Ya se logró en el año 2000 que se establezca el derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna, pero sólo para la población infantil. En 2005, se hizo que el Senado aprobara una iniciativa universalizando ese derecho mediante reformas al artículo 4º constitucional. La minuta aprobada duerme desde ese año en la Cámara de Diputados. Ahora la presión social ha hecho que un grupo de legisladores considere prioritario aprobarla.
No puede ser más oportuno y urgente para la nación elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación para todas y todos. Nunca en este país había habido una masa tan enorme de personas con hambre, o desnutridas o malnutridas. Según la propia Comisión Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en pobreza alimentaria severa se incrementó en 5.1 millones de personas tan sólo en 2009, para llegar hasta 19.1 millones en total (La Jornada, 25/2/10, nota de Angélica Enciso) y es muy posible que el presente año llegue hasta 23 millones.
La misma Coneval reconoce que no han disminuido ni la desnutrición ni la mortalidad maternas. A este ritmo, México estará muy lejos de cumplir la meta del milenio de reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para 2015. Pero no es la pobreza alimentaria el único problema: los malos hábitos alimenticios y la precariedad con que se alimenta la población mexicana, han hecho que padezcan sobrepeso y obesidad 72 por ciento de las mujeres, 67 por ciento de los hombres, 34 por ciento de los adolescentes y 26 por ciento de los niños y niñas de cinco a 11 años (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006).
Además, nunca como ahora había sido tan amplia y grave la dependencia alimentaria del país con respecto al extranjero: 42 por ciento de los alimentos que consumimos se importan, cuando el índice establecido por la FAO para que un país tenga seguridad alimentaria es que produzca cuando menos 75 por ciento de los alimentos que consume.
México también debe elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, porque a eso se ha comprometido en diversos tratados y convenios internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11); puntos 4, 6, 7, 15 y 17, y del documento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emanado del pacto anterior.
¿Qué implica elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación? En primer lugar, que éste se instituya como una garantía individual en nuestra Carta Magna, cuyo garante es el Estado mexicano. Se trata de un derecho que debe ser exigible ante el Estado. Esto es que éste asegure en lo que se refiere a la alimentación dos condiciones básicas e indispensables: que sea adecuada y que en el suministro de ella a la población haya sostenibilidad.
La adecuación en la alimentación significa que el Estado garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, sanos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. La sostenibilidad significa que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos garanticen que sean accesibles a las generaciones futuras. Esto exige que el Estado se obligue a fortalecer las capacidades de la nación para desarrollar su soberanía alimentaria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la dotación de recursos naturales.
Estas obligaciones del Estado deben quedar bien claras en la ley, así como los procedimientos para exigir el cumplimiento del derecho a la alimentación y las sanciones en caso de que dicho derecho no se respete, se proteja y se promueva.
Lo decisivo no es sólo elevar el derecho a la alimentación a rango constitucional, sino que el Estado haga cumplir ese derecho. Porque el mismo ha de enfrentar la fuerza de los oligopolios agroalimentarios; del modelo agrícola productivista y exportador, de los esquemas insostenibles de explotación de los recursos naturales y abuso de agroquímicos. Exige también desafiar a las grandes compañías productoras de alimentos chatarra y a sus aliados publicitarios y mediáticos. Porque el nuevo derecho exige políticas concretas y presupuestos para construir la soberanía alimentaria basada en la producción fundamentalmente campesina, para que ésta le proporcione una vida digna a los consumidores y a ellos mismos.
Si para consagrar este derecho es necesaria una gran coalición social, para hacerlo cumplir se requiere una nueva correlación de fuerzas.
José Antonio Crespo
Segunda vuelta y bipartidismo
pues no veo que los objetivos planteados puedan en verdad ser conseguidos (salvo evitar que alcance el poder el candidato más repudiado por la mayoría absoluta, el “perdedor Condorcet”). No me parece que garantice el desempate en una elección cerrada (para lo cual hay otras fórmulas). Ni creo que la legitimidad electoral así lograda para el Presidente, se traduzca en mayor gobernabilidad (por una razón parecida a la que explica que la elevada popularidad que suelen reflejar las encuestas, no se traduzca en mayor fuerza política). Pero no creo que la razón para cuestionar la segunda vuelta sea su presunta proclividad a generar un sistema bipartidista. Ahí están, por ejemplo, los países latinoamericanos con segunda ronda electoral que se mantienen, sin embargo, como sistemas multipartidistas. En cambio, el bipartidismo norteamericano convive con una sola vuelta electoral. En el caso de México no tenemos indicios de que aun con segunda vuelta habría bipartidismo, pues las encuestas permiten delinear con claridad a los dos punteros antes de la jornada misma. Así ocurrió en 1994, en 2000 y en 2006. Eso provoca el conocido fenómeno del “voto útil”, es decir, simpatizantes del candidato que se perfila en tercer lugar que deciden sufragar por el menos malo de los dos punteros (provocando así una mayor caída del candidato que va en el tercer sitio).
Por eso mismo, el primer esfuerzo de un candidato y su partido consiste en no caer en tercer lugar. El PRI, al ver que se disputaba con el PAN el tercer lugar a fines de 2005, estuvo dispuesto a darle al Partido Verde lo que fuera con tal de lograr la coalición, bajo la expectativa de que recibiría los seis o siete puntos que tenía ese partido en las encuestas (algo que no ocurrió). Se puede decir que esa etapa prelectoral hace las veces de una primera ronda informal (con sus límites) y la elección constitucional funge, en más de un sentido, como segunda ronda electoral (por más que no requiera el 50 % más uno del voto para el ganador). Y sin embargo, los votantes del partido que queda en tercer sitio, aun sabiendo que su candidato no tiene probabilidades de triunfo, o bien mantienen su voto por éste por razones de lealtad, o bien emiten un voto útil al menos malo —a sus ojos— de entre los dos punteros, pero sufragando para el Congreso por su partido favorito. Roberto Madrazo, ya sin posibilidades de triunfo, recibió nueve millones 200 mil votos (22.3 %), cantidad nada despreciable, pero su partido en el Congreso captó dos millones 450 mil votos más (en total, 29%, siete puntos más que el candidato). Eso está lejos de ser un sistema bipartidista. Y el resurgimiento del PRI es la mejor prueba de ello. Las cosas no tendrían por qué ser muy diferentes con una segunda vuelta. La idea que sí me atrae es desfasar la elección presidencial de la del Congreso (para unas semanas más tarde) pues el electorado sabría ya quién es el Presidente electo, y podría decidir respaldarlo o contrapesarlo en el Congreso. Eso no provocaría un sistema de partido único (de acuerdo con la lógica de que la segunda vuelta genera bipartidismo), y desde luego, tampoco un bipartidismo.
Lo que de acuerdo a la llamada “Ley de (Maurice) Duverger” sí tiende a generar un bipartidismo esencial, es un sistema de mayoría pura, como el que muchos ciudadanos y políticos desean (es decir, eliminando a todos los de representación proporcional). Pero ni siquiera esa norma provocaría un claro bipartidismo en México, pues de haber aplicado en 2006, el PAN hubiera quedado con 137 diputados (46% de los 300 de mayoría), el PRD, 91 (30%), y el PRI, 65 (22%). Los resultados de 2009 llevan a pensar en un tripartidismo esencial, el PRI con 184 curules (61%) el PAN con 70 escaños (23%) y el PRD con (13%). Pero esa caída del PRD de cualquier manera se dio con el actual sistema mixto, pues sus escaños sumados por ambas pistas (71) representan apenas 14% de la diputación nacional. Pero eso no se explica ni por la segunda vuelta ni por el sistema de mayoría pura. Y nadie puede descartar de antemano que el PRD pueda volver a ser competitivo en 2012, pese a su desplome en 2009.
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