Son raras las victorias que benefician a las mayorías. Y de repente, en dos días nos llegan dos importantes. Desmenucémoslas para aislar las cuatro claves de su éxito.
El 25 de marzo la Cámara de Diputados aprueba por 319 votos a favor y con la abstención del diputado Juan José Guerra Abud, el coordinador de los percudidos verdes, una reforma que introduce los juicios colectivos a la Constitución. Cuando los estados la ratifiquen será finalmente posible la defensa, protección y representación jurídica de quienes consumimos y somos metódica y eficientemente exprimidos. Al día de hoy la defensa sólo puede ser individual.
Un día después, pero en el Vaticano, los poderosos Legionarios de Cristo admiten, consternada y tardíamente, que el padre Marcial Maciel cometió abusos sexuales contra menores de edad. Piden perdón a las víctimas y a quienes denunciaron y fueron ignorados. Abjuran de Maciel: "No podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal", y lo encomiendan al "amor misericordioso de Dios". Guardan silencio sobre las reparaciones a las víctimas. Con todo y ausencias el documento es notable por la arrogancia y opacidad de los Legionarios y de una jerarquía que predica una humildad de la cual carece.
Como nunca antes en su historia, la Iglesia Católica está siendo juzgada por la opinión pública internacional. Pillada en su centro de gravedad ético, reacciona con desconcierto porque ha perdido el control sobre los tiempos, y de su milenaria historia le brincan casos no resueltos. En 1633 el Santo Oficio sentó en el banquillo a Galileo, lo condenó a prisión y lo hizo abjurar. Han pasado más de tres siglos y la polémica sobre el juicio se mantiene. Apenas en 1990 el actual Papa defendía el proceder eclesiástico: la sentencia "contra Galileo fue razonable y justa, y sólo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión". En el caso de los Legionarios hace sólo 15 años que se hicieron públicas las acusaciones y ya sale una disculpa pública. No habrá justicia en sentido estricto, pero a Maciel ya le vedaron el ascenso a los altares. Justicia simbólica pero justicia al fin.
Los consumidores mexicanos siempre hemos estado indefensos. En los 10 años que llevamos de alternancia esta reforma constitucional sería la segunda gran reforma a favor de la ciudadanía (la primera fue la ley de transparencia y acceso a la información gubernamental aprobada por unanimidad en 2002). Es un hecho digno de ser celebrado. Una forma de hacerlo es enumerando los cuatro factores o claves comunes a los dos triunfos.
El primero es elemental. Para que se respete un derecho tiene que haber conciencia de su existencia. Desde la Segunda Guerra Mundial la percepción de que se tienen derechos se ha extendido como la humedad. La conciencia es insuficiente sin la aparición de personas concretas, decididas a defender los derechos. Si la reforma a favor de los consumidores prosperó, fue porque dos personas, Adriana Labardini y Daniel Gershenson, empezaron a empujar el tema en 2007. En el asunto legionario un grupo de víctimas de los abusos sexuales, entre los que ha destacado José Barba Martín, decidió defenderse en 1995 y dos años después presentó su caso ante la Santa Sede.
El segundo factor, los medios de comunicación. Las victorias fueron posibles gracias a ellos. En el "affaire Maciel" destacaron por su disposición a asumir los costos Salvador Guerrero Chiprés, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui y Javier Solórzano. En la promoción de las acciones colectivas es impresionante la cantidad de medios y periodistas que se han sumado. Es un hecho: cuando la causa es justa y se difunde bien fluyen los respaldos mediáticos.
El tercer factor, el entorno internacional, clave en el caso de Maciel porque sus abusos se hicieron públicos cuando explotaba el escándalo mundial de la pederastia eclesiástica. Ya no eran los pecados individuales sino las deficiencias estructurales. El hermetismo religioso fue embestido en su punto más vulnerable, Estados Unidos, donde la prensa es fuerte y el catolicismo es una entre varias religiones.
Un último factor común es la existencia de personas comprometidas con la justicia al interior de las estructuras de poder. En el caso de los consumidores estarían, entre otros, el senador priista Jesús Murillo Karam y una funcionaria de Gobernación, Blanca Heredia. En el asunto legionario se la jugaron, en serio, tres sacerdotes: Manuel Fernández Amenábar, Antonio Roqueñí y Alberto Athié.
Se trata de victorias parciales. Cuando la reforma a la Constitución sea aprobada, vendrá la redacción y en su caso la aprobación de una ley secundaria. Ahí se dará la batalla. En el caso de Maciel faltan las reparaciones y que la Iglesia atienda el escabroso y ominoso asunto de la sexualidad. La información fluirá a raudales. Por el momento, aprovechemos la pausa de Semana Santa para paladear el sabor de la justicia. ¡Dos victorias, dos!
El 25 de marzo la Cámara de Diputados aprueba por 319 votos a favor y con la abstención del diputado Juan José Guerra Abud, el coordinador de los percudidos verdes, una reforma que introduce los juicios colectivos a la Constitución. Cuando los estados la ratifiquen será finalmente posible la defensa, protección y representación jurídica de quienes consumimos y somos metódica y eficientemente exprimidos. Al día de hoy la defensa sólo puede ser individual.
Un día después, pero en el Vaticano, los poderosos Legionarios de Cristo admiten, consternada y tardíamente, que el padre Marcial Maciel cometió abusos sexuales contra menores de edad. Piden perdón a las víctimas y a quienes denunciaron y fueron ignorados. Abjuran de Maciel: "No podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal", y lo encomiendan al "amor misericordioso de Dios". Guardan silencio sobre las reparaciones a las víctimas. Con todo y ausencias el documento es notable por la arrogancia y opacidad de los Legionarios y de una jerarquía que predica una humildad de la cual carece.
Como nunca antes en su historia, la Iglesia Católica está siendo juzgada por la opinión pública internacional. Pillada en su centro de gravedad ético, reacciona con desconcierto porque ha perdido el control sobre los tiempos, y de su milenaria historia le brincan casos no resueltos. En 1633 el Santo Oficio sentó en el banquillo a Galileo, lo condenó a prisión y lo hizo abjurar. Han pasado más de tres siglos y la polémica sobre el juicio se mantiene. Apenas en 1990 el actual Papa defendía el proceder eclesiástico: la sentencia "contra Galileo fue razonable y justa, y sólo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión". En el caso de los Legionarios hace sólo 15 años que se hicieron públicas las acusaciones y ya sale una disculpa pública. No habrá justicia en sentido estricto, pero a Maciel ya le vedaron el ascenso a los altares. Justicia simbólica pero justicia al fin.
Los consumidores mexicanos siempre hemos estado indefensos. En los 10 años que llevamos de alternancia esta reforma constitucional sería la segunda gran reforma a favor de la ciudadanía (la primera fue la ley de transparencia y acceso a la información gubernamental aprobada por unanimidad en 2002). Es un hecho digno de ser celebrado. Una forma de hacerlo es enumerando los cuatro factores o claves comunes a los dos triunfos.
El primero es elemental. Para que se respete un derecho tiene que haber conciencia de su existencia. Desde la Segunda Guerra Mundial la percepción de que se tienen derechos se ha extendido como la humedad. La conciencia es insuficiente sin la aparición de personas concretas, decididas a defender los derechos. Si la reforma a favor de los consumidores prosperó, fue porque dos personas, Adriana Labardini y Daniel Gershenson, empezaron a empujar el tema en 2007. En el asunto legionario un grupo de víctimas de los abusos sexuales, entre los que ha destacado José Barba Martín, decidió defenderse en 1995 y dos años después presentó su caso ante la Santa Sede.
El segundo factor, los medios de comunicación. Las victorias fueron posibles gracias a ellos. En el "affaire Maciel" destacaron por su disposición a asumir los costos Salvador Guerrero Chiprés, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui y Javier Solórzano. En la promoción de las acciones colectivas es impresionante la cantidad de medios y periodistas que se han sumado. Es un hecho: cuando la causa es justa y se difunde bien fluyen los respaldos mediáticos.
El tercer factor, el entorno internacional, clave en el caso de Maciel porque sus abusos se hicieron públicos cuando explotaba el escándalo mundial de la pederastia eclesiástica. Ya no eran los pecados individuales sino las deficiencias estructurales. El hermetismo religioso fue embestido en su punto más vulnerable, Estados Unidos, donde la prensa es fuerte y el catolicismo es una entre varias religiones.
Un último factor común es la existencia de personas comprometidas con la justicia al interior de las estructuras de poder. En el caso de los consumidores estarían, entre otros, el senador priista Jesús Murillo Karam y una funcionaria de Gobernación, Blanca Heredia. En el asunto legionario se la jugaron, en serio, tres sacerdotes: Manuel Fernández Amenábar, Antonio Roqueñí y Alberto Athié.
Se trata de victorias parciales. Cuando la reforma a la Constitución sea aprobada, vendrá la redacción y en su caso la aprobación de una ley secundaria. Ahí se dará la batalla. En el caso de Maciel faltan las reparaciones y que la Iglesia atienda el escabroso y ominoso asunto de la sexualidad. La información fluirá a raudales. Por el momento, aprovechemos la pausa de Semana Santa para paladear el sabor de la justicia. ¡Dos victorias, dos!
www.sergioaguayo.org
Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx
Reforma
31 de marzo de 2010
Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx
Reforma
31 de marzo de 2010
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