TIEMPO DE MUJERES

México: Amenazan de muerte a defensor de los derechos humanos, en Comitán

Tras ser “buscado” en su domicilio por la policía estatal, el defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán Ordaz recibió amenazas de muerte en su domicilio, en la ciudad de Comitán.

Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de enero. Tras ser “buscado” en su domicilio por la policía estatal, sin que se conozca el motivo, el defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán Ordaz recibió amenazas de muerte en su domicilio, en la ciudad de Comitán. Los hechos ocurrieron este martes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) y el organismo civil Enlace, Comunicación y Capacitación (ECC), al cual pertenece Guzmán Ordaz, manifestaron preocupación por “actos que ponen en riesgo su integridad y seguridad personal, así como la de su familia”.

El 6 de enero, aproximadamente a las 17:45 horas, el activista y su familia regresaron a su domicilio, y al abrir la puerta encontraron una nota con tinta roja que decía: “muerte, muerte, muerte”. Guzmán Ordaz dio parte a Pedro Raúl López Hernández, responsable de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Horas antes, en el transcurso de la mañana, elementos de la policía estatal preventiva habían llegado al domicilio de Guzmán Ordaz preguntando por él. “Al no encontrarlo se retiraron, y por la tarde apareció la nota”, refieren el CDHFBC y el ECC.

Apenas el pasado 25 de diciembre, aproximadamente a la una de la mañana, cuando la familia Guzmán regresaba a su domicilio después de los festejos de Nochebuena, sonó el teléfono, y al contestar, le dijeron: “Feliz Navidad, porque esta va a ser tu última Navidad”.

A pesar de que existe una denuncia formal ante la fiscalía especializada, por la que la PGJE inició la averiguación previa 0004/FEPONGDDH/M1/2009, y de que el gobierno estatal tiene conocimiento de los hechos, “no se han realizado las diligencias con la prontitud necesaria para esclarecer y detener las amenazas”, sostiene la denuncia, que añade:

“El retardo para la debida integración de la averiguación previa y la consecuente identificación y sanción de los agresores se ha debido a la negligencia del fiscal de distrito Fronterizo-Sierra, José Luis Gómez Santaella”.

Pese a las denuncias, “el gobierno mexicano no ha realizado una investigación eficaz y pronta que haya concluido con la detención de los agresores, permitiendo así que se continúe con el hostigamiento”

En noviembre pasado, La Jornada informó que el domicilio del activista fue violentamente allanado por policías ministeriales, que aterrorizaron a los hijos pequeños de Guzmán Ordaz, sin dar explicaciones ni presentar orden de cateo.