3/31/2010

A fin de que el senado apruebe reforma en materia de DH



Piden congruencia a estado mexicano con discurso internacional

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 30 mar 10 (CIMAC).- El dictamen de reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), aprobado en comisiones el 23 de marzo pasado en la Cámara de Senadores, sienta un precedente fundamental para armonizar el marco constitucional mexicano con los más altos estándares internacionales de protección.

Así lo consideró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en un comunicado en el que instó a los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades en materia de DH.

El dictamen, aprobado en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, propone elevar a rango constitucional, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 3, 21, 33, 102 B y 103 de la Constitución Mexicana.

Con dichas modificaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tendría facultades para investigar la violación a DH y contar con toda la información por parte del Estado para cumplir con ese objetivo. Además cuando una autoridad no respete o no acepte las resoluciones de la CNDH tendrá que fundamentar y motivar su negativa, así como explicarla en audiencia pública.

Con esta reforma, las y los ciudadanos podrán acudir a los tribunales y exigir no sólo el castigo, también la reparación del daño en caso de ser víctima de una violación de sus DH. Por otra parte el Capítulo Primero de la Constitución conocido como “De las garantías individuales”, se cambiaría por el “De los derechos humanos y sus garantías”.

Por lo anterior, y considerando el clima de inseguridad y violencia creciente que atraviesa el país es imprescindible esta reforma para contrarrestar el endurecimiento de las políticas de seguridad, reducir la presencia militar en tareas de policías y fomentar el respeto y la defensa plena de los derechos humanos, señaló la CMDPDH.

Cabe recordar en el pasado 8 y 9 de marzo México compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presentar su quinto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité observó diversas violaciones a los derechos humanos, en especial de las mujeres.

Anteriormente, en junio de 2009 y en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado mexicano compareció ante la ONU, de esa revisión emanaron 91 recomendaciones acordadas por representantes de 47 países. Desde entonces los temas de preocupación para Naciones Unidas han sido los mismos.

Entre ellos, implementar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad, eliminar la figura del arraigo, garantizar que la justicia civil juzgue las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

En particular, en el caso del feminicidio, es latente la necesidad de realizar investigaciones eficientes y sancionar a los responsables, erradicar la tortura, proteger a las y los periodistas para garantizar la libertad de expresión, así como garantizar el trabajo de las y los defensores de DH.

También han sido constantes las recomendaciones en materia de implementación de políticas públicas con enfoque en criterios de derechos humanos, género y sustentabilidad, y el desarrollo de recursos efectivos de acceso a la justicia, incluyendo la reparación del daño en casos de violaciones a los DH.

En este panorama, la CMDPDH recordó que el Estado mexicano se ha comprometido en Foros internacionales a garantizar los derechos humanos, por ello consideró que “debe poner en el centro la dignidad de las personas que vivimos y transitamos en el país”. Finalmente la CMDPDH espera congruencia del gobierno federal con su discurso internacional.

En la búsqueda de la justicia, documenta la CMDPDH

Fundamental, la acción de las madres víctimas de feminicidio

Por Anayeli García Martínez

México, D.F 30 mar 10 (CIMAC).- Cerrar los ojos ante la violencia de género y el feminicidio no los desaparece, paradójicamente los profundiza, y a las mujeres las hace más vulnerables, señala el Informe sobre el impacto psicosocial del feminicidio en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma “El brillo del sol se nos perdió ese día”.

El informe, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), destaca que invisibilizar el feminicidio perpetúa la impunidad y deja a las víctimas y a sus familiares en el aislamiento. Desde esta perspectiva, investigar las consecuencias del feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma entre sus familiares, y la comunidad, fue el gran reto.

Junto con un documental del mismo nombre, el informe es un esfuerzo, sumado a la lucha de mujeres, madres, familiares, académicas, organizaciones, y hombres comprometidos con la justicia, por visibilizar y comprender la problemática del feminicidio; para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Su principal objetivo es dar a conocer el impacto de la desaparición y el asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma -quien tenía 16 años de edad cuando desapareció y fue asesinada en Chihuahua- así como el impacto de la impunidad en la que ha permanecido este caso, el cual es reflejo de muchos otros.

El documento hace un recorrido teórico de los conceptos que permiten visibilizar y comprender la violencia contra las mujeres, así como un análisis desde el punto de vista psicosocial.

Asimismo se enfoca en temas como la reparación del daño y la manera en que los familiares han enfrentado la situación, sobre todo de las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas, y del impacto psicosocial del feminicidio en las mujeres como colectivo.

LUCHA POR LA JUSTICIA

El 2 de marzo de 2002, Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, denunció la desaparición de su hija. Sin embargo, desde entonces existieron diferentes irregularidades y omisiones por parte de las autoridades.

De acuerdo con este informe, mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones con novios y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización.

En tanto, la actitud activa de la madre de Paloma contrastó con la negligencia de las autoridades. Desde Ministerios Públicos y autoridades hay una actitud discriminatoria hacia las madres y familiares de las víctimas -quienes hacen alusión a si la víctima tenía novio, la manera en que iba vestida, el lugar y la hora en que transitaba, si consumía drogas, etcétera- hasta en disposiciones normativas.

El 29 de marzo de 2002 el cuerpo de Paloma fue encontrado casualmente por personas que caminaban por el kilómetro 4 de la carretera de Chihuahua-Aldama. El cuerpo se hallaba en avanzado estado de putrefacción. El dictamen pericial concluyó, entre otras cosas, la investigación de una muerte violenta con características de homicidio doloso.

A partir del hallazgo, las autoridades incurrieron en una serie de irregularidades que dificultaron la investigación posterior. Todo esto ha hecho posible que las autoridades legitimen que la violencia contra las mujeres está motivada y justificada por la misma conducta de las mujeres.

En consecuencia, este crimen al igual que otros ha quedado en la impunidad y no sólo eso, las madres y familiares también refieren un impacto psicosocial grave. Norma Ledezma, madre de Paloma, vivió la angustia e incertidumbre cuando su hija fue desaparecida, cuando le entregaron el cuerpo y posteriormente, durante la búsqueda de justicia.

Para Norma, el duelo también fue alterado por las tareas que tuvo que enfrentar una vez encontrado el cuerpo de su hija, un dolor que aún hoy vive. Parece paradójico, pero a pesar de todo, puede tener momentos de alegría al compartir con otras madres de mujeres asesinadas o desaparecidas la búsqueda de justicia.

El informe indica que si bien es cierto que la impunidad prevale en México en el caso del feminicidio, las madres que se han organizado para exigir justicia juegan un papel importante pues son ellas quienes adquieren nuevos conocimientos sobre sus derechos y aprenden a ejercerlos frente a las autoridades.

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