Enrique Peña Nieto durante la promulgación de la Ley de Amparo el lunes 1 de abril de 2013, a 4 meses de llegar al gobierno de México. Foto: Julio Candelaria. Fuente: Reforma.com
Fiel al estilo telegénico y perfectamente sincronizado del manejo de su imagen, el equipo de Enrique Peña Nieto logró en sus primeros cuatro meses de gobierno incidir sobre las percepciones de un sector minoritario que genera “opinión pública”, más que sobre la realidad y la percepción de ésta entre la mayoría de los ciudadanos.
Una evidente campaña de relaciones públicas en la prensa exterior –especialmente en The Washington Post, The Financial Times y The Wall Street Journal–, más el apapacho a los dueños de los principales medios de comunicación mexicanos –con la zanahoria de los próximos convenios publicitarios– y la atención a los personajes que construyen la “agenda informativa”, han logrado que en estos cuatro primeros meses los problemas de la violencia generada por la disputa entre cárteles del crimen organizado, la falta de empleo y la incapacidad de la mayoría de las familias para hacer rendir sus ingresos se vean minimizados o invisibilizados.
No es menor este logro, en términos mediáticos y de percepción, pero poco tiene qué ver con el valor del “gobierno eficaz” que tanto proclama la nueva generación priista en el poder.
Por ejemplo, La Jornada publicó hoy como nota principal que han sido casi 2,800 personas las ejecutadas en los primeros 4 meses de gobierno peñista. No disminuyó el índice de violencia, en comparación con el mismo periodo del gobierno calderonista del año pasado. Tan sólo en el mes de marzo se registraron 562 ejecuciones. Los estados con mayor índice de homicidios en ese mes fueron el Estado de México (151) y Chihuahua (114). En el primer caso, se trata de un desajuste claro entre los grupos criminales y algo ha de saber tanto el gobierno anterior –ahora en la presidencia de la República- como la administración de Eruviel Ávila.
Durante el mes de marzo, la mayoría de los medios informaron sobre la irrupción de grupos de autodefensa que lo mismo se presentan como “policías comunitarios” que como grupos de ajusticiamiento. En municipios de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán y Zacatecas se han registrado estos casos.
La habilidad mediática del peñismo ha sido escurrir el bulto frente a la responsabilidad de la administración federal ante este fenómeno y endosárselo a los gobiernos locales. El único episodio de un debate sobre este tema fue entre el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. El debate quedó en una especie detalk show que no profundizó sobre el punto central: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los gobiernos estatales y del federal en este fenómeno?
El propio canciller José Antonio Meade le relató a The Washington Post que el objetivo principal del gobierno peñista será “combatir las causas, no a los cárteles” para evitar la proliferación de la violencia. Meade puso énfasis en la “prevención, educación y empleo”. Nada mencionó el ex secretario de Hacienda sobre lavado de dinero.
Los golpes espectaculares de esta administración se concentran en la detención de la profesora Elba Esther Gordillo y la insistente promoción de reformas constitucionales cuyo aterrizaje aún debe pasar por la prueba de la legislación secundaria y la implementación (reformas educativa, laboral, de amparo, de víctimas y de telecomunicaciones, aún en proceso de debate y votación en el Senado).
La detención de Gordillo fue eficaz para borrar el mal sabor de boca del “accidente” ocurrido en el edificio B-2 de la Torre de Pemex. Los medios han olvidado este episodio. No se sabe qué ha pasado con los heridos hospitalizados. Y hasta Carlos Romero Deschamps, el impresentable dirigente del sindicato petrolero, ya volvió a aparecer como aliado del gobierno peñista y de su reforma energética.
La encuesta de Reforma
Encuesta realizada por el periódico Reforma a 4 meses de gobierno de EPN. Fuente: reforma.com
Este lunes 1 de abril, el periódico Reforma divulgó los resultados de su reciente encuesta sobre los cuatro primeros meses de gobierno. Realizada entre 1,515 ciudadanos de las 32 entidades de la República y entre 718 “líderes de opinión”, el sondeo confirma una tendencia: privilegiar el control de la imagen a través de los opiniólogos y esperar a que exista un cambio de percepción entre los ciudadanos.
A pesar de esto, el índice de aprobación de Peña Nieto (50 por ciento) entre la población abierta, es menor al registrado en el mismo periodo por Calderón (57 por ciento), por Vicente Fox (70 por ciento) y Zedillo (53 por ciento), según la misma encuesta.
En contraste, los “líderes de opinión” le dan un 78 por ciento de aprobación y consideran como los asuntos más favorables de estos cuatro meses el arresto de Elba Esther Gordillo, la reforma en telecomunicaciones y la reforma educativa.
Por rubros de desempeño, los encuestados consideran que existe un saldo desfavorable en los rubros más sensibles para la población en general: pobreza (40 por ciento desfavorable, frente a 33 por ciento favorable), a pesar de la insistenteCruzada contra el Hambre que nadie ve; seguridad pública (44 por ciento desfavorable, frente a 29 por ciento favorable); economía del país (41 por ciento desfavorable, frente al 26 por ciento desfavorable); empleo (45 por ciento desfavorable, uno de los índices más altos frente al 26 por ciento favorable); y corrupción (48 por ciento desfavorable, frente al 25 por ciento favorable).
Los rubros que analizan como favorables de sus 4 primeros meses de gobierno son salud (49 por ciento frente a 23 por ciento desfavorable); educación (46 por ciento frente a 29 por ciento) y política exterior (31 por ciento frente a 24 por ciento en contra).
La pregunta abierta más importante para medir la credibilidad fue la siguiente: Cuando el presidente Peña Nieto da mensajes a la Nación para explicar sus acciones de gobierno, ¿usted qué tanto le cree?
El 51 por ciento dijo “poco o nada”, contra el 45 por ciento que cree “mucho o algo” y un 4 por ciento que “no sabe”.
En otras palabras, la misma encuesta de Reforma advierte que pueden cambiar las percepciones de los “líderes de opinión” que están en los espacios mediáticos más importantes, pero si la realidad no cambia para los ciudadanos de poco sirve esta ostentosa y ostensible operación de cooptación.
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