as expectativas electorales de este año han sido aplicadamente empañadas por una conjunción de actos de poder que hace ver desesperados e incluso colindantes con lo delictivo a los principales ocupantes de la presidencia ilegítima y fallida (se habla en plural, los ocupantes”, porque son muchos los actores y factores que en la práctica ejercen el máximo cargo político mexicano presuntamente unipersonal). A nivel nacional, los delegados de las secretarías federales y de otros ámbitos administrativos importantes del impugnado gobierno federal han sido convertidos en promotores del voto mediante el suministro de bienes y servicios a cambio de credenciales de elector y compromisos, fundados en la miseria y la ignorancia, de concurrir a las urnas a sufragar en favor del partido que en años ha demostrado una capacidad de manipulación y defraudación como la que el priísmo desarrolló durante décadas (priístas y perredistas a cargo de gobiernos estatales hacen, desde luego, similares pillerías a las de la administración federal).
La descomposición de lo electoral ha contado con la participación entusiasta del dirigente formal del PAN, Germán Martínez, que en realidad es un canal de desahogo de las verdaderas emociones políticas de su jefe y conductor, Felipe Calderón. A los vaticinios amargos contribuye en particular el andamiaje de presunta institucionalidad electoral que en el IFE Va Zurita ha tenido una terrible depreciación acelerada, más el tribunal electoral federal también parcializado y la fiscalía encargada de atender los presuntos delitos electorales, que también está a cargo de una pieza manipulable del sistema de complicidades. Sólo con poca memoria o poca información se puede tener confianza en esa trinidad amafiada (IFE, TEPJF y Fepade).
En el contexto más amplio que se ha puesto de moda llamar Estado fallido, la administración calderónica ha extendido su beneplácito a la designación de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos, especialista en debilidades institucionales graves, de tal manera que, en este caso, el mensaje es justamente el mensajero. Obama, el hombre que está tendiendo puentes en otros países y regiones –con aire tan fresco y diferente que el vicepresidente del bushismo, Dick Cheney, se escandaliza por el saludo entre Chávez y el jefe de la Casa Blanca–, ha enviado a México a un cirujano experto en remodelar lo posible después de pasajes politicos y sociales traumáticos. La única defensa posible frente a los planes específicos de intervención quirúrgica estadunidense sería la movilización social, con libros de historia nacional en la mano, pero aún no se llega al momento en que la conciencia cívica y la expresión masiva se conjunten plenamente. El otro camino inmediato es la resistencia desde espacios institucionales, como los legislativos que se renovarán en julio próximo, y por ello el neoporfirismo sin ilustración que actualmente mal administra al país hace todo lo posible por desalentar la participación electoral, demeritando y ensuciando cuanto le es posible, “haciendo ver” a los votantes que la política es sucia y por tanto es necesario hacerla a un lado, para que los de siempre se sigan ensuciando redituablemente.
Astillas
Carlos Iván Franco está haciendo su tesis doctoral en España sobre “Ceremonia y protocolo”. Al ver las fotografías de actos oficiales de la visita de Barack Obama a México redactó las siguientes consideraciones sobre lo que tituló Ceremonial bananero: “Al no tener un reglamento de ceremonial específico, ya que el que se tiene data de 1935, el gobierno mexicano queda obligado, conforme al artículo 38 de ese texto, a pactar con su contraparte el que se va a seguir durante la visita de un jefe de gobierno, lo cual lo hace dependiente de lo que decida el despacho encargado del ceremonial del visitante. Por ello, los elementos que demuestran el orden y seriedad de una institución quedan al albedrío de los encargados en ese momento. Así es como podemos ver la mala colocación de las banderas en el estrado y, sobre todo, la falta de respeto hacia la presencia de los funcionarios, que sí tienen que estar colocados por la función que desarrollan. Por ejemplo, la colocación de la consorte dentro del escenario, tomando funciones que no están delimitadas por ningún reglamento o ley orgánica. La consorte, si hubiera estado la señora de Obama, tendría por reciprocidad que estar junto a ella, pero al estar solo el mandatario extranjero, la consorte no tiene que ocupar un lugar preponderante en el escenario y mucho menos dejar a un lado a una funcionaria que sí aparece reglamentada dentro de la sección de precedencias del reglamento de ceremonial de 1935. La funcionaria, la cual representa el despacho de Relaciones Exteriores, debe encontrarse en mejor lugar dentro del escenario y no ser desplazada por la consorte. La nota emitida por Los Pinos dice que fue una visita de trabajo, pero le dieron trato de visita oficial o de gobierno, al hacer honores con los himnos, paso de revista a la guardia, presentación de comitivas, conversación privada y cena con representantes de la sociedad mexicana. La visita se encuentra catalogada dentro de la ‘guía de protocolo’ de la SRE como visita de trabajo, la cual se diferencia de una visita de Estado o de gobierno, porque no existen actos protocolarios. Lo anterior, en mi opinión, demuestra el ‘chabacanismo’ de los ocupantes actuales de Los Pinos, al demostrar que no existe una comunicación institucional seria y que tenga coherencia con lo que se dice y se hace”. Carlos Iván subraya que “el ceremonial está íntimamente ligado a la comunicación institucional y no, como lo hacen algunos compañeros periodistas, a un simple acto de ver cómo vas vestido o frivolizando sobre situaciones que no tienen nada que ver con el ceremonial publico”... Y, mientras el gran José Agustín se recupera plenamente de una lamentable caída en Puebla, ¡hasta mañana, con el góber de Hidalgo sudando la gota gorda para hacerse de los terrenos del refine!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La descomposición de lo electoral ha contado con la participación entusiasta del dirigente formal del PAN, Germán Martínez, que en realidad es un canal de desahogo de las verdaderas emociones políticas de su jefe y conductor, Felipe Calderón. A los vaticinios amargos contribuye en particular el andamiaje de presunta institucionalidad electoral que en el IFE Va Zurita ha tenido una terrible depreciación acelerada, más el tribunal electoral federal también parcializado y la fiscalía encargada de atender los presuntos delitos electorales, que también está a cargo de una pieza manipulable del sistema de complicidades. Sólo con poca memoria o poca información se puede tener confianza en esa trinidad amafiada (IFE, TEPJF y Fepade).
En el contexto más amplio que se ha puesto de moda llamar Estado fallido, la administración calderónica ha extendido su beneplácito a la designación de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos, especialista en debilidades institucionales graves, de tal manera que, en este caso, el mensaje es justamente el mensajero. Obama, el hombre que está tendiendo puentes en otros países y regiones –con aire tan fresco y diferente que el vicepresidente del bushismo, Dick Cheney, se escandaliza por el saludo entre Chávez y el jefe de la Casa Blanca–, ha enviado a México a un cirujano experto en remodelar lo posible después de pasajes politicos y sociales traumáticos. La única defensa posible frente a los planes específicos de intervención quirúrgica estadunidense sería la movilización social, con libros de historia nacional en la mano, pero aún no se llega al momento en que la conciencia cívica y la expresión masiva se conjunten plenamente. El otro camino inmediato es la resistencia desde espacios institucionales, como los legislativos que se renovarán en julio próximo, y por ello el neoporfirismo sin ilustración que actualmente mal administra al país hace todo lo posible por desalentar la participación electoral, demeritando y ensuciando cuanto le es posible, “haciendo ver” a los votantes que la política es sucia y por tanto es necesario hacerla a un lado, para que los de siempre se sigan ensuciando redituablemente.
Astillas
Carlos Iván Franco está haciendo su tesis doctoral en España sobre “Ceremonia y protocolo”. Al ver las fotografías de actos oficiales de la visita de Barack Obama a México redactó las siguientes consideraciones sobre lo que tituló Ceremonial bananero: “Al no tener un reglamento de ceremonial específico, ya que el que se tiene data de 1935, el gobierno mexicano queda obligado, conforme al artículo 38 de ese texto, a pactar con su contraparte el que se va a seguir durante la visita de un jefe de gobierno, lo cual lo hace dependiente de lo que decida el despacho encargado del ceremonial del visitante. Por ello, los elementos que demuestran el orden y seriedad de una institución quedan al albedrío de los encargados en ese momento. Así es como podemos ver la mala colocación de las banderas en el estrado y, sobre todo, la falta de respeto hacia la presencia de los funcionarios, que sí tienen que estar colocados por la función que desarrollan. Por ejemplo, la colocación de la consorte dentro del escenario, tomando funciones que no están delimitadas por ningún reglamento o ley orgánica. La consorte, si hubiera estado la señora de Obama, tendría por reciprocidad que estar junto a ella, pero al estar solo el mandatario extranjero, la consorte no tiene que ocupar un lugar preponderante en el escenario y mucho menos dejar a un lado a una funcionaria que sí aparece reglamentada dentro de la sección de precedencias del reglamento de ceremonial de 1935. La funcionaria, la cual representa el despacho de Relaciones Exteriores, debe encontrarse en mejor lugar dentro del escenario y no ser desplazada por la consorte. La nota emitida por Los Pinos dice que fue una visita de trabajo, pero le dieron trato de visita oficial o de gobierno, al hacer honores con los himnos, paso de revista a la guardia, presentación de comitivas, conversación privada y cena con representantes de la sociedad mexicana. La visita se encuentra catalogada dentro de la ‘guía de protocolo’ de la SRE como visita de trabajo, la cual se diferencia de una visita de Estado o de gobierno, porque no existen actos protocolarios. Lo anterior, en mi opinión, demuestra el ‘chabacanismo’ de los ocupantes actuales de Los Pinos, al demostrar que no existe una comunicación institucional seria y que tenga coherencia con lo que se dice y se hace”. Carlos Iván subraya que “el ceremonial está íntimamente ligado a la comunicación institucional y no, como lo hacen algunos compañeros periodistas, a un simple acto de ver cómo vas vestido o frivolizando sobre situaciones que no tienen nada que ver con el ceremonial publico”... Y, mientras el gran José Agustín se recupera plenamente de una lamentable caída en Puebla, ¡hasta mañana, con el góber de Hidalgo sudando la gota gorda para hacerse de los terrenos del refine!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
os temas –aparentemente no conectados entre sí– convergen en el grave accidente del Tren Suburbano: las fallas de su funcionamiento y la negativa de los diputados de oposición a aprobar las cuenteras cuentas de Fox. El contrato originalmente fue otorgado al grupo francés Alstom, asociado a dos firmas mexicanas, ICA y Hermes, tras de que había sido descalificada la propuesta del consorcio español CAF. Sin embargo, éste se inconformó y la Secretaría de Comunicaciones, entonces a cargo de Pedro Cerisola –se ha vuelto ojo de hormiga desde hace tiempo–, decidió licitar el contrato por segunda ocasión. Hubo una llamada del rey de España al próspero ex presidente y por arte de magia se eliminó al grupo francés y se asignó a los españoles. ¿Se corrigieron las fallas que la Secretaría de Comunicaciones había detectado cuando descalificó a CAF? El tema se conecta con el de la negativa de los diputados a aprobar las cuentas que rinde Fox, porque tienen más agujeros que el queso gruyere. Sería conveniente que los diputados revisaran el contrato del Tren Suburbano, cuya duración es de 30 años, porque los pasajeros no pueden vivir en la angustia de que continúen los accidentes. Sabemos de antemano que Fox y su adinerada familia no serán llevados a los tribunales y que los días siguientes sólo veremos un espectáculo entre bochornoso y divertido en la cámara, porque Calderón está en deuda con él. Sin embargo, por salud pública debe ser desnudada –al menos– la rampante corrupción del panismo, ahora que se acercan nuevas elecciones.
Fobaproa II
En el primer trimestre de este año, 20 mil 251 empresas de Estados Unidos se acogieron a la protección de la ley de quiebras, un incremento de 52 por ciento frente a los 13 mil 291 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Este dato da una idea de qué tan lejana está la luz del túnel, aun cuando comienzan a aparecer signos alentadores. Por otro lado, el New Frontier Bank fue clausurado la semana anterior. Es la peor quiebra bancaria en lo que va de 2009. ¿Y qué sucede en México? Lo mismo de siempre: las pequeñas y medianas empresas han sido abandonadas a su suerte. Sin embargo, a partir de esta semana el Banco de México y Hacienda echarán a andar el Fobaproa II: usarán los préstamos de la Reserva Federal y el FMI para poner a flote a las grandes empresas.
Transfusión de capital
Cuando el Fobaproa I, Carlos Slim no quiso entrarle al esquema, olía mal. En esta nueva crisis una de sus empresas, América Movil, ha preferido concertar un financiamiento por mil millones de dólares con el China Development Bank. Asimismo, espera levantar otros 1,200 millones de inversionistas chilenos
Carlos Fernández-Vega: México SA
Fobaproa II
En el primer trimestre de este año, 20 mil 251 empresas de Estados Unidos se acogieron a la protección de la ley de quiebras, un incremento de 52 por ciento frente a los 13 mil 291 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Este dato da una idea de qué tan lejana está la luz del túnel, aun cuando comienzan a aparecer signos alentadores. Por otro lado, el New Frontier Bank fue clausurado la semana anterior. Es la peor quiebra bancaria en lo que va de 2009. ¿Y qué sucede en México? Lo mismo de siempre: las pequeñas y medianas empresas han sido abandonadas a su suerte. Sin embargo, a partir de esta semana el Banco de México y Hacienda echarán a andar el Fobaproa II: usarán los préstamos de la Reserva Federal y el FMI para poner a flote a las grandes empresas.
Transfusión de capital
Cuando el Fobaproa I, Carlos Slim no quiso entrarle al esquema, olía mal. En esta nueva crisis una de sus empresas, América Movil, ha preferido concertar un financiamiento por mil millones de dólares con el China Development Bank. Asimismo, espera levantar otros 1,200 millones de inversionistas chilenos
Carlos Fernández-Vega: México SA
on más prisa que inteligencia, el Senado de la República está a punto de aprobar la reforma de la banca de desarrollo” recientemente enviada por el inquilino de Los Pinos, la cual comienza (y concluye, todo indica) con la fusión de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos instituciones del Estado creadas para fines distintos en 1934 y 1937, respectivamente.
¡Sorpresa! Los mismos partidos políticos y sus representaciones en el Legislativo que hoy apuran la citada fusión, cinco años atrás se pronunciaron exactamente en sentido contrario, cuando la anterior intentona se dio en el sexenio foxista (el de las ideas muy cortas y la lengua extremadamente larga le llamó “proceso de reinvención total” de la banca de desarrollo en México, aunque el objetivo fue exactamente el mismo que hoy pretende la “reforma” calderonista).
A mediados de 2004 los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la salvedad panista, rechazaron tajantemente la propuesta foxista (operada por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, hoy empleado de trasnacional telefónica) por considerarla “una solución inadecuada que lesiona aún más la capacidad del Estado mexicano y del sistema financiero para apoyar el desarrollo sostenido y equitativo de México... El Congreso estima que preservar estos dos bancos es un imperativo nacional, dado que la banca extranjera no apoya a la planta productiva. Liquidarlos o fusionarlos es privar al país de instrumentos eficaces de política”.
Pues bien, en el “olvido” quedó tal rechazo y advertencia, y ayer la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó aprobar la referida “reforma”, con lo que la fusión de Nafin y Bancomext parece un hecho consumado, de tal suerte que esos mismos partidos políticos que en 2004 tajantemente la impugnaron hoy están muy cerca de “privar al país de instrumentos eficaces de política”, como ellos mismos subrayaron a quien fuera director de Nacional Financiera durante el sexenio foxista, Mario Laborín (quien permaneció en el puesto hasta el 31 de diciembre de 2008), un distinguido delfín del otrora Grupo Monterrey y ex directivo de Bancomer, el mismo personaje que pasó la estafeta a otro ex directivo de Bancomer (también ex presidente de los banqueros en México y del Consejo Coordinador Empresarial), Héctor Rangel Domene, ahora encargado de “cuidar los intereses” de la banca del Estado. Todo un poema para el harakiri que muy cerca está de cometerse.
De cualquier forma el gobierno foxista (como el actual) se empeñó en desaparecer por la vía de los hechos a Bancomext, retirándole todo tipo de asignación presupuestal y trasladándole la responsabilidad de voluminosos empréstitos a empresas privadas autorizados por Los Pinos, más por razones políticas que financieras. Así, de 1994 a 2005 el crédito de esta institución se desplomó 60 por ciento y la cartera vigente 63 por ciento, mientras se desmoronaban las utilidades hasta acumular 146 millones de dólares en pérdidas. Como siempre, a los trabajadores de la institución se les pasó la factura: la plantilla de personal se redujo 42 por ciento. Con Fox se aplicaron cuatro recortes. Además, se cerraron consejerías en el exterior, módulos comerciales y centros de operación en diversos estados de la República, debilitándose el capital humano y la infraestructura de apoyo integral a la cadena producción-exportación.
Como bien ha denunciado el sindicato del citado banco, “el gobierno federal obligó a seguir ese camino, pero nunca se preocupó por resolver el quid del asunto: la ausencia de una política industrial y de competitividad sistémica, combinada con la creencia de que, por razones de costos, era conveniente fusionar o desaparecer al Bancomext. Esta creencia derivó en acciones y omisiones que redujeron sensiblemente la histórica contribución de la banca pública al desarrollo económico”.
Así, el impulso de la actividad exportadora se vio mermado por un gobierno que presumía lo “fuertes que somos” en este renglón. De 1994 a 2005 el financiamiento de la banca comercial al sector privado, como porcentaje del PIB, se desplomó de 43 a 8 por ciento, pero sus utilidades netas –especialmente a partir de 2000– crecieron como la espuma. Por si fuera poco, ya con Calderón, el gobierno asignó recursos presupuestales a otras entidades del sector público para programas y acciones de promoción del comercio exterior, como en el caso de la Sagarpa y la Secretaría de Economía (2 mil 400 y mil millones de pesos, respectivamente, en “apoyos” y “gastos” relacionados con la promoción del comercio exterior), mientras a la institución que por ley está encargada de tales funciones se le retiró todo recurso fiscal para ese fin.
Desde tiempos de Salinas y Zedillo, sin olvidar a la dupla Fox-Calderón, el Bancomext carga con onerosos “rescates” (WTC, Gutsa y Juan Diego Gutiérrez Cortina, familia incluida, así como inversiones privadas de mexicanos en telefonía cubana y carreteras chilenas, por ejemplo) por capricho del inquilino de Los Pinos en turno. A pesar de ello, de muchos de estos “rescates” el citado banco logró salir airoso con recursos propios. Eso pasó ayer, y pasa hoy.
Financieramente asfixiado por los alegres compromisos del inquilino de Los Pinos en turno, Bancomext es calificado de “ineficiente”, cuando las demás instituciones financieras del Estado son pertrechadas con recursos presupuestales. Por instrucciones presidenciales, en todas las crisis este banco del Estado debió “rescatar” a los empresarios cercanos al poder. Y sigue en ello.
De la crisis actual, va un rápido balance de algunos senadores del PT y PRD: “el gobierno federal, a través de Nafin y Bancomext, instrumentó un (nuevo) Fobaproa Empresarial… El total de este programa de ‘garantías bursátiles’ contempló 50 mil millones de pesos, y hasta el momento lo único que se sabe es que son 10 las grandes empresas que acudieron al esquema, entre ellas Coppel con mil 491 millones de pesos de Bancomext; Cemex, mil 420 millones de Nafin; y Soriana, mil 50 millones de Bancomext… (también) se conoce que se ha apoyado a ocho empresas por 14 mil millones: Vitro, mil millones de Bancomext, además de Comercial Mexicana, 3 mil millones de Nafin”, ambas instituciones públicas a cargo de un ex presidente de los banqueros privados y del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, ésa es la “reinvención total” de Fox o, si se prefiere, la “reforma” de Calderón.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Marco Buenrostro y Cristina Barros: Itacate
Seguridad: definiciones equívocas
Más de 350 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) iniciaron ayer, en la base naval de Mayport, Florida, maniobras conjuntas con efectivos estadunidenses, en el marco del ejercicio naval internacional Unitas Gold-09, en el que también participan destacamentos castrenses de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. De tal forma, durante los próximos 15 días, los integrantes de la Semar llevarán a cabo, entre otras actividades, pruebas de fuego real, ejercicios de guerra submarina, electrónica y de características especiales, acciones de defensa aérea, y simulacros de incendios y de rescate de embarcaciones.
La participación de marinos mexicanos en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos es preocupante e indebida por varias razones. Por principio de cuentas, establece similitudes y destaca relaciones inexistentes entre los problemas de seguridad pública que actualmente padece nuestro país y lo que las autoridades de la nación vecina perciben como amenazas a su seguridad nacional.
Las doctrinas militares de ambas naciones obedecen a circunstancias, objetivos y principios distintos y hasta contrapuestos. La naturaleza tradicional y predominantemente agresiva e imperialista del aparato militar estadunidense –características que han llevado a ese país a convertirse en violador sistemático de las soberanías nacionales y a crear engendros como las “guerras preventivas”–es incompatible con el espíritu de defensa de la integridad tradicional y de la soberanía en que se fundamenta la acción de las fuerzas armadas de nuestro país, así como con los principios de resolución pacífica de los principios, no intervención y autodeterminación de los pueblos que han caracterizado a la política exterior mexicana. Adicionalmente, la incorporación de la marina mexicana al Unitas Gold-09 encierra un contrasentido histórico, habida cuenta de que la principal amenaza para el país a lo largo de su vida independiente han sido, precisamente, los afanes expansionistas e intervencionistas de Washington.
Durante los últimos años Estados Unidos ha tenido al terrorismo como tema casi único en materia de seguridad y, en esa lógica, ha pretendido imponer al resto de los países un discurso y una agenda de combate común a ese flagelo. A pesar de los manifiestos cambios que han tenido lugar en la política exterior de ese país tras el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, es claro que, así sea de manera inercial, Washington sigue persiguiendo una recomposición de su hegemonía mundial, y ello se expresa en este tipo de maniobras, las cuales no son un mero instrumento de transmisión de conocimientos y experiencia militares, sino también expresión de una ideología imperial por completo ajena a la esencia de nuestro país y a los principios que han orientado, por décadas, al Estado mexicano ante el concierto internacional. El envío de efectivos nacionales a esos juegos de guerra reviste una inocultable carga simbólica que podría desembocar en una indeseable inserción de México en una lógica y un conflicto a los que ha sido tradicionalmente ajeno.
Otro aspecto criticable de la integración de México a las maniobras navales que se comentan es que con ello se evidencia, una vez más, la propensión del actual gobierno por hacer frente a los problemas de seguridad pública –el narcotráfico en particular– con operaciones militares antes que con acciones de inteligencia policial y de combate a la corrupción. De manera significativa, mientras en naciones como la nuestra se producen cruentas “guerras contra el narcotráfico” avaladas e impulsadas desde Estados Unidos, las autoridades de Washington nunca han recurrido al despliegue de efectivos militares en su territorio como medida para combatir el trasiego de estupefacientes.
Ante estas consideraciones, queda en entredicho la utilidad y la pertinencia de la participación de México en las labores navales conjuntas que a partir de ayer se realizan en las costas estadunidenses.
Opinión
Marco Rascón: Urnas para la ciudadanía
¡Sorpresa! Los mismos partidos políticos y sus representaciones en el Legislativo que hoy apuran la citada fusión, cinco años atrás se pronunciaron exactamente en sentido contrario, cuando la anterior intentona se dio en el sexenio foxista (el de las ideas muy cortas y la lengua extremadamente larga le llamó “proceso de reinvención total” de la banca de desarrollo en México, aunque el objetivo fue exactamente el mismo que hoy pretende la “reforma” calderonista).
A mediados de 2004 los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la salvedad panista, rechazaron tajantemente la propuesta foxista (operada por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, hoy empleado de trasnacional telefónica) por considerarla “una solución inadecuada que lesiona aún más la capacidad del Estado mexicano y del sistema financiero para apoyar el desarrollo sostenido y equitativo de México... El Congreso estima que preservar estos dos bancos es un imperativo nacional, dado que la banca extranjera no apoya a la planta productiva. Liquidarlos o fusionarlos es privar al país de instrumentos eficaces de política”.
Pues bien, en el “olvido” quedó tal rechazo y advertencia, y ayer la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó aprobar la referida “reforma”, con lo que la fusión de Nafin y Bancomext parece un hecho consumado, de tal suerte que esos mismos partidos políticos que en 2004 tajantemente la impugnaron hoy están muy cerca de “privar al país de instrumentos eficaces de política”, como ellos mismos subrayaron a quien fuera director de Nacional Financiera durante el sexenio foxista, Mario Laborín (quien permaneció en el puesto hasta el 31 de diciembre de 2008), un distinguido delfín del otrora Grupo Monterrey y ex directivo de Bancomer, el mismo personaje que pasó la estafeta a otro ex directivo de Bancomer (también ex presidente de los banqueros en México y del Consejo Coordinador Empresarial), Héctor Rangel Domene, ahora encargado de “cuidar los intereses” de la banca del Estado. Todo un poema para el harakiri que muy cerca está de cometerse.
De cualquier forma el gobierno foxista (como el actual) se empeñó en desaparecer por la vía de los hechos a Bancomext, retirándole todo tipo de asignación presupuestal y trasladándole la responsabilidad de voluminosos empréstitos a empresas privadas autorizados por Los Pinos, más por razones políticas que financieras. Así, de 1994 a 2005 el crédito de esta institución se desplomó 60 por ciento y la cartera vigente 63 por ciento, mientras se desmoronaban las utilidades hasta acumular 146 millones de dólares en pérdidas. Como siempre, a los trabajadores de la institución se les pasó la factura: la plantilla de personal se redujo 42 por ciento. Con Fox se aplicaron cuatro recortes. Además, se cerraron consejerías en el exterior, módulos comerciales y centros de operación en diversos estados de la República, debilitándose el capital humano y la infraestructura de apoyo integral a la cadena producción-exportación.
Como bien ha denunciado el sindicato del citado banco, “el gobierno federal obligó a seguir ese camino, pero nunca se preocupó por resolver el quid del asunto: la ausencia de una política industrial y de competitividad sistémica, combinada con la creencia de que, por razones de costos, era conveniente fusionar o desaparecer al Bancomext. Esta creencia derivó en acciones y omisiones que redujeron sensiblemente la histórica contribución de la banca pública al desarrollo económico”.
Así, el impulso de la actividad exportadora se vio mermado por un gobierno que presumía lo “fuertes que somos” en este renglón. De 1994 a 2005 el financiamiento de la banca comercial al sector privado, como porcentaje del PIB, se desplomó de 43 a 8 por ciento, pero sus utilidades netas –especialmente a partir de 2000– crecieron como la espuma. Por si fuera poco, ya con Calderón, el gobierno asignó recursos presupuestales a otras entidades del sector público para programas y acciones de promoción del comercio exterior, como en el caso de la Sagarpa y la Secretaría de Economía (2 mil 400 y mil millones de pesos, respectivamente, en “apoyos” y “gastos” relacionados con la promoción del comercio exterior), mientras a la institución que por ley está encargada de tales funciones se le retiró todo recurso fiscal para ese fin.
Desde tiempos de Salinas y Zedillo, sin olvidar a la dupla Fox-Calderón, el Bancomext carga con onerosos “rescates” (WTC, Gutsa y Juan Diego Gutiérrez Cortina, familia incluida, así como inversiones privadas de mexicanos en telefonía cubana y carreteras chilenas, por ejemplo) por capricho del inquilino de Los Pinos en turno. A pesar de ello, de muchos de estos “rescates” el citado banco logró salir airoso con recursos propios. Eso pasó ayer, y pasa hoy.
Financieramente asfixiado por los alegres compromisos del inquilino de Los Pinos en turno, Bancomext es calificado de “ineficiente”, cuando las demás instituciones financieras del Estado son pertrechadas con recursos presupuestales. Por instrucciones presidenciales, en todas las crisis este banco del Estado debió “rescatar” a los empresarios cercanos al poder. Y sigue en ello.
De la crisis actual, va un rápido balance de algunos senadores del PT y PRD: “el gobierno federal, a través de Nafin y Bancomext, instrumentó un (nuevo) Fobaproa Empresarial… El total de este programa de ‘garantías bursátiles’ contempló 50 mil millones de pesos, y hasta el momento lo único que se sabe es que son 10 las grandes empresas que acudieron al esquema, entre ellas Coppel con mil 491 millones de pesos de Bancomext; Cemex, mil 420 millones de Nafin; y Soriana, mil 50 millones de Bancomext… (también) se conoce que se ha apoyado a ocho empresas por 14 mil millones: Vitro, mil millones de Bancomext, además de Comercial Mexicana, 3 mil millones de Nafin”, ambas instituciones públicas a cargo de un ex presidente de los banqueros privados y del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, ésa es la “reinvención total” de Fox o, si se prefiere, la “reforma” de Calderón.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Marco Buenrostro y Cristina Barros: Itacate
Seguridad: definiciones equívocas
Más de 350 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) iniciaron ayer, en la base naval de Mayport, Florida, maniobras conjuntas con efectivos estadunidenses, en el marco del ejercicio naval internacional Unitas Gold-09, en el que también participan destacamentos castrenses de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. De tal forma, durante los próximos 15 días, los integrantes de la Semar llevarán a cabo, entre otras actividades, pruebas de fuego real, ejercicios de guerra submarina, electrónica y de características especiales, acciones de defensa aérea, y simulacros de incendios y de rescate de embarcaciones.
La participación de marinos mexicanos en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos es preocupante e indebida por varias razones. Por principio de cuentas, establece similitudes y destaca relaciones inexistentes entre los problemas de seguridad pública que actualmente padece nuestro país y lo que las autoridades de la nación vecina perciben como amenazas a su seguridad nacional.
Las doctrinas militares de ambas naciones obedecen a circunstancias, objetivos y principios distintos y hasta contrapuestos. La naturaleza tradicional y predominantemente agresiva e imperialista del aparato militar estadunidense –características que han llevado a ese país a convertirse en violador sistemático de las soberanías nacionales y a crear engendros como las “guerras preventivas”–es incompatible con el espíritu de defensa de la integridad tradicional y de la soberanía en que se fundamenta la acción de las fuerzas armadas de nuestro país, así como con los principios de resolución pacífica de los principios, no intervención y autodeterminación de los pueblos que han caracterizado a la política exterior mexicana. Adicionalmente, la incorporación de la marina mexicana al Unitas Gold-09 encierra un contrasentido histórico, habida cuenta de que la principal amenaza para el país a lo largo de su vida independiente han sido, precisamente, los afanes expansionistas e intervencionistas de Washington.
Durante los últimos años Estados Unidos ha tenido al terrorismo como tema casi único en materia de seguridad y, en esa lógica, ha pretendido imponer al resto de los países un discurso y una agenda de combate común a ese flagelo. A pesar de los manifiestos cambios que han tenido lugar en la política exterior de ese país tras el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, es claro que, así sea de manera inercial, Washington sigue persiguiendo una recomposición de su hegemonía mundial, y ello se expresa en este tipo de maniobras, las cuales no son un mero instrumento de transmisión de conocimientos y experiencia militares, sino también expresión de una ideología imperial por completo ajena a la esencia de nuestro país y a los principios que han orientado, por décadas, al Estado mexicano ante el concierto internacional. El envío de efectivos nacionales a esos juegos de guerra reviste una inocultable carga simbólica que podría desembocar en una indeseable inserción de México en una lógica y un conflicto a los que ha sido tradicionalmente ajeno.
Otro aspecto criticable de la integración de México a las maniobras navales que se comentan es que con ello se evidencia, una vez más, la propensión del actual gobierno por hacer frente a los problemas de seguridad pública –el narcotráfico en particular– con operaciones militares antes que con acciones de inteligencia policial y de combate a la corrupción. De manera significativa, mientras en naciones como la nuestra se producen cruentas “guerras contra el narcotráfico” avaladas e impulsadas desde Estados Unidos, las autoridades de Washington nunca han recurrido al despliegue de efectivos militares en su territorio como medida para combatir el trasiego de estupefacientes.
Ante estas consideraciones, queda en entredicho la utilidad y la pertinencia de la participación de México en las labores navales conjuntas que a partir de ayer se realizan en las costas estadunidenses.
Opinión
Marco Rascón: Urnas para la ciudadanía
No hay que abstenerse, no hay que confundirse: el problema está en la clase política y sus estructuras institucionales, no en la política. El problema son los políticos; la solución es la política.
Ciudadanizar los procesos electorales no es despojarse de ideología ni correrse “al centro”. Ciudadanizar los instrumentos del poder, en particular los procesos electorales, es una necesidad, un principio democrático y un proceso.
Se puede avanzar mediante rupturas y coyunturas concretas, pero también con reformas graduales. El objetivo es solucionar el secuestro de los procesos electorales que perpetraron los partidos, abriendo los accesos para ejercer el poder, legislar, comunicar, recaudar, distribuir, desde la perspectiva directa de la ciudadanía y no sólo desde el filtro de los partidos y sus profesionales.
Con las reformas electorales anteriores se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y sus estructuras estatales, bajo el principio de la autonomía, la presencia ciudadana y de los partidos políticos; hubo alternancia del poder entre partidos; cambios en la estructura de los órganos legislativos y la forma de designar consejeros y magistrados en el nuevo poder electoral y judicial. Hubo, con ello, nuevos órganos de fiscalización de la función pública para crear nuevos equilibrios y de esta manera se asignaron recursos, presupuestos y prerrogativas; sin embargo, pese a cientos de cambios, poco cambió. Nuevas formas de perversión del poder, nuevos atavismos y un nuevo conservadurismo nacieron al paralelo del México reformado. Todos los partidos políticos se cerraron y hoy se colapsan jurídicamente ante el cúmulo de violaciones sistemáticas, la disputa por el control de los órganos electorales y de vigilancia para informar y equilibrar. La lucha por las prerrogativas es la lucha por los porcentajes en las urnas, sin que importe la magnitud de la abstención ciudadana. La transfusión de recursos de los presupuestos electorales a los medios de comunicación para promocionar el voto partidario es inmensa y poco ayuda a politizar a la ciudadanía. La comunicación electoral se ha convertido en lugar común de frases y personajes que tratan de darse a conocer, sin tener obra social ninguna.
El IFE se ha transformado en los últimos tiempos por la presión de los partidos, no de la ciudadanía. Las formas de elección de sus consejeros se pervirtieron y los partidos las han querido hacer un reparto. El cúmulo de multas es millonario y a los ojos de la ciudadanía se aplican y condenan con alto nivel de discrecionalidad que no se da en otros ámbitos administrativos, menos fiscales.
La relación entre prerrogativas a partidos y recaudación fiscal no existe, pero destruye la credibilidad en los órganos electorales y las campañas para renovar poderes. Los ciudadanos causantes son atados y vigilados; los partidos, constantemente liberados. Esto ha permitido que crezca el esquema conservador de que hay que abstenerse, alejarse de la política y que los partidos no son necesarios. Las ideas autoritarias y dictatoriales crecen, mientras los principios democráticos naufragan.
Todos los partidos políticos registrados han mostrado desde lo interno una cultura autoritaria. El clientelismo político se ha hecho una costumbre para mantener posiciones internas que permitan acceder al campo de lo externo. Los pequeños grupos hacen alianzas para representarse y hasta los liderazgos partidarios se derrumban frente a la voracidad por los puestos. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de acceder por estos medios a la representación legislativa, menos al gobierno. En todo caso, podrán ser invitados como funcionarios, pero en condición de subclase; no tienen acceso al poder de manera directa. Son los partidos y su actuación los que alejan a la ciudadanía de las urnas, pues al final el resultado electoral en poco cambia las formas de gobierno y las políticas públicas, ante la pérdida de la imaginación de esa clase política partidaria, cada vez con menos compromisos y menos relación con la sociedad.
Para estas elecciones de 2009 es posible expresar el hartazgo ciudadano, organizando un proceso electoral paralelo que cuestione el sistema de partidos actual, que no sólo convoque a votar por candidatos, sino también por temas que cambien las prácticas políticas y vuelvan a conectar la política con la ciudadanía. Urnas para los ciudadanos, con boletas y cómputo propios que recuerden el plebiscito ciudadano de 1993 en la lucha por elegir gobierno propio en el Distrito Federal. Urnas para abrir el acceso a candidaturas independientes para el acceso ciudadano y llenar de propuestas directas, verdaderas, las campañas y los representantes.
La incapacidad de los partidos políticos actuales para representar, conducir, transformar y abrir a la ciudadanía no vendrá de los mismos partidos que se benefician con las estructuras actuales, sino de la ciudadanía, que debe presionar con sus urnas el mismo día de las elecciones.
http://www.marcorascon.org
Luis Hernández Navarro: La modernidad devastadora
Ciudadanizar los procesos electorales no es despojarse de ideología ni correrse “al centro”. Ciudadanizar los instrumentos del poder, en particular los procesos electorales, es una necesidad, un principio democrático y un proceso.
Se puede avanzar mediante rupturas y coyunturas concretas, pero también con reformas graduales. El objetivo es solucionar el secuestro de los procesos electorales que perpetraron los partidos, abriendo los accesos para ejercer el poder, legislar, comunicar, recaudar, distribuir, desde la perspectiva directa de la ciudadanía y no sólo desde el filtro de los partidos y sus profesionales.
Con las reformas electorales anteriores se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y sus estructuras estatales, bajo el principio de la autonomía, la presencia ciudadana y de los partidos políticos; hubo alternancia del poder entre partidos; cambios en la estructura de los órganos legislativos y la forma de designar consejeros y magistrados en el nuevo poder electoral y judicial. Hubo, con ello, nuevos órganos de fiscalización de la función pública para crear nuevos equilibrios y de esta manera se asignaron recursos, presupuestos y prerrogativas; sin embargo, pese a cientos de cambios, poco cambió. Nuevas formas de perversión del poder, nuevos atavismos y un nuevo conservadurismo nacieron al paralelo del México reformado. Todos los partidos políticos se cerraron y hoy se colapsan jurídicamente ante el cúmulo de violaciones sistemáticas, la disputa por el control de los órganos electorales y de vigilancia para informar y equilibrar. La lucha por las prerrogativas es la lucha por los porcentajes en las urnas, sin que importe la magnitud de la abstención ciudadana. La transfusión de recursos de los presupuestos electorales a los medios de comunicación para promocionar el voto partidario es inmensa y poco ayuda a politizar a la ciudadanía. La comunicación electoral se ha convertido en lugar común de frases y personajes que tratan de darse a conocer, sin tener obra social ninguna.
El IFE se ha transformado en los últimos tiempos por la presión de los partidos, no de la ciudadanía. Las formas de elección de sus consejeros se pervirtieron y los partidos las han querido hacer un reparto. El cúmulo de multas es millonario y a los ojos de la ciudadanía se aplican y condenan con alto nivel de discrecionalidad que no se da en otros ámbitos administrativos, menos fiscales.
La relación entre prerrogativas a partidos y recaudación fiscal no existe, pero destruye la credibilidad en los órganos electorales y las campañas para renovar poderes. Los ciudadanos causantes son atados y vigilados; los partidos, constantemente liberados. Esto ha permitido que crezca el esquema conservador de que hay que abstenerse, alejarse de la política y que los partidos no son necesarios. Las ideas autoritarias y dictatoriales crecen, mientras los principios democráticos naufragan.
Todos los partidos políticos registrados han mostrado desde lo interno una cultura autoritaria. El clientelismo político se ha hecho una costumbre para mantener posiciones internas que permitan acceder al campo de lo externo. Los pequeños grupos hacen alianzas para representarse y hasta los liderazgos partidarios se derrumban frente a la voracidad por los puestos. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de acceder por estos medios a la representación legislativa, menos al gobierno. En todo caso, podrán ser invitados como funcionarios, pero en condición de subclase; no tienen acceso al poder de manera directa. Son los partidos y su actuación los que alejan a la ciudadanía de las urnas, pues al final el resultado electoral en poco cambia las formas de gobierno y las políticas públicas, ante la pérdida de la imaginación de esa clase política partidaria, cada vez con menos compromisos y menos relación con la sociedad.
Para estas elecciones de 2009 es posible expresar el hartazgo ciudadano, organizando un proceso electoral paralelo que cuestione el sistema de partidos actual, que no sólo convoque a votar por candidatos, sino también por temas que cambien las prácticas políticas y vuelvan a conectar la política con la ciudadanía. Urnas para los ciudadanos, con boletas y cómputo propios que recuerden el plebiscito ciudadano de 1993 en la lucha por elegir gobierno propio en el Distrito Federal. Urnas para abrir el acceso a candidaturas independientes para el acceso ciudadano y llenar de propuestas directas, verdaderas, las campañas y los representantes.
La incapacidad de los partidos políticos actuales para representar, conducir, transformar y abrir a la ciudadanía no vendrá de los mismos partidos que se benefician con las estructuras actuales, sino de la ciudadanía, que debe presionar con sus urnas el mismo día de las elecciones.
http://www.marcorascon.org
Luis Hernández Navarro: La modernidad devastadora
a modernización neoliberal en México ha tenido efectos devastadores para la mayoría de la población, el medio ambiente y los recursos naturales. Dos caras de la misma moneda: esa modernidad ha levantado unos cuantos enclaves urbanos de lujo y prosperidad que concentran infraestructura y seguridad pública, rodeados por enormes territorios donde los servicios públicos son escasos o inexistentes. El Estado cuenta cada vez con menos herramientas para regular los excesos del mercado y cumplir sus funciones redistributivas y asistenciales básicas.
Por todo el país se extienden la informalidad laboral y el empleo precario. La emigración y el narcotráfico se han convertido en una de las pocas opciones de sobrevivencia y movilidad social para millones de familias. Cada año emigran a Estados Unidos cerca de medio millón de seres humanos que en conjunto envían a sus parientes alrededor de 22 mil millones de dólares. Unas 500 mil personas se dedican a actividades relacionadas con la producción, venta y tráfico de drogas. Al menos 150 mil de ellas están armadas. Esa actividad deja a la economía nacional alrededor de 25 mil millones de dólares.
El desastre ambiental ha adquirido proporciones mayúsculas. Maquiladoras, desarrollos turísticos, nuevos centros poblacionales y de explotación petrolera degradan la ecología a niveles cada vez más dramáticos. Los mantos freáticos están agotados y contaminados por la urbanización salvaje y la agricultura comercial destinada a la exportación. La calidad del agua de la mayoría de los ríos es deplorable. Simultáneamente florecen campos de golf, unidades habitacionales de lujo, grandes malls, clubes deportivos y parques acuáticos.
Rodeando a las grandes ciudades, crecen como hongos todo tipo de basureros. El apetito de las grandes empresas mineras avanza con voracidad inaudita, prácticamente sin cortapisas, sobre recursos naturales ubicados en áreas naturales protegidas.
La glotonería insaciable de los capitales ha crecido a expensas de los servidores públicos, a quienes se les ha privatizado su sistema de pensiones y jubilación y se les han recortado sus conquistas laborales. El fantasma de la privatización educativa avanza sobre la educación pública, arguyendo la necesidad de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. La industria turística presiona para desamortizar el patrimonio histórico y cultural y levantar nuevas Disneylandias en zonas arqueológicas.
Esta devastación enfrenta día a día una fuerte resistencia de quienes se han convertido en nuevos damnificados. Pueblos, comunidades, ciudadanos, científicos y organizaciones populares se oponen a una modernización que expropia sus bienes, deroga sus conquistas, viola sus derechos humanos, los excluye y daña.
Por todo el país han surgido multitud de luchas contra los basureros tóxicos, la construcción de nuevas presas, la contaminación de los ríos, la explotación minera, los desarrollos inmobiliarios, el desvío de agua hacia centros urbanos, la construcción de carreteras y campos de golf, así como a la destrucción de manglares. Miles de maestros se han movilizado en contra de la nueva Ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad de la Educación. Ciudadanos, pobladores, trabajadores y académicos han presionado para echar atrás los proyectos que buscan hacer del patrimonio histórico y cultural el soporte de espectáculos estilo Las Vegas.
Muchas de estas protestas permanecen en el plano local. Sus protagonistas han retomado y reinventado los lazos de cooperación y solidaridad que la modernización salvaje ha tratado de sustituir a favor de la competencia y el individualismo.
Algunas expresiones de descontento se han dado a sí mismas plataformas organizativas regionales y, en algunos casos, nacionales. Es el caso de la Asamblea de Afectados Ambientales, de quienes rechazan la construcción de nuevas presas o de los que se oponen a la minería salvaje. Es también la ruta que siguen los maestros del sistema público que buscan descarrilar el proyecto de privatización educativa en marcha.
Parte significativa de estos núcleos de descontento popular se identifican en la otra campaña. Algunos otros son parte de la cruzada que encabeza Andrés Manuel López Obrador, o han tratado de acercarse a ella para hacerse visibles y potenciar su capacidad de negociación. Muchos más se “rascan con sus propias uñas”.
Aunque reiteradamente los gobiernos estatales los han acusado de ser instrumento al servicio de partidos políticos de oposición, éstos casi no participan en la mayoría de estos movimientos. En sus filas hay, sí, antiguos militantes de esos organismos que se han alejado de la política institucional, profundamente decepcionados. “Na’ más se acercan al nopal cuando hay tunas”, dicen con amargura quienes pelean abajo.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en estas luchas. Con frecuencia son la columna vertebral de las organizaciones. Es común encontrar antiguos líderes sociales de larga trayectoria en distintos tipos de movilizaciones.
Los canales de interlocución que estos movimientos tienen para resolver sus demandas son, generalmente, escasos o inexistentes. No tienen con quién tratar en las distintas instancias gubernamentales. Con frecuencia, las administraciones públicas de todos los signos políticos les han respondido con la represión.
La resistencia a la modernización salvaje ha provocado el surgimiento de un nuevo tejido asociativo, en muchos casos distante de las antiguas organizaciones sociales y del intento de hacer de los partidos políticos los canales para gestionar sus demandas desde la esfera parlamentaria.
Este nuevo tejido asociativo es expresión de la crisis del modelo de mando-obediencia que se vive en todo el país. Es un actor sociopolítico emergente que, en el contexto de la actual crisis, irrumpirá en la vida política nacional con vigor y protagonismo inusitado.
Néstor Martínez Cristo: Fox, el cuento de las cuentas
Por todo el país se extienden la informalidad laboral y el empleo precario. La emigración y el narcotráfico se han convertido en una de las pocas opciones de sobrevivencia y movilidad social para millones de familias. Cada año emigran a Estados Unidos cerca de medio millón de seres humanos que en conjunto envían a sus parientes alrededor de 22 mil millones de dólares. Unas 500 mil personas se dedican a actividades relacionadas con la producción, venta y tráfico de drogas. Al menos 150 mil de ellas están armadas. Esa actividad deja a la economía nacional alrededor de 25 mil millones de dólares.
El desastre ambiental ha adquirido proporciones mayúsculas. Maquiladoras, desarrollos turísticos, nuevos centros poblacionales y de explotación petrolera degradan la ecología a niveles cada vez más dramáticos. Los mantos freáticos están agotados y contaminados por la urbanización salvaje y la agricultura comercial destinada a la exportación. La calidad del agua de la mayoría de los ríos es deplorable. Simultáneamente florecen campos de golf, unidades habitacionales de lujo, grandes malls, clubes deportivos y parques acuáticos.
Rodeando a las grandes ciudades, crecen como hongos todo tipo de basureros. El apetito de las grandes empresas mineras avanza con voracidad inaudita, prácticamente sin cortapisas, sobre recursos naturales ubicados en áreas naturales protegidas.
La glotonería insaciable de los capitales ha crecido a expensas de los servidores públicos, a quienes se les ha privatizado su sistema de pensiones y jubilación y se les han recortado sus conquistas laborales. El fantasma de la privatización educativa avanza sobre la educación pública, arguyendo la necesidad de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. La industria turística presiona para desamortizar el patrimonio histórico y cultural y levantar nuevas Disneylandias en zonas arqueológicas.
Esta devastación enfrenta día a día una fuerte resistencia de quienes se han convertido en nuevos damnificados. Pueblos, comunidades, ciudadanos, científicos y organizaciones populares se oponen a una modernización que expropia sus bienes, deroga sus conquistas, viola sus derechos humanos, los excluye y daña.
Por todo el país han surgido multitud de luchas contra los basureros tóxicos, la construcción de nuevas presas, la contaminación de los ríos, la explotación minera, los desarrollos inmobiliarios, el desvío de agua hacia centros urbanos, la construcción de carreteras y campos de golf, así como a la destrucción de manglares. Miles de maestros se han movilizado en contra de la nueva Ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad de la Educación. Ciudadanos, pobladores, trabajadores y académicos han presionado para echar atrás los proyectos que buscan hacer del patrimonio histórico y cultural el soporte de espectáculos estilo Las Vegas.
Muchas de estas protestas permanecen en el plano local. Sus protagonistas han retomado y reinventado los lazos de cooperación y solidaridad que la modernización salvaje ha tratado de sustituir a favor de la competencia y el individualismo.
Algunas expresiones de descontento se han dado a sí mismas plataformas organizativas regionales y, en algunos casos, nacionales. Es el caso de la Asamblea de Afectados Ambientales, de quienes rechazan la construcción de nuevas presas o de los que se oponen a la minería salvaje. Es también la ruta que siguen los maestros del sistema público que buscan descarrilar el proyecto de privatización educativa en marcha.
Parte significativa de estos núcleos de descontento popular se identifican en la otra campaña. Algunos otros son parte de la cruzada que encabeza Andrés Manuel López Obrador, o han tratado de acercarse a ella para hacerse visibles y potenciar su capacidad de negociación. Muchos más se “rascan con sus propias uñas”.
Aunque reiteradamente los gobiernos estatales los han acusado de ser instrumento al servicio de partidos políticos de oposición, éstos casi no participan en la mayoría de estos movimientos. En sus filas hay, sí, antiguos militantes de esos organismos que se han alejado de la política institucional, profundamente decepcionados. “Na’ más se acercan al nopal cuando hay tunas”, dicen con amargura quienes pelean abajo.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en estas luchas. Con frecuencia son la columna vertebral de las organizaciones. Es común encontrar antiguos líderes sociales de larga trayectoria en distintos tipos de movilizaciones.
Los canales de interlocución que estos movimientos tienen para resolver sus demandas son, generalmente, escasos o inexistentes. No tienen con quién tratar en las distintas instancias gubernamentales. Con frecuencia, las administraciones públicas de todos los signos políticos les han respondido con la represión.
La resistencia a la modernización salvaje ha provocado el surgimiento de un nuevo tejido asociativo, en muchos casos distante de las antiguas organizaciones sociales y del intento de hacer de los partidos políticos los canales para gestionar sus demandas desde la esfera parlamentaria.
Este nuevo tejido asociativo es expresión de la crisis del modelo de mando-obediencia que se vive en todo el país. Es un actor sociopolítico emergente que, en el contexto de la actual crisis, irrumpirá en la vida política nacional con vigor y protagonismo inusitado.
Néstor Martínez Cristo: Fox, el cuento de las cuentas
or primera vez en México, el ejercicio del presupuesto por parte de un Presidente de la República fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Dicho de esa manera, puesto en blanco y negro, fríamente, sin mayores explicaciones, la decisión tomada el pasado miércoles por la mayoría de los diputados federales parecería un hecho inédito, digno de una sana tradición republicana y producto de la efectiva separación de los poderes públicos. Lamentablemente no es así.
La determinación de los legisladores no puede ser considerada ni como un hito histórico ni analizada con la profundidad y con la seriedad que el caso pudiera ameritar.
Lo cierto es que el rechazo de los diputados de oposición a las cuentas anuales del gobierno de Vicente Fox, correspondientes a los años 2002 y 2003, no dejó más que un fuerte tufo a revanchismo político con tintes electoreros.
Y es que, no obstante que el ejercicio de los presupuestos durante el sexenio de Vicente Fox estuvo envuelto en la sospecha y el escándalo, la colusión de los diputados de todas las bancadas opositoras en contra de las cuentas foxistas no podrá tener ya consecuencia jurídica alguna.
Las cuentas públicas de 2002 y 2003 fueron avaladas en su momento por las comisiones correspondientes de la cámara baja –de mayoría panista– y revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, instancia que durante el proceso fue acusada por la oposición de “omisa” y “maniobrera”. Es decir, la aprobación o desaprobación del pleno de los diputados a las cuentas anuales de los presupuestos no tiene mayor valor jurídico que el de un mero trámite legislativo, aunque su valor político, en estas fechas prelectorales, es innegable.
Para los legisladores de la oposición, el rechazo de las cuentas públicas significó el cobro de algunas facturas pendientes y un seco golpe mediático propinado no sólo a Vicente Fox, sino al PAN, a su dirigente nacional y a los gobiernos surgidos de ese partido.
Si bien el intenso ruido mediático que se generó con la visita del presidente estadunidense Barack Obama opacó y redujo los espacios informativos sobre la colusión opositora, ésta definitivamente sí logró, de algún modo, el efecto deseado. A unas cuantas semanas de que arranquen las campañas políticas, el mensaje emitido desde San Lázaro fue claro: “en los gobiernos panistas hay corrupción”.
Según las notas y las crónicas periodísticas del día siguiente, fueron más de cuatro horas de una acalorada sesión en la que los diputados de la oposición, en particular del PRI y del PRD, no dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon la ausencia de medio centenar de legisladores panistas para ganar las dos votaciones, que terminaron por provocar la ira de la bancada del blanquiazul y la preocupación de su dirigencia nacional.
Los panistas acusaron recibo. Hacia el interior del partido, los diputados ausentes se llevaron una fuerte reprimenda de sus dirigentes y la bancada en la Cámara de Diputados hizo publicar de inmediato un desplegado en el que, por principio, se refería a las “limpias cuentas públicas de Vicente Fox”. Y luego daba una serie de explicaciones en las que, palabras más, palabras menos, señalaba que “… las cuentas públicas del presidente Fox ya fueron revisadas y solventadas en su totalidad”. El texto remataba afirmando: “… De los anteriores gobiernos, el de Fox ha sido el más transparente, honesto y el que mejores resultados ha entregado en beneficio de todos los mexicanos”.
Hoy, muchos mexicanos a los que el PAN alude en el desplegado no estarían dispuestos a meter las manos al fuego por la honestidad del ex mandatario, de su esposa y mucho menos aún de los hijos de ésta. Tampoco, es cierto, se atreverían a defender la honorabilidad de los gobiernos priístas del pasado ni del presente, ni de los perredistas de ahora.
El episodio ocurrido la semana pasada en San Lázaro no deja de ser curioso y, sobre todo, ventajoso para el PRI. Sin duda pasará a formar parte del anecdotario legislativo. Pero en definitiva no irá más allá. No tendrá las consecuencias jurídicas que, deseablemente, en cualquier régimen donde impera el estado de derecho, seguirían a la confirmación de irregularidades en el ejercicio de los dineros públicos.
nestormc63@hotmail.com
Pedro Miguel: Podredumbre
Dicho de esa manera, puesto en blanco y negro, fríamente, sin mayores explicaciones, la decisión tomada el pasado miércoles por la mayoría de los diputados federales parecería un hecho inédito, digno de una sana tradición republicana y producto de la efectiva separación de los poderes públicos. Lamentablemente no es así.
La determinación de los legisladores no puede ser considerada ni como un hito histórico ni analizada con la profundidad y con la seriedad que el caso pudiera ameritar.
Lo cierto es que el rechazo de los diputados de oposición a las cuentas anuales del gobierno de Vicente Fox, correspondientes a los años 2002 y 2003, no dejó más que un fuerte tufo a revanchismo político con tintes electoreros.
Y es que, no obstante que el ejercicio de los presupuestos durante el sexenio de Vicente Fox estuvo envuelto en la sospecha y el escándalo, la colusión de los diputados de todas las bancadas opositoras en contra de las cuentas foxistas no podrá tener ya consecuencia jurídica alguna.
Las cuentas públicas de 2002 y 2003 fueron avaladas en su momento por las comisiones correspondientes de la cámara baja –de mayoría panista– y revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, instancia que durante el proceso fue acusada por la oposición de “omisa” y “maniobrera”. Es decir, la aprobación o desaprobación del pleno de los diputados a las cuentas anuales de los presupuestos no tiene mayor valor jurídico que el de un mero trámite legislativo, aunque su valor político, en estas fechas prelectorales, es innegable.
Para los legisladores de la oposición, el rechazo de las cuentas públicas significó el cobro de algunas facturas pendientes y un seco golpe mediático propinado no sólo a Vicente Fox, sino al PAN, a su dirigente nacional y a los gobiernos surgidos de ese partido.
Si bien el intenso ruido mediático que se generó con la visita del presidente estadunidense Barack Obama opacó y redujo los espacios informativos sobre la colusión opositora, ésta definitivamente sí logró, de algún modo, el efecto deseado. A unas cuantas semanas de que arranquen las campañas políticas, el mensaje emitido desde San Lázaro fue claro: “en los gobiernos panistas hay corrupción”.
Según las notas y las crónicas periodísticas del día siguiente, fueron más de cuatro horas de una acalorada sesión en la que los diputados de la oposición, en particular del PRI y del PRD, no dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon la ausencia de medio centenar de legisladores panistas para ganar las dos votaciones, que terminaron por provocar la ira de la bancada del blanquiazul y la preocupación de su dirigencia nacional.
Los panistas acusaron recibo. Hacia el interior del partido, los diputados ausentes se llevaron una fuerte reprimenda de sus dirigentes y la bancada en la Cámara de Diputados hizo publicar de inmediato un desplegado en el que, por principio, se refería a las “limpias cuentas públicas de Vicente Fox”. Y luego daba una serie de explicaciones en las que, palabras más, palabras menos, señalaba que “… las cuentas públicas del presidente Fox ya fueron revisadas y solventadas en su totalidad”. El texto remataba afirmando: “… De los anteriores gobiernos, el de Fox ha sido el más transparente, honesto y el que mejores resultados ha entregado en beneficio de todos los mexicanos”.
Hoy, muchos mexicanos a los que el PAN alude en el desplegado no estarían dispuestos a meter las manos al fuego por la honestidad del ex mandatario, de su esposa y mucho menos aún de los hijos de ésta. Tampoco, es cierto, se atreverían a defender la honorabilidad de los gobiernos priístas del pasado ni del presente, ni de los perredistas de ahora.
El episodio ocurrido la semana pasada en San Lázaro no deja de ser curioso y, sobre todo, ventajoso para el PRI. Sin duda pasará a formar parte del anecdotario legislativo. Pero en definitiva no irá más allá. No tendrá las consecuencias jurídicas que, deseablemente, en cualquier régimen donde impera el estado de derecho, seguirían a la confirmación de irregularidades en el ejercicio de los dineros públicos.
nestormc63@hotmail.com
Pedro Miguel: Podredumbre
os comicios de julio próximo ocurrirán en un momento de podredumbre y descrédito sin precedentes en la historia de las instituciones electorales.
En los tres años transcurridos desde el fraude perpetrado en 2006 por la oligarquía gobernante, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lejos de experimentar una renovación, han seguido hundiéndose en el desprestigio de manera sistemática, y hasta pareciera que deliberada; el primero se ha convertido en una suerte de exonerador de las subversiones de los concesionarios privados de los medios electrónicos y el segundo va de escándalo en escándalo con manifiesta sumisión a los grupos de interés, y los cuerpos colegiados que controlan ambas instituciones no dan muestras de más propósito en la vida que mantener o ensanchar, si se puede, las remuneraciones obscenas y las condiciones principescas de sus integrantes.
Los partidos han logrado concitar contra sí mismos el escepticismo –incluso se podría decir: el asco– de la ciudadanía. No tiene ni caso hablar del PRI, del Verde o del Panal, pero es una tragedia que las dos formaciones que hace una década eran depositarias de la esperanza colectiva de democratización, el PAN y el PRD, hayan llegado a simas de descomposición como las que hoy debemos presenciar: el primero, convertido en mero instrumento de Los Pinos, el segundo, secuestrado por su propia burocracia, y ambos, enfrascados en la realización de elecciones internas fraudulentas y orientadas, en un caso, a imponer favores y venganzas presidenciales, y en el otro, a reservar cotos de poder para tendencias que pasaron a ser tribus y que hoy podrían llamarse más bien mafias.
Todo indica que, a las distorsiones de los procesos electorales inducidas por la radio y la televisión comerciales, con su danza de millones por transmisión de propaganda partidista, se ha sumado, como un poder fáctico más, el narcotráfico. Si, por tradición, los abarroteros menudistas de cualquier pueblo son capaces de poner o quitar presidentes municipales, es difícil creer que un negocio que genera decenas de miles de millones de dólares de utilidades anuales se mantenga al margen de los palomeos de candidatos y de los apoyos que éstos requieren para darse a conocer y, llegado el caso, para comprar voluntades mayoritarias.
En medio de este desastre, el ejercicio de la responsabilidad ciudadana de ejercer el voto resulta más arduo que nunca. Se tiene que buscar con pinzas, y tapándose la nariz, a los candidatos merecedores del sufragio; para ir a las urnas hay que vencer variadas incertidumbres: si se intentará esta vez –como ocurrió en la pasada– la adulteración masiva, federal, de resultados; si únicamente se recurrirá a mapacherías locales; si ya se ha amarrado el voto con entrega de despensas o condicionamiento de obras o la promesa de inclusión en programas asistenciales; si ya ha hecho su efecto la propaganda sucia; si las corporaciones sindicales volverán a ser puestas al servicio del mejor postor.
Y pese a todo, habrá que votar, cuidar las casillas, contar y recontar las boletas, consultar y aprenderse pasajes enteros del código electoral, defender los resultados reales con los recursos lícitos que se tenga a mano. Porque si la aplicación de mecanismos fraudulentos se traduce en la confiscación del sufragio por una elección determinada, el desánimo que lleva a la renuncia a votar constituye la destrucción definitiva de la voluntad ciudadana y el triunfo perdurable de la oligarquía político-económica que hoy detenta el control de las instituciones fundamentales de la República.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
En los tres años transcurridos desde el fraude perpetrado en 2006 por la oligarquía gobernante, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lejos de experimentar una renovación, han seguido hundiéndose en el desprestigio de manera sistemática, y hasta pareciera que deliberada; el primero se ha convertido en una suerte de exonerador de las subversiones de los concesionarios privados de los medios electrónicos y el segundo va de escándalo en escándalo con manifiesta sumisión a los grupos de interés, y los cuerpos colegiados que controlan ambas instituciones no dan muestras de más propósito en la vida que mantener o ensanchar, si se puede, las remuneraciones obscenas y las condiciones principescas de sus integrantes.
Los partidos han logrado concitar contra sí mismos el escepticismo –incluso se podría decir: el asco– de la ciudadanía. No tiene ni caso hablar del PRI, del Verde o del Panal, pero es una tragedia que las dos formaciones que hace una década eran depositarias de la esperanza colectiva de democratización, el PAN y el PRD, hayan llegado a simas de descomposición como las que hoy debemos presenciar: el primero, convertido en mero instrumento de Los Pinos, el segundo, secuestrado por su propia burocracia, y ambos, enfrascados en la realización de elecciones internas fraudulentas y orientadas, en un caso, a imponer favores y venganzas presidenciales, y en el otro, a reservar cotos de poder para tendencias que pasaron a ser tribus y que hoy podrían llamarse más bien mafias.
Todo indica que, a las distorsiones de los procesos electorales inducidas por la radio y la televisión comerciales, con su danza de millones por transmisión de propaganda partidista, se ha sumado, como un poder fáctico más, el narcotráfico. Si, por tradición, los abarroteros menudistas de cualquier pueblo son capaces de poner o quitar presidentes municipales, es difícil creer que un negocio que genera decenas de miles de millones de dólares de utilidades anuales se mantenga al margen de los palomeos de candidatos y de los apoyos que éstos requieren para darse a conocer y, llegado el caso, para comprar voluntades mayoritarias.
En medio de este desastre, el ejercicio de la responsabilidad ciudadana de ejercer el voto resulta más arduo que nunca. Se tiene que buscar con pinzas, y tapándose la nariz, a los candidatos merecedores del sufragio; para ir a las urnas hay que vencer variadas incertidumbres: si se intentará esta vez –como ocurrió en la pasada– la adulteración masiva, federal, de resultados; si únicamente se recurrirá a mapacherías locales; si ya se ha amarrado el voto con entrega de despensas o condicionamiento de obras o la promesa de inclusión en programas asistenciales; si ya ha hecho su efecto la propaganda sucia; si las corporaciones sindicales volverán a ser puestas al servicio del mejor postor.
Y pese a todo, habrá que votar, cuidar las casillas, contar y recontar las boletas, consultar y aprenderse pasajes enteros del código electoral, defender los resultados reales con los recursos lícitos que se tenga a mano. Porque si la aplicación de mecanismos fraudulentos se traduce en la confiscación del sufragio por una elección determinada, el desánimo que lleva a la renuncia a votar constituye la destrucción definitiva de la voluntad ciudadana y el triunfo perdurable de la oligarquía político-económica que hoy detenta el control de las instituciones fundamentales de la República.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
Javier Corral Jurado
Periodismo y derecho a la información
Para que la democracia se convierta no sólo en forma de gobierno, sino en sistema de vida que procura el constante mejoramiento económico, cultural y social del pueblo, es indispensable que los ciudadanos cuenten con la información veraz y objetiva, de manera oportuna y lo más completa posible, sobre la realidad que los circunda. No hay democracia que prospere sin la garantía del derecho a la información, y este derecho tiene en el ejercicio libre y responsable del periodismo el instrumento más importante de la actividad comunicacional.
Porque el periodismo está llamado a escrutar todo ámbito público, a recoger la noticia como hecho y luego a analizarlo, a exponerlo, a interpretarlo, y en esa tarea de investigación que realizan las manos hábiles y los sentidos despiertos de los periodistas, surge la información que se convierte en excepcional bien público para construir lo que se llama la opinión pública, la conciencia social.
En el texto de Gabriel García Márquez “El mejor oficio del mundo” está una de las definiciones más emocionantes del periodismo. Dice el Nobel de Literatura: “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”.
De ahí que sea tan importante premiar a los periodistas, como a los científicos, a los artistas, a los creadores. En el más amplio reconocimiento social estará el mejor impulso para que una actividad tan trascendental a la democracia se ejerza con hondura, rigor profesional y calidad narrativa. Y a ocho años de haberse desligado de la Secretaría de Gobernación, el Premio Nacional de Periodismo se consolida como ese espacio de reconocimiento a la tarea de los periodistas en México, y sus mecanismos de evaluación funcionan bien.
A partir de un Consejo Ciudadano en que participan mayoritariamente universidades, cada año se designa un jurado integrado esencialmente por pares, esto es, por quienes desempeñan trabajo periodístico o tienen vínculos con la actividad comunicacional. Se revisan los trabajos que los medios o directamente los autores envían en los más diversos géneros periodísticos.
Este año se recibieron mil 80 trabajos publicados en 2008, y más de la mitad provino de las distintas entidades del país. Es arduo seleccionar a sólo 11 ganadores, pero es reconfortante comprobar que detrás del avance de las libertades de expresión y de información y de una mayor apertura en los medios está fundamentalmente el empuje, el talento, la dedicación y la pasión de cientos de periodistas que impulsan decididamente ese proceso abordándolo prácticamente todo.
Este día da cuenta EL UNIVERSAL de los ganadores: noticia: Jesús Martín Mendoza; reportaje: María Antonieta Flores; Crónica: revista Emeequis; Entrevista: Rogelio Cárdenas; fotografía: Germán Guillermo Canseco; artículo de fondo: Zoé Alejandro Robledo Aburto; caricatura: Ángel Boligán; orientación y servicio a la sociedad: Miguel Ángel Chávez; mesa de análisis / debate: Antonio Navalón y Ernesto Velázquez; divulgación científica y cultural: Daniel Rodríguez Barrón; transparencia y acceso a la información: Marco Antonio Lara Klahr.
Y es de mención especial el reconocimiento que a la trayectoria periodística se ha brindado a don Carlos R. Menéndez Navarrete, director general de El Diario de Yucatán, uno de los periódicos más antiguos del país (1925) y de los mayor influencia y penetración en el sureste mexicano. Figura señera en el ejercicio de las mejores prácticas periodísticas, don Carlos es una biografía referencial en sentido ético y profesional. Nunca ha vacilado en colocar la información como el bien público que es, y no como mercancía; en esa conducta —invariable desde hace décadas— ha preferido perder anunciantes y amigos, antes que sacrificar el valor de la verdad para sus lectores.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Yo sigo siendo Jacinta
Porque Jacinta está secuestrada. Oficialmente presa. Pero yo digo que secuestrada por la injusticia. Secuestrada por jueces y magistrados cobardes. Secuestrada por aquellos que temen enfrentarse con el poder federal de la PGR. Secuestrada por los viejos y misóginos atavismos que condenan a las mujeres de este país. Secuestrada por la indiferencia de muchos ante el dolor de los demás.
El caso es que Jacinta sigue en prisión y seguirá ahí durante quién sabe cuánto tiempo. La misma cárcel de Querétaro en que la encerraron sin más trámite hace ya tres años; sin que entendiera de qué la estaban acusando porque ella es indígena otomí y no hablaba español. Las mismas rejas tras las que tuvo que esperar hasta hace cuatro meses en que el juez Rodolfo Pedraza Longhi le dictó una sentencia de 21 años de prisión.
Porque según él hubo elementos para determinar que Jacinta y dos compañeras habían secuestrado a seis agentes armados de la AFI. A pesar de que la única prueba en su contra fue una fotografía de Jacinta observando el borlote que se armó cuando los agentes quisieron robarse mercancía pirata del tianguis de Santiago Mexquititlán. A pesar de que Jacinta no ha hecho otra cosa que vender aguas frescas, organizar procesiones religiosas y ser esposa y madre de seis hijos.
Por eso, apoyar a Jacinta Francisco Marcial y exigir su libertad se ha convertido en un acto de conciencia. No sólo por ella, sino por las cientos de Jacintas que todavía están presas en este país y cuyos únicos delitos son ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.
Sin embargo y pese a toda esta movilización social, y en una instancia de apelación, el magistrado Hans Eduardo Muñoz López se lavó las manos en la Semana Santa: el 7 de abril se limitó a regresar el expediente al mismo juez que sentenció a Jacinta, para que sean desahogadas nuevamente las pruebas en su contra. Lo insólito es que en su fallo reconoce que —además de las injusticias aquí comentadas— hay “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales, quienes arrogantes y displicentes se han dado el vengativo lujo de no comparecer a declarar a una docena de citatorios.
La aberración es que el magistrado sigue presumiendo la culpabilidad de Jacinta en lugar de presumir su inocencia de acuerdo con la Constitución. Por ello, es fundamental seguir apoyando la defensa de Jacinta que ya ha suscitado tan solidarias y conmovedoras adhesiones. Y es que, con Jacinta, estamos secuestrados todos.
P.D. Para apoyar la causa de Jacinta pueden dirigirse al siguiente correo: www.centroprodh.org.mx.
Porque Jacinta está secuestrada. Oficialmente presa. Pero yo digo que secuestrada por la injusticia. Secuestrada por jueces y magistrados cobardes. Secuestrada por aquellos que temen enfrentarse con el poder federal de la PGR. Secuestrada por los viejos y misóginos atavismos que condenan a las mujeres de este país. Secuestrada por la indiferencia de muchos ante el dolor de los demás.
El caso es que Jacinta sigue en prisión y seguirá ahí durante quién sabe cuánto tiempo. La misma cárcel de Querétaro en que la encerraron sin más trámite hace ya tres años; sin que entendiera de qué la estaban acusando porque ella es indígena otomí y no hablaba español. Las mismas rejas tras las que tuvo que esperar hasta hace cuatro meses en que el juez Rodolfo Pedraza Longhi le dictó una sentencia de 21 años de prisión.
Porque según él hubo elementos para determinar que Jacinta y dos compañeras habían secuestrado a seis agentes armados de la AFI. A pesar de que la única prueba en su contra fue una fotografía de Jacinta observando el borlote que se armó cuando los agentes quisieron robarse mercancía pirata del tianguis de Santiago Mexquititlán. A pesar de que Jacinta no ha hecho otra cosa que vender aguas frescas, organizar procesiones religiosas y ser esposa y madre de seis hijos.
Por eso, apoyar a Jacinta Francisco Marcial y exigir su libertad se ha convertido en un acto de conciencia. No sólo por ella, sino por las cientos de Jacintas que todavía están presas en este país y cuyos únicos delitos son ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.
Sin embargo y pese a toda esta movilización social, y en una instancia de apelación, el magistrado Hans Eduardo Muñoz López se lavó las manos en la Semana Santa: el 7 de abril se limitó a regresar el expediente al mismo juez que sentenció a Jacinta, para que sean desahogadas nuevamente las pruebas en su contra. Lo insólito es que en su fallo reconoce que —además de las injusticias aquí comentadas— hay “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales, quienes arrogantes y displicentes se han dado el vengativo lujo de no comparecer a declarar a una docena de citatorios.
La aberración es que el magistrado sigue presumiendo la culpabilidad de Jacinta en lugar de presumir su inocencia de acuerdo con la Constitución. Por ello, es fundamental seguir apoyando la defensa de Jacinta que ya ha suscitado tan solidarias y conmovedoras adhesiones. Y es que, con Jacinta, estamos secuestrados todos.
P.D. Para apoyar la causa de Jacinta pueden dirigirse al siguiente correo: www.centroprodh.org.mx.
Jorge Luis Sierra
El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco
Son particularmente importantes las palabras del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, al asegurar que el Ejército mexicano seguirá en las calles, involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013.
La afirmación de Rubido implica el reconocimiento gubernamental de que la amenaza del narcotráfico a la seguridad del país es de tal dimensión que aún se requieren cuatro años más de uso intensivo de las Fuerzas Armadas. También significa que en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.
La franqueza de Rubido García está alejada de otros argumentos que interpretan a la violencia del narcotráfico como el resultado del éxito en las operaciones del gobierno federal. Los mismos cárteles de la droga demostraron la magnitud de su fuerza al montar una contraofensiva atroz con la decapitación de efectivos de inteligencia militar y la ejecución de generales.
En el medio castrense, los generales admiten que los diferentes cárteles del narcotráfico intentan reorganizar sus fuerzas en una nueva alianza que incluya a jueces, a jefes policiales y a una parte del Ejército mexicano para enfrentar así al gobierno y mantener intacta su industria ilícita.
Hasta ahora, los generales y almirantes han logrado mantenerse a salvo del poder corruptor del narcotráfico e impedir la penetración de los narcos en los estados mayores de las zonas y regiones militares. Desde la detención de los generales Alfredo Navarro Lara y Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, ningún otro mando militar ha sido acusado públicamente de colaborar con narcotraficantes.
Sin embargo, el Ejército enfrenta aún con dificultades la deserción masiva de las tropas y el paso de éstas al servicio de la delincuencia organizada.
Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos.
Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad.
En este nuevo contexto, el Ejército ha multiplicado sus oportunidades de roce con la población y, por tanto, las posibilidades de que ocurran casos de abuso o exceso de la fuerza militar. La lista de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha crecido proporcionalmente a la movilización antinarcóticos del Ejército. Con la excepción de la Policía Militar y algunos grupos de fuerzas especiales, las tropas no suelen estar entrenadas para cumplir con operaciones urbanas que exigen un uso limitado de la fuerza.
En realidad, el Ejército sólo puede imponer formas más básicas y rígidas del orden en aquellas ciudades donde la violencia ha desbordado la capacidad de control de las autoridades civiles. Este mantenimiento del orden es temporal y no puede extenderse más allá de un plazo razonable sin incurrir en el riesgo de militarizar el funcionamiento de las ciudades y consumir los recursos que pueden ser aprovechados para formar a policías eficientes y confiables que reemplacen a la institución militar.
Cuando el Ejército mexicano llega a una ciudad donde la policía ha sido diezmada por la violencia y la corrupción, como sucedió en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, los militares se ven obligados a reemplazar a las autoridades civiles y cumplir con funciones de seguridad pública mientras llegan contingentes policiales capaces de controlar la situación.
Pero los policías capaces son aún un mínimo del total de fuerza policial del país. En estas condiciones, el abuso o exceso de fuerza cometido por elementos de las Fuerzas Armadas puede afectar la misión entera y reducir el apoyo popular.
Lo que nos ha dicho Rubido García es que tendremos cuatro años más de presencia militar en las calles. La pregunta ahora es qué tanto podrá avanzar el presidente Felipe Calderón en materia de profesionalización policial, en la investigación de los casos de violación a los derechos humanos y en la disminución real de la incorporación de militares desertores a las filas del crimen organizado. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
La afirmación de Rubido implica el reconocimiento gubernamental de que la amenaza del narcotráfico a la seguridad del país es de tal dimensión que aún se requieren cuatro años más de uso intensivo de las Fuerzas Armadas. También significa que en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.
La franqueza de Rubido García está alejada de otros argumentos que interpretan a la violencia del narcotráfico como el resultado del éxito en las operaciones del gobierno federal. Los mismos cárteles de la droga demostraron la magnitud de su fuerza al montar una contraofensiva atroz con la decapitación de efectivos de inteligencia militar y la ejecución de generales.
En el medio castrense, los generales admiten que los diferentes cárteles del narcotráfico intentan reorganizar sus fuerzas en una nueva alianza que incluya a jueces, a jefes policiales y a una parte del Ejército mexicano para enfrentar así al gobierno y mantener intacta su industria ilícita.
Hasta ahora, los generales y almirantes han logrado mantenerse a salvo del poder corruptor del narcotráfico e impedir la penetración de los narcos en los estados mayores de las zonas y regiones militares. Desde la detención de los generales Alfredo Navarro Lara y Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, ningún otro mando militar ha sido acusado públicamente de colaborar con narcotraficantes.
Sin embargo, el Ejército enfrenta aún con dificultades la deserción masiva de las tropas y el paso de éstas al servicio de la delincuencia organizada.
Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos.
Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad.
En este nuevo contexto, el Ejército ha multiplicado sus oportunidades de roce con la población y, por tanto, las posibilidades de que ocurran casos de abuso o exceso de la fuerza militar. La lista de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha crecido proporcionalmente a la movilización antinarcóticos del Ejército. Con la excepción de la Policía Militar y algunos grupos de fuerzas especiales, las tropas no suelen estar entrenadas para cumplir con operaciones urbanas que exigen un uso limitado de la fuerza.
En realidad, el Ejército sólo puede imponer formas más básicas y rígidas del orden en aquellas ciudades donde la violencia ha desbordado la capacidad de control de las autoridades civiles. Este mantenimiento del orden es temporal y no puede extenderse más allá de un plazo razonable sin incurrir en el riesgo de militarizar el funcionamiento de las ciudades y consumir los recursos que pueden ser aprovechados para formar a policías eficientes y confiables que reemplacen a la institución militar.
Cuando el Ejército mexicano llega a una ciudad donde la policía ha sido diezmada por la violencia y la corrupción, como sucedió en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, los militares se ven obligados a reemplazar a las autoridades civiles y cumplir con funciones de seguridad pública mientras llegan contingentes policiales capaces de controlar la situación.
Pero los policías capaces son aún un mínimo del total de fuerza policial del país. En estas condiciones, el abuso o exceso de fuerza cometido por elementos de las Fuerzas Armadas puede afectar la misión entera y reducir el apoyo popular.
Lo que nos ha dicho Rubido García es que tendremos cuatro años más de presencia militar en las calles. La pregunta ahora es qué tanto podrá avanzar el presidente Felipe Calderón en materia de profesionalización policial, en la investigación de los casos de violación a los derechos humanos y en la disminución real de la incorporación de militares desertores a las filas del crimen organizado. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
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