TIEMPO DE MUJERES

Horizonte político
José Antonio Crespo

En busca de la mayoría perdida

En la iniciativa de reformas que envió Felipe Calderón al Senado se lee: “La capacidad de alcanzar mayorías ha dejado de ser un resultado deseable del sistema electoral y se ha convertido en una necesidad apremiante. La capacidad de tomar decisiones y de construir acuerdos a partir del diálogo fructífero entre el Ejecutivo y el Congreso, son una condición indispensable para avanzar hacia el futuro que la ciudadanía demanda”.

Esto en sí mismo genera desacuerdos, pues muchos ciudadanos y muchos analistas consideran que no conviene lograr una mayoría gobernante, que más vale tener fuertes frenos y contrapesos, pues buscar una mayoría así sería retornar al pasado. Me parece, en cambio, que la gobernabilidad democrática supone un punto de equilibrio entre el presidencialismo exacerbado de antaño y la fragmentación política actual, producto de la pluralidad. Una gobernabilidad sin democracia conlleva abusos e impunidad (como en tiempos del régimen priista).

Pero, en el otro extremo, la democracia sin gobernabilidad conduce a la parálisis, la inercia, la improductividad política. Recordemos que en las antípodas del despotismo está la anarquía y no la democracia, que se halla en un punto de equilibrio entre esos dos polos. Afirmar que una mayoría gobernante es antidemocrática implica descalificar como autoritarios a numerosos gobiernos de Europa y al actual de Estados Unidos.

Coincido pues con el propósito declarado de la iniciativa de Calderón, de buscar la formación de mayorías gobernantes que, sin ser hegemónicas, permitan agilizar la gobernación. Pero no me parece que la reforma incluya los cambios que garanticen dicha mayoría y, en cambio, hay algunos elementos que podrían conducir a lo contrario.

1) La segunda vuelta con comicios legislativos concurrentes puede favorecer la formación de coaliciones gobernantes, pero no las garantiza (pues no va acompañada de segunda vuelta legislativa).

El tercer partido no necesariamente querrá formar parte de una coalición gobernante; podría ser un partido bisagra que cobre caro su respaldo al gobierno (como lo ha hecho el PRI). La segunda vuelta, tal como se plantea, no ofrece suficientes incentivos para la formación de una coalición gobernante.

2) Que la elección legislativa se realice semanas después de la primera ronda presidencial puede generar un fenómeno de arrastre que le brinde al partido gobernante una mayoría.

Pero tampoco hay garantía de ello: podría quizás acercarse a la mayoría absoluta, pero no lograrla. No se ha aclarado, por ejemplo, qué se pretende hacer con el techo de sobrerrepresentación del 8%: ¿se quedará como ahora o se le eliminará por completo, de modo que el porcentaje de votos de cada partido iguale a su porcentaje de curules (que es el justo propósito del principio de representación proporcional).

3) En todo caso, aun si se lograse una mayoría absoluta del partido gobernante, no se proponen medidas para impedir que dicha mayoría se pierda a la mitad del sexenio.

En los comicios intermedios no hay efecto de arrastre. La tendencia más bien es a castigar al partido gobernante (como en 1997, 2003 y 2009).

¿Quiere decir que se busca formar mayorías sólo para la mitad del gobierno?

Lo que procedería para preservar esa mayoría (o su aproximación), durante todo el periodo presidencial, sería eliminar los comicios intermedios, igualando el mandato de diputados y senadores (y quizá reduciendo a cinco años la duración del gobierno, pues seis pueden ser demasiados en tales condiciones y, cuatro, muy pocos).

4) Las candidaturas no partidistas para alcaldes, diputados y senadores pueden airear el ambiente legislativo sin resultar peligrosas para la gobernabilidad (pues la tendencia mundial es que sólo unos cuantos de esos candidatos llegan a ocupar una curul).

Pero en cuanto a las candidaturas ciudadanas al Ejecutivo estatal o nacional, la medida va justo en contra de la mayoría que se busca formar, pues, por definición, un gobernador o presidente sin partido no tendrá ningún respaldo en el Congreso (ni siquiera los legisladores ciudadanos serían necesariamente de su equipo).

En cuyo caso crecen exponencialmente las probabilidades de conflicto entre poderes, boicot del programa gubernamental, y una coalición mayoritaria de partidos en el Congreso… en contra del presidente en turno. Hemos visto en varios países latinoamericanos en qué han terminado dichas experiencias. Habría que pensar dos veces o más la conveniencia de candidatos no partidistas para el Ejecutivo estatal o nacional.

Las candidaturas no partidistas para alcaldes, diputados y senadores pueden airear el ambiente legislativo.