en dónde quedó la bolita.
Y, mientras se entiende que defender a Cananea y sus mineros no es defender al cacique sindical júnior de cuentas nunca claras (y se ve cuántos senadores realmente participan en el acto de apoyo que encabezará López Obrador), ¡hasta mañana, con Elbonso Lujambio y Alonsa Esther Gordillo renovando votos de complicidad y anunciando nuevos embates en nombre de la Alianza Calderón Elba, mejor conocida como Alianza por la Calidad de la Educación (y con Navarrete encareciendo los sabidos enjuagues del perredismo de alquiler con el contratante Quique Gaviotón, quien como sus antecesores siempre ha controlado a los “opositores” de izquierda)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Con el sospechoso palomeo de los líderes de los grupos partidistas, el Senado concluyó el proceso de aprobación del paquete legislativo con el que se pretende proteger a los clientes de los bancos… aunque la realidad es otra. Lo más avanzado: posibilita que se abra juicio político contra funcionarios del perfil del presidente de la Condusef, Luis Pazos, sometidos sin recato a los intereses de los banqueros. Sin embargo, el juicio político no funciona en México, han resultado indemnes más de 100 funcionarios a los que se pretendió someter a dicho proceso en los últimos tiempos, incluidos los ex presidentes Salinas de Gortari y Zedillo. Lo más negativo: los senadores metieron reversa a la idea original de poner topes a los intereses y las comisiones. Ahora el paquete descafeinado pasará a la Cámara de Diputados. No se espera que le hagan cambios sustanciales. Toda la alharaca que armó don Beltrone quedó en una reformita. Sigue haciendo méritos con los hombres del poder económico en su carrera hacia Los Pinos.
Fox, intocable
Y en la Cámara de Diputados ya enviaron al refrigerador, al menos por un tiempo conveniente, el expediente de las cuentas torcidas de Fox. Se suponía que ayer continuaría el debate, en el primero los diputados de oposición se negaron a aprobarlas. Vino la furiosa reacción del ex presidente que saltó en defensa propia, y de la señora Marta y los hermanos Bribiesca. El problema es que el PAN tiene información confidencial de algunos de los líderes de los grupos parlamentarios, entre ellos, de don Gamboane, y si se trata de competir en materia de corrupción, tal vez sería difícil declarar a un ganador.
Fobaproa II
De acuerdo al análisis del grupo financiero UBS, los dólares –3,221 millones– que salieron ayer de las arcas del Banco de México tienen como probable destinatario a Cemex, la atribulada cementera regiomontana. Se trata de una operación muy sofisticada: provienen de una línea de crédito swap por 30 mil millones concertada entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México. Eso significa –dicen los expertos– que el banco central entregó a la Reserva el equivalente de dicha suma pero en pesos en calidad de garantía. Ayer subastó en forma de préstamos los primeros 3,221 millones entre bancos comerciales que no fueron identificados. Se supone que Cemex será el beneficiario final. Sin embargo, es un financiamiento a relativamente corto plazo, todavía está por verse si la cementera estará en condiciones de pagarlo. De ahí que se esté hablando ya de que se amplíe la duración del swap. Es el punto de partida del Fobaproa II.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Fox, intocable
Y en la Cámara de Diputados ya enviaron al refrigerador, al menos por un tiempo conveniente, el expediente de las cuentas torcidas de Fox. Se suponía que ayer continuaría el debate, en el primero los diputados de oposición se negaron a aprobarlas. Vino la furiosa reacción del ex presidente que saltó en defensa propia, y de la señora Marta y los hermanos Bribiesca. El problema es que el PAN tiene información confidencial de algunos de los líderes de los grupos parlamentarios, entre ellos, de don Gamboane, y si se trata de competir en materia de corrupción, tal vez sería difícil declarar a un ganador.
Fobaproa II
De acuerdo al análisis del grupo financiero UBS, los dólares –3,221 millones– que salieron ayer de las arcas del Banco de México tienen como probable destinatario a Cemex, la atribulada cementera regiomontana. Se trata de una operación muy sofisticada: provienen de una línea de crédito swap por 30 mil millones concertada entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México. Eso significa –dicen los expertos– que el banco central entregó a la Reserva el equivalente de dicha suma pero en pesos en calidad de garantía. Ayer subastó en forma de préstamos los primeros 3,221 millones entre bancos comerciales que no fueron identificados. Se supone que Cemex será el beneficiario final. Sin embargo, es un financiamiento a relativamente corto plazo, todavía está por verse si la cementera estará en condiciones de pagarlo. De ahí que se esté hablando ya de que se amplíe la duración del swap. Es el punto de partida del Fobaproa II.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Así como fracasaron los rescates monetaristas de la dupla Paulson-Bernanke en la fase crepuscular del bushismo, tampoco están funcionando los salvamentos neoliberales de la tripleta Summers-Geithner-Bernanke en los primeros cien días de Obama, quien parece haber sido secuestrado por los mismos banqueros mendicantes de Wall Street, si hacemos caso a Simon Johnson (anterior economista en jefe del Fondo Monetario Internacional en 2007 y 2008 y profesor de la Escuela de Administración Sloan del MIT) en su crónica del golpe silencioso” de los banqueros y en “cómo tomaron el poder e impiden la recuperación” (Atlantic Monthly, mayo).
Después de 20 días de la disfuncional cumbre del G-20, que tuvo lugar el 2 de abril en Londres, el único de los asistentes que se empecina en vivir fuera de la muy delicada realidad es Calderón (abrigado fantasiosamente por sus “mejores financieros del mundo”), mientras el agazapado, controvertido y misógino Larry Summers, principal consejero en “economía” de su rehén Obama, confiesa la incertidumbre riesgosa que planea en los cielos de Estados Unidos (The Daily Telegraph, 20/4/09). A propósito, recomendamos la crítica a la cumbre del G-20 de Immanuel Wallerstein que se publica en su portal (Comentario No. 255, 15/4/09).
El centro de pensamiento europeo LEAP/Europe 2020 vaticinó correctamente desde hace tres años el presente tsunami global que apenas empieza y se coloca en su segunda fase (falta el estallido de los ominosos derivados Credit Default Swaps valuados en más de 60 trillones de dólares en anglosajón o millones de millones en castizo, superiores al PIB global anual), por lo que se ha ganado a pulso ser un punto de referencia invaluable para los “realistas” de la economía alejados de las mendacidades y quimeras de la vasta mayoría de los multimedia anglosajones (ya no se diga de sus hilarantes caricaturas locales carentes de sindéresis).
Quizá Bajo la Lupa fue la pionera en el continente americano en descubrir las virtudes oraculares, basados en datos duros, de LEAP/Europe 2020, por lo que prácticamente comentamos desde hace buen tiempo sus hallazgos mensuales. Recordamos que hace un año nos atrevimos a reproducir su vaticinio temerario sobre la quiebra del dólar que ocurriría en el verano de este año.
Ahora que estuvimos en París, nos sorprendió encontrar una “carta abierta” al G-20 (“La última oportunidad antes de la dislocación geopolítica global”), en vísperas de la cumbre de Londres, en un desplegado pagado de una página entera de LEAP/Europe 2020, con la rúbrica de su director de Estudios, Frank Biancheri, nada menos que en The Financial Times, el máximo portavoz del neoliberalismo global (24/3/09).
Frank Biancheri planteó un dilema insalvable al G-20: “una crisis de tres a cinco años o una larga crisis de un mínimo de 10 años” cuando el “motor” de la economía global no tiene reparación por lo que es imperativo la construcción de uno nuevo mediante tres recomendaciones básicas que deben iniciar su aplicación cuanto antes: en este verano: 1) creación de una nueva divisa internacional de reserva; 2) esquemas de control bancario; y 3) evaluación.
Por el FMI (sic) de los sistemas bancarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza (léase: el secreto bancario, el juego de los derivados financieros en los paraísos fiscales con su contabilidad invisible y la inimputabilidad de los banqueros).
Puesto que ahora nos incumbe la quiebra inminente del dólar, nos centramos en la primera recomendación que Biancheri considera “muy simple” y que, a nuestro juicio, puede desembocar en una guerra mundial porque socava el último bastión de poder de Estados Unidos (ver Bajo la Lupa, 12/4/09): “el dólar y su economía no son capaces de soportar más el presente orden económico, financiero y monetario global”, lo cual se encuentra en el centro de la crisis global y sus consecuentes “desempleo y colapso (sic) de los estándares de vida”.
Pregona la “creación de una divisa internacional de reserva (que pudiera ser llamada global), basada en una canasta de divisas que correspondan a las mayores economías del mundo, como el dólar estadunidense, el euro, el yen, el yuan, el khaleeji (la divisa común de los países productores del golfo Pérsico que será lanzada en enero del año entrante), el rublo, el real, etcétera, manejadas por un Instituto Monetario Mundial, cuyo consejo de directivos refleje el peso respectivo de las economías de la divisa global.
Concluye ominosamente que, de no aprobarse esta recomendación, el “sistema internacional no sobrevivirá este verano”, cuando “cada país buscará su propia salvación individual” y aquellos que pretenden mantener el status quo, en medio de la dislocación geopolítica, “tendrán poca capacidad para participar significativamente en el nuevo sistema monetario global”.
Con estos lúgubres antecedentes, LEAP/Europe 2020, en su boletín GEAB No. 34 (16/4/09), enuncia la marcha inexorable de la “ruptura del sistema global” y se mofa de la “trampa del dólar” en la que ha caído China y de la que supuestamente no se puede salvar, según los asertos controvertidos de Paul Krugman (New York Times, 2/4/09). De sus 2 trillones de dólares en anglosajón o millones de millones en castizo, de pletóricas reservas, China detenta 70 por ciento en dólares y el restante en euros. ¿Está China atrapada sin salida?
Como cualquier prisionero, a juicio de LEAP/2020 China sueña escaparse de su cautiverio dolarcéntrico en el “verano de 2009”, cuando Estados Unidos habrá decretado la quiebra del dólar por la falta de pago de su deuda. Entonces cada país actuará conforme a sus intereses individuales con el fin de prevalecer en el sistema internacional.
China se prepara para la ominosa contingencia y en el primer trimestre de este año el ritmo de adquisición de sus reservas en Bonos del Tesoro (y otros bonos) de Estados Unidos en dólares ha declinado considerablemente (Banco del Pueblo de China, abril de 2009).
Más allá de las profundas divisiones internas del G-20 y de la “pusilanimidad” de los “líderes de la eurozona”, LEAP/EUROPE 2020 “anticipa las diferentes formas de la bancarrota de Estados Unidos” (y su dólar), que “no puede ser más ocultable a partir de este abril (cuando en Estados Unidos se recauda la mayoría de sus impuestos)”.
En el contexto de la manipulación del precio del oro, explica que “la perspectiva de la bancarrota estadunidense en este verano se ha vuelto más clara conforme la deuda pública se encuentra ahora completamente fuera de control con gastos estratosféricos (más de 41 por ciento) y el colapso de ingresos impositivos (menos de 28 por ciento)”. A nivel federal, estatal, de condados y ciudades, los “ingresos impositivos se desvanecen y sofocan (sic) al país entero con deudas en espiral que nadie puede controlar más (ni siquiera Washington)”. Lo más interesante es la reacción de los ciudadanos estadunidenses, quienes se han empezado a rebelar por el uso de sus impuestos para rescatar a los parásitos banqueros de sus errores especulativos.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Después de 20 días de la disfuncional cumbre del G-20, que tuvo lugar el 2 de abril en Londres, el único de los asistentes que se empecina en vivir fuera de la muy delicada realidad es Calderón (abrigado fantasiosamente por sus “mejores financieros del mundo”), mientras el agazapado, controvertido y misógino Larry Summers, principal consejero en “economía” de su rehén Obama, confiesa la incertidumbre riesgosa que planea en los cielos de Estados Unidos (The Daily Telegraph, 20/4/09). A propósito, recomendamos la crítica a la cumbre del G-20 de Immanuel Wallerstein que se publica en su portal (Comentario No. 255, 15/4/09).
El centro de pensamiento europeo LEAP/Europe 2020 vaticinó correctamente desde hace tres años el presente tsunami global que apenas empieza y se coloca en su segunda fase (falta el estallido de los ominosos derivados Credit Default Swaps valuados en más de 60 trillones de dólares en anglosajón o millones de millones en castizo, superiores al PIB global anual), por lo que se ha ganado a pulso ser un punto de referencia invaluable para los “realistas” de la economía alejados de las mendacidades y quimeras de la vasta mayoría de los multimedia anglosajones (ya no se diga de sus hilarantes caricaturas locales carentes de sindéresis).
Quizá Bajo la Lupa fue la pionera en el continente americano en descubrir las virtudes oraculares, basados en datos duros, de LEAP/Europe 2020, por lo que prácticamente comentamos desde hace buen tiempo sus hallazgos mensuales. Recordamos que hace un año nos atrevimos a reproducir su vaticinio temerario sobre la quiebra del dólar que ocurriría en el verano de este año.
Ahora que estuvimos en París, nos sorprendió encontrar una “carta abierta” al G-20 (“La última oportunidad antes de la dislocación geopolítica global”), en vísperas de la cumbre de Londres, en un desplegado pagado de una página entera de LEAP/Europe 2020, con la rúbrica de su director de Estudios, Frank Biancheri, nada menos que en The Financial Times, el máximo portavoz del neoliberalismo global (24/3/09).
Frank Biancheri planteó un dilema insalvable al G-20: “una crisis de tres a cinco años o una larga crisis de un mínimo de 10 años” cuando el “motor” de la economía global no tiene reparación por lo que es imperativo la construcción de uno nuevo mediante tres recomendaciones básicas que deben iniciar su aplicación cuanto antes: en este verano: 1) creación de una nueva divisa internacional de reserva; 2) esquemas de control bancario; y 3) evaluación.
Por el FMI (sic) de los sistemas bancarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza (léase: el secreto bancario, el juego de los derivados financieros en los paraísos fiscales con su contabilidad invisible y la inimputabilidad de los banqueros).
Puesto que ahora nos incumbe la quiebra inminente del dólar, nos centramos en la primera recomendación que Biancheri considera “muy simple” y que, a nuestro juicio, puede desembocar en una guerra mundial porque socava el último bastión de poder de Estados Unidos (ver Bajo la Lupa, 12/4/09): “el dólar y su economía no son capaces de soportar más el presente orden económico, financiero y monetario global”, lo cual se encuentra en el centro de la crisis global y sus consecuentes “desempleo y colapso (sic) de los estándares de vida”.
Pregona la “creación de una divisa internacional de reserva (que pudiera ser llamada global), basada en una canasta de divisas que correspondan a las mayores economías del mundo, como el dólar estadunidense, el euro, el yen, el yuan, el khaleeji (la divisa común de los países productores del golfo Pérsico que será lanzada en enero del año entrante), el rublo, el real, etcétera, manejadas por un Instituto Monetario Mundial, cuyo consejo de directivos refleje el peso respectivo de las economías de la divisa global.
Concluye ominosamente que, de no aprobarse esta recomendación, el “sistema internacional no sobrevivirá este verano”, cuando “cada país buscará su propia salvación individual” y aquellos que pretenden mantener el status quo, en medio de la dislocación geopolítica, “tendrán poca capacidad para participar significativamente en el nuevo sistema monetario global”.
Con estos lúgubres antecedentes, LEAP/Europe 2020, en su boletín GEAB No. 34 (16/4/09), enuncia la marcha inexorable de la “ruptura del sistema global” y se mofa de la “trampa del dólar” en la que ha caído China y de la que supuestamente no se puede salvar, según los asertos controvertidos de Paul Krugman (New York Times, 2/4/09). De sus 2 trillones de dólares en anglosajón o millones de millones en castizo, de pletóricas reservas, China detenta 70 por ciento en dólares y el restante en euros. ¿Está China atrapada sin salida?
Como cualquier prisionero, a juicio de LEAP/2020 China sueña escaparse de su cautiverio dolarcéntrico en el “verano de 2009”, cuando Estados Unidos habrá decretado la quiebra del dólar por la falta de pago de su deuda. Entonces cada país actuará conforme a sus intereses individuales con el fin de prevalecer en el sistema internacional.
China se prepara para la ominosa contingencia y en el primer trimestre de este año el ritmo de adquisición de sus reservas en Bonos del Tesoro (y otros bonos) de Estados Unidos en dólares ha declinado considerablemente (Banco del Pueblo de China, abril de 2009).
Más allá de las profundas divisiones internas del G-20 y de la “pusilanimidad” de los “líderes de la eurozona”, LEAP/EUROPE 2020 “anticipa las diferentes formas de la bancarrota de Estados Unidos” (y su dólar), que “no puede ser más ocultable a partir de este abril (cuando en Estados Unidos se recauda la mayoría de sus impuestos)”.
En el contexto de la manipulación del precio del oro, explica que “la perspectiva de la bancarrota estadunidense en este verano se ha vuelto más clara conforme la deuda pública se encuentra ahora completamente fuera de control con gastos estratosféricos (más de 41 por ciento) y el colapso de ingresos impositivos (menos de 28 por ciento)”. A nivel federal, estatal, de condados y ciudades, los “ingresos impositivos se desvanecen y sofocan (sic) al país entero con deudas en espiral que nadie puede controlar más (ni siquiera Washington)”. Lo más interesante es la reacción de los ciudadanos estadunidenses, quienes se han empezado a rebelar por el uso de sus impuestos para rescatar a los parásitos banqueros de sus errores especulativos.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Con eso de que algunos cínicos, vestidos de blanco y azul, histéricamente defienden lo indefendible –el gran valor, transparencia y logros del sexenio del cambio” (sic)–, vale la pena recordar una de las preguntas recurrentes planteadas a lo largo del gobierno foxista: ¿dónde quedaron los voluminosos excedentes petroleros obtenidos en la primera administración panista?
El “transparente” gobierno foxista siempre evadió la pregunta, aunque finalmente, por medio de la revisión y análisis de las cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se obtuvo la respuesta: de tales excedentes (alrededor de 700 mil millones de pesos), 73 por ciento se destinó a gasto corriente, 14 por ciento a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa. Así es, de cada peso adicional que el petróleo aportó a las arcas públicas, sólo 13 centavos, en el mejor de los casos, se destinó a inversión, y 73 centavos a la creciente nómina de los amigos del “cambio”.
Para él y sus amigos utilizó Fox el puesto y los voluminosos excedentes petroleros, pero también buena parte del presupuesto federal que destinó a garantizar impunidad fiscal y devolución de impuestos a los grandes empresarios que con el “cambio” se enriquecieron aún más. Días atrás comentamos que prácticamente en todos los rincones de la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) en donde exista presupuesto público de por medio se registra ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento. Y el gobierno de Fox, por mucha “defensa” que intenten los vociferantes panistas, lejos de ser la excepción fue la norma, mejorada y ampliada.
Aunque los ojos del Legislativo se concentran en las cuentas públicas 2002 y 2003, el balance sexenal es aterrador, y de ello dan cuenta los puntuales informes de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que anualmente elabora y divulga la ASF. De ellos, más allá de los referentes a los excedentes petroleros, retomo uno especialmente gratificante para la porosa memoria de los panistas defensores de la indefendible causa foxista, el relativo a la magnanimidad del Chente (el loco hablando de manicomios) en materia fiscal (sólo cuates):
De 2001 a 2005, el gobierno foxista “transfirió” casi un billón 200 mil millones de pesos (equivalente a un Fobaproa adicional) en impuestos al capital privado que opera en el país, en especial a los barones del dinero, a los dueños de prácticamente todo. La Jornada, en nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, dio puntual cuenta de esta situación: “la Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el sexenio de Vicente Fox el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. Es decir, en cinco años analizados por el órgano fiscalizador, la administración foxista, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, favoreció a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos. Sólo la devolución de IVA e ISR, acumulada entre 2001 y 2005, cuya cifra fue de 604 mil 366 millones de pesos, superó en 216 por ciento a la inversión privada que se registró entre esos años y cuyo monto ascendió a 279 mil 832 millones de pesos. En un documento elaborado por la ASF, que fue entregado a los diputados federales, ahora el órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos se da por satisfecho con una propuesta del gobierno de Felipe Calderón para reducir, a partir del año próximo, el porcentaje del monto de impuestos que serán devueltos y acotar los créditos fiscales, sin emitir recomendación a la administración federal para que subsane el citado deterioro al erario” (lo que obviamente no ha sucedido).
Así, a los dilapidados 700 mil millones de pesos en excedentes petroleros, súmese el billón 200 mil millones “devueltos” y/o no cobrados a los barones del “cambio” (antes del “bienestar de la familia”, la “solidaridad”, la “renovación moral” y ahora de la “continuidad”, dependiendo el inquilino de Los Pinos en turno). Por aquel entonces comentamos que ese billón 200 mil millones de pesos es equiparable a otro Fobaproa, no sólo por el monto involucrado sino por el mecanismo de “reparto”, pero también resultaba equivalente a la mitad del presupuesto de egresos 2008, a dos veces la inversión sexenal prometida para infraestructura, a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, y, en fin, a muchísimas cosas más que en resumidas cuentas se llama desarrollo.
La documentada denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre la barbarie fiscal cometida por Fox provocó la reacción del gobierno calderonista, pero en sentido contrario: dos semanas después de la escalofriante cuan detallada información de la ASF sobre el “regalo” fiscal del ahora defendido por los panistas, publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales”, que al cierre de 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, en su mayoría concedidos a un grupúsculo de grandes empresas, con lo que el erario se quedó con las ganas.
De acuerdo con el resultado de la ASF, el saldo de los créditos fiscales 2001-2005 pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; se determinó que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales (70 créditos en promedio). Asimismo, se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; se observó también, que un sólo contribuyente acumuló mil 453 créditos. “De lo anterior, se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. Además, tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y uno solo registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto. Al equipo pertenecían 11 ingenios azucareros, dos empresas de transportes, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial y dos cadenas televisivas.
Las rebanadas del pastel
Con esa información, ni el más cínico puede “defender” al gobierno del “cambio”, pero para eso están Germancito y sus guajiros.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Ricardo Yáñez: Isocronías
Luis Ángel Silva: Melón
Colombia Moya: Andanzas
Opinión
Arnoldo Kraus: Vacunas y VPH: otras notas
El “transparente” gobierno foxista siempre evadió la pregunta, aunque finalmente, por medio de la revisión y análisis de las cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se obtuvo la respuesta: de tales excedentes (alrededor de 700 mil millones de pesos), 73 por ciento se destinó a gasto corriente, 14 por ciento a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa. Así es, de cada peso adicional que el petróleo aportó a las arcas públicas, sólo 13 centavos, en el mejor de los casos, se destinó a inversión, y 73 centavos a la creciente nómina de los amigos del “cambio”.
Para él y sus amigos utilizó Fox el puesto y los voluminosos excedentes petroleros, pero también buena parte del presupuesto federal que destinó a garantizar impunidad fiscal y devolución de impuestos a los grandes empresarios que con el “cambio” se enriquecieron aún más. Días atrás comentamos que prácticamente en todos los rincones de la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) en donde exista presupuesto público de por medio se registra ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento. Y el gobierno de Fox, por mucha “defensa” que intenten los vociferantes panistas, lejos de ser la excepción fue la norma, mejorada y ampliada.
Aunque los ojos del Legislativo se concentran en las cuentas públicas 2002 y 2003, el balance sexenal es aterrador, y de ello dan cuenta los puntuales informes de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que anualmente elabora y divulga la ASF. De ellos, más allá de los referentes a los excedentes petroleros, retomo uno especialmente gratificante para la porosa memoria de los panistas defensores de la indefendible causa foxista, el relativo a la magnanimidad del Chente (el loco hablando de manicomios) en materia fiscal (sólo cuates):
De 2001 a 2005, el gobierno foxista “transfirió” casi un billón 200 mil millones de pesos (equivalente a un Fobaproa adicional) en impuestos al capital privado que opera en el país, en especial a los barones del dinero, a los dueños de prácticamente todo. La Jornada, en nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, dio puntual cuenta de esta situación: “la Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el sexenio de Vicente Fox el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. Es decir, en cinco años analizados por el órgano fiscalizador, la administración foxista, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, favoreció a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos. Sólo la devolución de IVA e ISR, acumulada entre 2001 y 2005, cuya cifra fue de 604 mil 366 millones de pesos, superó en 216 por ciento a la inversión privada que se registró entre esos años y cuyo monto ascendió a 279 mil 832 millones de pesos. En un documento elaborado por la ASF, que fue entregado a los diputados federales, ahora el órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos se da por satisfecho con una propuesta del gobierno de Felipe Calderón para reducir, a partir del año próximo, el porcentaje del monto de impuestos que serán devueltos y acotar los créditos fiscales, sin emitir recomendación a la administración federal para que subsane el citado deterioro al erario” (lo que obviamente no ha sucedido).
Así, a los dilapidados 700 mil millones de pesos en excedentes petroleros, súmese el billón 200 mil millones “devueltos” y/o no cobrados a los barones del “cambio” (antes del “bienestar de la familia”, la “solidaridad”, la “renovación moral” y ahora de la “continuidad”, dependiendo el inquilino de Los Pinos en turno). Por aquel entonces comentamos que ese billón 200 mil millones de pesos es equiparable a otro Fobaproa, no sólo por el monto involucrado sino por el mecanismo de “reparto”, pero también resultaba equivalente a la mitad del presupuesto de egresos 2008, a dos veces la inversión sexenal prometida para infraestructura, a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, y, en fin, a muchísimas cosas más que en resumidas cuentas se llama desarrollo.
La documentada denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre la barbarie fiscal cometida por Fox provocó la reacción del gobierno calderonista, pero en sentido contrario: dos semanas después de la escalofriante cuan detallada información de la ASF sobre el “regalo” fiscal del ahora defendido por los panistas, publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales”, que al cierre de 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, en su mayoría concedidos a un grupúsculo de grandes empresas, con lo que el erario se quedó con las ganas.
De acuerdo con el resultado de la ASF, el saldo de los créditos fiscales 2001-2005 pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; se determinó que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales (70 créditos en promedio). Asimismo, se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; se observó también, que un sólo contribuyente acumuló mil 453 créditos. “De lo anterior, se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. Además, tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y uno solo registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto. Al equipo pertenecían 11 ingenios azucareros, dos empresas de transportes, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial y dos cadenas televisivas.
Las rebanadas del pastel
Con esa información, ni el más cínico puede “defender” al gobierno del “cambio”, pero para eso están Germancito y sus guajiros.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Ricardo Yáñez: Isocronías
Luis Ángel Silva: Melón
Colombia Moya: Andanzas
Opinión
Arnoldo Kraus: Vacunas y VPH: otras notas
Aunque sobre escribirlo, lo haré: las vacunas son uno de los grandes descubrimientos de la ciencia médica. Aunque también sobre escribirlo, lo repetiré: la industria farmacéutica debería manejarse con reglas éticas transparentes y que velen en la misma medida por el interés de los seres humanos como por sus beneficios económicos. Y, como no sobra plagiarme, insisto: son los médicos y las corporaciones de salud las responsables de leer entre líneas lo que la ciencia ofrece y lo que la publicidad de las farmacéuticas dice y no dice. El quid del problema es muy complejo: la realidad de las enfermedades contra los intereses de las farmacéuticas.
He escrito en dos ocasiones acerca de una pandemia denominada Disease mongering –“urdir, inventar o crear enfermedades”–, atribuida a la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación masiva. Urdir enfermedades significa convertir al sano en enfermo, al poco enfermo en muy enfermo, y los síntomas en enfermedades. La publicidad de esas ideas es responsabilidad de algunas farmacéuticas; la responsabilidad debería tener dos filos: el ético y el comercial. Eso menguaría la desazón de muchos médicos y organizaciones no gubernamentales hacia las compañías farmacéuticas. Hasta ahí el pretexto, que de pretexto se ha convertido en tarea, para hablar nuevamente acerca de las vacunas diseñadas contra el virus del papiloma humano (VPH).
Son dos los escenarios. El sano es el triunfo de la ciencia. Como expliqué la semana pasada, existen dos vacunas diseñadas para la profilaxis (prevención) de las infecciones por VPH; ambas actúan contra los tipos de VPH 16 y 18, causantes de 70 por ciento de los casos de cáncer cervical invasor y en menor proporción de cáncer anogenital. Las vacunas previenen totalmente la aparición de lesiones relacionadas con los tipos 16 y 18 en mujeres antes de que inicien su vida sexual, pero –y éste es uno de los incisos más importantes– la persistencia de anticuerpos (las defensas que crea el cuerpo contra los virus) dura sólo siete años. Si se vacuna a las jovencitas, como se sugiere, entre los 10 y 14 años, la protección probablemente finalizará siete años después
En México la prevención del cáncer cervical es prioridad. El documento elaborado por el Comité Asesor Externo para la Definición de la Política de Vacunación contra el VPH en México, Recomendaciones, y auspiciado por diversas instancias de salud, explica bien las razones: “Durante los últimos 25 años en México se han presentado oficialmente más de 100 mil muertes por cáncer cervical y a partir del año 2006 se constituyó como la segunda causa de muerte por tumores malignos en la mujer…” El mismo comité sugiere que después de evaluar el costo de la vacuna y su efectividad para prevenir el VPH es mejor retomar la prevención por medio de la prueba de Papanicolau; explica, además, que “existe una fuerte presión de la industria farmacéutica en países con ingresos medios para incorporarla como una política de salud”. El mismo documento sustenta que para considerar que el costo de la vacuna sea acorde con el beneficio el precio debería ser menor de 18 dólares (precio estipulado antes de la devaluación disparada por el gobierno de Felipe Calderón; ahora, el precio sería, aproximadamente, de 25 dólares).
El segundo escenario es insano. Expongo dos circunstancias. Primera. El cáncer en cuestión es reflejo de la pobreza perpetuada por los gobiernos de nuestra nación y por los hurtos de la mayoría de los políticos afincados en el poder. Segunda. Las compañías farmacéuticas deberían tener la obligación de explicar en folletos adjuntos, tanto para lectura individual como institucional, cuatro circunstancias: el costo supera el beneficio; los anticuerpos persisten sólo siete años, por lo que se ignora si se requerirán nuevas vacunaciones o si las mujeres contraerán cáncer cervical cuando desaparezcan los anticuerpos; el perfil de seguridad no es absoluto y, por último, deberían subrayar que entre 40 y 50 tipos del VPH son cancerígenos, de los cuales las vacunas protegen sólo contra dos de ellos.
En este entramado debe agregarse que las vacunas en cuestión son las más caras en la historia –aproximadamente 180 dólares cada una–, que en algunos países se han utilizado para hacer campaña política y que los gastos de la vacuna, a nivel gubernamental, se podrían utilizar mejor en otros rubros sanitarios, incluyendo, por supuesto, la prueba de Papanicolau.
Hay quienes afirman que las farmacéuticas gastan más en propaganda que en investigación. Ignoro si esa afirmación es correcta o no. Lo que sí es cierto es que este vicio es viejo. El novelista Henry James en el siglo XIX denominó a las personas encargadas de promover medicinas, Nostrum mongers –nostrum (panacea), monger (comerciar con)–, y su hermano, el sicólogo William James, enojado por la abominación que incluían las propagandas médicas, declaró en 1894: “los autores de esas propagandas deberían ser tratados como enemigos públicos y no tener piedad”. El James novelista creó un término genial; el James sicólogo exageró. No sé si mucho.
Carlos Martínez García: La agudeza de los lectores
He escrito en dos ocasiones acerca de una pandemia denominada Disease mongering –“urdir, inventar o crear enfermedades”–, atribuida a la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación masiva. Urdir enfermedades significa convertir al sano en enfermo, al poco enfermo en muy enfermo, y los síntomas en enfermedades. La publicidad de esas ideas es responsabilidad de algunas farmacéuticas; la responsabilidad debería tener dos filos: el ético y el comercial. Eso menguaría la desazón de muchos médicos y organizaciones no gubernamentales hacia las compañías farmacéuticas. Hasta ahí el pretexto, que de pretexto se ha convertido en tarea, para hablar nuevamente acerca de las vacunas diseñadas contra el virus del papiloma humano (VPH).
Son dos los escenarios. El sano es el triunfo de la ciencia. Como expliqué la semana pasada, existen dos vacunas diseñadas para la profilaxis (prevención) de las infecciones por VPH; ambas actúan contra los tipos de VPH 16 y 18, causantes de 70 por ciento de los casos de cáncer cervical invasor y en menor proporción de cáncer anogenital. Las vacunas previenen totalmente la aparición de lesiones relacionadas con los tipos 16 y 18 en mujeres antes de que inicien su vida sexual, pero –y éste es uno de los incisos más importantes– la persistencia de anticuerpos (las defensas que crea el cuerpo contra los virus) dura sólo siete años. Si se vacuna a las jovencitas, como se sugiere, entre los 10 y 14 años, la protección probablemente finalizará siete años después
En México la prevención del cáncer cervical es prioridad. El documento elaborado por el Comité Asesor Externo para la Definición de la Política de Vacunación contra el VPH en México, Recomendaciones, y auspiciado por diversas instancias de salud, explica bien las razones: “Durante los últimos 25 años en México se han presentado oficialmente más de 100 mil muertes por cáncer cervical y a partir del año 2006 se constituyó como la segunda causa de muerte por tumores malignos en la mujer…” El mismo comité sugiere que después de evaluar el costo de la vacuna y su efectividad para prevenir el VPH es mejor retomar la prevención por medio de la prueba de Papanicolau; explica, además, que “existe una fuerte presión de la industria farmacéutica en países con ingresos medios para incorporarla como una política de salud”. El mismo documento sustenta que para considerar que el costo de la vacuna sea acorde con el beneficio el precio debería ser menor de 18 dólares (precio estipulado antes de la devaluación disparada por el gobierno de Felipe Calderón; ahora, el precio sería, aproximadamente, de 25 dólares).
El segundo escenario es insano. Expongo dos circunstancias. Primera. El cáncer en cuestión es reflejo de la pobreza perpetuada por los gobiernos de nuestra nación y por los hurtos de la mayoría de los políticos afincados en el poder. Segunda. Las compañías farmacéuticas deberían tener la obligación de explicar en folletos adjuntos, tanto para lectura individual como institucional, cuatro circunstancias: el costo supera el beneficio; los anticuerpos persisten sólo siete años, por lo que se ignora si se requerirán nuevas vacunaciones o si las mujeres contraerán cáncer cervical cuando desaparezcan los anticuerpos; el perfil de seguridad no es absoluto y, por último, deberían subrayar que entre 40 y 50 tipos del VPH son cancerígenos, de los cuales las vacunas protegen sólo contra dos de ellos.
En este entramado debe agregarse que las vacunas en cuestión son las más caras en la historia –aproximadamente 180 dólares cada una–, que en algunos países se han utilizado para hacer campaña política y que los gastos de la vacuna, a nivel gubernamental, se podrían utilizar mejor en otros rubros sanitarios, incluyendo, por supuesto, la prueba de Papanicolau.
Hay quienes afirman que las farmacéuticas gastan más en propaganda que en investigación. Ignoro si esa afirmación es correcta o no. Lo que sí es cierto es que este vicio es viejo. El novelista Henry James en el siglo XIX denominó a las personas encargadas de promover medicinas, Nostrum mongers –nostrum (panacea), monger (comerciar con)–, y su hermano, el sicólogo William James, enojado por la abominación que incluían las propagandas médicas, declaró en 1894: “los autores de esas propagandas deberían ser tratados como enemigos públicos y no tener piedad”. El James novelista creó un término genial; el James sicólogo exageró. No sé si mucho.
Carlos Martínez García: La agudeza de los lectores
l escrutinio de los lectores de La Jornada es un estímulo para quienes escribimos en las páginas del periódico. Tanto en la edición impresa, en El Correo Ilustrado, como en la versión de Internet, a la que los lectores hacen llegar sus comentarios sobre los artículos publicados, aparecen críticas, desacuerdos y afirmaciones que nos llevan a revisar lo escrito y valorar la agudeza de los comentaristas.
Mi colaboración de hace dos semanas recibió algunas observaciones, en la edición de Internet, que me hicieron releerme. Hubo dos aportaciones tal vez compartidas por otros integrantes de la comunidad lectora de La Jornada. Ambas me llevan a intentar explicar el sentido de lo expresado en mi colaboración de una quincena atrás, con el fin de que los dos lectores tengan más elementos para aquilatar lo escrito por mí.
A una persona le llamó la atención que me hubiese descrito así: “Soy menonita, pero no vendo quesos, ni visto overol y tampoco uso sombrero”. De mi expresión concluyó que estaba menospreciando a quienes sí venden el producto lácteo y usan las prendas mencionadas. También observó que la frase denotaba intolerancia religiosa. Paso a explicar la intencionalidad de mi afirmación, que debió ser entendida de acuerdo con la línea argumentativa del artículo y no como palabras aisladas del contexto en que se insertaron.
Es frecuente que los estereotipos socialmente construidos sobre un grupo se generalicen a la totalidad de los integrantes individuales de esa colectividad. De tal manera que automáticamente se aplican las imágenes creadas a toda persona que se identifica como parte de un grupo al que ya se estereotipó con determinadas características, cerradas e inmutables. Son incontables las ocasiones en que, al identificarme como menonita, mis interlocutores me han expresado que entonces por qué no soy rubio y alto, que en dónde vendo quesos y que me faltan el overol y el sombrero.
A la definición cerrada de lo que identifica socialmente a un menonita, le antepongo una identidad más abierta y distinta al molde dominante. Se puede ser menonita sin, necesaria u obligatoriamente, llevar las marcas de identidad tradicionales que distinguen a los menonitas étnicos y tradicionalistas. De la misma manera que se puede ser chamula y usar vestimenta que no haga uso del tradicional chuj. Entonces eso de ser menonita, pero no comerciar quesos (y lo del overol y el sombrero), simplemente fue un recurso para llamar la atención a la diversidad existente entre la comunidad menonita global.
En la ironía que usé para nada busqué ridiculizar a los menonitas tradicionales, menos perpetrar intolerancia religiosa hacia ellos que tantas persecuciones han padecido en la historia desde el siglo XVI.
Una lectora escribió que en mi artículo evadí responder una aseveración que sobre mí hizo un personaje al que algunos medios, organizaciones y periodistas señalan como líder moral de la Iglesia cristiana restaurada y el albergue Casitas del Sur. A saber, que soy pastor menonita. Esa lectora dice que tiene derecho a conocer si la afirmación es cierta y exige, de mi parte, una definición. Contesto que sí, pero con algunos matices.
En las congregaciones menonitas existen diferentes formas de liderazgo. Algunas sí deciden tener un pastor de tiempo completo y remunerado, pero que está sujeto a las decisiones de la comunidad. En otras –es el caso de la comunidad a la que pertenezco– no existe un pastor, sino lo que se llama equipo pastoral o de liderazgo. Quienes conforman éste son elegidos por la congregación, se autosostienen mediante su empleo (que algunos llaman secular) y su función principal es de enseñanza. No se trata de clérigos profesionales, ni de personas incuestionables por parte de los demás congregantes. El equipo es conformado por varones y mujeres, con distintas formaciones escolares y trasfondos sociales y económicos. Las decisiones se toman en consenso, después de abiertos ejercicios de diálogo. Un equipo pastoral así es muy distinto del modelo vertical que domina en diversas expresiones eclesiásticas, y está lejos del clericalismo que aspira a imponer sus puntos de vista no solamente en una comunidad de fe, sino también al resto de la sociedad.
A los menonitas del siglo XVI les llamaron originalmente “menistas”, por su líder Menno Simons (1496-1561). Afirmaron la asociación voluntaria, sin coacciones de ningún tipo, se pronunciaron claramente por la separación del Estado y las iglesias, su férreo pacifismo les valió ser acusados de traición tanto por parte de los reinos católicos como de los protestantes. Para huir de la intolerancia religiosa recorrieron casi toda Europa, refugiándose temporalmente donde su existencia no fuera amenazada. La de los menonitas es tanto una historia de persecuciones en su contra como una de perseverancia en la defensa de sus convicciones y derechos humanos. Los interesados en el tema pueden encontrar más información en el sitio www.menonitas.org.
Espero, con lo anterior, haber respondido a los cuestionamientos de los lectores críticos. Y me congratulo de formar parte de una comunidad, como la de La Jornada, en la que se expresan libremente los lectores. Ellos tienen derecho a inquirir, expresar sus desacuerdos, debatir y a exigir explicaciones por parte de quienes tenemos un espacio en las páginas del periódico.
José Steinsleger: Umuntu, nigumuntu, nagamuntu
Mi colaboración de hace dos semanas recibió algunas observaciones, en la edición de Internet, que me hicieron releerme. Hubo dos aportaciones tal vez compartidas por otros integrantes de la comunidad lectora de La Jornada. Ambas me llevan a intentar explicar el sentido de lo expresado en mi colaboración de una quincena atrás, con el fin de que los dos lectores tengan más elementos para aquilatar lo escrito por mí.
A una persona le llamó la atención que me hubiese descrito así: “Soy menonita, pero no vendo quesos, ni visto overol y tampoco uso sombrero”. De mi expresión concluyó que estaba menospreciando a quienes sí venden el producto lácteo y usan las prendas mencionadas. También observó que la frase denotaba intolerancia religiosa. Paso a explicar la intencionalidad de mi afirmación, que debió ser entendida de acuerdo con la línea argumentativa del artículo y no como palabras aisladas del contexto en que se insertaron.
Es frecuente que los estereotipos socialmente construidos sobre un grupo se generalicen a la totalidad de los integrantes individuales de esa colectividad. De tal manera que automáticamente se aplican las imágenes creadas a toda persona que se identifica como parte de un grupo al que ya se estereotipó con determinadas características, cerradas e inmutables. Son incontables las ocasiones en que, al identificarme como menonita, mis interlocutores me han expresado que entonces por qué no soy rubio y alto, que en dónde vendo quesos y que me faltan el overol y el sombrero.
A la definición cerrada de lo que identifica socialmente a un menonita, le antepongo una identidad más abierta y distinta al molde dominante. Se puede ser menonita sin, necesaria u obligatoriamente, llevar las marcas de identidad tradicionales que distinguen a los menonitas étnicos y tradicionalistas. De la misma manera que se puede ser chamula y usar vestimenta que no haga uso del tradicional chuj. Entonces eso de ser menonita, pero no comerciar quesos (y lo del overol y el sombrero), simplemente fue un recurso para llamar la atención a la diversidad existente entre la comunidad menonita global.
En la ironía que usé para nada busqué ridiculizar a los menonitas tradicionales, menos perpetrar intolerancia religiosa hacia ellos que tantas persecuciones han padecido en la historia desde el siglo XVI.
Una lectora escribió que en mi artículo evadí responder una aseveración que sobre mí hizo un personaje al que algunos medios, organizaciones y periodistas señalan como líder moral de la Iglesia cristiana restaurada y el albergue Casitas del Sur. A saber, que soy pastor menonita. Esa lectora dice que tiene derecho a conocer si la afirmación es cierta y exige, de mi parte, una definición. Contesto que sí, pero con algunos matices.
En las congregaciones menonitas existen diferentes formas de liderazgo. Algunas sí deciden tener un pastor de tiempo completo y remunerado, pero que está sujeto a las decisiones de la comunidad. En otras –es el caso de la comunidad a la que pertenezco– no existe un pastor, sino lo que se llama equipo pastoral o de liderazgo. Quienes conforman éste son elegidos por la congregación, se autosostienen mediante su empleo (que algunos llaman secular) y su función principal es de enseñanza. No se trata de clérigos profesionales, ni de personas incuestionables por parte de los demás congregantes. El equipo es conformado por varones y mujeres, con distintas formaciones escolares y trasfondos sociales y económicos. Las decisiones se toman en consenso, después de abiertos ejercicios de diálogo. Un equipo pastoral así es muy distinto del modelo vertical que domina en diversas expresiones eclesiásticas, y está lejos del clericalismo que aspira a imponer sus puntos de vista no solamente en una comunidad de fe, sino también al resto de la sociedad.
A los menonitas del siglo XVI les llamaron originalmente “menistas”, por su líder Menno Simons (1496-1561). Afirmaron la asociación voluntaria, sin coacciones de ningún tipo, se pronunciaron claramente por la separación del Estado y las iglesias, su férreo pacifismo les valió ser acusados de traición tanto por parte de los reinos católicos como de los protestantes. Para huir de la intolerancia religiosa recorrieron casi toda Europa, refugiándose temporalmente donde su existencia no fuera amenazada. La de los menonitas es tanto una historia de persecuciones en su contra como una de perseverancia en la defensa de sus convicciones y derechos humanos. Los interesados en el tema pueden encontrar más información en el sitio www.menonitas.org.
Espero, con lo anterior, haber respondido a los cuestionamientos de los lectores críticos. Y me congratulo de formar parte de una comunidad, como la de La Jornada, en la que se expresan libremente los lectores. Ellos tienen derecho a inquirir, expresar sus desacuerdos, debatir y a exigir explicaciones por parte de quienes tenemos un espacio en las páginas del periódico.
José Steinsleger: Umuntu, nigumuntu, nagamuntu
in de la cumbre” (sic) de Trinidad y Tobago, fin de las “cumbres de las Américas”. Con excepción del anfitrión, ningún jefe de Estado suscribió la desfasada Declaración de Puerto España que, a lo sumo, fue “adoptada por consenso”. Cosa que en el lenguaje de la diplomacia quiere decir nada.
Desde la primera conferencia panamericana (Washington DC, 1889-90) jamás se había presentado algo similar. Y no tanto porque en aquella ocasión la declaración final se leyó en inglés, sino porque a Washington le parecía insólito que pudiera hablarse otra lengua en un congreso al que asistieron 19 naciones latinoamericanas. Ni tampoco por la actitud del delegado de México, quien tomó el texto y lo tradujo en voz alta al español, sacando del apuro a los anfitriones.
Pero, como bien observó el profesor trinitario Norman Girvan, en Puerto España aconteció algo desconocido en la práctica de las relaciones internacionales: que un jefe de Estado (Daniel Ortega) divulgue el contenido de la declaración a ser adoptada a un Estado no asistente (Cuba) y que las opiniones sobre la Declaración de alguien que no es jefe de Estado (Fidel Castro) tuvieran amplia repercusión mediática.
Algunos publicistas objetaron la “ética” del procedimiento. ¿Ética? Guarecidas desde 1948 bajo el paraguas “panamericanista” de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas estas “cumbres” han encarnado la inmoralidad política, la ilegalidad y el intervencionismo imperialista. Por tanto, es lógico que de Teodoro Roosevelt a Barack Obama, cipayos de todo pelaje se nieguen conocer el pasado.
Según los enviados de prensa, la “cumbre” fue un desmadre: horarios incumplidos, actividades caóticas y presidentes que boicotearon una declaración final que, al concluir el cónclave, seguía fuera del alcance público. Obama se abstuvo de posar para la segunda foto oficial, Evo Morales se marchó minutos antes y la mayoría de los 34 gobernantes no asistió a la clausura.
Washington pidió a Felipe Calderón (México), Martín Torrijos (Panamá), Stephen Harper (Canadá) y Patrick Manning (Trinidad y Tobago) que dijesen algo bonito. “¡La cumbre fue un éxito!”, exclamaron. Y en efecto, lo fue. Pero lo fue porque, finalmente, estaba claro que después de 120 años de lucha, los pueblos de América Latina y el Caribe habían clavado una estaca en el corazón del panamericanismo monroista.
En Trinidad y Tobago, la América nuestra (que incluye la de ellos, aunque no como “ellos” la quisieran) siguió su marcha. El giro no fue de 180 grados, pero sí contó con la inclinación requerida para demostrar que el antimperialismo vive y que la próxima cumbre será real, porque allí estará Cuba para defender una causa que la rebasa.
¿Cuál? Un día antes, en la minicumbre de la Alternativa Boliviariana para los Pueblos de nuestra América (Alba, Cumaná, 17 de abril), el presidente Raúl Castro manifestó: “Nuestras naciones no tienen la capacidad, por sí solas, de transformar el orden económico internacional, pero sí el poder de sentar nuevas bases y construir sus propias relaciones económicas”.
Los puntos de la Alba (Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Dominicana, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) destacan que el capitalismo es “un mecanismo que está acabando con la humanidad y el planeta” y que se requiere de la solidaridad en lugar de la competencia, eliminando las “… prácticas intervencionistas como las operaciones encubiertas, diplomacias paralelas, guerras mediáticas para desestabilizar estados y gobiernos, y el financiamiento a grupos desestabilizadores”.
La pasada “cumbre” fue, por sobre todo, el enésimo triunfo político de la revolución cubana. Y no sólo porque la mayoría de los gobernantes repudiaron el bloqueo imperial. Doce jefes militares retirados del Pentágono (en actividad hasta hace poco) se dirigieron a Obama confesando: “En Cuba no habrá contrarrevolución en un futuro que sea previsible… la política actual de aislamiento de Cuba ha fracasado en cuanto a alcanzar nuestros objetivos”.
Y a modo de cereza sobre el pastel, un regalito de Hugo Chávez a Barack Obama: Las venas abiertas de América Latina, prosema político non de la literatura latinoamericana. Con el hipotálamo (o el neocórtex) atrofiado, un enviado de El País, de Madrid, calificó el libro de Eduardo Galeano de “parcial”, y de discutible “valor científico”. Es posible. Después de todo, Las venas... es una obra tan poco ordinaria, que también sirve de fuete para enfrentar las insidias del periodismo neogodo.
Por último, en La Habana, una delegación del gobierno de Sudáfrica otorgó en días pasados un premio a la obra internacionalista, solidaria y humanista de Fidel Castro. El galardón representa los más puros fundamentos de la filosofía ubuntu, que se reúne en el concepto zulú umuntu, nigumuntu, nagamuntu: una persona es una persona a causa de los demás.
Luis Linares Zapata: Referente básico: los de abajo
Desde la primera conferencia panamericana (Washington DC, 1889-90) jamás se había presentado algo similar. Y no tanto porque en aquella ocasión la declaración final se leyó en inglés, sino porque a Washington le parecía insólito que pudiera hablarse otra lengua en un congreso al que asistieron 19 naciones latinoamericanas. Ni tampoco por la actitud del delegado de México, quien tomó el texto y lo tradujo en voz alta al español, sacando del apuro a los anfitriones.
Pero, como bien observó el profesor trinitario Norman Girvan, en Puerto España aconteció algo desconocido en la práctica de las relaciones internacionales: que un jefe de Estado (Daniel Ortega) divulgue el contenido de la declaración a ser adoptada a un Estado no asistente (Cuba) y que las opiniones sobre la Declaración de alguien que no es jefe de Estado (Fidel Castro) tuvieran amplia repercusión mediática.
Algunos publicistas objetaron la “ética” del procedimiento. ¿Ética? Guarecidas desde 1948 bajo el paraguas “panamericanista” de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas estas “cumbres” han encarnado la inmoralidad política, la ilegalidad y el intervencionismo imperialista. Por tanto, es lógico que de Teodoro Roosevelt a Barack Obama, cipayos de todo pelaje se nieguen conocer el pasado.
Según los enviados de prensa, la “cumbre” fue un desmadre: horarios incumplidos, actividades caóticas y presidentes que boicotearon una declaración final que, al concluir el cónclave, seguía fuera del alcance público. Obama se abstuvo de posar para la segunda foto oficial, Evo Morales se marchó minutos antes y la mayoría de los 34 gobernantes no asistió a la clausura.
Washington pidió a Felipe Calderón (México), Martín Torrijos (Panamá), Stephen Harper (Canadá) y Patrick Manning (Trinidad y Tobago) que dijesen algo bonito. “¡La cumbre fue un éxito!”, exclamaron. Y en efecto, lo fue. Pero lo fue porque, finalmente, estaba claro que después de 120 años de lucha, los pueblos de América Latina y el Caribe habían clavado una estaca en el corazón del panamericanismo monroista.
En Trinidad y Tobago, la América nuestra (que incluye la de ellos, aunque no como “ellos” la quisieran) siguió su marcha. El giro no fue de 180 grados, pero sí contó con la inclinación requerida para demostrar que el antimperialismo vive y que la próxima cumbre será real, porque allí estará Cuba para defender una causa que la rebasa.
¿Cuál? Un día antes, en la minicumbre de la Alternativa Boliviariana para los Pueblos de nuestra América (Alba, Cumaná, 17 de abril), el presidente Raúl Castro manifestó: “Nuestras naciones no tienen la capacidad, por sí solas, de transformar el orden económico internacional, pero sí el poder de sentar nuevas bases y construir sus propias relaciones económicas”.
Los puntos de la Alba (Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Dominicana, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) destacan que el capitalismo es “un mecanismo que está acabando con la humanidad y el planeta” y que se requiere de la solidaridad en lugar de la competencia, eliminando las “… prácticas intervencionistas como las operaciones encubiertas, diplomacias paralelas, guerras mediáticas para desestabilizar estados y gobiernos, y el financiamiento a grupos desestabilizadores”.
La pasada “cumbre” fue, por sobre todo, el enésimo triunfo político de la revolución cubana. Y no sólo porque la mayoría de los gobernantes repudiaron el bloqueo imperial. Doce jefes militares retirados del Pentágono (en actividad hasta hace poco) se dirigieron a Obama confesando: “En Cuba no habrá contrarrevolución en un futuro que sea previsible… la política actual de aislamiento de Cuba ha fracasado en cuanto a alcanzar nuestros objetivos”.
Y a modo de cereza sobre el pastel, un regalito de Hugo Chávez a Barack Obama: Las venas abiertas de América Latina, prosema político non de la literatura latinoamericana. Con el hipotálamo (o el neocórtex) atrofiado, un enviado de El País, de Madrid, calificó el libro de Eduardo Galeano de “parcial”, y de discutible “valor científico”. Es posible. Después de todo, Las venas... es una obra tan poco ordinaria, que también sirve de fuete para enfrentar las insidias del periodismo neogodo.
Por último, en La Habana, una delegación del gobierno de Sudáfrica otorgó en días pasados un premio a la obra internacionalista, solidaria y humanista de Fidel Castro. El galardón representa los más puros fundamentos de la filosofía ubuntu, que se reúne en el concepto zulú umuntu, nigumuntu, nagamuntu: una persona es una persona a causa de los demás.
Luis Linares Zapata: Referente básico: los de abajo
a mascarada que definió el sitio donde se levantará la refinería proyectada por Pemex ha revivido, entre ciertos locutores, conductores de programas y columnistas orgánicos de los medios de comunicación (y de otros traficantes de influencia) algunas de sus arraigadas y compulsivas fobias. Unas se dirigen hacia sui generis concepciones fundamentales del Estado, como la soberanía. Otras, se estacionan en los detalles temporales para el finiquito de las instalaciones programadas. Las demás no precisan de motivos, simplemente se dirigen contra uno de los actores principales del que ya es un drama petrolero: AMLO. Tan problemático embrollo se ha ido desplegado a lo largo de las pasadas cuatro administraciones federales, priístas y panistas por igual. En todas se ha tratado de entregar al capital privado, específicamente al externo, el diseño, manejo y hasta la propiedad de la que es una industria estratégica: la energética.
Para continuar la intentona entreguista de este sector de la economía y la seguridad nacionales, los interesados y sus auxiliares conexos no cejarán ni un centímetro. Regresan, acicateados por sus masivos intereses, con mayores refuerzos, nuevas tácticas, argumentos adicionales en boca de personeros con recientes contratos, aun cuando sus medios de difusión sean similares. El botín es enorme y justifica todo esfuerzo, no cabe la menor duda. No ha sido en vano el consistente empuje de la derecha. La electricidad muestra ya las grandes brechas que el capital extranjero ha abierto en el cuerpo de la Comisión Federal de Electricidad. En Pemex el contratismo reina en 80 por ciento de toda su actividad y los números futuros de sus inversiones adicionarán los progresos logrados al respecto. Sólo Chicontepec aportará una cuota inmensa en favor de las grandes empresas privadas y en la refinería proyectada se dará cabida a cuanto agente trasnacional pueda encontrarse disponible.
El ataque repetido se empecina en denostar a todo lo que se cruce en el ascendente camino trazado por las trasnacionales de la energía y que resuena y se agranda por cuenta de los ya bien conocidos agentes promocionales internos. ¿Acaso se ensancha la soberanía por el griterío de las adelitas y los juanes que protestaron en las calles y que, finalmente, detuvieron la iniciativa privatizadora del señor Calderón?, arguyen con furia apenas contenida. No, concluyen con fingida serenidad y sapiencia, la soberanía se debería asegurar con la construcción de dos o más refinerías, tal como propuso el señor Calderón, con el auxilio del capital privado (siempre se evita el complemento obligado de trasnacional). Eso hubiera dado pie a una acepción moderna, realista, de soberanía y no la trasnochada parrafada que insiste en ese nacionalismo anticuado, concluyen los abogados de las causas seudomodernizadoras. Se olvidan de los ejemplos señeros por la probada estulticia de los argumentos esgrimidos para entregar el sistema de pagos al exterior. Banco tras banco, vendido con las evasiones impositivas correspondientes, los premios a los socios internos, los apoyos a los partidos afines (PRI y PAN) y el traslado de los costos a los usuarios y contribuyentes.
Alguien puede afirmar, con sanas y fundadas razones, ¿en qué han contribuido esas empresas financieras al crédito para la industria, al comercio, a los servicios o al campo? Y por esta ruta se citarían otras deficiencias notables en la siderurgia, las minas, los ferrocarriles, grandes partes de la actividad productora de alimentos, las carreteras, los puertos y aeropuertos. Todos ellos presentados como casos alentadores de la modernización del aparato productivo, pero que resultaron auxiliares directos de la actual crisis, del desbalance en la justicia distributiva y la desintegración industrial que tanto debilita las cuentas externas.
La soberanía, se sostiene sin aparente pendencia o destinatario, es precisamente ésa que se basa en la fuerza de una economía integrada a la globalidad, tal como la han amarrado esos sectores de la producción en manos extranjeras, deberían citar para concluir sus alegatos. Frente a esa clase de pronósticos y conclusiones mal intencionadas de la derecha más retardataria, había que seguir afirmando, con ejemplos y números claros, la imposibilidad de alcanzar un desarrollo independiente y soberano cuando se tienen tan defectuosas cuentas con el exterior. Entregar los sectores estratégicos de la economía no ha hecho más que debilitar la planta productiva propia. México cae y recae en lento o nulo crecimiento y déficits constantes y crecientes en sus intercambios externos haciendo nugatorio todo proceso de crecimiento sostenido.
Se requiere, ahora y de nueva cuenta, solicitar el respaldo del Tesoro estadunidernse (Swaps) y del Fondo Monetario Internacional para dizque garantizar la sanidad de la macro economía nacional. Se vuelve a la inveterada costumbre de usar esos recursos para salvar a empresarios ineficientes, irresponsables, a costa de la hacienda pública y el castigo a los pagadores de siempre: ese pueblo al que no le reconocen bondad alguna y siempre olvidan en sus columnas, encuestas, análisis y ataques.
A todos estos “apuestos y creíbles” miembros de la opinocracia oficialista habría que recordarles la frase que Barack Obama usó repetidamente en su campaña y que difundiera, de nueva cuenta, en su reciente visita: el cambio, para darse, tendrá que salir de abajo hacia arriba. Ése que se pretende filtrar, con micrófonos auxiliares, desde las cúspides decisorias, recala, solamente, en una injusta inmovilidad social y cultural. Los grupos oligárquicos mexicanos están en la suya. Intentan detener esa práctica democracia que se está esparciendo desde abajo. Una, ahora sí, moderna acepción popular, base efectiva de esa otra soberanía tan poco apreciada desde el poder establecido.
Alejandro Nadal: ¿Quién llevó la General Motors a la quiebra?
Para continuar la intentona entreguista de este sector de la economía y la seguridad nacionales, los interesados y sus auxiliares conexos no cejarán ni un centímetro. Regresan, acicateados por sus masivos intereses, con mayores refuerzos, nuevas tácticas, argumentos adicionales en boca de personeros con recientes contratos, aun cuando sus medios de difusión sean similares. El botín es enorme y justifica todo esfuerzo, no cabe la menor duda. No ha sido en vano el consistente empuje de la derecha. La electricidad muestra ya las grandes brechas que el capital extranjero ha abierto en el cuerpo de la Comisión Federal de Electricidad. En Pemex el contratismo reina en 80 por ciento de toda su actividad y los números futuros de sus inversiones adicionarán los progresos logrados al respecto. Sólo Chicontepec aportará una cuota inmensa en favor de las grandes empresas privadas y en la refinería proyectada se dará cabida a cuanto agente trasnacional pueda encontrarse disponible.
El ataque repetido se empecina en denostar a todo lo que se cruce en el ascendente camino trazado por las trasnacionales de la energía y que resuena y se agranda por cuenta de los ya bien conocidos agentes promocionales internos. ¿Acaso se ensancha la soberanía por el griterío de las adelitas y los juanes que protestaron en las calles y que, finalmente, detuvieron la iniciativa privatizadora del señor Calderón?, arguyen con furia apenas contenida. No, concluyen con fingida serenidad y sapiencia, la soberanía se debería asegurar con la construcción de dos o más refinerías, tal como propuso el señor Calderón, con el auxilio del capital privado (siempre se evita el complemento obligado de trasnacional). Eso hubiera dado pie a una acepción moderna, realista, de soberanía y no la trasnochada parrafada que insiste en ese nacionalismo anticuado, concluyen los abogados de las causas seudomodernizadoras. Se olvidan de los ejemplos señeros por la probada estulticia de los argumentos esgrimidos para entregar el sistema de pagos al exterior. Banco tras banco, vendido con las evasiones impositivas correspondientes, los premios a los socios internos, los apoyos a los partidos afines (PRI y PAN) y el traslado de los costos a los usuarios y contribuyentes.
Alguien puede afirmar, con sanas y fundadas razones, ¿en qué han contribuido esas empresas financieras al crédito para la industria, al comercio, a los servicios o al campo? Y por esta ruta se citarían otras deficiencias notables en la siderurgia, las minas, los ferrocarriles, grandes partes de la actividad productora de alimentos, las carreteras, los puertos y aeropuertos. Todos ellos presentados como casos alentadores de la modernización del aparato productivo, pero que resultaron auxiliares directos de la actual crisis, del desbalance en la justicia distributiva y la desintegración industrial que tanto debilita las cuentas externas.
La soberanía, se sostiene sin aparente pendencia o destinatario, es precisamente ésa que se basa en la fuerza de una economía integrada a la globalidad, tal como la han amarrado esos sectores de la producción en manos extranjeras, deberían citar para concluir sus alegatos. Frente a esa clase de pronósticos y conclusiones mal intencionadas de la derecha más retardataria, había que seguir afirmando, con ejemplos y números claros, la imposibilidad de alcanzar un desarrollo independiente y soberano cuando se tienen tan defectuosas cuentas con el exterior. Entregar los sectores estratégicos de la economía no ha hecho más que debilitar la planta productiva propia. México cae y recae en lento o nulo crecimiento y déficits constantes y crecientes en sus intercambios externos haciendo nugatorio todo proceso de crecimiento sostenido.
Se requiere, ahora y de nueva cuenta, solicitar el respaldo del Tesoro estadunidernse (Swaps) y del Fondo Monetario Internacional para dizque garantizar la sanidad de la macro economía nacional. Se vuelve a la inveterada costumbre de usar esos recursos para salvar a empresarios ineficientes, irresponsables, a costa de la hacienda pública y el castigo a los pagadores de siempre: ese pueblo al que no le reconocen bondad alguna y siempre olvidan en sus columnas, encuestas, análisis y ataques.
A todos estos “apuestos y creíbles” miembros de la opinocracia oficialista habría que recordarles la frase que Barack Obama usó repetidamente en su campaña y que difundiera, de nueva cuenta, en su reciente visita: el cambio, para darse, tendrá que salir de abajo hacia arriba. Ése que se pretende filtrar, con micrófonos auxiliares, desde las cúspides decisorias, recala, solamente, en una injusta inmovilidad social y cultural. Los grupos oligárquicos mexicanos están en la suya. Intentan detener esa práctica democracia que se está esparciendo desde abajo. Una, ahora sí, moderna acepción popular, base efectiva de esa otra soberanía tan poco apreciada desde el poder establecido.
Alejandro Nadal: ¿Quién llevó la General Motors a la quiebra?
a historia de la empresa General Motors (GM) corre paralela a la de Estados Unidos. Su gloria y declinación marcan la historia del siglo XX. Durante décadas, GM fue sinónimo de poderío industrial invencible. Hasta parecía que el tiempo se había detenido con el gigante GM en su cenit. Era cuando los estadunidenses pensaban que la historia era algo que sólo les sucedía a los demás (parafraseando a Toynbee).
¿Cómo pudo llegar a la quiebra este coloso? No cabe duda, el éxito puede ser un regalo envenenado. La GM fue fundada en 1908 y llegó a ser la empresa más grande del mundo. En 1965 acaparó 54 por ciento del mercado de automóviles. Pero en enero de 2009 apenas pudo llegar a 19 por ciento. En estos días, sus directivos de seguro piensan en la frase de Francesca de Rimini: “no existe mayor dolor que recordar los tiempos felices en la desgracia” (Quinto canto, Infierno).
Después de los años dorados, la cultura empresarial de GM quedó dominada por la convicción de que siempre sería líder indiscutible. Esto impidió ver las señales del mercado y condujo a la compañía a trayectorias industriales equivocadas. Gradualmente dejó de ser innovadora y comenzó a comportarse como imitadora de la competencia. Al calor de esa cultura autista se cometieron errores ejemplares, dignos de libros de texto para escuelas de negocios.
El principal desacierto fue ignorar la necesidad de promover la producción de autos más eficientes en consumo de combustible. En su lugar, privilegió los vehículos más pesados, camionetas y todo lo que tragara gasolina en cantidades industriales. Todavía en 1999 compró la marca Hummer, que llegó a simbolizar todo lo malo en un auto.
Los proyectos para revertir la tendencia descendente fueron mal concebidos. El mejor ejemplo fue el Pontiac Aztec, un automóvil introducido en 1999 que hacía honor al chiste de que GMC significaba grande, malo y caro. En 2004 tuvo que ser descontinuado con todos los costos que eso representó. En cambio, las líneas de producción del vehículo eléctrico, que pudo haber sido clave para la recuperación, fueron sacrificadas por esos años.
En 2005 se anunció otro plan de recuperación con mayores aportaciones de los empleados al fondo de pensiones, eliminación de 30 mil puestos de trabajo y el cierre de nueve plantas. Pero el contenido medular del plan era continuar con la inversión en los Hummer y las camionetas pesadas. Lo único que aceleró ese plan fue el retroceso en el mercado.
¿Cómo influyó el poderoso sindicato automotriz (UAW) sobre la suerte de GM? Durante muchos años, la evolución de los salarios acompañó el aumento en productividad y las prestaciones en materia de fondo de retiro fueron generosas. Pero el sindicato fue perdiendo poder: en 1979 la plantilla sindicalizada en sus plantas era de 470 mil, pasando a 300 mil en 1990 y a 128 mil en 2003. Esta caída de 72 por ciento está asociada con la subcontratación y el traslado de plantas y puestos de trabajo a otras partes del mundo. GM buscó así reducir costos y restar fuerza a una burocracia sindical que no siempre estuvo identificada con los intereses de los trabajadores.
Hoy los pasivos laborales heredados de la época dorada, en especial los relacionados con el fondo de retiro, son una carga significativa. Pero el mal manejo financiero de la empresa ha sido mucho más importante y en las últimas décadas ha estado relacionado con el modo de acumulación de la economía estadunidense (a base de dinero barato y burbujas especulativas).
Después del 9/11, la GM lanzó una campaña ofreciendo financiamiento de costo cero para sus clientes. Las ventas crecieron, pero la empresa siguió hundiéndose en problemas financieros. Para entonces ya había entrado al negocio de las hipotecas subprime: en 1999 su brazo financiero, GMAC, compró Ditech, una compañía especializada en hipotecas baratas, justo a tiempo para subirse en la peor burbuja especulativa de la historia. Hoy Ditech se ahoga en 100 mil millones de dólares de hipotecas chatarra, arrastrando el valor de mercado de las acciones de la empresa.
La quiebra eventual de GM tendrá enormes consecuencias. Lanzará a la calle a cientos de miles de trabajadores, con efectos sobre proveedores y agencias distribuidoras. Puede profundizar y prolongar la recesión, así que todavía quedan dudas: habrá que ver si efectivamente la administración de Obama deja caer al gigante.
Un último comentario sobre las subsidiarias de General Motors en México es importante. En la restructuración todo va a cambiar. Pero, por el momento, atrae la atención el tema del reparto de utilidades. En los hechos, la gestión de las subsidiarias está subordinada a los intereses del corporativo. La transferencia de rentabilidad de la subsidiaria a la casa matriz se lleva a cabo por medio de transacciones intrafirma. La negociación será difícil, pero, aun en el contexto desfavorable del TLCAN, no es imposible controlar estas transferencias en el interior del grupo corporativo y estimar niveles de rentabilidad.
¿Cómo pudo llegar a la quiebra este coloso? No cabe duda, el éxito puede ser un regalo envenenado. La GM fue fundada en 1908 y llegó a ser la empresa más grande del mundo. En 1965 acaparó 54 por ciento del mercado de automóviles. Pero en enero de 2009 apenas pudo llegar a 19 por ciento. En estos días, sus directivos de seguro piensan en la frase de Francesca de Rimini: “no existe mayor dolor que recordar los tiempos felices en la desgracia” (Quinto canto, Infierno).
Después de los años dorados, la cultura empresarial de GM quedó dominada por la convicción de que siempre sería líder indiscutible. Esto impidió ver las señales del mercado y condujo a la compañía a trayectorias industriales equivocadas. Gradualmente dejó de ser innovadora y comenzó a comportarse como imitadora de la competencia. Al calor de esa cultura autista se cometieron errores ejemplares, dignos de libros de texto para escuelas de negocios.
El principal desacierto fue ignorar la necesidad de promover la producción de autos más eficientes en consumo de combustible. En su lugar, privilegió los vehículos más pesados, camionetas y todo lo que tragara gasolina en cantidades industriales. Todavía en 1999 compró la marca Hummer, que llegó a simbolizar todo lo malo en un auto.
Los proyectos para revertir la tendencia descendente fueron mal concebidos. El mejor ejemplo fue el Pontiac Aztec, un automóvil introducido en 1999 que hacía honor al chiste de que GMC significaba grande, malo y caro. En 2004 tuvo que ser descontinuado con todos los costos que eso representó. En cambio, las líneas de producción del vehículo eléctrico, que pudo haber sido clave para la recuperación, fueron sacrificadas por esos años.
En 2005 se anunció otro plan de recuperación con mayores aportaciones de los empleados al fondo de pensiones, eliminación de 30 mil puestos de trabajo y el cierre de nueve plantas. Pero el contenido medular del plan era continuar con la inversión en los Hummer y las camionetas pesadas. Lo único que aceleró ese plan fue el retroceso en el mercado.
¿Cómo influyó el poderoso sindicato automotriz (UAW) sobre la suerte de GM? Durante muchos años, la evolución de los salarios acompañó el aumento en productividad y las prestaciones en materia de fondo de retiro fueron generosas. Pero el sindicato fue perdiendo poder: en 1979 la plantilla sindicalizada en sus plantas era de 470 mil, pasando a 300 mil en 1990 y a 128 mil en 2003. Esta caída de 72 por ciento está asociada con la subcontratación y el traslado de plantas y puestos de trabajo a otras partes del mundo. GM buscó así reducir costos y restar fuerza a una burocracia sindical que no siempre estuvo identificada con los intereses de los trabajadores.
Hoy los pasivos laborales heredados de la época dorada, en especial los relacionados con el fondo de retiro, son una carga significativa. Pero el mal manejo financiero de la empresa ha sido mucho más importante y en las últimas décadas ha estado relacionado con el modo de acumulación de la economía estadunidense (a base de dinero barato y burbujas especulativas).
Después del 9/11, la GM lanzó una campaña ofreciendo financiamiento de costo cero para sus clientes. Las ventas crecieron, pero la empresa siguió hundiéndose en problemas financieros. Para entonces ya había entrado al negocio de las hipotecas subprime: en 1999 su brazo financiero, GMAC, compró Ditech, una compañía especializada en hipotecas baratas, justo a tiempo para subirse en la peor burbuja especulativa de la historia. Hoy Ditech se ahoga en 100 mil millones de dólares de hipotecas chatarra, arrastrando el valor de mercado de las acciones de la empresa.
La quiebra eventual de GM tendrá enormes consecuencias. Lanzará a la calle a cientos de miles de trabajadores, con efectos sobre proveedores y agencias distribuidoras. Puede profundizar y prolongar la recesión, así que todavía quedan dudas: habrá que ver si efectivamente la administración de Obama deja caer al gigante.
Un último comentario sobre las subsidiarias de General Motors en México es importante. En la restructuración todo va a cambiar. Pero, por el momento, atrae la atención el tema del reparto de utilidades. En los hechos, la gestión de las subsidiarias está subordinada a los intereses del corporativo. La transferencia de rentabilidad de la subsidiaria a la casa matriz se lleva a cabo por medio de transacciones intrafirma. La negociación será difícil, pero, aun en el contexto desfavorable del TLCAN, no es imposible controlar estas transferencias en el interior del grupo corporativo y estimar niveles de rentabilidad.
Ni derechos humanos ni visión de Estado
La disolución de la comisión de mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, anunciada ayer por sus integrantes ante lo que describieron como la falta de voluntad política de las autoridades, es un hecho preocupante por diversas razones. En lo inmediato, refiere la incapacidad gubernamental para asignarle a la preservación de la paz social la importancia y la prioridad que amerita. Cabe recordar que desde mayo de 2007 –hace casi dos años– se desconoce el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del EPR; que esa organización armada denunció que habían sido desaparecidos por efectivos gubernamentales y que en septiembre de ese año la guerrilla emprendió una serie de atentados contra ductos de Pemex para exigir la presentación de sus militantes.
Hace un año, el EPR anunció una tregua, demandó el establecimiento de un canal de comunicación con las autoridades federales para que éstas informaran de la suerte de los dos desaparecidos y propuso que, para el efecto, se estableciera una comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, los cuales aceptaron la gestión y realizaron, a lo largo de 12 meses, un esfuerzo sostenido por movilizar a instancias gubernamentales para atender este grave asunto.
El trabajo de los mediadores referidos impulsó, sin duda, la toma de posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de febrero de este año, en la que esa entidad estableció, “con la certeza jurídica suficiente”, que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron capturados en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas militares y efectivos policiales federales, estatales y municipales de Oaxaca, que fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 y que desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Con base en esa información, la CNDH concluyó que había una “responsabilidad del Estado” en las desapariciones, emitió sendas recomendaciones al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, pidiendo la presentación con vida de los dos eperristas, y resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) “entorpeció, dilató (la investigación) y no se apegó a la verdad de los datos remitidos”.
A la práctica inadmisible, criminal e indignante de la desaparición forzada se suma, pues, la falta de voluntad de las autoridades federales y estatales para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos, y esa falta de voluntad terminó por hacer inviable la misión de los mediadores.
Por añadidura, la renuencia del gobierno a investigar, esclarecer e informar sobre un hecho repudiable, que no debería tener lugar en el México del siglo XXI, cancela en forma inexorable, en el corto y el mediano plazo, las posibilidades de desactivación, por medio del diálogo, del descontento social y político armado.
La disolución de la comisión civil de intermediación entre el gobierno federal y el EPR evidencia, en suma, los peligros que entrañan el manifiesto desinterés de la administración actual por poner un alto a las crecientes y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y su incapacidad para comprender los vínculos profundos y causales entre manejo económico antipopular y ejercicios antidemocráticos y abusivos del poder, por un lado y, por el otro, el auge de la delincuencia común y la presencia de movimientos insurreccionales alimentados por el vasto descontento social. Así pues, a su déficit originario de legitimidad, el gobierno en turno suma una preocupante carencia de visión de Estado.
Hace un año, el EPR anunció una tregua, demandó el establecimiento de un canal de comunicación con las autoridades federales para que éstas informaran de la suerte de los dos desaparecidos y propuso que, para el efecto, se estableciera una comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, los cuales aceptaron la gestión y realizaron, a lo largo de 12 meses, un esfuerzo sostenido por movilizar a instancias gubernamentales para atender este grave asunto.
El trabajo de los mediadores referidos impulsó, sin duda, la toma de posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de febrero de este año, en la que esa entidad estableció, “con la certeza jurídica suficiente”, que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron capturados en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas militares y efectivos policiales federales, estatales y municipales de Oaxaca, que fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 y que desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Con base en esa información, la CNDH concluyó que había una “responsabilidad del Estado” en las desapariciones, emitió sendas recomendaciones al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, pidiendo la presentación con vida de los dos eperristas, y resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) “entorpeció, dilató (la investigación) y no se apegó a la verdad de los datos remitidos”.
A la práctica inadmisible, criminal e indignante de la desaparición forzada se suma, pues, la falta de voluntad de las autoridades federales y estatales para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos, y esa falta de voluntad terminó por hacer inviable la misión de los mediadores.
Por añadidura, la renuencia del gobierno a investigar, esclarecer e informar sobre un hecho repudiable, que no debería tener lugar en el México del siglo XXI, cancela en forma inexorable, en el corto y el mediano plazo, las posibilidades de desactivación, por medio del diálogo, del descontento social y político armado.
La disolución de la comisión civil de intermediación entre el gobierno federal y el EPR evidencia, en suma, los peligros que entrañan el manifiesto desinterés de la administración actual por poner un alto a las crecientes y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y su incapacidad para comprender los vínculos profundos y causales entre manejo económico antipopular y ejercicios antidemocráticos y abusivos del poder, por un lado y, por el otro, el auge de la delincuencia común y la presencia de movimientos insurreccionales alimentados por el vasto descontento social. Así pues, a su déficit originario de legitimidad, el gobierno en turno suma una preocupante carencia de visión de Estado.
Lorenzo Córdova Vianello
¿Árbitro electoral o MP?
Un simple vistazo a las notas de prensa en los últimos meses hace pensar que el IFE se ha convertido en un órgano encargado primordialmente de tramitar las denuncias e imponer las penas a quienes violen la ley electoral.
Tal ha sido la centralidad que ha venido a ocupar en las actividades del IFE la sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador (PES), que las tareas primordiales de esa institución, la organización e instrumentación de las elecciones federales, parece haber pasado a un segundo plano. Sabemos que en realidad no es así; si escudriñamos la prensa encontraremos noticias que nos indican que la titánica labor de organización del proceso electoral está en marcha y que esa maquinaria constituida, en primer término, por el servicio profesional electoral está desplegada y funcionando con el profesionalismo y exhaustividad de siempre.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los actores políticos (y de algunos poderes privados) ha convertido al PES en un asunto cotidiano para el IFE. Desde el arranque de las precampañas, el pasado 31 de enero, a la fecha han sido presentadas cerca de 200 denuncias que deben tramitarse a través de ese procedimiento, ¡y todavía no arrancan formalmente las campañas!
Ese procedimiento, que fue inventado por el Tribunal Electoral durante las campañas presidenciales de 2006 para enfrentar las nuevas y disruptivas campañas de denostación que caracterizaron a esos comicios, fue recogido y normado en ley por la reforma de 2007-2008 y hoy está poniéndose a prueba, por primera vez, en unas elecciones.
El PES tiene por objeto conocer las denuncias que se presenten por cuatro tipos de ilícitos fundamentalmente: a) las violaciones por parte de funcionarios públicos a las reglas establecidas por el artículo 134 de la Constitución, que impiden la propaganda gubernamental personalizada; b) el incumplimiento de las obligaciones que en materia de radio y televisión impone la Constitución a concesionarios, permisionarios, partidos, candidatos y particulares; c) las violaciones a las reglas que rigen la propaganda electoral (principalmente lo que hace a las campañas negativas); y d) la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
Lo que hoy estamos viendo es que la irresponsabilidad de varios actores ha convertido a ese mecanismo —que como todo procedimiento sancionatorio pretende tener un carácter excepcional— en algo cotidiano y que ocupa gran parte de los esfuerzos institucionales del IFE, con todo el desgaste que ello supone para esa institución.
Las conductas de algunos concesionarios (principalmente las dos grandes televisoras), que al ver afectados sus intereses por la reforma electoral han desafiado a las normas y al IFE (aunque hoy parecen haber reducido la intensidad de sus críticas); de algunos partidos políticos que han apostado, una vez más, por la denostación del contrario —muchas veces ilegal— como eje de sus estrategias electorales; de varios gobernantes que desafían la ley utilizando recursos públicos para promoción personal o para promocionar a algún partido, entre otras, han convertido al IFE en una especie de Ministerio Público que día a día se enfrasca en tener que lidiar con denuncias y violaciones a la ley.
Llamar a la responsabilidad en pleno proceso electoral es como predicar en el desierto. Pero sí debemos hacernos cargo de que incitar cotidianamente al IFE a desahogar estos procedimientos, que inevitablemente lo llevan a confrontarse con alguna de las partes (con quien denuncia si se absuelve o con el denunciado si se sanciona), no abona nada bueno y crea un clima del que difícilmente alguien sacará provecho, a menos que alguien le apueste a desgastar (más) al árbitro y a dinamitar la institucionalidad electoral. Y no dudo que los haya.
Investigador y profesor de la UNAM
Tal ha sido la centralidad que ha venido a ocupar en las actividades del IFE la sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador (PES), que las tareas primordiales de esa institución, la organización e instrumentación de las elecciones federales, parece haber pasado a un segundo plano. Sabemos que en realidad no es así; si escudriñamos la prensa encontraremos noticias que nos indican que la titánica labor de organización del proceso electoral está en marcha y que esa maquinaria constituida, en primer término, por el servicio profesional electoral está desplegada y funcionando con el profesionalismo y exhaustividad de siempre.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los actores políticos (y de algunos poderes privados) ha convertido al PES en un asunto cotidiano para el IFE. Desde el arranque de las precampañas, el pasado 31 de enero, a la fecha han sido presentadas cerca de 200 denuncias que deben tramitarse a través de ese procedimiento, ¡y todavía no arrancan formalmente las campañas!
Ese procedimiento, que fue inventado por el Tribunal Electoral durante las campañas presidenciales de 2006 para enfrentar las nuevas y disruptivas campañas de denostación que caracterizaron a esos comicios, fue recogido y normado en ley por la reforma de 2007-2008 y hoy está poniéndose a prueba, por primera vez, en unas elecciones.
El PES tiene por objeto conocer las denuncias que se presenten por cuatro tipos de ilícitos fundamentalmente: a) las violaciones por parte de funcionarios públicos a las reglas establecidas por el artículo 134 de la Constitución, que impiden la propaganda gubernamental personalizada; b) el incumplimiento de las obligaciones que en materia de radio y televisión impone la Constitución a concesionarios, permisionarios, partidos, candidatos y particulares; c) las violaciones a las reglas que rigen la propaganda electoral (principalmente lo que hace a las campañas negativas); y d) la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
Lo que hoy estamos viendo es que la irresponsabilidad de varios actores ha convertido a ese mecanismo —que como todo procedimiento sancionatorio pretende tener un carácter excepcional— en algo cotidiano y que ocupa gran parte de los esfuerzos institucionales del IFE, con todo el desgaste que ello supone para esa institución.
Las conductas de algunos concesionarios (principalmente las dos grandes televisoras), que al ver afectados sus intereses por la reforma electoral han desafiado a las normas y al IFE (aunque hoy parecen haber reducido la intensidad de sus críticas); de algunos partidos políticos que han apostado, una vez más, por la denostación del contrario —muchas veces ilegal— como eje de sus estrategias electorales; de varios gobernantes que desafían la ley utilizando recursos públicos para promoción personal o para promocionar a algún partido, entre otras, han convertido al IFE en una especie de Ministerio Público que día a día se enfrasca en tener que lidiar con denuncias y violaciones a la ley.
Llamar a la responsabilidad en pleno proceso electoral es como predicar en el desierto. Pero sí debemos hacernos cargo de que incitar cotidianamente al IFE a desahogar estos procedimientos, que inevitablemente lo llevan a confrontarse con alguna de las partes (con quien denuncia si se absuelve o con el denunciado si se sanciona), no abona nada bueno y crea un clima del que difícilmente alguien sacará provecho, a menos que alguien le apueste a desgastar (más) al árbitro y a dinamitar la institucionalidad electoral. Y no dudo que los haya.
Investigador y profesor de la UNAM
Amy Glover Drake
La tortura no tiene otro nombre
Como resultado de una demanda legal, el presidente Barack Obama hizo públicos cuatro memorandos confidenciales que detallan los fundamentos legales que utilizó el gobierno de George W. Bush para permitir el uso de la tortura en los interrogatorios de individuos acusados de ser terroristas. Obama describió estos acontecimientos como “un capítulo oscuro y doloroso de nuestra historia”, y dijo que su gobierno nunca más recurrirá a estos métodos para extraer información.
Representa un logro de transparencia, pero no es suficiente con reconocer el problema si dejamos de analizar cómo y por qué ocurrió, y así poder evitar una recaída en el futuro. Por esta razón el deseo de Obama de declarar “borrón y cuenta nueva” no es aceptable.
Una de las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre fue la pérdida de credibilidad de EU a raíz de la reacción de la administración de Bush a la tragedia. En vez de usar su autoridad moral para lanzar iniciativas coordinadas con sus aliados en contra del terrorismo, el gobierno tomó medidas unilaterales y puso en entredicho valores tan fundamentales para el país como la libertad de expresión y el respeto al estado de derecho. El uso de la tortura como método de interrogación para terroristas fue de los peores errores del gobierno de Bush e hizo mucho daño a la reputación del país. A la gente pacífica, lo que más nos asusta de los terroristas es su falta de humanidad, y el uso de la tortura tiende a borrar la línea moral que nos separa de ellos.
El presidente Obama señaló que los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que llevaron a cabo dichos actos de tortura no serán procesados por la justicia. Esta decisión se entiende dado que los hechos sucedieron con el visto bueno legal de los abogados de la Casa Blanca. Los memorandos en cuestión forman una lectura escalofriante, y ofrecen una descripción clínica de cómo implementar ciertas técnicas como la privación del sueño, el ahogamiento simulado y el uso de fobias a los insectos en espacios reducidos. Pero lo más importante es que dichos documentos forman la base legal para incurrir en prácticas de tortura. No queda claro entonces por qué debería haber impunidad para los abogados y los políticos que tomaron la decisión de alterar las definiciones claramente establecidas en la Convención de Ginebra y en la Convención contra la Tortura.
Poco después de la inauguración del presidente Obama, el ex vicepresidente Dick Cheney defendió la estrategia de su gobierno, particularmente en cuanto al uso de enhanced interrogration, una frase código que podría traducirse como tortura suave —si es que ese concepto existiera—. “Si no hubiéramos hecho lo que hicimos —respecto del programa de vigilancia terrorista, las técnicas de interrogación agresivas para detenidos de alto peligro, el Acta Patriota, entre otros—, hubiéramos enfrentado otro ataque”, argumenta Cheney.
La amenaza de un nuevo acto terrorista siempre fue la justificación para los abusos de la administración Bush contra las garantías individuales. Pero hay que preguntarse si la tortura es realmente una herramienta útil para obtener información. Varias personas destacadas que la han vivido en carne propia como prisioneros de guerra opinan que no. Tal es el caso de John McCain, republicano de hueso colorado, quien ha argumentado a lo largo de su carrera que la tortura no funciona porque la información que se consigue es por lo general falsa y que, además, perdemos nuestra brújula moral en el proceso.
Ayer Obama señaló no querer emitir un juicio anticipado sobre el sustento legal que se dio desde la Casa Blanca a los actos de tortura, lo que por lo pronto puede ser una buena señal.
“Este es un tiempo de reflexión, no de revancha”, ha dicho Obama, pero el presidente no puede cerrar la puerta a un juicio legal de esta magnitud con un simple discurso.
Se puede entender que Obama quiera evitar una batalla política con el Partido Republicano dada la fragilidad de la economía y la necesidad de fomentar el trabajo bipartidista en Washington, pero el tema de la tortura es demasiado importante como para ignorarlo. Si no aclaramos de una vez por todas cuál es la postura estadounidense respecto del uso de la tortura, será fácil que una administración futura tenga la tentación de recurrir a ella nuevamente. Habrá que revisar toda la información disponible y formular una estrategia para asegurar que la tortura jamás vuelva a utilizarse en una de las democracias más avanzadas del mundo. Sobre todo, es importante que los responsables de introducir la tortura como una herramienta del Estado rindan cuentas ante la justicia.
Analista y miembro del Comexi
Horizonte político
José A. Crespo
Partidos: el poder los iguala
Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre ellos. Ahí están temas tan polémicos como la energía o el aborto.
Algunos comunicadores y columnistas, tras hacer una crítica a tal o cual partido, sea por corrupción, irresponsabilidad, cinismo o impunidad, terminan con la frase “el poder los iguala” y enfatizan que, en lo esencial, se comportan de manera muy parecida. Nuestra democracia simulada es como un auto al que nadie podría negar su calidad de tal… pero que no funciona. Y los partidos son piezas intercambiables en ese inoperante mecanismo. Cuando cambian de lugar (de la oposición al gobierno o viceversa) practican lo que antes condenaban. Y eso afecta los incentivos ciudadanos para sufragar por uno u otro partido. Sostiene la teoría racional del comportamiento electoral (uno de cuyos autores clásicos es Anthony Downs, con su Teoría económica de la democracia) que, para que el voto sea racional, el costo de sufragar debe ser menor que la ganancia esperada y que el elector perciba diferencias suficientes entre las opciones políticas. De lo contrario el sufragio pierde sentido. Por eso el IFE invita a los ciudadanos a informarse, comparar las ofertas, reflexionar cuidadosamente sobre ellas y, finalmente, decidir por cuál opción votar. Ese es justo el ideal del votante racional. Pero podemos suponer que pocos ciudadanos seguirán esos pasos, pues el costo en tiempo y esfuerzo de ello es enorme.
Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre los partidos. Ahí están temas tan polémicos como la energía, el aborto o la despenalización de las drogas, que reflejan las diferencias partidarias. ¿Por qué entonces algunos electores habrían de concluir que no hay diferencias entre los partidos y decidir, por tanto, no votar por ninguno? En primer lugar, porque una cosa es lo que las plataformas electorales prometen y muy otra lo que hacen los partidos en los hechos. Frecuentemente sus propuestas quedan olvidadas, relegadas o durmiendo el sueño de los justos en la congeladora parlamentaria. Otras veces los partidos negocian o sacrifican sus respectivas propuestas, por cálculos políticos y traicionan en cierta medida a sus electores. Por ejemplo, la iniciativa energética de Felipe Calderón quedó totalmente disminuida, desvirtuada y, aún así, el PAN dio su voto aprobatorio, para después renegar de dicha reforma. Otro tanto ocurrió con la electoral, que el PAN denuncia como violatoria de la libertad de expresión (por prohibir las campañas sucias), pero no explica por qué votó a favor. El PRD capitalino, en tiempos de Andrés López Obrador, se negó a apoyar la ley de sociedades de convivencia pese a estar contemplada en su ideario, también por un cálculo político-electoral. Y en la plataforma de muchos partidos está la reelección como oferta, sin que a la fecha se haya reinstaurado ese mecanismo esencial de rendición de cuentas políticas.
En cuanto al comportamiento político de los partidos, pues tampoco hay demasiadas diferencias. Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos. Pero eso no sólo durante la confrontación con los partidos rivales, sino incluso dentro de sus filas. Ahí están las sucias elecciones internas del PRD, pero también los dedazos y palomeos de las candidaturas del PRI, y el evidente intento de prominentes panistas por evitar que Javier Corral —uno de los pocos del PAN congruentes con el historial democrático de ese partido— llegara a la Cámara baja, para lo cual se recurrió a las muy priistas casillas zapato en Batopilas, la tierra de Manuel Gómez Morín (que tuvo la fortuna de no ver cómo, el partido que él fundó, ha desvirtuado y abdicado de su tradición democrática). En materia de rendición de cuentas, todos los partidos protegen a los suyos e intercambian entre sí cartas de impunidad. Germán Martínez Cázares recuerda ahora cómo los priistas en su momento no llamaron a cuentas a los ex presidentes Echeverría, Díaz Ordaz, López Portillo o Salinas de Gortari, lo cual es cierto. Pero utiliza ese argumento como pretexto para justificar por qué el PAN niega y oculta los excesos y el tráfico de influencias bajo el gobierno de Vicente Fox.
Quizá lo que mejor expresa que ni los partidos toman demasiado en serio sus principios e ideario es el intercambio de figuras, candidatos, personajes, que saltan con desparpajo de un partido a otro. Ejemplos sobran: pueden transitar, por ejemplo, del PRI al PRD y después al PAN y luego al Verde o al PT o a donde haga falta, para tener una nueva oportunidad de continuar en el negocio. Eso, sin previa explicación de cómo y por qué sus profundas convicciones sufrieron una transformación tal, que los empuja a buscar otras trincheras ideológicas. Pero el problema no está sólo en los tránsfugas, sino en los partidos que los reciben, en busca de votos. La adopción del líder sindical Valdemar Gutiérrez por el PAN es un ejemplo reciente de ello. Acción Nacional siempre condenó el corporativismo, pero ya en el poder vio más conveniente aliarse con él, en lo posible. La alianza de fondo con Elba Esther Gordillo, aún vigente, lo demuestra con claridad. Y el PRD suele recibir personajes que representan lo peor del PRI. Vienen finalmente las coaliciones partidarias de chile, dulce y manteca: el PT con el PRI; el Panal a veces con el PRI, a veces con el PAN; el Partido Socialdemócrata con su antítesis ideológica, el PAN, en alguna delegación capitalina; el Verde con quien se deje engatusar. De esa forma, los partidos nos mandan un mensaje muy claro: sus principios e ideario son un mero trámite burocrático para mantener el registro y suscribir candidatos a los comicios.Lo que importa es acceder al poder y obtener la mayor parte posible del botín político, para lo cual solicitan nuestro voto. Son los partidos los que borran sus diferencias en la práctica y restan en esa medida el sentido de sufragar por alguno de ellos.
Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos.
José A. Crespo
Partidos: el poder los iguala
Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre ellos. Ahí están temas tan polémicos como la energía o el aborto.
Algunos comunicadores y columnistas, tras hacer una crítica a tal o cual partido, sea por corrupción, irresponsabilidad, cinismo o impunidad, terminan con la frase “el poder los iguala” y enfatizan que, en lo esencial, se comportan de manera muy parecida. Nuestra democracia simulada es como un auto al que nadie podría negar su calidad de tal… pero que no funciona. Y los partidos son piezas intercambiables en ese inoperante mecanismo. Cuando cambian de lugar (de la oposición al gobierno o viceversa) practican lo que antes condenaban. Y eso afecta los incentivos ciudadanos para sufragar por uno u otro partido. Sostiene la teoría racional del comportamiento electoral (uno de cuyos autores clásicos es Anthony Downs, con su Teoría económica de la democracia) que, para que el voto sea racional, el costo de sufragar debe ser menor que la ganancia esperada y que el elector perciba diferencias suficientes entre las opciones políticas. De lo contrario el sufragio pierde sentido. Por eso el IFE invita a los ciudadanos a informarse, comparar las ofertas, reflexionar cuidadosamente sobre ellas y, finalmente, decidir por cuál opción votar. Ese es justo el ideal del votante racional. Pero podemos suponer que pocos ciudadanos seguirán esos pasos, pues el costo en tiempo y esfuerzo de ello es enorme.
Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre los partidos. Ahí están temas tan polémicos como la energía, el aborto o la despenalización de las drogas, que reflejan las diferencias partidarias. ¿Por qué entonces algunos electores habrían de concluir que no hay diferencias entre los partidos y decidir, por tanto, no votar por ninguno? En primer lugar, porque una cosa es lo que las plataformas electorales prometen y muy otra lo que hacen los partidos en los hechos. Frecuentemente sus propuestas quedan olvidadas, relegadas o durmiendo el sueño de los justos en la congeladora parlamentaria. Otras veces los partidos negocian o sacrifican sus respectivas propuestas, por cálculos políticos y traicionan en cierta medida a sus electores. Por ejemplo, la iniciativa energética de Felipe Calderón quedó totalmente disminuida, desvirtuada y, aún así, el PAN dio su voto aprobatorio, para después renegar de dicha reforma. Otro tanto ocurrió con la electoral, que el PAN denuncia como violatoria de la libertad de expresión (por prohibir las campañas sucias), pero no explica por qué votó a favor. El PRD capitalino, en tiempos de Andrés López Obrador, se negó a apoyar la ley de sociedades de convivencia pese a estar contemplada en su ideario, también por un cálculo político-electoral. Y en la plataforma de muchos partidos está la reelección como oferta, sin que a la fecha se haya reinstaurado ese mecanismo esencial de rendición de cuentas políticas.
En cuanto al comportamiento político de los partidos, pues tampoco hay demasiadas diferencias. Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos. Pero eso no sólo durante la confrontación con los partidos rivales, sino incluso dentro de sus filas. Ahí están las sucias elecciones internas del PRD, pero también los dedazos y palomeos de las candidaturas del PRI, y el evidente intento de prominentes panistas por evitar que Javier Corral —uno de los pocos del PAN congruentes con el historial democrático de ese partido— llegara a la Cámara baja, para lo cual se recurrió a las muy priistas casillas zapato en Batopilas, la tierra de Manuel Gómez Morín (que tuvo la fortuna de no ver cómo, el partido que él fundó, ha desvirtuado y abdicado de su tradición democrática). En materia de rendición de cuentas, todos los partidos protegen a los suyos e intercambian entre sí cartas de impunidad. Germán Martínez Cázares recuerda ahora cómo los priistas en su momento no llamaron a cuentas a los ex presidentes Echeverría, Díaz Ordaz, López Portillo o Salinas de Gortari, lo cual es cierto. Pero utiliza ese argumento como pretexto para justificar por qué el PAN niega y oculta los excesos y el tráfico de influencias bajo el gobierno de Vicente Fox.
Quizá lo que mejor expresa que ni los partidos toman demasiado en serio sus principios e ideario es el intercambio de figuras, candidatos, personajes, que saltan con desparpajo de un partido a otro. Ejemplos sobran: pueden transitar, por ejemplo, del PRI al PRD y después al PAN y luego al Verde o al PT o a donde haga falta, para tener una nueva oportunidad de continuar en el negocio. Eso, sin previa explicación de cómo y por qué sus profundas convicciones sufrieron una transformación tal, que los empuja a buscar otras trincheras ideológicas. Pero el problema no está sólo en los tránsfugas, sino en los partidos que los reciben, en busca de votos. La adopción del líder sindical Valdemar Gutiérrez por el PAN es un ejemplo reciente de ello. Acción Nacional siempre condenó el corporativismo, pero ya en el poder vio más conveniente aliarse con él, en lo posible. La alianza de fondo con Elba Esther Gordillo, aún vigente, lo demuestra con claridad. Y el PRD suele recibir personajes que representan lo peor del PRI. Vienen finalmente las coaliciones partidarias de chile, dulce y manteca: el PT con el PRI; el Panal a veces con el PRI, a veces con el PAN; el Partido Socialdemócrata con su antítesis ideológica, el PAN, en alguna delegación capitalina; el Verde con quien se deje engatusar. De esa forma, los partidos nos mandan un mensaje muy claro: sus principios e ideario son un mero trámite burocrático para mantener el registro y suscribir candidatos a los comicios.Lo que importa es acceder al poder y obtener la mayor parte posible del botín político, para lo cual solicitan nuestro voto. Son los partidos los que borran sus diferencias en la práctica y restan en esa medida el sentido de sufragar por alguno de ellos.
Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos.
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