Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
jcarrasco@proceso.com.mx
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