Julio Hernández López: Astillero
El procurador de justicia del estado de México ha dado una clase magistral de embaucamiento fallido. Proveído de datos dispersos y carente de la información básica, el joven funcionario sembró dudas, generó especulaciones, consolidó el extendido escepticismo social sobre el actuar de las instituciones y mostró evidencias que podrían actuar en contra de sus propias hipótesis e incluso generarle castigo por su irresponsabilidad indagatoria (por dar ejemplos: el cuerpo de la niña Paulette, sin la putrefacción que podría esperarse si se toman en cuenta los días que habrían pasado desde la presunta desaparición y muerte, y la increíble torpeza de los investigadores que no fueron capaces de encontrar el cadáver en el sitio elemental de todo ocultamiento doméstico o la increíble incapacidad del procurador para denunciar tajante, inequívoco, que el cuerpo había sido sembrado posteriormente, pues tal posibilidad sólo es una estimación del funcionario).
Pero, más que recelos de orden criminalístico o judicial, el tragicómico comportamiento de las autoridades de la entidad conducida por Enrique Peña Nieto apunta hacia una dirección muy sabida en el doliente registro público de las impunidades promovidas desde el poder: a alguien se protege o algo se encubre, pues sólo de esa manera es posible que se produzca un comportamiento lleno de torpezas e hilos mal tejidos como los que quiso presentar el abogado Alberto Bazbaz, de fácil deturpación heráldica confesional, en una conferencia de prensa que más pareció un autoajusticiamiento público en el que un sujeto de presunta responsabilidad oficial pronunció parrafadas lamentables con la intención de decir lo menos posible, utilizando tecnicismos fácilmente adaptables al habla popular, pero blandidos más como turbio escudo de protección que le permitiera al impreciso declarante no puntualizar, no informar, no actuar, al grado de que ni siquiera fue capaz de aceptar que la madre de la niña asesinada fuese presunta responsable de ese crimen sino, genéricamente, una indiciada, abriéndole además el camino para un procesamiento con atenuantes al hablar desde ahora de la personalidad trastornada de la mujer que podría haber sido la ejecutante del terrible delito o la encubridora del verdadero homicida, adulto o infante.
La desgracia familiar de Interlomas forma parte de la descomposición social que se vive en México y, en este caso, en una elite donde el dinero y las apariencias reinan. El cuerpo social mexicano ha sido dañado profundamente, lo mismo en los amplios segmentos populares donde los valores delincuenciales han llegado a niveles de mitificación y el respeto a leyes e instituciones es absolutamente inexistente, como en las franjas de privilegio donde es posible mover, contener o condicionar la acción judicial y los actos de poder público a contentillo de intereses privados dominantes. En el fondo, Paulette murió de descomposición social, en su fase elitista.
Otros muertos de menos renombre y atención mediática siguen en espera de justicia. El asesinato de una pequeña de clase alta en la capital ha arrojado paletadas de silencio sobre casos criminales que habían conmocionado al país antes de que surgiera la historia de Interlomas. El mismo público de elite que hoy asiste estremecido a los detalles de la desgracia de la familia Gebara Farah estaba días atrás indignado por el expediente de los jóvenes estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey que fueron destrozados a las puertas de su campus regiomontano. Y aun cuando esas masacres no convulsionan a las elites nacionales, el exterminio de 10 jóvenes en Durango parecía lanzar sobre el gobierno federal tales enojos y críticas que el esquema de la guerra calderonista parecía entrar en un episodio difícil de sostener en sus términos actuales ante la opinión pública.
La focalización del caso Paulette quita entonces dramatismo a una decisión del felipismo que en los hechos significa una confesión de que su guerra personal ha fracasado: luego de un año exacto de presencia extraordinaria en Ciudad Juárez, merced a un convenio en materia de seguridad pública firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el ayuntamiento de la mártir ciudad, que en 12 meses ha consumido cuando menos 203 millones de pesos y que justamente hoy termina, los soldados dejarán en la Policía Federal garcialunesca la responsabilidad de lo que suceda en aquella zona. Aun cuando se mantendrán en la plaza fuerzas castrenses que ayuden a las corporaciones federales, estatal y municipales en el gradual encargo rediseñado, serán 4 mil 500 miembros de la PF los que tengan la carga fundamental.
No es una mejor Ciudad Juárez la que dejan los contingentes verde olivo (se multiplicaron los hechos violentos sin procesamiento judicial adecuado, los derechos humanos fueron violados por sistema y en la comunidad había acusaciones de abusos y agresiones del poder castrense desatado). Pero tampoco son benévolas las expectativas que genera la corporación civil del aspirante a jefe policiaco máximo del país (con la promesa de que no buscará un cargo de elección popular), Genaro García Luna. Tampoco resulta positivo entender esa retirada sin gloria del Ejército como una concesión más del devaluado mando pinolero mexicano a las presiones y exigencias de los vecinos norteños que desean tomar control directo de la seguridad pública en la franja fronteriza a la que ayer mismo el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ordenó el envío de miembros de la Guardia Nacional para que realicen patrullajes relacionados con la violencia del narcotráfico mexicano, medida que también han solicitado a Washington los mandatarios de Texas y Arizona sin que aún reciban autorización para esos despliegues.
Y, mientras el PT pone a consulta su adhesión a las alianzas perreánicas o al lopezobradorismo, ¡hasta mañana, en esta columna que no sabe qué puede tener de santa la presente semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El procurador de justicia del estado de México ha dado una clase magistral de embaucamiento fallido. Proveído de datos dispersos y carente de la información básica, el joven funcionario sembró dudas, generó especulaciones, consolidó el extendido escepticismo social sobre el actuar de las instituciones y mostró evidencias que podrían actuar en contra de sus propias hipótesis e incluso generarle castigo por su irresponsabilidad indagatoria (por dar ejemplos: el cuerpo de la niña Paulette, sin la putrefacción que podría esperarse si se toman en cuenta los días que habrían pasado desde la presunta desaparición y muerte, y la increíble torpeza de los investigadores que no fueron capaces de encontrar el cadáver en el sitio elemental de todo ocultamiento doméstico o la increíble incapacidad del procurador para denunciar tajante, inequívoco, que el cuerpo había sido sembrado posteriormente, pues tal posibilidad sólo es una estimación del funcionario).
Pero, más que recelos de orden criminalístico o judicial, el tragicómico comportamiento de las autoridades de la entidad conducida por Enrique Peña Nieto apunta hacia una dirección muy sabida en el doliente registro público de las impunidades promovidas desde el poder: a alguien se protege o algo se encubre, pues sólo de esa manera es posible que se produzca un comportamiento lleno de torpezas e hilos mal tejidos como los que quiso presentar el abogado Alberto Bazbaz, de fácil deturpación heráldica confesional, en una conferencia de prensa que más pareció un autoajusticiamiento público en el que un sujeto de presunta responsabilidad oficial pronunció parrafadas lamentables con la intención de decir lo menos posible, utilizando tecnicismos fácilmente adaptables al habla popular, pero blandidos más como turbio escudo de protección que le permitiera al impreciso declarante no puntualizar, no informar, no actuar, al grado de que ni siquiera fue capaz de aceptar que la madre de la niña asesinada fuese presunta responsable de ese crimen sino, genéricamente, una indiciada, abriéndole además el camino para un procesamiento con atenuantes al hablar desde ahora de la personalidad trastornada de la mujer que podría haber sido la ejecutante del terrible delito o la encubridora del verdadero homicida, adulto o infante.
La desgracia familiar de Interlomas forma parte de la descomposición social que se vive en México y, en este caso, en una elite donde el dinero y las apariencias reinan. El cuerpo social mexicano ha sido dañado profundamente, lo mismo en los amplios segmentos populares donde los valores delincuenciales han llegado a niveles de mitificación y el respeto a leyes e instituciones es absolutamente inexistente, como en las franjas de privilegio donde es posible mover, contener o condicionar la acción judicial y los actos de poder público a contentillo de intereses privados dominantes. En el fondo, Paulette murió de descomposición social, en su fase elitista.
Otros muertos de menos renombre y atención mediática siguen en espera de justicia. El asesinato de una pequeña de clase alta en la capital ha arrojado paletadas de silencio sobre casos criminales que habían conmocionado al país antes de que surgiera la historia de Interlomas. El mismo público de elite que hoy asiste estremecido a los detalles de la desgracia de la familia Gebara Farah estaba días atrás indignado por el expediente de los jóvenes estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey que fueron destrozados a las puertas de su campus regiomontano. Y aun cuando esas masacres no convulsionan a las elites nacionales, el exterminio de 10 jóvenes en Durango parecía lanzar sobre el gobierno federal tales enojos y críticas que el esquema de la guerra calderonista parecía entrar en un episodio difícil de sostener en sus términos actuales ante la opinión pública.
La focalización del caso Paulette quita entonces dramatismo a una decisión del felipismo que en los hechos significa una confesión de que su guerra personal ha fracasado: luego de un año exacto de presencia extraordinaria en Ciudad Juárez, merced a un convenio en materia de seguridad pública firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el ayuntamiento de la mártir ciudad, que en 12 meses ha consumido cuando menos 203 millones de pesos y que justamente hoy termina, los soldados dejarán en la Policía Federal garcialunesca la responsabilidad de lo que suceda en aquella zona. Aun cuando se mantendrán en la plaza fuerzas castrenses que ayuden a las corporaciones federales, estatal y municipales en el gradual encargo rediseñado, serán 4 mil 500 miembros de la PF los que tengan la carga fundamental.
No es una mejor Ciudad Juárez la que dejan los contingentes verde olivo (se multiplicaron los hechos violentos sin procesamiento judicial adecuado, los derechos humanos fueron violados por sistema y en la comunidad había acusaciones de abusos y agresiones del poder castrense desatado). Pero tampoco son benévolas las expectativas que genera la corporación civil del aspirante a jefe policiaco máximo del país (con la promesa de que no buscará un cargo de elección popular), Genaro García Luna. Tampoco resulta positivo entender esa retirada sin gloria del Ejército como una concesión más del devaluado mando pinolero mexicano a las presiones y exigencias de los vecinos norteños que desean tomar control directo de la seguridad pública en la franja fronteriza a la que ayer mismo el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ordenó el envío de miembros de la Guardia Nacional para que realicen patrullajes relacionados con la violencia del narcotráfico mexicano, medida que también han solicitado a Washington los mandatarios de Texas y Arizona sin que aún reciban autorización para esos despliegues.
Y, mientras el PT pone a consulta su adhesión a las alianzas perreánicas o al lopezobradorismo, ¡hasta mañana, en esta columna que no sabe qué puede tener de santa la presente semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Entre las promesas que el candidato Barack Obama hizo al electorado figura la de reducir la dependencia energética de Estados Unidos, que actualmente compra petróleo y gas a otros países, México entre ellos, para satisfacer su mercado. ¿Es que no tiene recursos propios? Sí, pero ha estado vigente por muchos años la prohibición de perforar frente a sus costas. Una fotografía que recorrió el mundo mostró los efectos de la contaminación: centenares de gaviotas yacían sin vida en las cercanías de una plataforma en Santa Bárbara, California. Los ecologistas armaron un escándalo fenomenal. Bush dejó las cosas tal cual, ni siquiera hizo nada cuando el precio de la gasolina se disparó arriba de cuatro dólares el galón. Tampoco se atrevió a disponer de la reserva energética, un depósito gigantesco, secreto, debajo de la superficie de la tierra. El presidente Obama acaba de anunciar que, para cumplir lo prometido, termina la prohibición.
Efecto colateral
Presentó un plan que tiene el propósito, al menos en el papel, de balancear la necesidad de producir más energía doméstica y proteger la ecología. El gobierno federal venderá licencias a compañías privadas para que realicen perforaciones en la costa del Atlántico, en la región este del Golfo de México y en la costa norte de Alaska. De inmediato se topó con la reacción de los ambientalistas. Perforar en nuestras costas no surtirá el efecto de disminuir los precios de la gasolina y el gas; tampoco creará independencia energética, dijo Michael Brune, director de Sierra Club. Sólo perjudicará las playas, la vida marina y la actividad turística; todo para que la industria petrolera consiga una ganancia, añadió. Por otro lado, la nueva política del gobierno de Estados Unidos tendrá efectos en México. Y muy diversos. Si baja su consumo, caerá el precio del crudo y eso motivará que disminuyan los ingresos de Hacienda, lo cual, a su vez, les moverá el coco a los economistas oficiales en dirección de ooootra reforma fiscal, para crear impuestos nuevos o aumentar los que existen. No han dejado de acariciar la idea del IVA en medicinas y alimentos.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Más como un ejercicio académico que como una advertencia sobre la preocupante realidad que priva en la región, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, subrayó que la pobreza y la desigualdad se mantienen como el mayor factor de atraso en América Latina, y ello repercute en la calidad de la democracia. El ex canciller chileno dictó una conferencia en la sede de la Cepal, durante la cual dijo que Latinoamérica sigue siendo una región especialmente injusta, donde más de una tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza y miseria, mientras de 3 a 5 por ciento se lleva más de 50 por ciento del ingreso nacional.
Si bien el tema es por demás relevante, Insulza no fue más allá; no presentó recuentos ni dio ejemplos de la hasta ahora poco resultona democracia para la mayoría latinoamericana, y muchos menos mencionó lo que ha provocado esta situación: cierto desánimo entre la población regional, que tres lustros atrás apoyaba el modelo con una sonrisa, aunque también con hambre. Transcurrido el tiempo y ante la contundencia de los magros resultados, la sonrisa desapareció del escenario y el hambre no sólo se quedó, sino se profundizó.
Y entre los más desanimados los mexicanos aparecen en primerísimo lugar (como siempre medido de atrás para adelante) en el contexto latinoamericano: en esos tres lustros el apoyo a la democracia se desplomó nueve puntos porcentuales, para llegar en 2009 a 42 por ciento de apoyo. Año tras año, desde (1995) que la ONG Latinobarómetro realiza la medición (y de ella provienen los datos que se anotan) se registra descenso en ese indicador, baja que va de la mano de los tristes resultados en lo político, económico y social.
En 15 años siete países han registrado retroceso en sus indicadores de apoyo a la democracia por la falta de resultados: además de México (aunque ninguno de ellos con la caída reportada aquí), Ecuador, Argentina, Nicaragua, Perú, Costa Rica y Colombia. Sin cambio aparece República Dominicana, y con los mayores avances Venezuela, El Salvador (16 puntos adicionales), Bolivia y Brasil (12 puntos en cada caso).
Cierto es que América Latina es la región más desigual del planeta, pero también lo es que el muy particular modelo democrático-electoral de la región no ha hecho más que consolidar tal desigualdad y en no pocos caso profundizarla. Contados son los casos en los que mayoritariamente la población se pronuncia, con una sonrisa, a favor de ella, por mucho que el hambre forme parte de lo cotidiano: Uruguay, 82 por ciento; Bolivia, 71 por ciento; Venezuela, 84 por ciento… y México, 42 por ciento.
En este contexto de desigualdad, qué escenario más pavoroso que el documentado por la Cepal en uno de sus análisis: uno de cada cinco niños latinoamericanos está en situación de pobreza infantil extrema. Este flagelo afecta a más de 32 millones de niños, y la pobreza infantil total en la región afecta a 81 millones de menores de 18 años. La pobreza que sufren los niños, niñas y adolescentes responde a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. Esto les impide ejercer sus derechos elementales consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.
De acuerdo con el organismo, que junto al Unicef realizó el primer estudio comparado sobre Pobreza infantil, desigualdad y ciudadanía en América Latina y el Caribe 2008-2009, la medición de la pobreza bajo un enfoque de derechos implica considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de cualquiera de sus derechos, aunque sea uno solo. En la región uno de cada tres niños en pobreza extrema se ve privado gravemente de más de un derecho fundamental. Se trata de un síndrome de múltiples privaciones que alertan sobre una pérdida segura de las oportunidades de aprovechamiento de las potencialidades de los y las menores, y que constituye el principal vector de la reproducción intergeneracional de la pobreza.
El lugar de residencia y el origen étnico se asocian al incumplimiento de derechos. En América Latina, entre los niños rurales la probabilidad de ser extremadamente pobre es cuatro veces superior a la de los niños de zonas urbanas. Asimismo, uno de cada tres niños pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes son pobres extremos, y dos de cada tres están en situación de pobreza infantil total. En 2007, el 62.7 por ciento de los niños latinoamericanos (113 millones) se veían afectados por una u otra forma de pobreza, es decir, experimentaban alguna privación o violación de sus derechos y/o se encontraban en hogares con ingresos insuficientes. La región está en deuda con sus niños y es poco lo que se ha avanzado en los países para adoptar políticas específicas de alcance universal para reducir la pobreza infantil desde un enfoque integral.
Esta situación reclama un rediseño de la política de lucha contra la pobreza. Se requieren intervenciones directas vinculadas a la provisión de salud y nutrición, servicios de agua potable y saneamiento, educación e información. Pero además urgen acciones de carácter indirecto mediante el aumento de los ingresos de los hogares, ya sea con acciones dirigidas al mercado laboral o por vía de transferencias monetarias. Romper las cadenas de reproducción de la pobreza y la desigualdad requiere acciones decididas de carácter innovador y con una visión integral que asuma que la pobreza infantil es multidimensional, y que sus consecuencias son también multifacéticas. Las políticas públicas no sólo deben orientarse a enfrentar las situaciones de pobreza actual sino a construir sistemas solidarios en el marco de un nuevo pacto intergeneracional, a través del cual no sólo se compensan las privaciones del presente, sino que se vela para impedir su continuidad o resurgimiento a futuro. Esto implica un aumento sostenido de la inversión social y el gasto público en la infancia para mejorar las condiciones de vida de la niñez, a la vez que se promueve un desarrollo más inclusivo e igualitario para los países.
Las rebanadas del pastel
SOS de un lector: dejé de laborar para el gobierno federal este año (Instituto Nacional de Bellas Artes) y al estar un año cotizando para el ISSSTE, dígase Pensionissste (retiro de cesantía en edad avanzada) nunca me dijeron dónde estaba esa cuenta. Hablé a la Consar, a Pensionissste, a Bansefi y a Recursos Humanos del INBA, y nadie sabe dónde está esa cuenta. Me decían que estaban mis aportaciones (de hecho tengo los recibos de nómina, donde aparecen quincenalmente mis descuentos). Entonces, la duda es: ¿qué puedo hacer, ante quién voy o qué hago para que aparezca ese dinero? ¿Tengo que entablar algún juicio, ya que nadie sabe nada?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Pedro Miguel: Navegaciones
Los policías interrogaron a una puestera del mercado de La Lagunilla y por ella supieron que dos personas –primero un hombre, después una mujer joven– habían estado en el local de Rufino Vázquez más o menos a las mismas horas en que éste fue asesinado.
–¿Qué te dijo la señora? –interrogó el comandante a uno de sus subordinados.
–Uyyy, comandante... me contó toda la historia... Que el homicida se llama Iván, que al difunto le decían Don Rufina, que era travesti, que tenía una relación con el que lo mató...
Patricia Peñaloza: Ruta Sonora
Este espacio sigue bailando tras la ricura del cierre del 26 Festival de México (Fmx): la cumbia-rap-electro-funk de los colombianos de Bomba Estéreo, y la polka-banda-post-electro de Tijuana Sound Machine (ex Nortec), se desbordaron sobre 30 mil asistentes, el domingo 28, a un costado del Monumento a la Revolución. Es hermoso atestiguar que el hambre musical y de convivencia en las grandes plazas sigue siendo una necesidad cultural de los jóvenes capitalinos. Es satisfactorio ver cómo tras poco más de una década de actos masivos, gratuitos, en la calle, la población sabe comportarse cívicamente, y cuidarse a sí misma.
El Correo Ilustrado
Reclama justicia para presos de Chiapas
Estimada Carmen: he recibido, de familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en Chiapas, la denuncia sobre el trato que reciben, además de los oídos sordos sobre su protesta, como el hecho de que no les permitan pasarles miel para el agua, que es lo único que beben.
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Adolfo Sánchez Rebolledo: Urbanización salvaje en Morelos
Según los datos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Jiutepec 2006-2009, este poblado representa el principal polo de desarrollo regional de Morelos al mismo tiempo que muestra índices de pobreza patrimonial por hogar e individualmente para 74 de cada 100 hogares y para 81 de cada 100 jiutepequenses. En ese sentido, lo que allí ocurre podría tomarse como símbolo de los límites de la modernización salvaje que está detrás del explosivo y desordenado crecimiento urbano de las décadas recientes en muchas partes del país. Junto al área industrial, la ciudad moderna avanza a expensas de la que una vez fue una región agrícola arrocera, destruyendo las antiguas relaciones sociales comunitarias, cuyo reflejo aún se registra como grave irregularidad en la sobrevivencia artificial de la propiedad comunal, ahora usufructuada por particulares, sin que esté en curso un ordenamiento territorial racional y satisfactorio que proteja los derechos de todos.
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Jorge Eduardo Navarrete: Irán y la opción nuclear
La llamada cuestión nuclear iraní ha sido convertida en una de las más discutidas y más peligrosas para la paz y la seguridad internacionales. Está incorporada a la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que México cumple el año final de su actual mandato. Sin embargo, la última resolución sobre el tema data de hace año y medio, lapso en que el consejo no ha vuelto a pronunciarse. Por contraste, en meses recientes el tema se tornó notorio: hubo intensos debates, consultas e Irán fue discutido como asunto prioritario en numerosos encuentros. Pero casi toda esta actividad ha ocurrido al margen del consejo, al menos formalmente.
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Ángel Guerra Cabrera: Parecen invisibles pero allí están
La liberación unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) del sargento Pablo Emilio Moncayo, y dos días antes la del soldado Libio José Daniel Calvo proyecta un rayito de esperanza hacia la solución política y negociada del conflicto, como recordó la senadora Piedad Córdoba. Ambos militares fueron entregados por la guerrilla a la comisión integrada por Córdoba, monseñor Leonardo Gómez, la Cruz Roja Internacional y militares brasileños. Lamentablemente, una solución política ha sido saboteada sistemáticamente por el presidente Álvaro Uribe y un amplio sector de la oligarquía colombiana, que junto a las trasnacionales han hecho pingües negocios a costa del desplazamiento impuesto por la guerra y la acción de los paramilitares a cientos de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes. La salida política que haga callar cuanto antes a los fusiles es lo que más conviene a los pueblos de Colombia, Venezuela, Ecuador y demás países vecinos pero precisamente por eso choca frontalmente con los intereses de Estados Unidos, que está utilizando el conflicto armado como elemento de desgaste, provocación y rampa de lanzamiento de una agresión militar contra Venezuela. Es una perogrullada afirmar que esa es una de las razones principales para la instalación de las siete bases militares yanquis en territorio colombiano.
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En varias publicaciones recientes Paul Krugman ha analizado la subvaluación de la moneda china (ver Talking on China, 14/3/10 y “China’s Swan Song”, 11/3/10, en The Conscience of a Liberal, http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/03/11/china’s-swan-song). Ha propuesto que el gobierno estadunidense declare formalmente el 15 de abril que esa economía mantiene un tipo de cambio con el dólar artificialmente bajo para fomentar sus exportaciones, aprovechando ventajas competitivas injustas. Esta declaración del Tesoro llevaría a que se impusieran aranceles especiales de 25 por ciento a los productos chinos, con el fin de obligar a que los chinos devalúen el renminbi. Krugman adicionalmente estableció que el crecimiento económico mundial sería 1.5 por ciento mayor si los chinos dejaran de manipular el valor de su moneda.
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Olga Harmony: Trabajando un día particular
Tras los problemas que tuvieron los integrantes de Teatro El Milagro con su primer proyecto para cumplir su compromiso con el Festival de México en el Centro Histórico, los dos formidables creadores escénicos que son Laura Almela y Daniel Giménez Cacho se dieron a la tarea de lograr un espectáculo teatral a dos voces, dos cabezas y dos sensibilidades a partir de Un día muy especial, la película que Ettore Scola filmara en 1974 con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. El título que escogieron, Trabajando un día particular, da la tónica de la escenificación porque el término trabajando puede deberse a las tareas que realizan al principio y en sus casas los dos protagonistas o a las diferentes acepciones del verbo trabajar, como actuar con esmero o incidir sobre una materia: Almela y Giménez Cacho trabajaron sobre la película y en su difícil montaje dan la impresión de que están creando escenarios y acción dramática a medida que ésta progresa sin dejar de dar a sus personajes matices y expresiones.
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