TIEMPO DE MUJERES

La reforma política del DF,
mariguanada autoritaria priísta

Arnaldo Córdova

Alos priístas de todos los tiempos en lo que llevamos de reforma política, desde 1977, el tema de la autonomía de nuestra ciudad capital y su conversión en un estado, como corresponde a su calidad de entidad fundadora de la Federación (artículo 43 de la Carta Magna) siempre se les ha atragantado y desde los orígenes se han convertido en los peores enemigos de la plena soberanía del DF. Un día, cuando éramos diputados en la 52 Legislatura, me dijo mi querido amigo priísta, José Luis Lamadrid, convertir a la capital en una entidad autónoma, sería tanto como clavarle al régimen una estaca en el corazón. Así murió Drácula, según se cuenta.

Cabe decir que ellos en un principio y durante bastante tiempo tomaron el asunto a chunga y no le dieron la menor importancia. Fue hasta que se dieron los reñidos comicios de 1988 y se prospectó una gran rebeldía cívica de la capital (Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez derrotaron al PRI) que empezaron a preocuparse de verdad. Entonces empezó a madurar el sueño priísta de hacer del DF un municipio grandote, que fuera más o menos idéntico a una capital de Estado, pero como capital de la República. Ese sueño no lo dejaron jamás y lo viene a demostrar la iniciativa de reforma constitucional del DF que presentó la senadora María de los Angeles Moreno.

Desde que era dirigente del PRI en el DF la senadora anduvo pregonando la idea y, por supuesto, nadie le hizo caso. Ahora que ha salido con su iniciativa, la verdad es difícil saber qué es lo que propone desde el punto de vista jurídico constitucional, aunque está claro que busca disminuir la soberanía de la capital. Curiosamente, propone la reforma de nueve artículos de la Carta Magna, pero no toca el 43, que enumera las treinta y dos entidades fundadoras de la Federación y entre las que se nombra al Distrito Federal. Retoma la primera frase del 44 que dice La Ciudad de México es el Distrito Federal para definir, a partir de ahí lo que será el DF: la Ciudad de México, vale decir, algo que no llega a entidad igual a las demás que integran el Pacto Federal.

En ese tenor, el jefe de Gobierno del DF será un alcalde, o sea, un presidente municipal. Todos los artículos que se propone reformar tienen que ver con ese par de cuestiones: la capital es una ciudad y su gobernante es un presidente municipal. Pero, con una falta absoluta de lógica y de entendimiento, quienes le elaboraron la iniciativa y que deben ser unos borricos que no saben derecho constitucional y ni siquiera derecho municipal, nos proponen todo un adefesio institucional que no entra en ninguna rama del derecho público: el alcalde, se supone, en cualquier lado, es la cabeza del ayuntamiento, es decir, el parlamento municipal, y es el caso que a éste lo desaparecen.

En su lugar habría una gran alcaldía, que no sería un súper alcalde, como cabe suponer, sino un grupo de funcionarios que acompañarían al alcalde en sus funciones. Tanto el alcalde como la gran alcaldía tendrían sólo funciones administrativas y no legislativas (de bandos de buen gobierno) como los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque haciendo lujo de tontería y conservadurismo, los asesores conservan en la iniciativa la Asamblea Legislativa del DF. La idea original de un municipio grandote comienza aquí a esfumarse, pues sólo se hacen cambios de nomenclatura para dejar las cosas como están, pero disminuidas. No se qué se puede ganar llamándole al jefe de Gobierno alcalde y agregándole un cuerpo de funcionarios (los integrantes de la gran alcaldía) que no se sabe para qué puedan servir.

Como era de esperarse, de todos los artículos que se propone reformar (44, 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122), en el que se centran los cambios es en el 122, que instituye el orden constitucional del DF. Todas las propuestas forman un rosario interminable de estupideces que no se apiadan de la lógica ni del derecho público. Por todos lados se quiere imponer restricciones a los actos de los órganos de gobierno de ese municipio grandote. Hasta se fijan condiciones para el desarrollo de procesos de controversia constitucional, haciendo a menos de la ley reglamentaria del 105. Se propone de nuevo que la seguridad pública de la ciudad estará a cargo de la gran alcaldía, pero bajo un más estricto control del gobierno federal.

El objetivo general de la iniciativa priísta aparece muy claro desde un principio: bajo la estulta consideración de que el desarrollo político del DF ha acabado por expulsar a los poderes de la Federación de su territorio, para someterlo a las nuevas autoridades locales, lo que es una absoluta falsedad; se propone retomar el antiguo control de la capital y hacer de la Federación su verdadera dueña y soberana. La Federación acabó siendo expropiada por las fuerzas políticas emergentes y ahora vuelve por sus fueros y reconquista nuevamente su capital. Los cabezas de chorlito que elaboraron la iniciativa priísta se permiten llegar al exceso de señalar en el texto que proponen del 122 hasta los lugares e inmuebles que deben ser considerados propiedad de la Federación.

No es broma. La fracción III, del apartado C (que algunos llaman base) establece cuáles son los bienes del dominio público de la Federación en la Ciudad federal. Entre ellos, para nuestro regocijo, se encuentra el Zócalo, el monumento a la Independencia nacional (el Ángel), el Altar de la Patria, el Hemiciclo a Juárez, el monumento a Cristóbal Colón y, por supuesto, el monumento y la explanada de la Revolución. ¿Para qué todas esas tonterías? Probablemente es un aviso a la oposición para que no se permita el uso de esos bienes o, si lo hace, sepa que está en casa ajena.

Los descerebrados que le elaboraron su iniciativa a la senadora (¿andará ella en la misma condición?) no conocen la Constitución ni, en especial, su artículo 27, el cual define a la Nación como la propietaria original (primera en el tiempo) de los bienes públicos. Según esa institución la Federación o el Estado federal no son propietarios de nada que no sea propiedad de la Nación. Ellos sólo son sus representantes, al igual que lo son las autoridades locales del DF. Si querían llenar la Carta Magna de esas burradas, por lo menos debieron haber tenido suficiente valor para cambiar la Constitución en sus raíces nacionalistas. Eso tal vez podría esperarse de los panistas y sus patrones empresariales. Pero, ¿también habrá que esperarlo de los priístas?

Pues, a cuanto parece, la senadora está en el mismo carril y, a lo mejor, eso es lo que en el fondo anda buscando. Ahora podremos ver si los capitalinos saben lo que se prepara para ellos y si estarán conformes con tales maquinaciones.

Electricidad: servicio público o negocio de particulares

Editorial La Jornada....

Como una forma de hacerse de recursos financieros y de lograr supuestas mejoras operativas en el suministro energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido promoviendo el lanzamiento de un sistema de prepago, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares, y para lo cual la paraestatal planea concluir, en este año, con la sustitución de un millón y medio de nuevos medidores. A lo anterior se suma la distribución, desde principios de este año, de un monedero electrónico entre los usuarios de este servicio, con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas y acumular puntos; la mitad de éstos se destinarán de forma automática al pago del servicio, y el resto podrá ser utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales afiliados al programa.

El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables. Por principio de cuentas, no pueden soslayarse los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el sentido de que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios, por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro. Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por parte de la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos habrán de ser trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios federales a las tarifas eléctricas.

Por añadidura, la sustitución de los medidores de la CFE ha provocado cuestionamientos sobre si dicha disposición se debe en efecto a un proceso de modernización y de mejora en las operaciones de la paraestatal, o bien a un designio de procurar oportunidades de negocio para empresas privadas. Son significativas, al respecto, las denuncias realizadas por el propio SME en el sentido de que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro había concretado, antes de su extinción por decreto presidencial, la compra de un millón y medio de medidores a la compañía IUSA –asociada de la estadunidense General Electric y encargada de la sustitución de estos instrumentos de medición–, los cuales se quedaron en bodegas de la empresa que, por cierto, requería al año solamente unos 500 mil aparatos de ese tipo para hacer remplazos.

Por lo demás, la venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico.

En suma, resulta exasperante que las autoridades federales se empeñen en sostener que las decisiones adoptadas en los meses recientes en el ámbito del suministro eléctrico, entre las que se cuentan la desaparición de LFC y la decisión de licitar dos hilos de la vasta red de fibra óptica de la CFE, obedecen exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan, en cambio, hablar sobre las implicaciones que esas medidas tendrán sobre un bien público que representa, según puede verse, un atractivo botín para particulares nacionales y extranjeros.