¿Qué impacto está teniendo la crisis en los derechos de las
mujeres? ¿ Será que hemos tenido derechos que estaban por encima de
nuestras posibilidades? ¿O es qué se está planteando un cambio de
modelo que plantea necesariamente una reformulación de los derechos de
las mujeres?.
Érase una vez ...
Para hablar de los derechos de las mujeres en estos tiempos de crisis podríamos empezar como en los cuentos… érase una vez unas mujeres que creyeron conquistar sus derechos y una vez conquistados fueron felices y comieron perdices… Pero ya sabemos que los cuentos, cuentos son y que lo que creíamos conquistado ha sido un espejismo porque ahora nuevamente vuelven a ser cuestionados esos derechos y corren el riesgo de desaparecer o cuando menos, difuminarse tanto que no seamos capaces de reconocerlos. Y lo que me parece peor, es que vamos aceptando estos cambios con resignación … ¿será que los derechos conseguidos estaban por encima de nuestras posibilidades?.
Las mujeres llevamos años luchando por ser sujetos de derechos, por poner en la agenda política aquellas cuestiones que nos afectaban a las mujeres por el hecho de ser mujeres pero que no por ello eran “problemas de mujeres” sino que, en tanto que situaciones arraigadas estructuralmente en la sociedad, requerían de la consideración de problema social y por tanto, de una respuesta integral por parte de los poderes públicos.
Se han dicho muchas cosas sobre la crisis, pero lo que no se suele hacer es ponerle rostro a la crisis. ¿El impacto de la crisis es igual en hombres y en mujeres? O mejor dicho, las medidas políticas que se están tomando para salir de la crisis, ¿tienen el mismo impacto en mujeres y en hombres? Y si no tienen el mismo impacto, y si el impacto, en sentido negativo, es mayor en las mujeres, por qué no se habla de ello.
Retrocesos en los índices de igualdad de género
España ha retrocedido en los índices que miden la igualdad de género en cada país, a la cabeza se encuentran países como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta posición privilegiada tiene mucho que ver con las medidas políticas desarrolladas por estos países desde hace muchos años. En cambio, España ha retrocedido 14 puntos en 2012 según el índice global de igualdad de género del Foro Económico Mundial, del puesto 12 hemos pasado al 26. En el año 2010 España se situaba en el puesto 11. En esta mejora que se venía produciendo en nuestro país algo tendrían que ver las medidas políticas que se estaban poniendo en marcha: Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, mejoras en las políticas de conciliación de la vida laboral y personal o la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Si estas leyes siguen vigentes, entonces ¿por qué retrocedemos en materia de igualdad?.
Cuando se hacen públicos estos datos los titulares de los periódicos se hacen eco, se realizan algunos análisis en clave de género, pero al día siguiente la crisis y el impacto de las medidas políticas, vuelven a dejarlos sin rostro. Sin duda, esta falta de visibilidad de las mujeres en la crisis tiene como consecuencia que ni en el diagnóstico ni en las medidas que se plantean, se tengan en cuenta la desigual situación que tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y que las distintas brechas estructurales, lejos de reducirse, se vayan incrementando a golpe de decreto que impone el Gobierno de España. ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea una reformulación de los derechos de las mujeres? ¿qué papel nos reserva a las mujeres este nuevo modelo?.
Y estalla la crisis...
El estallido de la crisis, con el crack de la burbuja inmobiliaria, tuvo un impacto inmediato en sectores económicos fuertemente masculinizados. Las cifras del desempleo masculino se dispararon y por primera vez el número de parados hombres fue superior al de mujeres.
Podemos pensar que la situación se ha ido “equilibrando”, en el último cuatrimestre de 2012, según datos de la EPA, la tasa de paro masculina se sitúa en 25,58% y la femenina en 26,55%. En cuanto a la tasa de actividad femenina, se sitúa en 53,42% y la masculina en 66,52%. Si analizamos los datos de inactividad, el número de hombres en esta situación es de 6.245.000 y las mujeres suponen 9.165.000, si bien se observa un incremento de hombres que pasan a esta situación y un descenso en el número de mujeres inactivas debido a la necesidad de compensar la falta o caída de ingresos familiares por el impacto de la crisis en el empleo masculino. Pero esta imagen no debe llevarnos a pensar que la situación y posición de las mujeres en el mercado laboral es la misma que la de los hombres. Hablamos de una situación de desigualdad estructural que se evidencia en las mayores tasas de precariedad en el empleo femenino, mayor presencia en los contratos a tiempo parcial, segregación del mercado laboral, techo de cristal, desigualdad retributiva, etc.
Las cifras, a priori, parecen justificar la mayor atención que se ha prestado a aquellos sectores con mayor presencia masculina, como la construcción, automóvil o finanzas y ha pasado más desapercibida la situación de aquellos otros sectores de actividad fuertemente feminizados, como la sanidad, la educación, o el sector servicios. Sin embargo, es en estos sectores donde se está destruyendo el empleo femenino, destrucción de empleo que está directamente relacionada con las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy.
Reforma laboral
Si analizamos la reforma laboral impuesta por el PP, vemos como las medidas de conciliación y los planes de igualdad que se negociaban en los convenios colectivos, quedan sin efecto por la posibilidad de las empresas de descolgarse de estos convenios, haciendo prevalecer el convenio de empresa; las empresas unilateralmente pueden rebajar lo salarios por razones de competitividad y productividad; dejar la puerta abierta a los despidos colectivos en el sector público, afecta más a las mujeres, al ser un sector muy feminizado; la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo (horarios, salarios, funciones…), hace más vulnerable el empleo de las mujeres, que son mayoría en el empleo a tiempo parcial, y no porque quieran trabajar menos horas, sino porque necesitan disponer de tiempo para conciliar vida laboral y familiar, al mismo tiempo, dificulta la corresponsabilidad, es decir, la posibilidad de que los hombres se incorporen también a la responsabilidad compartida de los cuidados.
Las mujeres ya estábamos en situación de precariedad. Las mujeres, en Canarias, ganamos de media 16,12% menos que los hombres. La media europea se sitúa en el 15%. Y con estas medidas, la brecha de género en el mercado laboral va a ir incrementándose cada vez más.
Pero no solo hablamos del impacto en el mercado laboral, los fuertes recortes impuestos por la actual política de control del déficit a cualquier precio, y ya sabemos quienes están pagando el “precio", está afectando a materias como la Sanidad y la Educación y, en general a todos aquellos servicios públicos que hacen posible el Estado del Bienestar, lo que tiene un impacto mucho mayor en las mujeres, ya que el Estado del Bienestar ha sido nuestro gran aliado.
El incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y el incremento de las tasas de actividad que se produce a partir de la Transición, ha estado relacionado, en primer lugar, con la mejora en la cualificación de las mujeres, llegando a ser mayoría hoy entre quienes terminan sus estudios universitarios, pero también gracias a la transferencia que se produce de los trabajos no remunerados de cuidados en la familia, entiéndase mujeres, a los servicios públicos.
¿Cambio de modelo?
La crisis económica está sirviendo como excusa para un cambio de modelo que es ideológico. Lo vemos en la forma en que están haciendo inviables determinados servicios públicos por los recortes económicos, o en la propuesta de reforma de la Ley de bases del régimen local que somete la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos al dogma económico y además hace desaparecer algunas competencias. Los municipios de más de 20.000 habitantes pueden recibir del Estado o Comunidad Autónoma, por delegación y con ficha financiera, delegadas 14 competencias. Disminuyen competencias y otras desaparecen definitivamente como la promoción de la igualdad de género. En paralelo, asistimos a la privatización de servicios públicos, de su gestión o el desarrollo de fórmulas de copago en servicios que son básicos para la mayoría de la población.
Si desaparecen servicios públicos, si éstos son privatizados, ¿quienes van a sufrir más ese impacto?. Sin ninguna duda, las mujeres, porque son las que más necesitan esos servicios que el Estado va a dejar de prestar. La alternativa creo que es evidente, se está reforzando un modelo de domesticidad para la mujeres, en el que sean las mujeres las que, con su trabajo no remunerado en el hogar, hagan frente a los servicios públicos que se dejan de prestar. Esto se va a traducir en falta de autonomía económica en el presente y, también en pobreza presente y futura al dejar de cotizar para poder tener derecho a una pensión medianamente digna el día de mañana.
El impacto del desmantelamiento de la Ley de Dependencia, que suponía el reconocimiento de un nuevo derecho, tiene rostro de mujer. Por un lado, porque es un sector de empleo feminizado, porque la mayoría de las personas mayores de 80 en situación de dependencia son mujeres, por la mayor esperanza de vida y, por otro, porque las mujeres son mayoría entre quienes ejercen de cuidadoras informales. Al ampliar el copago de los servicios y disminuir la cuantía de las prestaciones económicas, al eliminar el pago a la Seguridad Social a efectos de poder cobrar el día de mañana una pensión, se está condenando a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad, precariedad y disminución de expectativas vitales.
Nuestros derechos están en claro retroceso y en paralelo se están reforzando los discursos que cuestionan avances legislativos tan importantes como la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, una ley pionera en el mundo y que ha servido de ejemplo para otros países. Sin embargo, determinados sectores se siguen cuestionando los datos de las denuncias, se culpabiliza a las víctimas y se genera alarma social en vez de generar apoyo a las víctimas y condena social frente al agresor. Con la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, las mujeres víctimas de violencia de género tienen que pagar para pedir el divorcio de su agresor; en el anteproyecto de reforma del Código Penal se suprime el término violencia de género, se introduce la opción a la mediación y la previsión de multa como medida sustitutiva a la privación de libertad a imponer en alguno de los delitos relacionados con la violencia de género, las vejaciones se consideran faltas en vez de delitos o la supresión del agravamiento de la pena cuando el hecho punible tenga lugar antes los hijos e hijas, son ejemplos del distinto tratamiento que se está empezando a dar a la violencia de género.
Si hablamos de derechos de salud sexual y derechos reproductivos, está en cuestión la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Un claro ejemplo de hasta dónde estamos retrocediendo y como no es solo la crisis lo que está detrás de las decisiones políticas que se están tomando. La actual legislación reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad decidida libremente, se garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, una ley que permitió superar la inseguridad jurídica del modelo de supuestos de la Ley de 1985, estableciendo unos plazos en los que la mujer libremente puede decidir interrumpir su embarazo. El Ministro Gallardón llegó a afirmar que existía violencia estructural para justificar su reforma y que la maternidad es la que hace a las mujeres “auténticamente mujeres”. Parece que el señor Ministro entiende que ser una auténtica mujer es ser tuteladas a la hora de decidir y negar el derecho de las mujeres a la intimidad y la autonomía personal. Soy madre si yo lo decido, no porque sea el destino universal de las mujeres, y lo que yo soy como sujeto no lo define el hecho biológico de procrear sino la libertad de decidir.
La igualdad de género no está presente en el discurso imperante sobre la crisis, no se percibe la reducción y el grave retroceso de los logros conseguidos. Se habla de igualdad como algo específico de las mujeres, y se va afirmando un discurso que dice que ahora hay temas más importantes que resolver, que las políticas de igualdad pueden esperar. Pero si no se incorpora el género al diagnóstico global sobre la crisis, las medidas de respuesta van a seguir aumentado las brechas existentes. Llegadas a este punto tendríamos que volver a preguntarnos ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las mujeres?.
Para hablar de los derechos de las mujeres en estos tiempos de crisis podríamos empezar como en los cuentos… érase una vez unas mujeres que creyeron conquistar sus derechos y una vez conquistados fueron felices y comieron perdices… Pero ya sabemos que los cuentos, cuentos son y que lo que creíamos conquistado ha sido un espejismo porque ahora nuevamente vuelven a ser cuestionados esos derechos y corren el riesgo de desaparecer o cuando menos, difuminarse tanto que no seamos capaces de reconocerlos. Y lo que me parece peor, es que vamos aceptando estos cambios con resignación … ¿será que los derechos conseguidos estaban por encima de nuestras posibilidades?.
Las mujeres llevamos años luchando por ser sujetos de derechos, por poner en la agenda política aquellas cuestiones que nos afectaban a las mujeres por el hecho de ser mujeres pero que no por ello eran “problemas de mujeres” sino que, en tanto que situaciones arraigadas estructuralmente en la sociedad, requerían de la consideración de problema social y por tanto, de una respuesta integral por parte de los poderes públicos.
Se han dicho muchas cosas sobre la crisis, pero lo que no se suele hacer es ponerle rostro a la crisis. ¿El impacto de la crisis es igual en hombres y en mujeres? O mejor dicho, las medidas políticas que se están tomando para salir de la crisis, ¿tienen el mismo impacto en mujeres y en hombres? Y si no tienen el mismo impacto, y si el impacto, en sentido negativo, es mayor en las mujeres, por qué no se habla de ello.
Retrocesos en los índices de igualdad de género
España ha retrocedido en los índices que miden la igualdad de género en cada país, a la cabeza se encuentran países como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta posición privilegiada tiene mucho que ver con las medidas políticas desarrolladas por estos países desde hace muchos años. En cambio, España ha retrocedido 14 puntos en 2012 según el índice global de igualdad de género del Foro Económico Mundial, del puesto 12 hemos pasado al 26. En el año 2010 España se situaba en el puesto 11. En esta mejora que se venía produciendo en nuestro país algo tendrían que ver las medidas políticas que se estaban poniendo en marcha: Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, mejoras en las políticas de conciliación de la vida laboral y personal o la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Si estas leyes siguen vigentes, entonces ¿por qué retrocedemos en materia de igualdad?.
Cuando se hacen públicos estos datos los titulares de los periódicos se hacen eco, se realizan algunos análisis en clave de género, pero al día siguiente la crisis y el impacto de las medidas políticas, vuelven a dejarlos sin rostro. Sin duda, esta falta de visibilidad de las mujeres en la crisis tiene como consecuencia que ni en el diagnóstico ni en las medidas que se plantean, se tengan en cuenta la desigual situación que tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y que las distintas brechas estructurales, lejos de reducirse, se vayan incrementando a golpe de decreto que impone el Gobierno de España. ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea una reformulación de los derechos de las mujeres? ¿qué papel nos reserva a las mujeres este nuevo modelo?.
Y estalla la crisis...
El estallido de la crisis, con el crack de la burbuja inmobiliaria, tuvo un impacto inmediato en sectores económicos fuertemente masculinizados. Las cifras del desempleo masculino se dispararon y por primera vez el número de parados hombres fue superior al de mujeres.
Podemos pensar que la situación se ha ido “equilibrando”, en el último cuatrimestre de 2012, según datos de la EPA, la tasa de paro masculina se sitúa en 25,58% y la femenina en 26,55%. En cuanto a la tasa de actividad femenina, se sitúa en 53,42% y la masculina en 66,52%. Si analizamos los datos de inactividad, el número de hombres en esta situación es de 6.245.000 y las mujeres suponen 9.165.000, si bien se observa un incremento de hombres que pasan a esta situación y un descenso en el número de mujeres inactivas debido a la necesidad de compensar la falta o caída de ingresos familiares por el impacto de la crisis en el empleo masculino. Pero esta imagen no debe llevarnos a pensar que la situación y posición de las mujeres en el mercado laboral es la misma que la de los hombres. Hablamos de una situación de desigualdad estructural que se evidencia en las mayores tasas de precariedad en el empleo femenino, mayor presencia en los contratos a tiempo parcial, segregación del mercado laboral, techo de cristal, desigualdad retributiva, etc.
Las cifras, a priori, parecen justificar la mayor atención que se ha prestado a aquellos sectores con mayor presencia masculina, como la construcción, automóvil o finanzas y ha pasado más desapercibida la situación de aquellos otros sectores de actividad fuertemente feminizados, como la sanidad, la educación, o el sector servicios. Sin embargo, es en estos sectores donde se está destruyendo el empleo femenino, destrucción de empleo que está directamente relacionada con las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy.
Reforma laboral
Si analizamos la reforma laboral impuesta por el PP, vemos como las medidas de conciliación y los planes de igualdad que se negociaban en los convenios colectivos, quedan sin efecto por la posibilidad de las empresas de descolgarse de estos convenios, haciendo prevalecer el convenio de empresa; las empresas unilateralmente pueden rebajar lo salarios por razones de competitividad y productividad; dejar la puerta abierta a los despidos colectivos en el sector público, afecta más a las mujeres, al ser un sector muy feminizado; la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo (horarios, salarios, funciones…), hace más vulnerable el empleo de las mujeres, que son mayoría en el empleo a tiempo parcial, y no porque quieran trabajar menos horas, sino porque necesitan disponer de tiempo para conciliar vida laboral y familiar, al mismo tiempo, dificulta la corresponsabilidad, es decir, la posibilidad de que los hombres se incorporen también a la responsabilidad compartida de los cuidados.
Las mujeres ya estábamos en situación de precariedad. Las mujeres, en Canarias, ganamos de media 16,12% menos que los hombres. La media europea se sitúa en el 15%. Y con estas medidas, la brecha de género en el mercado laboral va a ir incrementándose cada vez más.
Pero no solo hablamos del impacto en el mercado laboral, los fuertes recortes impuestos por la actual política de control del déficit a cualquier precio, y ya sabemos quienes están pagando el “precio", está afectando a materias como la Sanidad y la Educación y, en general a todos aquellos servicios públicos que hacen posible el Estado del Bienestar, lo que tiene un impacto mucho mayor en las mujeres, ya que el Estado del Bienestar ha sido nuestro gran aliado.
El incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y el incremento de las tasas de actividad que se produce a partir de la Transición, ha estado relacionado, en primer lugar, con la mejora en la cualificación de las mujeres, llegando a ser mayoría hoy entre quienes terminan sus estudios universitarios, pero también gracias a la transferencia que se produce de los trabajos no remunerados de cuidados en la familia, entiéndase mujeres, a los servicios públicos.
¿Cambio de modelo?
La crisis económica está sirviendo como excusa para un cambio de modelo que es ideológico. Lo vemos en la forma en que están haciendo inviables determinados servicios públicos por los recortes económicos, o en la propuesta de reforma de la Ley de bases del régimen local que somete la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos al dogma económico y además hace desaparecer algunas competencias. Los municipios de más de 20.000 habitantes pueden recibir del Estado o Comunidad Autónoma, por delegación y con ficha financiera, delegadas 14 competencias. Disminuyen competencias y otras desaparecen definitivamente como la promoción de la igualdad de género. En paralelo, asistimos a la privatización de servicios públicos, de su gestión o el desarrollo de fórmulas de copago en servicios que son básicos para la mayoría de la población.
Si desaparecen servicios públicos, si éstos son privatizados, ¿quienes van a sufrir más ese impacto?. Sin ninguna duda, las mujeres, porque son las que más necesitan esos servicios que el Estado va a dejar de prestar. La alternativa creo que es evidente, se está reforzando un modelo de domesticidad para la mujeres, en el que sean las mujeres las que, con su trabajo no remunerado en el hogar, hagan frente a los servicios públicos que se dejan de prestar. Esto se va a traducir en falta de autonomía económica en el presente y, también en pobreza presente y futura al dejar de cotizar para poder tener derecho a una pensión medianamente digna el día de mañana.
El impacto del desmantelamiento de la Ley de Dependencia, que suponía el reconocimiento de un nuevo derecho, tiene rostro de mujer. Por un lado, porque es un sector de empleo feminizado, porque la mayoría de las personas mayores de 80 en situación de dependencia son mujeres, por la mayor esperanza de vida y, por otro, porque las mujeres son mayoría entre quienes ejercen de cuidadoras informales. Al ampliar el copago de los servicios y disminuir la cuantía de las prestaciones económicas, al eliminar el pago a la Seguridad Social a efectos de poder cobrar el día de mañana una pensión, se está condenando a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad, precariedad y disminución de expectativas vitales.
Nuestros derechos están en claro retroceso y en paralelo se están reforzando los discursos que cuestionan avances legislativos tan importantes como la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, una ley pionera en el mundo y que ha servido de ejemplo para otros países. Sin embargo, determinados sectores se siguen cuestionando los datos de las denuncias, se culpabiliza a las víctimas y se genera alarma social en vez de generar apoyo a las víctimas y condena social frente al agresor. Con la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, las mujeres víctimas de violencia de género tienen que pagar para pedir el divorcio de su agresor; en el anteproyecto de reforma del Código Penal se suprime el término violencia de género, se introduce la opción a la mediación y la previsión de multa como medida sustitutiva a la privación de libertad a imponer en alguno de los delitos relacionados con la violencia de género, las vejaciones se consideran faltas en vez de delitos o la supresión del agravamiento de la pena cuando el hecho punible tenga lugar antes los hijos e hijas, son ejemplos del distinto tratamiento que se está empezando a dar a la violencia de género.
Si hablamos de derechos de salud sexual y derechos reproductivos, está en cuestión la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Un claro ejemplo de hasta dónde estamos retrocediendo y como no es solo la crisis lo que está detrás de las decisiones políticas que se están tomando. La actual legislación reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad decidida libremente, se garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, una ley que permitió superar la inseguridad jurídica del modelo de supuestos de la Ley de 1985, estableciendo unos plazos en los que la mujer libremente puede decidir interrumpir su embarazo. El Ministro Gallardón llegó a afirmar que existía violencia estructural para justificar su reforma y que la maternidad es la que hace a las mujeres “auténticamente mujeres”. Parece que el señor Ministro entiende que ser una auténtica mujer es ser tuteladas a la hora de decidir y negar el derecho de las mujeres a la intimidad y la autonomía personal. Soy madre si yo lo decido, no porque sea el destino universal de las mujeres, y lo que yo soy como sujeto no lo define el hecho biológico de procrear sino la libertad de decidir.
La igualdad de género no está presente en el discurso imperante sobre la crisis, no se percibe la reducción y el grave retroceso de los logros conseguidos. Se habla de igualdad como algo específico de las mujeres, y se va afirmando un discurso que dice que ahora hay temas más importantes que resolver, que las políticas de igualdad pueden esperar. Pero si no se incorpora el género al diagnóstico global sobre la crisis, las medidas de respuesta van a seguir aumentado las brechas existentes. Llegadas a este punto tendríamos que volver a preguntarnos ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las mujeres?.
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