VIOLENCIA
Senadoras presentan iniciativa de reformas a legislación
Especial | Retomada del sitio Justicia Para Nuestras Hijas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Senadoras de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) buscan que las mexicanas víctimas de violación sexual, desaparición o feminicidio enfrenten procesos penales menos discriminatorios.
En múltiples ocasiones las familias de mujeres violentadas han señalado que cuando acuden a denunciar el delito o durante los procesos penales los Ministerios Públicos y jueces violentan sus Derechos Humanos (DH) por lo que las legisladoras presentaron una iniciativa para erradicar este trato discriminatorio.
En la sesión de este martes las senadoras presentaron una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género.
La intención de las legisladoras es paliar algunos de los flagelos que cada día enfrentan las mujeres cuando se presentan ante una instancia gubernamental para denunciar delitos como violación sexual o cuando una persona denuncia la desaparición o el asesinato de una hija o hermana.
En el proyecto suscrito por la perredista Angélica de la Peña; la priista Diva Hadamira Gastélum y las panistas María del Pilar Ortega, Luisa María Calderón, Martha Elena García, Mariana Gómez del Campo y Maki Ortiz, entre otras senadoras, se explican algunas de las agresiones que enfrentan las mujeres en los procesos penales.
Las proponentes señalaron que algunas de las irregularidades durante la investigación de un feminicidio, una violación sexual o la desaparición de una mujer, es la demora en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las mismas, o bien, la inactividad en los expedientes.
Pero además en muchos de los casos los funcionarios son negligentes y cometen irregularidades en la recolección y realización de pruebas, o en la identificación de víctimas, como ha sucedido en Ciudad Juárez con los restos óseos de mujeres.
No conformes con estas anomalías, los servidores públicos encargados de investigar los delitos de género llegan a perder información y no consideran que estos delitos cometidos contra las mujeres son parte de un fenómeno global de violencia de género.
De igual forma -sostienen las senadoras-durante la investigación los agentes promueven estereotipos al hacer comentarios sobre la conducta de las víctimas o al minimizar las denuncias porque se trata de “muchachitas que andaban con el novio o andaban de voladas”.
No es nuevo que cuando una madre va a denunciar la desaparición de su hija se encuentra con servidores públicos que se niegan a tomar la denuncia porque aseguran que las jóvenes se fueron con su novio o porque sostienen que si les pasó algo es porque ellas se lo buscaron.
Estas expresiones de violencia hicieron que el Estado mexicano fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por ser omiso en el acceso a la justicia y la igualdad durante el proceso penal en tres casos de feminicidio ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En el documento presentado por las senadoras, se recuerda que entre las recomendaciones emitidas en noviembre de 2009 en la sentencia de la CoIDH se exhortó al Estado mexicano a eliminar los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos delictivos y el desarrollo de los procesos judiciales.
El máximo tribunal de justicia regional, también recomendó garantizar que en las investigaciones de los casos de desapariciones u homicidios de mujeres las autoridades mexicanas incluyeran la perspectiva de género y aseguraran que las diligencias fueran realizadas por funcionarios capacitados en estos temas.
Para cumplir con la sentencia de la CoIDH en 2012 el Congreso de la Unión reformó el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Con estas reformas -dicen las legisladoras- se tipificó el delito de feminicidio y discriminación, se perfeccionó la redacción del delito de abuso sexual e incesto, y se hicieron diversas modificaciones en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
Sin embargo aún quedaron algunos pendientes y por ello a través de esta iniciativa las senadoras buscan establecer otros aspectos normativos tendientes a garantizar el enfoque de género dentro de los procedimientos penales que enfrentan las mexicanas.
Por ejemplo, buscan reformar el Código Penal Federal y adicionar una fracción al artículo 225 para establecer que los servidores públicos puedan ser sancionados con penas de tres a ocho años de cárcel por delitos contra la administración de justicia.
La propuesta apoyada por integrantes de las tres principales fuerzas políticas propone reformas al Código Federal de Procedimientos Penales para que las investigaciones se realicen de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y libre de estereotipos y discriminación.
Asimismo se establecería el derecho de las víctimas de ser canalizadas a instituciones que les proporcionen atención médica y psicológica; y en casos contra la libertad sexual se establecería el derecho a recibir atención médica por una persona experta y del mismo sexo que la víctima.
Otra reforma es a la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para fincar responsabilidad administrativa a los Ministerios Públicos, los policías ministeriales y los peritos que no garanticen el principio de igualdad procesal.
En suma, las legisladoras esperan que estas modificaciones contribuyan en la construcción de un marco jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas y una legislación procesal respetuosa en materia de género.
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