Epidemia y confusión
El titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, reconoció ayer, en una conferencia conjunta con su homólogo del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued, y con el encargado del despacho de la Secretaría de Salud del estado de México, Roberto Martínez Poblete, que el país enfrenta una epidemia de influenza causada, hasta donde se sabe, por una nueva cepa del virus de la gripe porcina. El funcionario señaló que el número de muertes atribuidas a esta enfermedad asciende a 20 en el país, aunque se estudia otro medio centenar de defunciones que podrían estar relacionadas, y advirtió que la forma más eficaz de hacer frente a la situación es mediante el uso de antivirales, no de vacunas.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la confirmación de que el país se enfrenta a una epidemia causada por un nuevo virus hace necesario que la población acate las recomendaciones enunciadas por las autoridades sanitarias: lavarse las manos con frecuencia, no compartir vasos ni cubiertos, no acudir a lugares concurridos, usar tapabocas y no automedicarse, entre otras. No obstante, las declaraciones vertidas ayer alimentan la impresión generalizada de que las medidas anunciadas por el gobierno federal la noche del pasado jueves –la suspensión de clases en todos los niveles, en planteles tanto públicos como privados–, más otras de mayor calado, debieron tomarse antes, a efecto de prevenir una situación de mayor gravedad, como la que hoy se presenta. Porque, nueva o no, la enfermedad en cuestión había comenzado a manifestarse de manera atípica desde hace más de una semana en la capital del país, y en entidades como el estado de México y San Luis Potosí, y eso tendría que haber bastado para que las autoridades pusieran mayor atención y concretaran un paquete de acciones que impidieran la multiplicación de estos casos.
En cambio, el discurso gubernamental ante esta emergencia ha estado marcado por desatinos e imprecisiones que, a querer o no, han acabado por generar un sentimiento de confusión, incertidumbre y zozobra en la población. Es inevitable recordar que desde el pasado jueves, antes de anunciar la suspensión de las actividades escolares, el propio Córdova Villalobos llamó a la población a mantener la calma y señaló que no se trataba de una epidemia descontrolada, sino de “casos habituales fuera de temporada”. En esa misma oportunidad aseguró que se comprarían 300 mil dosis de vacunas, adicionales a las 200 mil que había donado ya un laboratorio y a las 50 mil en posesión del sistema de salud pública. Horas más tarde se emitió la resolución de suspender las actividades en los ciclos de educación básica, media superior y superior, en una decisión que alentó la alarma de la población y que se tomó, para colmo, sin haber convocado al Consejo de Salubridad General, órgano encargado de la emisión de disposiciones sanitarias como la comentada e integrado por las autoridades de salud de todo el país, y que, sin embargo, apenas sesionó ayer por la tarde y sin arribar a ningún acuerdo.
Asimismo, la supuesta inutilidad de la aplicación de las vacunas siembra dudas adicionales, pues si la respuesta a la enfermedad no pasa por la aplicación de la vacuna, no queda claro por qué entonces el virus parece atacar principalmente a aquellos sectores de la población a los que tradicionalmente no se aplica la inyección preventiva, administrada a los menores de tres años y a los adultos mayores.
Por lo demás, como se advirtió ayer en este mismo espacio, el hecho de que las medidas preventivas adoptadas hasta ahora se hayan enfocado a la capital del país y municipios conurbados del estado de México, y no se extendieran a otras entidades, genera suspicacias, y hace obligado preguntarse si no se está desprotegiendo a amplias franjas de la población en el resto del territorio nacional ante la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad.
Es necesario, pues, que las autoridades de salud corrijan estas deficiencias cuanto antes, a efecto de proyectar un sentir de seguridad y claridad en el rumbo y de mejorar, en esa medida, el entendimiento entre el gobierno y la sociedad, elemento por demás necesario para afrontar, sin escenarios de pánico y con pleno acatamiento de las recomendaciones sanitarias, una situación como la que hoy se vive.
El titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, reconoció ayer, en una conferencia conjunta con su homólogo del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued, y con el encargado del despacho de la Secretaría de Salud del estado de México, Roberto Martínez Poblete, que el país enfrenta una epidemia de influenza causada, hasta donde se sabe, por una nueva cepa del virus de la gripe porcina. El funcionario señaló que el número de muertes atribuidas a esta enfermedad asciende a 20 en el país, aunque se estudia otro medio centenar de defunciones que podrían estar relacionadas, y advirtió que la forma más eficaz de hacer frente a la situación es mediante el uso de antivirales, no de vacunas.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la confirmación de que el país se enfrenta a una epidemia causada por un nuevo virus hace necesario que la población acate las recomendaciones enunciadas por las autoridades sanitarias: lavarse las manos con frecuencia, no compartir vasos ni cubiertos, no acudir a lugares concurridos, usar tapabocas y no automedicarse, entre otras. No obstante, las declaraciones vertidas ayer alimentan la impresión generalizada de que las medidas anunciadas por el gobierno federal la noche del pasado jueves –la suspensión de clases en todos los niveles, en planteles tanto públicos como privados–, más otras de mayor calado, debieron tomarse antes, a efecto de prevenir una situación de mayor gravedad, como la que hoy se presenta. Porque, nueva o no, la enfermedad en cuestión había comenzado a manifestarse de manera atípica desde hace más de una semana en la capital del país, y en entidades como el estado de México y San Luis Potosí, y eso tendría que haber bastado para que las autoridades pusieran mayor atención y concretaran un paquete de acciones que impidieran la multiplicación de estos casos.
En cambio, el discurso gubernamental ante esta emergencia ha estado marcado por desatinos e imprecisiones que, a querer o no, han acabado por generar un sentimiento de confusión, incertidumbre y zozobra en la población. Es inevitable recordar que desde el pasado jueves, antes de anunciar la suspensión de las actividades escolares, el propio Córdova Villalobos llamó a la población a mantener la calma y señaló que no se trataba de una epidemia descontrolada, sino de “casos habituales fuera de temporada”. En esa misma oportunidad aseguró que se comprarían 300 mil dosis de vacunas, adicionales a las 200 mil que había donado ya un laboratorio y a las 50 mil en posesión del sistema de salud pública. Horas más tarde se emitió la resolución de suspender las actividades en los ciclos de educación básica, media superior y superior, en una decisión que alentó la alarma de la población y que se tomó, para colmo, sin haber convocado al Consejo de Salubridad General, órgano encargado de la emisión de disposiciones sanitarias como la comentada e integrado por las autoridades de salud de todo el país, y que, sin embargo, apenas sesionó ayer por la tarde y sin arribar a ningún acuerdo.
Asimismo, la supuesta inutilidad de la aplicación de las vacunas siembra dudas adicionales, pues si la respuesta a la enfermedad no pasa por la aplicación de la vacuna, no queda claro por qué entonces el virus parece atacar principalmente a aquellos sectores de la población a los que tradicionalmente no se aplica la inyección preventiva, administrada a los menores de tres años y a los adultos mayores.
Por lo demás, como se advirtió ayer en este mismo espacio, el hecho de que las medidas preventivas adoptadas hasta ahora se hayan enfocado a la capital del país y municipios conurbados del estado de México, y no se extendieran a otras entidades, genera suspicacias, y hace obligado preguntarse si no se está desprotegiendo a amplias franjas de la población en el resto del territorio nacional ante la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad.
Es necesario, pues, que las autoridades de salud corrijan estas deficiencias cuanto antes, a efecto de proyectar un sentir de seguridad y claridad en el rumbo y de mejorar, en esa medida, el entendimiento entre el gobierno y la sociedad, elemento por demás necesario para afrontar, sin escenarios de pánico y con pleno acatamiento de las recomendaciones sanitarias, una situación como la que hoy se vive.
os diputados de los partidos de oposición se negaron a aprobar el manejo que hizo Vicente Fox de los fondos públicos durante el segundo y tercer años de su sexenio. ¿Será llamado finalmente a cuentas? ¿Le será fincada algún tipo de responsabilidad? El 85% de las personas que participaron en la encuesta de esta semana cree que el gobierno de Felipe Calderón lo protegerá. El 13% opina que si se diera la posibilidad remota de que fuera llevado a juicio sería exonerado. Y sólo 1% considera que será enjuiciado y sancionado.
Metodología
Enviamos nuestra encuesta por correo electrónico a los buzones de 2 mil 500 miembros de El Foro México. Contestó 74%. Enseguida reproducimos algunos fragmentos de opiniones que algunos foristas enviaron junto con su voto. Los textos completos pueden leerse en el foro. Si quieres participar en futuras encuestas, regístrate aquí: www.elforomexico.com/
Opiniones
Los cárteles políticos llamados partidos son garantía de absoluta impunidad. Ni a fiscalía especial llegarán en este caso. A lo más, se resaltarán los riesgos del consumo excesivo de Prozac y Viagra combinados.
Enrique Márquez Sánchez/Morelia
Esto me trae a la memoria la película El luchador, que acaban de proyectar en la pantalla. Los contendientes se ponen de acuerdo antes de la lucha para utilizar todo tipo de rudezas, pero al final no se hacen tanto daño que atente contra su integridad. Lo mismo ocurre con la clase política.
Emilio Bautista/Distrito Federal
Claro que no será llamado a cuentas, desafortunadamente ya estamos acostumbrados a ese cuento. Es época de elecciones y la oposición hará como que quiere hacer justicia, para que al final se arreglen en lo oscurito, y todos felices.
Daniel Vargas Izaguirre/Distrito Federal
Metodología
Enviamos nuestra encuesta por correo electrónico a los buzones de 2 mil 500 miembros de El Foro México. Contestó 74%. Enseguida reproducimos algunos fragmentos de opiniones que algunos foristas enviaron junto con su voto. Los textos completos pueden leerse en el foro. Si quieres participar en futuras encuestas, regístrate aquí: www.elforomexico.com/
Opiniones
Los cárteles políticos llamados partidos son garantía de absoluta impunidad. Ni a fiscalía especial llegarán en este caso. A lo más, se resaltarán los riesgos del consumo excesivo de Prozac y Viagra combinados.
Enrique Márquez Sánchez/Morelia
Esto me trae a la memoria la película El luchador, que acaban de proyectar en la pantalla. Los contendientes se ponen de acuerdo antes de la lucha para utilizar todo tipo de rudezas, pero al final no se hacen tanto daño que atente contra su integridad. Lo mismo ocurre con la clase política.
Emilio Bautista/Distrito Federal
Claro que no será llamado a cuentas, desafortunadamente ya estamos acostumbrados a ese cuento. Es época de elecciones y la oposición hará como que quiere hacer justicia, para que al final se arreglen en lo oscurito, y todos felices.
Daniel Vargas Izaguirre/Distrito Federal
Carlos Fernández-Vega: México SA
Enmarañados en resolver lo único que realmente les importa (rescatar” a su sistema financiero y “modificar” el status económico para que quede igual), nula ha sido la atención e intervención de los gobiernos que toman las decisiones en el planeta para atemperar la verdadera crisis que vive el mundo subdesarrollado, la cual, si bien ahora se manifiesta de forma exponencial, acumula muchas décadas y víctimas.
Ahora que explotó un nuevo capítulo de la misma sacudida, algunos organismos mundiales se dignan a volver la vista a lo que eufemísticamente catalogan de “países menos favorecidos”, y al constatar el profundo deterioro acumulado lentamente los lleva a registrar que “la crisis financiera mundial, la más grave desde la Gran Depresión, se convierte rápidamente en una crisis humana y de desarrollo”, a la par que reconocen que desde antes del estallido de la crisis “ya se advertía sobre la inminente emergencia mundial de pobreza, de tal suerte que si entonces existía una emergencia de desarrollo, sin duda existe una ahora, y la crisis financiera amenaza con generar nuevos problemas y hace mucho más urgente tomar medidas al respecto”.
Tal es el caso del Banco Mundial (que hoy formalmente inicia, de manera conjunta con el FMI, su “reunión de primavera en la capital estadunidense), organismos que divulgaron su Informe sobre seguimiento mundial 2009, en el que reconocen que lo anterior, y subrayan que “la crisis financiera mundial está poniendo en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio fijados para 2015 y está creando una emergencia de desarrollo, “de tal suerte que) es improbable que se alcance la mayoría de los ocho objetivos acordados internacionalmente, entre ellos los relacionados con el hambre, la mortalidad infantil y materna, la educación y el avance de la lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades importantes”.
Ambos organismos, estrictos guardianes neoliberales, se ven en la penosa necesidad de reconocer que “la crisis se originó en el mundo desarrollado, pero se ha extendido rápida e inexorablemente al mundo en desarrollo, sin que ningún país se haya librado de ella. Es cada vez más evidente que ésta no será una crisis de corta duración. Los países pobres son especialmente vulnerables, ya que carecen de los recursos para responder con medidas paliativas. Para millones de personas, la crisis pone en peligro su propia supervivencia”.
Tal conclusión no es gratuita, pues “para los países pobres, ésta ha sido una crisis tras otra. Se ha producido justo después de las crisis de los alimentos y de los combustibles. El triple desafío de las crisis de los alimentos, los combustibles y los mercados financieros está empujando a muchos países pobres a una zona de peligro, que impone un costo humano cada vez mayor y pone en riesgo las perspectivas de desarrollo. Con la paralización de los mercados financieros internacionales en 2008, los países con mercados emergentes fueron los primeros en sentir los efectos de la crisis financiera, por su dependencia de los flujos de capital privado. Estos flujos hacia el mundo en desarrollo registraron la mayor caída de la historia, previéndose que serán negativos en 2009 (una disminución mayor a 700 mil millones respecto del volumen máximo, que se alcanzó en 2007)”.
Muchas naciones de ingreso bajo también se ven afectados por la restricción de los créditos privados; los flujos privados hacia esos países, que habían registrado un aumento en años recientes, ahora están disminuyendo. Se prevé que se verán afectados fuertemente sobre todo en 2009 “con una segunda ronda de efectos de la recesión mundial y la disminución del comercio mundial: las proyecciones indican que en el presente año el PIB mundial disminuirá por primera vez desde la segunda guerra mundial, y que el comercio internacional registrará la mayor baja del periodo de posguerra”.
Además, se verán afectados por la reducción de las exportaciones, los precios de los productos básicos, remesas, turismo, inversión extranjera directa y, “posiblemente”, la asistencia externa. “Estas perturbaciones, a su vez, afectarán los ingresos públicos, se sumarán al fuerte impacto fiscal negativo de las crisis de los alimentos y los combustibles en muchos países, y ejercerán aún más presión sobre los programas de gasto público. Además, si bien los sistemas financieros de los países de ingreso bajo están relativamente protegidos del contagio porque están menos expuestos a los mercados financieros internacionales, pueden verse afectados por la segunda ronda de efectos, a medida que la contracción económica haga que aumenten los préstamos riesgosos y limite la disponibilidad de financiamiento interno para las empresas”.
El encarecimiento de los alimentos entre 2005 y 2008 arrastró a la extrema pobreza a unos 200 millones más de personas, y alrededor de la mitad de ellas no saldrán de esa situación en 2009. “Si bien los precios de los alimentos han disminuido desde mediados de 2008, siguen muy altos en comparación con los niveles históricos y la crisis alimentaria decididamente no ha terminado. La desaceleración del crecimiento como consecuencia de la crisis financiera se sumará al impacto de los altos precios de los alimentos en la pobreza. Según las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2009 posiblemente unos 30 millones adicionales se sumarán al desempleo, 23 millones de los cuales podrían ser habitantes de países en desarrollo. Las previsiones más pesimistas indican que esa cifra se incrementaría a 50 millones más de personas. Las estimaciones del impacto de la desaceleración del crecimiento en la pobreza fluctúan entre 55 millones y 90 millones más de personas en situación de extrema pobreza en 2009 que las previsiones antes de la crisis. Estas cifras aumentarán si la crisis se agudiza y el crecimiento de los países en desarrollo continúa disminuyendo. La crisis de los alimentos, y ahora la crisis financiera mundial, están revirtiendo los progresos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Antes de que estallara la crisis de los alimentos en 2007, había en el mundo en desarrollo unos 850 millones de personas que padecían hambre crónica; aumentó a 960 millones en 2008 y se espera que sobrepase los mil millones en 2009”.
Las rebanadas del pastel
No vaya a ser la de malas que a Felipe Calderón se le ocurra manejar la epidemia como lo ha hecho con la crisis económica, porque la presente emergencia no es por un “catarrito”, sino por influenza.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Enmarañados en resolver lo único que realmente les importa (rescatar” a su sistema financiero y “modificar” el status económico para que quede igual), nula ha sido la atención e intervención de los gobiernos que toman las decisiones en el planeta para atemperar la verdadera crisis que vive el mundo subdesarrollado, la cual, si bien ahora se manifiesta de forma exponencial, acumula muchas décadas y víctimas.
Ahora que explotó un nuevo capítulo de la misma sacudida, algunos organismos mundiales se dignan a volver la vista a lo que eufemísticamente catalogan de “países menos favorecidos”, y al constatar el profundo deterioro acumulado lentamente los lleva a registrar que “la crisis financiera mundial, la más grave desde la Gran Depresión, se convierte rápidamente en una crisis humana y de desarrollo”, a la par que reconocen que desde antes del estallido de la crisis “ya se advertía sobre la inminente emergencia mundial de pobreza, de tal suerte que si entonces existía una emergencia de desarrollo, sin duda existe una ahora, y la crisis financiera amenaza con generar nuevos problemas y hace mucho más urgente tomar medidas al respecto”.
Tal es el caso del Banco Mundial (que hoy formalmente inicia, de manera conjunta con el FMI, su “reunión de primavera en la capital estadunidense), organismos que divulgaron su Informe sobre seguimiento mundial 2009, en el que reconocen que lo anterior, y subrayan que “la crisis financiera mundial está poniendo en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio fijados para 2015 y está creando una emergencia de desarrollo, “de tal suerte que) es improbable que se alcance la mayoría de los ocho objetivos acordados internacionalmente, entre ellos los relacionados con el hambre, la mortalidad infantil y materna, la educación y el avance de la lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades importantes”.
Ambos organismos, estrictos guardianes neoliberales, se ven en la penosa necesidad de reconocer que “la crisis se originó en el mundo desarrollado, pero se ha extendido rápida e inexorablemente al mundo en desarrollo, sin que ningún país se haya librado de ella. Es cada vez más evidente que ésta no será una crisis de corta duración. Los países pobres son especialmente vulnerables, ya que carecen de los recursos para responder con medidas paliativas. Para millones de personas, la crisis pone en peligro su propia supervivencia”.
Tal conclusión no es gratuita, pues “para los países pobres, ésta ha sido una crisis tras otra. Se ha producido justo después de las crisis de los alimentos y de los combustibles. El triple desafío de las crisis de los alimentos, los combustibles y los mercados financieros está empujando a muchos países pobres a una zona de peligro, que impone un costo humano cada vez mayor y pone en riesgo las perspectivas de desarrollo. Con la paralización de los mercados financieros internacionales en 2008, los países con mercados emergentes fueron los primeros en sentir los efectos de la crisis financiera, por su dependencia de los flujos de capital privado. Estos flujos hacia el mundo en desarrollo registraron la mayor caída de la historia, previéndose que serán negativos en 2009 (una disminución mayor a 700 mil millones respecto del volumen máximo, que se alcanzó en 2007)”.
Muchas naciones de ingreso bajo también se ven afectados por la restricción de los créditos privados; los flujos privados hacia esos países, que habían registrado un aumento en años recientes, ahora están disminuyendo. Se prevé que se verán afectados fuertemente sobre todo en 2009 “con una segunda ronda de efectos de la recesión mundial y la disminución del comercio mundial: las proyecciones indican que en el presente año el PIB mundial disminuirá por primera vez desde la segunda guerra mundial, y que el comercio internacional registrará la mayor baja del periodo de posguerra”.
Además, se verán afectados por la reducción de las exportaciones, los precios de los productos básicos, remesas, turismo, inversión extranjera directa y, “posiblemente”, la asistencia externa. “Estas perturbaciones, a su vez, afectarán los ingresos públicos, se sumarán al fuerte impacto fiscal negativo de las crisis de los alimentos y los combustibles en muchos países, y ejercerán aún más presión sobre los programas de gasto público. Además, si bien los sistemas financieros de los países de ingreso bajo están relativamente protegidos del contagio porque están menos expuestos a los mercados financieros internacionales, pueden verse afectados por la segunda ronda de efectos, a medida que la contracción económica haga que aumenten los préstamos riesgosos y limite la disponibilidad de financiamiento interno para las empresas”.
El encarecimiento de los alimentos entre 2005 y 2008 arrastró a la extrema pobreza a unos 200 millones más de personas, y alrededor de la mitad de ellas no saldrán de esa situación en 2009. “Si bien los precios de los alimentos han disminuido desde mediados de 2008, siguen muy altos en comparación con los niveles históricos y la crisis alimentaria decididamente no ha terminado. La desaceleración del crecimiento como consecuencia de la crisis financiera se sumará al impacto de los altos precios de los alimentos en la pobreza. Según las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2009 posiblemente unos 30 millones adicionales se sumarán al desempleo, 23 millones de los cuales podrían ser habitantes de países en desarrollo. Las previsiones más pesimistas indican que esa cifra se incrementaría a 50 millones más de personas. Las estimaciones del impacto de la desaceleración del crecimiento en la pobreza fluctúan entre 55 millones y 90 millones más de personas en situación de extrema pobreza en 2009 que las previsiones antes de la crisis. Estas cifras aumentarán si la crisis se agudiza y el crecimiento de los países en desarrollo continúa disminuyendo. La crisis de los alimentos, y ahora la crisis financiera mundial, están revirtiendo los progresos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Antes de que estallara la crisis de los alimentos en 2007, había en el mundo en desarrollo unos 850 millones de personas que padecían hambre crónica; aumentó a 960 millones en 2008 y se espera que sobrepase los mil millones en 2009”.
Las rebanadas del pastel
No vaya a ser la de malas que a Felipe Calderón se le ocurra manejar la epidemia como lo ha hecho con la crisis económica, porque la presente emergencia no es por un “catarrito”, sino por influenza.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Qué sentido tiene estudiar la carrera de derecho, si las autoridades encargadas de aplicar las leyes se burlan de ellas con tanto cinismo?, se preguntaba un estudiante con motivo de la resolución dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el pasado 14 de abril en contra de los mineros de Cananea. De un plumazo y en tan sólo un día, este tribunal desahogó una pantomima de juicio desde su etapa inicial hasta el laudo, aunque era fundamental realizar una investigación a fin de determinar si se actualizaba la causal de terminación de las relaciones colectivas de trabajo, consistente en la imposibilidad de seguir operando en el futuro por causas de fuerza mayor. La JFCA se negó a desahogar las pruebas idóneas para el caso ofrecidas por los trabajadores, aceptando el argumento patronal de que por causas de fuerza mayor la mina no podría operar más, y así autorizó el despido de mil 200 trabajadores, con indemnizaciones disminuidas, y tuvo por desaparecido el contrato colectivo y terminada la huelga, en consecuencia, a pesar de que ese mismo día se vio obligada a declararla existente por orden del Poder Judicial Federal.
La falsedad del argumento de fuerza mayor muy pronto quedó en evidencia. La propia empresa puso en ridículo a las autoridades al declarar a diestra y siniestra que su intención real era reanudar actividades con otras condiciones; llegó al extremo de señalar que su objetivo era deshacerse de 300 “rijosos” prosindicalistas y que estaría de acuerdo en volver a contratar al resto de los trabajadores, pero con el sindicato de su preferencia y un contrato colectivo de protección patronal, advirtiendo, incluso, que lo depositaría ante la misma JFCA. El teatro cayó por los suelos, ¿dónde quedó la fuerza mayor que impedía la reanudación de labores? Si efectivamente no se podía seguir operando, ¿por qué la urgencia de retomar las instalaciones, poniendo en riesgo incluso la integridad de trabajadores y familias? Es más, si se trata de una concesión estatal y el concesionario señala que es incosteable la operación, la mina debería regresar al dominio de la nación.
Por la trascendencia del conflicto, es fundamental que se aclaren las causas por las que la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se involucraron en esta maniobra, que día con día se hace más evidente. Sobre ello se han planteado diversas hipótesis, complementarias entre sí. La familia Larrea, propietaria del Grupo Minera México, goza de gigantescas influencias en el gobierno federal, así lo acredita el proceso de privatización en su favor de la mina de Cananea y los apoyos que ha recibido. Carlos Fernández Vega lo documenta claramente en su columna México SA (La Jornada, 20/4/09). Como expertos en la tarea de especulación de metales, durante meses los empresarios no se preocuparon por la huelga, porque finalmente la baja en la producción de cobre incrementaba su precio. Nuevas circunstancias los orillaron a cambiar de estrategia; las recientes resoluciones en su contra de jueces estadunidenses los urgen a obtener recursos frescos para reparar daños a accionistas de Southern Copper Perú. Así surge la necesidad de reanudar actividades en la mina; sin embargo, no estaban dispuestos a solucionar la huelga, ni a otorgar al sindicato un punto a su favor, razón por la cual armaron con el gobierno federal el invento de una terminación colectiva de las relaciones laborales por supuestas causas de fuerza mayor y solicitaron a la Secretaría de Economía que emitiera un documento que sirviera de excusa con base en datos proporcionados por la empresa. El gobierno federal otorgó todo su apoyo, en esta especie de cruzada contra el sindicato minero, que viene realizando de años atrás, convirtiéndola en el emblema de su política laboral.
Abona al cálculo gubernamental su apuesta al olvido. Creen que después de algunos meses la población tendrá en mente otra cosa y el tema Cananea se podrá confundir con campañas en los medios y las denuncias financiadas por la empresa contra el líder del sindicato. Un argumento en favor de esta visión es el ejemplo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes hace tan sólo cuatro años se movilizaban a nivel nacional con la consigna ¡ni un voto al PRI ni un voto al PAN!, con motivo de la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones que finalmente fue cancelado para el personal de nuevo ingreso. Hoy existen más de 40 mil trabajadores sin este derecho contractual, mientras su dirigente se candidatea por el partido del gobierno que materializó el golpe.
El error de su cálculo es que los trabajadores sí tienen memoria, difícil de notar por la ausencia de organizaciones democráticas, de mecanismos de participación y de medios para expresarse; sin embargo, el 5 de julio será una oportunidad para hacerla patente rechazando la política antiobrera del gobierno, claramente expresada en el golpe a los mineros y su protección a un nuevo corporativismo de tipo patronal. Con su voto, los hombres y mujeres que viven de su trabajo deberán dejar claro que no es tan fácil olvidar.
En contraste con la celebración del sindicalismo oficial, el que ha sido cómplice con su silencio, la movilización del próximo primero de mayo reclamará justicia para los mineros como uno de los ejes centrales. El rechazo a una política económica que genera desempleo desbocado, topes a los salarios mínimos y contractuales, 30 por ciento por debajo de la inflación oficial, el despojo de los fondos de retiro vía su privatización, la Ley del ISSSTE, el rechazo al proyecto Lozano de reforma laboral y el reclamo por un cambio en los sistemas de justicia laboral estarán presentes en las mantas y consignas de miles de trabajadoras y trabajadores. Demostrarán que tienen buena memoria y que aún tiene sentido estudiar la carrera de derecho.
La falsedad del argumento de fuerza mayor muy pronto quedó en evidencia. La propia empresa puso en ridículo a las autoridades al declarar a diestra y siniestra que su intención real era reanudar actividades con otras condiciones; llegó al extremo de señalar que su objetivo era deshacerse de 300 “rijosos” prosindicalistas y que estaría de acuerdo en volver a contratar al resto de los trabajadores, pero con el sindicato de su preferencia y un contrato colectivo de protección patronal, advirtiendo, incluso, que lo depositaría ante la misma JFCA. El teatro cayó por los suelos, ¿dónde quedó la fuerza mayor que impedía la reanudación de labores? Si efectivamente no se podía seguir operando, ¿por qué la urgencia de retomar las instalaciones, poniendo en riesgo incluso la integridad de trabajadores y familias? Es más, si se trata de una concesión estatal y el concesionario señala que es incosteable la operación, la mina debería regresar al dominio de la nación.
Por la trascendencia del conflicto, es fundamental que se aclaren las causas por las que la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se involucraron en esta maniobra, que día con día se hace más evidente. Sobre ello se han planteado diversas hipótesis, complementarias entre sí. La familia Larrea, propietaria del Grupo Minera México, goza de gigantescas influencias en el gobierno federal, así lo acredita el proceso de privatización en su favor de la mina de Cananea y los apoyos que ha recibido. Carlos Fernández Vega lo documenta claramente en su columna México SA (La Jornada, 20/4/09). Como expertos en la tarea de especulación de metales, durante meses los empresarios no se preocuparon por la huelga, porque finalmente la baja en la producción de cobre incrementaba su precio. Nuevas circunstancias los orillaron a cambiar de estrategia; las recientes resoluciones en su contra de jueces estadunidenses los urgen a obtener recursos frescos para reparar daños a accionistas de Southern Copper Perú. Así surge la necesidad de reanudar actividades en la mina; sin embargo, no estaban dispuestos a solucionar la huelga, ni a otorgar al sindicato un punto a su favor, razón por la cual armaron con el gobierno federal el invento de una terminación colectiva de las relaciones laborales por supuestas causas de fuerza mayor y solicitaron a la Secretaría de Economía que emitiera un documento que sirviera de excusa con base en datos proporcionados por la empresa. El gobierno federal otorgó todo su apoyo, en esta especie de cruzada contra el sindicato minero, que viene realizando de años atrás, convirtiéndola en el emblema de su política laboral.
Abona al cálculo gubernamental su apuesta al olvido. Creen que después de algunos meses la población tendrá en mente otra cosa y el tema Cananea se podrá confundir con campañas en los medios y las denuncias financiadas por la empresa contra el líder del sindicato. Un argumento en favor de esta visión es el ejemplo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes hace tan sólo cuatro años se movilizaban a nivel nacional con la consigna ¡ni un voto al PRI ni un voto al PAN!, con motivo de la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones que finalmente fue cancelado para el personal de nuevo ingreso. Hoy existen más de 40 mil trabajadores sin este derecho contractual, mientras su dirigente se candidatea por el partido del gobierno que materializó el golpe.
El error de su cálculo es que los trabajadores sí tienen memoria, difícil de notar por la ausencia de organizaciones democráticas, de mecanismos de participación y de medios para expresarse; sin embargo, el 5 de julio será una oportunidad para hacerla patente rechazando la política antiobrera del gobierno, claramente expresada en el golpe a los mineros y su protección a un nuevo corporativismo de tipo patronal. Con su voto, los hombres y mujeres que viven de su trabajo deberán dejar claro que no es tan fácil olvidar.
En contraste con la celebración del sindicalismo oficial, el que ha sido cómplice con su silencio, la movilización del próximo primero de mayo reclamará justicia para los mineros como uno de los ejes centrales. El rechazo a una política económica que genera desempleo desbocado, topes a los salarios mínimos y contractuales, 30 por ciento por debajo de la inflación oficial, el despojo de los fondos de retiro vía su privatización, la Ley del ISSSTE, el rechazo al proyecto Lozano de reforma laboral y el reclamo por un cambio en los sistemas de justicia laboral estarán presentes en las mantas y consignas de miles de trabajadoras y trabajadores. Demostrarán que tienen buena memoria y que aún tiene sentido estudiar la carrera de derecho.
El pasado miércoles, el maestro Emilio Álvarez Icaza presentó ante el jefe de Gobierno de la ciudad de México el informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) correspondiente al año 2008. Fue el último de su ejemplar gestión de dos periodos de cuatro años al frente de la institución, si consideramos la convicción con la que promovió y usó de su autonomía constitucional desde su primer periodo, y el compromiso con el que estableció, dentro de sus atribuciones y apoyado por su consejo, su equipo y las organizaciones de la sociedad civil, un nuevo modelo de gestión, que sin discriminación pone en el centro de sus acciones y de manera integral a las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos. Con ello puso las bases para transformar a la CDHDF en una auténtica defensoría del pueblo, siguiendo los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, como lo propuso desde el primer día que asumió su cargo.
Para lograrlo, dicho modelo está justamente fundamentado en la autonomía, como requisito para mantener la independencia de la comisión; la ciudadanización, como obligación de las instituciones de un Estado democrático, y llegar a ser instrumentos útiles de la gente, a la que deben su existencia; la profesionalización de los servidores públicos de derechos humanos, como estrategia para ofrecer a los peticionarios los mejores servicios; la aplicación de estándares internacionales, como paradigmas que orientan hacia esquemas de protección más amplios de los derechos humanos de las personas; la integralidad de los derechos humanos, como condición para su ejercicio, y la transparencia y rendición de cuentas, como principios inherentes a la función pública.
Por ello la presentación fue acogida por un largo aplauso de pie por una nutrida concurrencia, integrada por los representantes de los tres poderes y dependencias de gobierno de la capital, de otros organismos públicos de derechos humanos en México y otros países de América Latina, así como por miembros del Congreso, del cuerpo diplomático acreditado en México, el representante en el país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y muchas y muchos representantes de organismos de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos no únicamente en la ciudad, sino también en otros estados de la República.
El informe, integrado por tres gruesos volúmenes, da cuenta de manera puntual, no sólo cuantitativa, sino a partir de allí sobre todo cualitativa, de los principales procesos y acciones llevados a cabo por la CDHDF en sus distintos programas: conducción institucional; programa de defensa y promoción de los derechos humanos; programa de promoción, educación y difusión de los derechos humanos, y programa de fortalecimiento institucional y apoyo administrativo. Es importante subrayar que las acciones emprendidas en 2008 por la presidencia y el consejo estuvieron encaminadas a incidir en el diseño y aplicación de políticas públicas en la ciudad, sobre todo por medio de un completo diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, elaborado con el concurso de las organizaciones civiles radicadas en la ciudad, único en el país y en el mundo, que el pasado 7 de mayo se presentó a la ciudadanía y se entregó formalmente a todas las instancias de gobierno. Y de un consecuente programa de derechos humanos, igualmente inédito, capaz de generar las transformaciones estructurales necesarias, que será también entregado este año a los tres poderes del Estado y dependencias de gobierno en la ciudad de México.
Con este tipo de acciones se ha buscado asegurar la autosuficiencia, permanencia y replicabilidad de la comisión, con el fin de que su experiencia sea tomada en cuenta por otros organismos públicos de derechos humanos, y funcione más allá del tiempo de las personas que actualmente la integran y dirigen. Por ello, al mismo tiempo que se agradeció a los representantes de la Asamblea Legislativa su responsabilidad en la designación del presidente de la comisión y de los miembros de su consejo, en la asignación del presupuesto y en la atención a sus importantes propuestas legislativas, en la presentación del informe se les pidió que no vayan a convertir en los próximos meses la designación del nuevo presidente de la CDHDF en un botín político y partidario, como ya ha sucedido con otros organismos autónomos de la nación.
De la interpretación de las quejas, investigación de las violaciones, recomendaciones, otras investigaciones de la comisión y la elaboración de informes especiales surgieron en 2008 los siguientes temas relevantes, en los que la comisión informa sobre sus principales acciones: democracia, desarrollo y derechos humanos, que según los mecanismos internacionales de derechos humanos van estrechamente unidos; políticas públicas y derechos humanos; procuración y administración de justicia; seguridad pública y derechos humanos, y dentro de éste el famoso caso del New’s Divine; sistema penitenciario; salud y derechos humanos, y violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo casos de tortura, de los que todavía no nos hemos podido librar del todo. Entre otras muchas realizaciones, de particular relevancia fue también este año la concreción de un libro con presupuestos y procedimientos eficientes para la atención e investigación de quejas, así como la de un catálogo para calificar e investigar violaciones a los derechos humanos.
Enrique Calderón Alzati: Educación, una prioridad nacional
Para lograrlo, dicho modelo está justamente fundamentado en la autonomía, como requisito para mantener la independencia de la comisión; la ciudadanización, como obligación de las instituciones de un Estado democrático, y llegar a ser instrumentos útiles de la gente, a la que deben su existencia; la profesionalización de los servidores públicos de derechos humanos, como estrategia para ofrecer a los peticionarios los mejores servicios; la aplicación de estándares internacionales, como paradigmas que orientan hacia esquemas de protección más amplios de los derechos humanos de las personas; la integralidad de los derechos humanos, como condición para su ejercicio, y la transparencia y rendición de cuentas, como principios inherentes a la función pública.
Por ello la presentación fue acogida por un largo aplauso de pie por una nutrida concurrencia, integrada por los representantes de los tres poderes y dependencias de gobierno de la capital, de otros organismos públicos de derechos humanos en México y otros países de América Latina, así como por miembros del Congreso, del cuerpo diplomático acreditado en México, el representante en el país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y muchas y muchos representantes de organismos de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos no únicamente en la ciudad, sino también en otros estados de la República.
El informe, integrado por tres gruesos volúmenes, da cuenta de manera puntual, no sólo cuantitativa, sino a partir de allí sobre todo cualitativa, de los principales procesos y acciones llevados a cabo por la CDHDF en sus distintos programas: conducción institucional; programa de defensa y promoción de los derechos humanos; programa de promoción, educación y difusión de los derechos humanos, y programa de fortalecimiento institucional y apoyo administrativo. Es importante subrayar que las acciones emprendidas en 2008 por la presidencia y el consejo estuvieron encaminadas a incidir en el diseño y aplicación de políticas públicas en la ciudad, sobre todo por medio de un completo diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, elaborado con el concurso de las organizaciones civiles radicadas en la ciudad, único en el país y en el mundo, que el pasado 7 de mayo se presentó a la ciudadanía y se entregó formalmente a todas las instancias de gobierno. Y de un consecuente programa de derechos humanos, igualmente inédito, capaz de generar las transformaciones estructurales necesarias, que será también entregado este año a los tres poderes del Estado y dependencias de gobierno en la ciudad de México.
Con este tipo de acciones se ha buscado asegurar la autosuficiencia, permanencia y replicabilidad de la comisión, con el fin de que su experiencia sea tomada en cuenta por otros organismos públicos de derechos humanos, y funcione más allá del tiempo de las personas que actualmente la integran y dirigen. Por ello, al mismo tiempo que se agradeció a los representantes de la Asamblea Legislativa su responsabilidad en la designación del presidente de la comisión y de los miembros de su consejo, en la asignación del presupuesto y en la atención a sus importantes propuestas legislativas, en la presentación del informe se les pidió que no vayan a convertir en los próximos meses la designación del nuevo presidente de la CDHDF en un botín político y partidario, como ya ha sucedido con otros organismos autónomos de la nación.
De la interpretación de las quejas, investigación de las violaciones, recomendaciones, otras investigaciones de la comisión y la elaboración de informes especiales surgieron en 2008 los siguientes temas relevantes, en los que la comisión informa sobre sus principales acciones: democracia, desarrollo y derechos humanos, que según los mecanismos internacionales de derechos humanos van estrechamente unidos; políticas públicas y derechos humanos; procuración y administración de justicia; seguridad pública y derechos humanos, y dentro de éste el famoso caso del New’s Divine; sistema penitenciario; salud y derechos humanos, y violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo casos de tortura, de los que todavía no nos hemos podido librar del todo. Entre otras muchas realizaciones, de particular relevancia fue también este año la concreción de un libro con presupuestos y procedimientos eficientes para la atención e investigación de quejas, así como la de un catálogo para calificar e investigar violaciones a los derechos humanos.
Enrique Calderón Alzati: Educación, una prioridad nacional
La orientación de las acciones de un país y la (in)capacidad de sus ciudadanos de decidir esa orientación y de obligar a su gobierno a adoptarla es una consecuencia natural de la educación que esos ciudadanos (no) poseen. Esta es una verdad histórica harto conocida por los gobernantes desde tiempos remotos y desafortunadamente practicada con entusiasmo por muchos de ellos, hasta nuestros días.
Esta es, sin lugar a duda, la principal razón del atraso y de las condiciones de inequidad en que hemos vivido los mexicanos a lo largo de nuestra historia, salvo periodos muy breves, surgidos cuando la situación se ha vuelto intolerable, como durante los inicios de la Independencia y de la Revolución, o ante casos de gobiernos excepcionales como los de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En un par de artículos anteriores he hecho ya referencia a este tema y a la responsabilidad que en ello han tenido y tienen los grupos y la gente de la izquierda, entendida ésta como aquella que supuestamente lucha por el bienestar colectivo frente a los intereses particulares, por la soberanía frente a la sumisión ante lo extranjero, por los trabajadores frente al capital, por la justicia social frente a los privilegios de los pocos.
La importancia del tema no es menor, porque en él se cierra un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, y que tiende a replicar la realidad de una generación sobre las siguientes. Una generación poco educada no entiende la importancia ni los beneficios de la educación y repite los patrones de conducta que recibió de sus antepasados, mientras que otra iluminada por el conocimiento entiende con claridad la importancia de dar una buena educación a sus hijos. Sin lugar a dudas, nuestro país ha contado con muchos hombres valiosos e ilustres, pero no suficientes para cambiar los patrones de educación (o domesticación) dominantes.
De las filas mismas de la lucha juarista por la soberanía de la nación y la limitación de los privilegios del clero surgió feroz una nueva casta de militares y hacendados que, carente de educación, no hizo sino reincidir en los vicios y privilegios contra los que ellos mismos habían luchado. El proceso se ha repetido una y otra vez luego de la Revolución y hasta nuestros días, con diferentes banderas de lucha, como la democracia, el respeto al voto, el fin del autoritarismo y la corrupción, con logros que terminan siendo nulificados en poco tiempo y reducidos a meros cambios de unos grupos de poder por otros, que repiten las mismas pautas de conducta que tienen su origen en la educación que recibimos.
Durante algunos gobiernos surgidos de la Revolución, incluidos los de Obregón, Calles y Cárdenas, los preceptos y los ideales de la izquierda estuvieron presentes en el sistema educativo gubernamental, igual que en algunos de los gobiernos priístas de la segunda mitad del siglo XX, incluidos los de López Mateos, Echeverría y López Portillo; por su parte, diversos grupos de derecha asociados al clero, al mundo empresarial y frecuentemente a ambos, realizaron esfuerzos importantes para la creación de sus propias estructuras educativas, mientras la izquierda, actuando en forma tibia, redujo su participación a las instituciones de educación pública, evitando incluso enfrentarse con el sindicalismo corporativo, con tendencias muy claras para lograr controlarlas en su propio beneficio.
Una vez que los grupos de derecha tomaron el control del gobierno, a partir de la década de los 80, la educación pública ha sido sujetada de manera creciente a los intereses de los grupos dominantes, creando de facto un sistema social con una capacidad crítica a la baja y un espíritu de resignación ante la pobreza y la injusticia propio de las sociedades esclavistas o de castas, siendo la educación asistencial y clientelar la última modalidad empleada por el sistema, como sustituto del conocimiento, y como iniciación a las conductas de sumisión clientelar desde una edad temprana.
Quizás vale la pena recordar hoy el visionario esfuerzo de la revolución cubana y de sus líderes en torno a la educación, hecho que además de permitirles la formación de cuadros valiosos, hizo posible que una nación pequeña fuese capaz de enfrentar con dignidad, e incluso éxito, los ataques reiterados de la nación más poderosa y agresiva del planeta; sólo ello puede explicar su historia. Cuba es una nación distinta a la nuestra, con una historia distinta y una realidad actual diferente, pero sus experiencias en educación no pueden ser dejadas a un lado.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad mexicana atestiguó importantes movimientos sociales surgidos del enojo, de la necesidad de cambios y también de la esperanza por lograr un país mejor. Las banderas de lucha fueron el derecho al trabajo, como antes lo habían sido la tierra y la libertad, el fin del autoritarismo gubernamental y de la explotación económica, la demanda de una democracia real, el fin del partido único y el establecimiento de un gobierno elegido por el voto popular. El derecho a la educación y la calidad de ésta no han constituido en todas esas décadas ningún motivo de demanda, pese a las graves deficiencias educativas que experimenta el país y que lo colocan entre las naciones de escaso desarrollo y menores niveles de crecimiento económico.
En lo que hoy se viene llamando ya la edad del conocimiento, muchas son las naciones que mantienen esfuerzos sin precedente en la formación de sus estudiantes, desarrollando nuevos esquemas y paradigmas educativos, instalando laboratorios para impulsar la experimentación y la construcción del conocimiento entre los niños y jóvenes, creando talleres de tecnología para impulsar su creatividad e inventiva. Los resultados que vienen logrando saltan a la vista. Por ello, la actuación irresponsable de nuestros gobernantes configura ya una conducta de traición a la patria, al negar estas posibilidades a nuestros estudiantes y al país entero.
¿Cuánto tendremos que esperar aún para contar con un proyecto educativo orientado a enseñarle a la población a organizarse para producir con éxito, a comerciar sus bienes y servicios para vivir mejor, a defender sus derechos, a darse gobiernos honestos, conscientes y comprometidos, a construir su propio conocimiento y disfrutarlo, distinguiendo lo que es esencial de lo que no lo es, a entender su entorno y poder cuidarlo, a apreciar el arte y ser capaz de crearlo, a sentir orgullo y responsabilidad por su comunidad y por su país?
Gabriel Vargas Lozano*: La desaparición de la filosofía en la reforma de la SEP
Esta es, sin lugar a duda, la principal razón del atraso y de las condiciones de inequidad en que hemos vivido los mexicanos a lo largo de nuestra historia, salvo periodos muy breves, surgidos cuando la situación se ha vuelto intolerable, como durante los inicios de la Independencia y de la Revolución, o ante casos de gobiernos excepcionales como los de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En un par de artículos anteriores he hecho ya referencia a este tema y a la responsabilidad que en ello han tenido y tienen los grupos y la gente de la izquierda, entendida ésta como aquella que supuestamente lucha por el bienestar colectivo frente a los intereses particulares, por la soberanía frente a la sumisión ante lo extranjero, por los trabajadores frente al capital, por la justicia social frente a los privilegios de los pocos.
La importancia del tema no es menor, porque en él se cierra un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, y que tiende a replicar la realidad de una generación sobre las siguientes. Una generación poco educada no entiende la importancia ni los beneficios de la educación y repite los patrones de conducta que recibió de sus antepasados, mientras que otra iluminada por el conocimiento entiende con claridad la importancia de dar una buena educación a sus hijos. Sin lugar a dudas, nuestro país ha contado con muchos hombres valiosos e ilustres, pero no suficientes para cambiar los patrones de educación (o domesticación) dominantes.
De las filas mismas de la lucha juarista por la soberanía de la nación y la limitación de los privilegios del clero surgió feroz una nueva casta de militares y hacendados que, carente de educación, no hizo sino reincidir en los vicios y privilegios contra los que ellos mismos habían luchado. El proceso se ha repetido una y otra vez luego de la Revolución y hasta nuestros días, con diferentes banderas de lucha, como la democracia, el respeto al voto, el fin del autoritarismo y la corrupción, con logros que terminan siendo nulificados en poco tiempo y reducidos a meros cambios de unos grupos de poder por otros, que repiten las mismas pautas de conducta que tienen su origen en la educación que recibimos.
Durante algunos gobiernos surgidos de la Revolución, incluidos los de Obregón, Calles y Cárdenas, los preceptos y los ideales de la izquierda estuvieron presentes en el sistema educativo gubernamental, igual que en algunos de los gobiernos priístas de la segunda mitad del siglo XX, incluidos los de López Mateos, Echeverría y López Portillo; por su parte, diversos grupos de derecha asociados al clero, al mundo empresarial y frecuentemente a ambos, realizaron esfuerzos importantes para la creación de sus propias estructuras educativas, mientras la izquierda, actuando en forma tibia, redujo su participación a las instituciones de educación pública, evitando incluso enfrentarse con el sindicalismo corporativo, con tendencias muy claras para lograr controlarlas en su propio beneficio.
Una vez que los grupos de derecha tomaron el control del gobierno, a partir de la década de los 80, la educación pública ha sido sujetada de manera creciente a los intereses de los grupos dominantes, creando de facto un sistema social con una capacidad crítica a la baja y un espíritu de resignación ante la pobreza y la injusticia propio de las sociedades esclavistas o de castas, siendo la educación asistencial y clientelar la última modalidad empleada por el sistema, como sustituto del conocimiento, y como iniciación a las conductas de sumisión clientelar desde una edad temprana.
Quizás vale la pena recordar hoy el visionario esfuerzo de la revolución cubana y de sus líderes en torno a la educación, hecho que además de permitirles la formación de cuadros valiosos, hizo posible que una nación pequeña fuese capaz de enfrentar con dignidad, e incluso éxito, los ataques reiterados de la nación más poderosa y agresiva del planeta; sólo ello puede explicar su historia. Cuba es una nación distinta a la nuestra, con una historia distinta y una realidad actual diferente, pero sus experiencias en educación no pueden ser dejadas a un lado.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad mexicana atestiguó importantes movimientos sociales surgidos del enojo, de la necesidad de cambios y también de la esperanza por lograr un país mejor. Las banderas de lucha fueron el derecho al trabajo, como antes lo habían sido la tierra y la libertad, el fin del autoritarismo gubernamental y de la explotación económica, la demanda de una democracia real, el fin del partido único y el establecimiento de un gobierno elegido por el voto popular. El derecho a la educación y la calidad de ésta no han constituido en todas esas décadas ningún motivo de demanda, pese a las graves deficiencias educativas que experimenta el país y que lo colocan entre las naciones de escaso desarrollo y menores niveles de crecimiento económico.
En lo que hoy se viene llamando ya la edad del conocimiento, muchas son las naciones que mantienen esfuerzos sin precedente en la formación de sus estudiantes, desarrollando nuevos esquemas y paradigmas educativos, instalando laboratorios para impulsar la experimentación y la construcción del conocimiento entre los niños y jóvenes, creando talleres de tecnología para impulsar su creatividad e inventiva. Los resultados que vienen logrando saltan a la vista. Por ello, la actuación irresponsable de nuestros gobernantes configura ya una conducta de traición a la patria, al negar estas posibilidades a nuestros estudiantes y al país entero.
¿Cuánto tendremos que esperar aún para contar con un proyecto educativo orientado a enseñarle a la población a organizarse para producir con éxito, a comerciar sus bienes y servicios para vivir mejor, a defender sus derechos, a darse gobiernos honestos, conscientes y comprometidos, a construir su propio conocimiento y disfrutarlo, distinguiendo lo que es esencial de lo que no lo es, a entender su entorno y poder cuidarlo, a apreciar el arte y ser capaz de crearlo, a sentir orgullo y responsabilidad por su comunidad y por su país?
Gabriel Vargas Lozano*: La desaparición de la filosofía en la reforma de la SEP
El viernes 26 de septiembre de 2008 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 442, por medio del cual se establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) “en el marco de la diversidad”. En ese acuerdo, por primera vez en la historia moderna de nuestro país desaparecen las disciplinas filosóficas como obligatorias. La SEP, para curarse en salud dice, en una nota al pie de página, que la filosofía, la ética y la lógica son “transversales”, y “no por ello menos importantes”, y que por ello “podrán incluirse en el bachillerato, si así se considera pertinente”. La pregunta es: si “son tan importantes”, ¿por qué no figuran dentro de las disciplinas obligatorias y por qué se convierten en aleatorias y, por tanto, dependientes de la ocurrencia de algún funcionario? Pero esta incógnita se despeja en el Acuerdo 444, del 26 de septiembre de 2008, en donde ya no aparece la famosa nota y en donde se define con mayor precisión el “marco común” del SNB: las disciplinas “transversales” no tienen nombre sino una especie de “lema inspirador”. Por ejemplo, una competencia transversal se titula: “Piensa crítica y reflexivamente”, y el contenido es, entre otros objetivos: “sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva”; “ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones”, o bien, “utiliza las tecnologías de la información y comunicación”. Al leer esto me pregunto: ¿esto es pensamiento crítico? Por deformación profesional yo pensaba que éste consistía en una reflexión profunda sobre los sistemas de pensamiento heredados como lo hicieron Descartes o Kant; de los sistemas sociales como lo han hecho los clásicos de la filosofía desde Sócrates hasta nuestros días, o una búsqueda de alternativas a las crisis en que vivimos. Pero si la filosofía como tal no se encuentra en las “transversales” tampoco está entre las “disciplinas básicas” que cursarán todos los estudiantes y que se ordenan en cuatro campos: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y comunicación, en donde se mencionan las disciplinas que los forman, con nombre y apellido. Aquí se descubre otra ausencia: no hay un campo denominado humanidades, que podría ser integrado por filosofía, literatura, historia y arte.
¿Cuáles son las razones por las que no está considerada la filosofía y no se toma en cuenta a las humanidades como área específica? No existe ninguna respuesta oficial, pero anticipo las causas de fondo: la RIEMS representa la continuidad del proyecto neoliberal-conservador que se inició en 1982 y que se ha ido realizando, paso a paso, por los gobiernos priístas y panistas, y que ahora toca a la educación media superior. Se trata de un proyecto tecnocrático que busca adiestrar al estudiante en un oficio para incorporarlo, en forma obediente y subordinada al mercado de trabajo. Para ello se crearon desde hace mucho las escuelas tecnológicas, pero ahora se trata de extender dicho concepto a las preparatorias, rompiendo el equilibrio con las humanidades. ¿Sus fuentes inspiradoras? Naturalmente la OCDE; los Acuerdos de Bolonia; el FMI y el Proyecto Tunning, entre otros. Se trata de eliminar la lógica como estudio de las formas del pensamiento correcto (de hecho, ya reducida a cenizas en el CCH y el Colegio de Bachilleres desde 1996); de sustituir una ética laica que examine libremente los dilemas como el aborto, la clonación, los derechos de los pueblos indios o la muerte asistida, por ejemplo, por una ética religiosa y, finalmente, de expulsar una introducción a la filosofía porque, “¿de qué serviría?” Es decir, en esta concepción, el futuro plomero, electricista, mecánico o empleado no debe enterarse de que existieron filósofos que han buscado un mundo más justo. Además, no hay que permitirlo porque seguramente la ampliación de su cultura y su mejor organización conceptual le podría permitir el desarrollo de un auténtico pensamiento crítico y reflexivo.
Por otro lado, en tiempos de exaltación de la democracia, dicha reforma nunca fue consultada con “la sociedad civil” sino sólo “con la ANUIES”, aunque ya la UNAM declaró que mantendría sus propios planes y programas de estudios. Por tanto, se trata de una decisión impuesta por el gobierno federal.
La eliminación de la filosofía en el bachillerato ha generado una enorme indignación entre la comunidad filosófica nacional e internacional, porque la considera no sólo un grave atentado contra la cultura de nuestro país y contra las propias facultades de filosofía y letras, sino una clara expresión del tipo de país que quiere construir la derecha.
* Filósofo. Profesor-investigador de la UAM-I.
Silvia Ribeiro*: Maíz transgénico: ilegal e inútil
¿Cuáles son las razones por las que no está considerada la filosofía y no se toma en cuenta a las humanidades como área específica? No existe ninguna respuesta oficial, pero anticipo las causas de fondo: la RIEMS representa la continuidad del proyecto neoliberal-conservador que se inició en 1982 y que se ha ido realizando, paso a paso, por los gobiernos priístas y panistas, y que ahora toca a la educación media superior. Se trata de un proyecto tecnocrático que busca adiestrar al estudiante en un oficio para incorporarlo, en forma obediente y subordinada al mercado de trabajo. Para ello se crearon desde hace mucho las escuelas tecnológicas, pero ahora se trata de extender dicho concepto a las preparatorias, rompiendo el equilibrio con las humanidades. ¿Sus fuentes inspiradoras? Naturalmente la OCDE; los Acuerdos de Bolonia; el FMI y el Proyecto Tunning, entre otros. Se trata de eliminar la lógica como estudio de las formas del pensamiento correcto (de hecho, ya reducida a cenizas en el CCH y el Colegio de Bachilleres desde 1996); de sustituir una ética laica que examine libremente los dilemas como el aborto, la clonación, los derechos de los pueblos indios o la muerte asistida, por ejemplo, por una ética religiosa y, finalmente, de expulsar una introducción a la filosofía porque, “¿de qué serviría?” Es decir, en esta concepción, el futuro plomero, electricista, mecánico o empleado no debe enterarse de que existieron filósofos que han buscado un mundo más justo. Además, no hay que permitirlo porque seguramente la ampliación de su cultura y su mejor organización conceptual le podría permitir el desarrollo de un auténtico pensamiento crítico y reflexivo.
Por otro lado, en tiempos de exaltación de la democracia, dicha reforma nunca fue consultada con “la sociedad civil” sino sólo “con la ANUIES”, aunque ya la UNAM declaró que mantendría sus propios planes y programas de estudios. Por tanto, se trata de una decisión impuesta por el gobierno federal.
La eliminación de la filosofía en el bachillerato ha generado una enorme indignación entre la comunidad filosófica nacional e internacional, porque la considera no sólo un grave atentado contra la cultura de nuestro país y contra las propias facultades de filosofía y letras, sino una clara expresión del tipo de país que quiere construir la derecha.
* Filósofo. Profesor-investigador de la UAM-I.
Silvia Ribeiro*: Maíz transgénico: ilegal e inútil
Del 13 al 17 de abril, la Sagarpa hizo públicas 12 solicitudes de Monsanto para la liberación experimental de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pese a que el marco legal de bioseguridad está incompleto y plagado de irregularidades.
Ante esto, Greenpeace interpuso una demanda contra los funcionarios “que infringieron la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, para modificar su reglamento y permitir las siembras de maíz transgénico en México, a pesar de que el país carece de un sistema de salvaguardas de bioseguridad eficiente y que es el centro de origen y diversidad del maíz”. La denuncia penal interpuesta por Greenpeace es contra el presidente Felipe Calderón, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el secretario de Medio Ambiente Juan Elvira, y el secretario de Salud, Ángel Córdoba.
Es muy grave que además, la llamada “experimentación” no es tal, porque al realizarse a campo abierto, la contaminación por polen, insectos y viento, ocurrirá inexorablemente, alcanzando otros campos y milpas a corto o mediano plazo. Se inaugura así la era de la contaminación transgénica legalizada. A nivel global, hay más de 150 casos de contaminación transgénica “accidental”, comprobados en 42 países. Hay estudios en México y otros países que muestran que las variables para contaminación son mucho más que las distancias de supuesto “aislamiento”. Pero el gobierno mexicano, siguiendo los reportes de Monsanto, asegura que justamente aquí, en el centro de origen del maíz, nada de eso sucederá. El polen, viento e insectos se comportarán de acuerdo con los protocolos de Monsanto, aunque los factores de riesgo se multipliquen por mil debido a la enorme diversidad de maíces, de polinizadores y de geografías.
Contrastando con esta apertura tan irresponsable, el 14 de abril Alemania anunció que, por considerarlo una amenaza al medioambiente, prohíbe la siembra de maíz transgénico Bt (Mon810 de Monsanto), sumándose a otros siete países europeos que lo habían hecho antes. Monsanto respondió con un juicio contra ese país. Para las transnacionales, o hay funcionarios que acepten sus condiciones, como sucede en México, o los países no tienen derecho a decidir según su propio criterio.
El mismo día, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos (Union of Concerned Scientists-UCS), dio a conocer el informe “Failure to Yield” (Falta de Rendimiento), que analiza los rendimientos de los cultivos transgénicos en ese país –mayor productor mundial de transgénicos– durante 20 años de experimentación y 13 años de comercialización. Es el estudio más amplio y minucioso realizado hasta el momento. Su conclusión: pese a enormes costos, los transgénicos no han contribuido a aumentar la producción agrícola en Estados Unidos y en cambio, otros enfoques convencionales y orgánicos, han aumentado los rendimientos mucho más.
La UCS explica que en el caso de la soya, los transgénicos han disminuido el rendimiento, en el caso del maíz tolerante a herbicidas no aumentaron nada y en el caso de maíz insecticida con la toxina Bt, ha habido un ligero aumento, un promedio de 0.2-0.3 por ciento anual, lo cual significa un acumulado de 3-4 por ciento al final de los 13 años, registrado sobre todo en zonas de ataques muy frecuentes de las plagas para la cual están manipulados, que por cierto, no sucede en México.
El dato más significativo es que el aumento total del rendimiento del maíz en esos 13 años fue más de 13 por ciento, lo que quiere decir que 75-80 por ciento del aumento de rendimiento se debió a otras variedades y otros enfoques de producción que no fueron transgénicos. O sea que si no se hubieran sembrado transgénicos en Estados Unidos, el total de producción de maíz hubiera sido mayor.
El reporte de la UCS está disponible en la red electrónica en inglés. Seguramente esto no es un impedimento para los funcionarios que aprobaron ilegalmente el reglamento de bioseguridad, ya que las solicitudes de Monsanto, en “consulta pública” en el portal de Senasica hasta el 13 y 20 de mayo, están parcialmente en inglés. Un hecho insólito, que muestra aún más claramente que la consulta es una farsa y no va a dirigida a los que realmente resultarán más afectados por la contaminación: los campesinos e indígenas creadores del maíz que Monsanto ha patentando, manipulado y ahora pretende usar como contaminante. A las autoridades no les importa lo que ellos y la mayoría de la gente piensen: sólo se aceptarán opiniones “sustentadas técnica y científicamente”, según su propia definición de ciencia y técnica, obviamente.
Necesitan este tipo de farsa y manipulaciones legales, porque saben que ni ellos ni Monsanto pueden responder las cuestiones de fondo: ¿Por qué colocar en riesgo al maíz, patrimonio genético y cultural fundamental de México para “experimentar” con cultivos que son más caros, rinden menos, usan más químicos y generan mayor dependencia y costos a los agricultores? Hay un sinúmero de otras alternativas que son más sanas, más baratas, rinden más y no implican riesgos.
*Investigadora del Grupo ETC
Immanuel Wallerstein: ¿Cuál fue el punto de la reunión del G-20?
Ante esto, Greenpeace interpuso una demanda contra los funcionarios “que infringieron la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, para modificar su reglamento y permitir las siembras de maíz transgénico en México, a pesar de que el país carece de un sistema de salvaguardas de bioseguridad eficiente y que es el centro de origen y diversidad del maíz”. La denuncia penal interpuesta por Greenpeace es contra el presidente Felipe Calderón, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el secretario de Medio Ambiente Juan Elvira, y el secretario de Salud, Ángel Córdoba.
Es muy grave que además, la llamada “experimentación” no es tal, porque al realizarse a campo abierto, la contaminación por polen, insectos y viento, ocurrirá inexorablemente, alcanzando otros campos y milpas a corto o mediano plazo. Se inaugura así la era de la contaminación transgénica legalizada. A nivel global, hay más de 150 casos de contaminación transgénica “accidental”, comprobados en 42 países. Hay estudios en México y otros países que muestran que las variables para contaminación son mucho más que las distancias de supuesto “aislamiento”. Pero el gobierno mexicano, siguiendo los reportes de Monsanto, asegura que justamente aquí, en el centro de origen del maíz, nada de eso sucederá. El polen, viento e insectos se comportarán de acuerdo con los protocolos de Monsanto, aunque los factores de riesgo se multipliquen por mil debido a la enorme diversidad de maíces, de polinizadores y de geografías.
Contrastando con esta apertura tan irresponsable, el 14 de abril Alemania anunció que, por considerarlo una amenaza al medioambiente, prohíbe la siembra de maíz transgénico Bt (Mon810 de Monsanto), sumándose a otros siete países europeos que lo habían hecho antes. Monsanto respondió con un juicio contra ese país. Para las transnacionales, o hay funcionarios que acepten sus condiciones, como sucede en México, o los países no tienen derecho a decidir según su propio criterio.
El mismo día, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos (Union of Concerned Scientists-UCS), dio a conocer el informe “Failure to Yield” (Falta de Rendimiento), que analiza los rendimientos de los cultivos transgénicos en ese país –mayor productor mundial de transgénicos– durante 20 años de experimentación y 13 años de comercialización. Es el estudio más amplio y minucioso realizado hasta el momento. Su conclusión: pese a enormes costos, los transgénicos no han contribuido a aumentar la producción agrícola en Estados Unidos y en cambio, otros enfoques convencionales y orgánicos, han aumentado los rendimientos mucho más.
La UCS explica que en el caso de la soya, los transgénicos han disminuido el rendimiento, en el caso del maíz tolerante a herbicidas no aumentaron nada y en el caso de maíz insecticida con la toxina Bt, ha habido un ligero aumento, un promedio de 0.2-0.3 por ciento anual, lo cual significa un acumulado de 3-4 por ciento al final de los 13 años, registrado sobre todo en zonas de ataques muy frecuentes de las plagas para la cual están manipulados, que por cierto, no sucede en México.
El dato más significativo es que el aumento total del rendimiento del maíz en esos 13 años fue más de 13 por ciento, lo que quiere decir que 75-80 por ciento del aumento de rendimiento se debió a otras variedades y otros enfoques de producción que no fueron transgénicos. O sea que si no se hubieran sembrado transgénicos en Estados Unidos, el total de producción de maíz hubiera sido mayor.
El reporte de la UCS está disponible en la red electrónica en inglés. Seguramente esto no es un impedimento para los funcionarios que aprobaron ilegalmente el reglamento de bioseguridad, ya que las solicitudes de Monsanto, en “consulta pública” en el portal de Senasica hasta el 13 y 20 de mayo, están parcialmente en inglés. Un hecho insólito, que muestra aún más claramente que la consulta es una farsa y no va a dirigida a los que realmente resultarán más afectados por la contaminación: los campesinos e indígenas creadores del maíz que Monsanto ha patentando, manipulado y ahora pretende usar como contaminante. A las autoridades no les importa lo que ellos y la mayoría de la gente piensen: sólo se aceptarán opiniones “sustentadas técnica y científicamente”, según su propia definición de ciencia y técnica, obviamente.
Necesitan este tipo de farsa y manipulaciones legales, porque saben que ni ellos ni Monsanto pueden responder las cuestiones de fondo: ¿Por qué colocar en riesgo al maíz, patrimonio genético y cultural fundamental de México para “experimentar” con cultivos que son más caros, rinden menos, usan más químicos y generan mayor dependencia y costos a los agricultores? Hay un sinúmero de otras alternativas que son más sanas, más baratas, rinden más y no implican riesgos.
*Investigadora del Grupo ETC
Immanuel Wallerstein: ¿Cuál fue el punto de la reunión del G-20?
Casi todo el mundo tomó demasiado en serio la reunión del G-20 en Londres, el 2 de abril. Los expertos y los críticos la han analizado como si hubiera sido diseñada para lograr algún cambio en las políticas de los estados que participaron. El hecho es que todos los que fueron sabían desde antes que nada que tuviera alguna significación cambiaría como resultado de reunirse, y que los cambios menores que fueron adoptados podrían muy fácilmente haberse arreglado sin dicha reunión.
El punto de la reunión –para Estados Unidos, para Francia y Alemania, para China– fue mostrar a sus públicos en casa que estaban “haciendo algo” acerca de la calamitosa situación económica mundial cuando de hecho no hacían nada que de algún modo significativo salvara el barco del hundimiento.
Probablemente la reunión fue de lo más importante para el presidente Obama. Él fue a demostrar tres cosas: que era popular en lo personal por todo el mundo; que se presentaría a sí mismo con un estilo diplomático muy diferente de aquel de George W. Bush; que esas dos cosas juntas harían la diferencia.
Obama ciertamente demostró las dos primeras. Fue aclamado por las multitudes en todas partes –en Londres, en París, en Estrasburgo, en Alemania, en Praga y en Turquía, así como por los soldados estadunidenses en Irak. También lo hicieron con Michelle Obama. Y ciertamente empleó un estilo diplomático diferente. Todos sus interlocutores dijeron que los tomaba en serio, que los escuchaba con atención, que admitió los errores pasados y limitaciones de Estados Unidos, y que pareció abierto a soluciones de compromiso en cuanto a las disputas diplomáticas –nada de lo que podrían haber acusado a Bush.
¿Pero hizo esto alguna diferencia en lograr los objetivos diplomáticos estadunidenses? Es difícil verlo de este modo. No se resolvió en lo absoluto el debate entre, por un lado, el enfoque estadunidense de reavivar la economía-mundo (con más “estimulo”), enfoque apoyado por Gran Bretaña y Japón, y, por otro lado, el enfoque germano-francés (más “regulación” internacional de las instituciones financieras). Más allá de los méritos de ambos argumentos, ambos lados se plantaron en su postura y el comunicado simplemente obvió las diferencias.
Es cierto que el G-20 accedió a reunir un paquete de 1.1 billones de dólares para otorgarlo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que emita los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG) como parte de un “plan global de recuperación a una escala sin precedentes”. Pero como han señalado muchos comentaristas, la escala del esfuerzo es mucho menor de lo que está implicado. Primero que nada, parte de esto no es dinero nuevo. Segundo, esto es para financiar y no necesariamente gastar. Tercero, 60 por ciento de los DEG se irán para Estados Unidos, Europa y China, que no los necesitan. Y cuarto, 1.1 billones no es tanto cuando se les coloca junto a los 5 billones que ya fueron destinados a los planes de estímulos fiscales por todo el globo.
Todos salieron contra el proteccionismo y propusieron hacer cosas al respecto. Pero no se adoptaron medidas vinculantes. Además, hay tres clases diferentes de proteccionismo en cuestión.
La primera es la protección de las industrias propias, algo que virtualmente todos los miembros del G-20 ya hacían y que probablemente seguirán haciendo. La segunda es la regulación de los fondos de cobertura y de las agencias de calificación crediticia. Los chinos se alegran por esto, mientras que Estados Unidos y Europa occidental están dudosos. La tercera es regular los paraísos fiscales. Los europeos impulsan esto, los chinos permanecen inmutables y Estados Unidos se halla entre ambos. Nada cambió en Londres.
Pareció que los franceses y los alemanes utilizaron la reunión de Londres más para demostrar que los compromisos geopolíticos que rehusaron hacer con Bush también se rehusarán a hacerlos con Obama. El diario alemán Der Spiegel fue rudo en su juicio. Dijo que la causa del desastre financiero era que George W. Bush era un “cultivador de amapola” que había “inundado el mundo entero [con dólares baratos], creando un crecimiento falso y causando una burbuja especulativa”. Y lo peor: “el cambio en el gobierno de Washington no ha traído un regreso a una autorrestricción y una solidez. Por el contrario, conduce a más abandono”. Su conclusión fue: la canciller alemana Angela Merker tiene razón. “Occidente bien puede estarse inyectando una sobredosis fatal.”
En el ámbito geopolítico, el enfoque franco-alemán hacia Afganistán se mantuvo sin cambio –respaldo verbal de los objetivos estadunidenses, pero no más tropas. ¿Recibirían a los prisioneros liberados de Guantánamo? Alemania continúa diciendo que no. Francia accedió, con gran magnanimidad, a aceptar uno –sí, uno.
Obama dio un discurso importante en Praga delineando un llamado al desarme nuclear –supuestamente un gran cambio con respecto a la posición de Bush. El diario conservador francés Le Figaro informa que la célula diplomática del círculo interno de Sarkozy asumió un punto de vista muy “abrasivo” acerca del discurso. Meras relaciones públicas, dijeron, que enmascaran el hecho de que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la cuestión no están llegando a ningún lado. Es más, Francia ya no va a aceptar reprimendas morales de los estadunidenses. En eso se resume el nuevo estilo diplomático de Obama que intenta apaciguar a los europeos occidentales.
En otros lados, tampoco le funcionó mucho mejor con las poblaciones de Europa centro-oriental, donde el primer ministro saliente, conservador, de la República Checa, Mirek Topolanek, denunció las propuestas de Obama, de más estímulo, como “un camino al infierno”. El discurso de Obama en el parlamento turco le ganó gran aplauso de todas las facciones (excepto de la derecha protofascista) por su enfoque concreto y modulado relativo a las cuestiones turcas. Pero los observadores anotaron que el lenguaje en torno a las cuestiones de Medio Oriente fue tradicional y vago.
Lo que China quería de la reunión del G-20 es que ocurriera esta reunión. China quería ser incluido en el círculo interno de quienes toman las decisiones en el mundo. Celebrar una reunión del G-20 hizo posible esta nueva realidad. Cuando el G-20 decidió reunirse de nuevo, confirmó el lugar de China. ¿Se volverá a reunir el G-8 alguna vez? Dicho esto, China mostró su reserva acerca de las decisiones que ocurrieron, en muchas formas. Ofreció una cantidad irrisoria al nuevo paquete del FMI. Después de todo, no le dieron garantías de que habrá una reforma real de la gobernanza del FMI, que podría acordar un papel apropiado para China.
En suma lo que podemos decir es que los principales actores desfilaron por la escena mundial. ¿Alguna vez tuvieron la intención de hacer algo más que eso? Probablemente no. El declinar económico mundial continúa su camino tendido, como si la reunión del G-20 nunca hubiera ocurrido.
Traducción: Ramón Vera Herrera
© Immanuel Wallerstein
El punto de la reunión –para Estados Unidos, para Francia y Alemania, para China– fue mostrar a sus públicos en casa que estaban “haciendo algo” acerca de la calamitosa situación económica mundial cuando de hecho no hacían nada que de algún modo significativo salvara el barco del hundimiento.
Probablemente la reunión fue de lo más importante para el presidente Obama. Él fue a demostrar tres cosas: que era popular en lo personal por todo el mundo; que se presentaría a sí mismo con un estilo diplomático muy diferente de aquel de George W. Bush; que esas dos cosas juntas harían la diferencia.
Obama ciertamente demostró las dos primeras. Fue aclamado por las multitudes en todas partes –en Londres, en París, en Estrasburgo, en Alemania, en Praga y en Turquía, así como por los soldados estadunidenses en Irak. También lo hicieron con Michelle Obama. Y ciertamente empleó un estilo diplomático diferente. Todos sus interlocutores dijeron que los tomaba en serio, que los escuchaba con atención, que admitió los errores pasados y limitaciones de Estados Unidos, y que pareció abierto a soluciones de compromiso en cuanto a las disputas diplomáticas –nada de lo que podrían haber acusado a Bush.
¿Pero hizo esto alguna diferencia en lograr los objetivos diplomáticos estadunidenses? Es difícil verlo de este modo. No se resolvió en lo absoluto el debate entre, por un lado, el enfoque estadunidense de reavivar la economía-mundo (con más “estimulo”), enfoque apoyado por Gran Bretaña y Japón, y, por otro lado, el enfoque germano-francés (más “regulación” internacional de las instituciones financieras). Más allá de los méritos de ambos argumentos, ambos lados se plantaron en su postura y el comunicado simplemente obvió las diferencias.
Es cierto que el G-20 accedió a reunir un paquete de 1.1 billones de dólares para otorgarlo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que emita los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG) como parte de un “plan global de recuperación a una escala sin precedentes”. Pero como han señalado muchos comentaristas, la escala del esfuerzo es mucho menor de lo que está implicado. Primero que nada, parte de esto no es dinero nuevo. Segundo, esto es para financiar y no necesariamente gastar. Tercero, 60 por ciento de los DEG se irán para Estados Unidos, Europa y China, que no los necesitan. Y cuarto, 1.1 billones no es tanto cuando se les coloca junto a los 5 billones que ya fueron destinados a los planes de estímulos fiscales por todo el globo.
Todos salieron contra el proteccionismo y propusieron hacer cosas al respecto. Pero no se adoptaron medidas vinculantes. Además, hay tres clases diferentes de proteccionismo en cuestión.
La primera es la protección de las industrias propias, algo que virtualmente todos los miembros del G-20 ya hacían y que probablemente seguirán haciendo. La segunda es la regulación de los fondos de cobertura y de las agencias de calificación crediticia. Los chinos se alegran por esto, mientras que Estados Unidos y Europa occidental están dudosos. La tercera es regular los paraísos fiscales. Los europeos impulsan esto, los chinos permanecen inmutables y Estados Unidos se halla entre ambos. Nada cambió en Londres.
Pareció que los franceses y los alemanes utilizaron la reunión de Londres más para demostrar que los compromisos geopolíticos que rehusaron hacer con Bush también se rehusarán a hacerlos con Obama. El diario alemán Der Spiegel fue rudo en su juicio. Dijo que la causa del desastre financiero era que George W. Bush era un “cultivador de amapola” que había “inundado el mundo entero [con dólares baratos], creando un crecimiento falso y causando una burbuja especulativa”. Y lo peor: “el cambio en el gobierno de Washington no ha traído un regreso a una autorrestricción y una solidez. Por el contrario, conduce a más abandono”. Su conclusión fue: la canciller alemana Angela Merker tiene razón. “Occidente bien puede estarse inyectando una sobredosis fatal.”
En el ámbito geopolítico, el enfoque franco-alemán hacia Afganistán se mantuvo sin cambio –respaldo verbal de los objetivos estadunidenses, pero no más tropas. ¿Recibirían a los prisioneros liberados de Guantánamo? Alemania continúa diciendo que no. Francia accedió, con gran magnanimidad, a aceptar uno –sí, uno.
Obama dio un discurso importante en Praga delineando un llamado al desarme nuclear –supuestamente un gran cambio con respecto a la posición de Bush. El diario conservador francés Le Figaro informa que la célula diplomática del círculo interno de Sarkozy asumió un punto de vista muy “abrasivo” acerca del discurso. Meras relaciones públicas, dijeron, que enmascaran el hecho de que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la cuestión no están llegando a ningún lado. Es más, Francia ya no va a aceptar reprimendas morales de los estadunidenses. En eso se resume el nuevo estilo diplomático de Obama que intenta apaciguar a los europeos occidentales.
En otros lados, tampoco le funcionó mucho mejor con las poblaciones de Europa centro-oriental, donde el primer ministro saliente, conservador, de la República Checa, Mirek Topolanek, denunció las propuestas de Obama, de más estímulo, como “un camino al infierno”. El discurso de Obama en el parlamento turco le ganó gran aplauso de todas las facciones (excepto de la derecha protofascista) por su enfoque concreto y modulado relativo a las cuestiones turcas. Pero los observadores anotaron que el lenguaje en torno a las cuestiones de Medio Oriente fue tradicional y vago.
Lo que China quería de la reunión del G-20 es que ocurriera esta reunión. China quería ser incluido en el círculo interno de quienes toman las decisiones en el mundo. Celebrar una reunión del G-20 hizo posible esta nueva realidad. Cuando el G-20 decidió reunirse de nuevo, confirmó el lugar de China. ¿Se volverá a reunir el G-8 alguna vez? Dicho esto, China mostró su reserva acerca de las decisiones que ocurrieron, en muchas formas. Ofreció una cantidad irrisoria al nuevo paquete del FMI. Después de todo, no le dieron garantías de que habrá una reforma real de la gobernanza del FMI, que podría acordar un papel apropiado para China.
En suma lo que podemos decir es que los principales actores desfilaron por la escena mundial. ¿Alguna vez tuvieron la intención de hacer algo más que eso? Probablemente no. El declinar económico mundial continúa su camino tendido, como si la reunión del G-20 nunca hubiera ocurrido.
Traducción: Ramón Vera Herrera
© Immanuel Wallerstein
Estamos ante una emergencia sanitaria con características que, desde que recuerdo, nunca se había presentado en México. El secretario de Salud anunció la noche del jueves, desde la residencia presidencial de Los Pinos, medidas sorpresivas ante el desarrollo de una enfermedad. El mensaje incluyó la suspensión de las actividades escolares en el Distrito Federal y el estado de México, entre otras medidas preventivas. La causa de esta inusual presencia fue la preocupación causada por el curso que, en los 10 días anteriores, había tomado en nuestro país una patología viral: la influenza.
La preocupación estaba plenamente justificada. Los primeros casos se informaron desde el 13 de abril, y cinco días después había 120 personas internadas y habían ocurrido cinco fallecimientos. Para el viernes 24 de abril, ya eran más de mil las hospitalizaciones y se habían presentado 60 defunciones, lo que indica la velocidad con la que se propaga el mal.
Si bien el mayor número de casos documentados se presenta en el centro del país, abarca ya una vasta porción de nuestro territorio.
Los casos reportados incluyen hoy a los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo. Se trata de una epidemia que pone en alerta no sólo a las autoridades sanitarias de nuestro país, sino a todos los sistemas de salud del mundo.
Los criterios para enfrentar la epidemia han variado en pocos días. Primero se pensó que se trataba de la fase final de la influenza que se presenta en invierno, y se atribuyó al contagio con personas de otros países, como Estados Unidos. Entonces se consideró que bastaría con incrementar la vacunación que se realiza ya frente a la influenza estacional. Pero aparecieron datos que resultan claves: primero, que ocurrió un repunte de la enfermedad en una época imprevista, en plena primavera (abril), afectando a personas que no forman parte de los sectores vulnerables (niños y personas mayores), sino a grupos de edad que incluyen a los jóvenes y adultos jóvenes.
Para enfrentar una contingencia como ésta no se pueden dar palos de ciego. Lo primero que se necesita es identificar al agente causante de la enfermedad. Está plenamente confirmado que 20 de las personas que han muerto han adquirido un virus de la influenza de origen porcino. Se trata de una zoonosis. Cada vez es más frecuente la aparición de enfermedades virales que tienen su origen en otras especies, como el virus del VIH/sida, o la influenza aviar (que afortunadamente no ha tomado proporciones de pandemia), en la que hay una transmisión de animales a humanos. La influenza en los cerdos se conoce desde hace muchos años, y uno de los primeros casos de transmisión de humano a humano fue reportado por Wells en 1991, en el Journal of the American Medical Association.
La mutación del virus de la influenza porcina crea una nueva especie que favorece la transmisión entre humanos, y ésta parece ser la explicación de la actual epidemia en México. Hay alerta en los sistemas de salud en el mundo, que esperaban con temor la diseminación de la gripe aviar y ahora tienen que enfrentar, junto con nuestro país, esta nueva amenaza.
Esta epidemia muestra algunas de las debilidades de nuestro sistemas de salud. Pues si bien se ha actuado con prontitud, la confirmación del tipo de virus implicado ha dependido de la asistencia de sus homólogos en Canadá y Estados Unidos.
Es muy importante señalar que las vacunas empleadas frente a la influenza estacional (que se compran a empresas privadas) tienen escasa o nula efectividad frente a esta epidemia, por lo que estamos a merced del virus, pues la prevención sólo incluye medidas higiénicas generales, que son indispensables, pero más o menos absurdas, como no besarse o estornudar en la parte interna del codo, y se enfrentará mediante el uso de medicamentos antivirales, como el oseltamivir y el zanamivir (que también se compran a empresas farmacéuticas).
Lo más importante es actuar racionalmente. Enfrentamos una situación grave, pero no debe generarse pánico. Ha habido una disminución de los casos (según ha informado el doctor Córdova Villalobos). Hay que seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que ahora está coordinando las acciones para enfrentar la epidemia. Los datos que vayan surgiendo en las próximas horas serán indicativos de lo que hay que hacer en los días por venir.
La preocupación estaba plenamente justificada. Los primeros casos se informaron desde el 13 de abril, y cinco días después había 120 personas internadas y habían ocurrido cinco fallecimientos. Para el viernes 24 de abril, ya eran más de mil las hospitalizaciones y se habían presentado 60 defunciones, lo que indica la velocidad con la que se propaga el mal.
Si bien el mayor número de casos documentados se presenta en el centro del país, abarca ya una vasta porción de nuestro territorio.
Los casos reportados incluyen hoy a los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo. Se trata de una epidemia que pone en alerta no sólo a las autoridades sanitarias de nuestro país, sino a todos los sistemas de salud del mundo.
Los criterios para enfrentar la epidemia han variado en pocos días. Primero se pensó que se trataba de la fase final de la influenza que se presenta en invierno, y se atribuyó al contagio con personas de otros países, como Estados Unidos. Entonces se consideró que bastaría con incrementar la vacunación que se realiza ya frente a la influenza estacional. Pero aparecieron datos que resultan claves: primero, que ocurrió un repunte de la enfermedad en una época imprevista, en plena primavera (abril), afectando a personas que no forman parte de los sectores vulnerables (niños y personas mayores), sino a grupos de edad que incluyen a los jóvenes y adultos jóvenes.
Para enfrentar una contingencia como ésta no se pueden dar palos de ciego. Lo primero que se necesita es identificar al agente causante de la enfermedad. Está plenamente confirmado que 20 de las personas que han muerto han adquirido un virus de la influenza de origen porcino. Se trata de una zoonosis. Cada vez es más frecuente la aparición de enfermedades virales que tienen su origen en otras especies, como el virus del VIH/sida, o la influenza aviar (que afortunadamente no ha tomado proporciones de pandemia), en la que hay una transmisión de animales a humanos. La influenza en los cerdos se conoce desde hace muchos años, y uno de los primeros casos de transmisión de humano a humano fue reportado por Wells en 1991, en el Journal of the American Medical Association.
La mutación del virus de la influenza porcina crea una nueva especie que favorece la transmisión entre humanos, y ésta parece ser la explicación de la actual epidemia en México. Hay alerta en los sistemas de salud en el mundo, que esperaban con temor la diseminación de la gripe aviar y ahora tienen que enfrentar, junto con nuestro país, esta nueva amenaza.
Esta epidemia muestra algunas de las debilidades de nuestro sistemas de salud. Pues si bien se ha actuado con prontitud, la confirmación del tipo de virus implicado ha dependido de la asistencia de sus homólogos en Canadá y Estados Unidos.
Es muy importante señalar que las vacunas empleadas frente a la influenza estacional (que se compran a empresas privadas) tienen escasa o nula efectividad frente a esta epidemia, por lo que estamos a merced del virus, pues la prevención sólo incluye medidas higiénicas generales, que son indispensables, pero más o menos absurdas, como no besarse o estornudar en la parte interna del codo, y se enfrentará mediante el uso de medicamentos antivirales, como el oseltamivir y el zanamivir (que también se compran a empresas farmacéuticas).
Lo más importante es actuar racionalmente. Enfrentamos una situación grave, pero no debe generarse pánico. Ha habido una disminución de los casos (según ha informado el doctor Córdova Villalobos). Hay que seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que ahora está coordinando las acciones para enfrentar la epidemia. Los datos que vayan surgiendo en las próximas horas serán indicativos de lo que hay que hacer en los días por venir.
Alejandro Encinas Rodríguez
Beatriz López Leyva,
“in memoriam”
El pasado 6 de abril, en su casa en el municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca, Beatriz López Leyva fue sorprendida y asesinada por un sicario que ingresó a su domicilio y le disparó en la cabeza.
Beatriz se oponía, junto con muchos otros pobladores, a la construcción de una gasolinera en terrenos propiedad de los indígenas de dicho municipio, motivo por el cual —de acuerdo a su propio testimonio días previos al atentado— había recibido amenazas de muerte de parte del alcalde priísta de ese municipio, Leonardo Silva Palacios.
No era la primera ocasión. En 2005 habían atentado contra su vida, señalando como autores intelectuales de esos hechos a los caciques priístas de la región. En enero de este año, Beatriz participó en las protestas por un presunto desvío de recursos en el ayuntamiento: “Levanten polvo y aténganse a las consecuencias”, sentenció Silva Palacios, quien ha sembrado un clima de amedrentamiento y terror en el municipio.
De 34 años de edad, Beatriz creció y se desarrolló en Oaxaca. Era carismática y sociable; dispuesta siempre a apoyar y defender los derechos de la gente de su localidad. Sonreía y gustaba de bromear con sus familiares, amigos y compañeros.
Madre soltera de una niña de 13 años de edad, Betsy Joanna, a quien complacía dentro de sus posibilidades. La relación entre ellas era la de un par de amigas, compartiendo tristezas y alegrías. Beatriz contribuía también al sostenimiento de sus padres: doña Serafina y don Javier, sus “viejitos”, de quienes siempre estaba pendiente.
Licenciada en Derecho, fue cofundadora del Colegio de Abogados en materia agraria en Oaxaca. De 1999 a 2005, fungió como visitadora de la Procuraduría Agraria delegación Oaxaca, en Matías Romero, Tehuantepec, Teotitlán de Flores Magón y Santiago Jamiltepec. Fue también secretaria del ayuntamiento de San Pedro Jicayán, durante el trienio 2005-2007; miembro del comité municipal y consejera estatal del PRD; coordinadora distrital de promoción del voto de la coalición Por el Bien de Todos, en la costa de Oaxaca, durante 2006; asesora del senador Salomón Jara y después se incorporó a integrar los comités municipales del gobierno legítimo de México en los 24 municipios del distrito de Jamiltepec.
Este asesinato no puede quedar impune, como muchos otros que se han cometido en Oaxaca. Son los casos de la candidata perredista al ayuntamiento de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas, quien fue asesinada por el entonces alcalde priísta Cándido Palacios Loyola, o del homicidio de 26 integrantes de la APPO que participaron en el movimiento magisterial y popular de 2006.
Sin embargo, el clima de autoritarismo e intolerancia que se ha asentado en Oaxaca ha permitido que estos y otros homicidios políticos queden sin castigo. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca ha sido incompetente o cómplice y, lejos de investigar y sancionar los delitos, alienta la impunidad.
El estado de impunidad que vive Oaxaca ha propiciado el resurgimiento y consolidación de las viejas prácticas caciquiles del estado autoritario, y que hoy son el signo del gobierno de Ulises Ruiz, en el que el disimulo, la omisión, cuando no la complicidad del gobierno federal, ávido de reconocimiento por su falta de legitimidad, tolera y favorece los nuevos cacicazgos priístas en las entidades del país.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
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