Una población más envejecida y una carga presupuestal más alta hacen necesaria una reforma; el sistema de pensiones actual es insostenible tanto para el gobierno como para los ahorradores.
Por: Carmen Luna
Ante la situación actual del
sistema de pensiones, las autoridades y algunos partidos políticos
preparan propuestas para una posible reforma. (Foto: Getty Images )
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) —
Andrea comenzó a trabajar en una
empresa privada hace nueve años. Desde entonces cotiza en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (imss) bajo el régimen de cuentas
individuales, en el que cada trabajador acumula recursos para financiar
su pensión, que a su vez maneja la Administradora de Fondos para el
Retiro (Afore) de su preferencia. A sus 32 años, la diseñadora gráfica
tiene en su cuenta 165,000 pesos.
“Por lo que he leído y veo en el estado de cuenta
de mi Afore, creo que cuando me jubile tendré una pensión relativamente
baja”, dice. “Por eso, contraté hace dos años un fondo de inversión con
una aseguradora que, automáticamente, descuenta una cantidad mensual de
mi cuenta bancaria, pero, por mis gastos y mi sueldo no sé si podré
seguir con esto”.
Ella, al igual que los demás trabajadores afiliados al imss bajo la
ley de 1997, recibirá 26% de sus últimos ingresos al momento de jubilarse.
El caso de Andrea es
opuesto al de un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ahí, si el trabajador ingresó a la empresa antes de 2015 y cumple con
30 años de antigüedad o trabaja hasta los 60 años, tendrá una pensión
del 100% de su último sueldo.
Las autoridades mexicanas y especialistas en el tema de
pensiones dicen que, de no hacer cambios en el sistema, los recursos
que recibirán los trabajadores con cuentas individuales será
insuficiente para vivir con todas las necesidades cubiertas durante su
vejez. Además, el peso de las pensiones de los trabajadores del Estado
en las finanzas públicas seguirá creciendo, lo que las convertirá en una
carga cada vez más grande.
Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y
legisladores trabajan en una agenda para diseñar y aprobar —de ser
posible, durante 2016— una nueva reforma al Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
publicó en 2015 su reporte ‘El sistema de pensiones de México’, en el
que sugiere una serie de adecuaciones ante el cambio demográfico del país.
Entre sus propuestas
destacan: elevar las contribuciones obligatorias para la pensión; la
implementación de un sistema de prorrata para la generación de
transición del sistema antiguo al de cuentas individuales; homogeneizar
el sistema de ahorro para el retiro que hasta ahora está fragmentado;
reducir las comisiones de las Afores y flexibilizar su régimen de
inversión para que puedan colocar dinero en activos extranjeros, entre
otros.
“Lo
que hicimos fue analizar, después del muy ejemplar progreso que tenía
México en materia de la creación de ahorro para el retiro de las Afores,
dónde estamos hoy, cómo estamos, cómo se ven las cosas desde el punto
de vista de los números”, explica José Ángel Gurría, secretario general
de la ocde.
“Ahora, quizá el principal problema es que hay un número relativamente
bajo de trabajadores que tiene derecho a una pensión, porque además de
los problemas de contribución, hay uno de informalidad en México que
alcanza casi al 60% de la fuerza laboral”, agrega.
Esto significa que, de no reformar
el sistema de pensiones y aumentar la formalización de los
trabajadores, una gran parte de los mexicanos vivirá en la pobreza durante su vejez.
“Los estudios
actuariales y la información que tenemos indican que, muy probablemente,
México no logre brincar este sexenio con viabilidad económica por el
sistema de pensiones”, explica Fernando Mayans, senador del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Seguridad
Social del Senado.
El legislador aclara que no coincide con las propuestas de la
ocde y señala que no sólo es necesario elevar las contribuciones de los
trabajadores o aumentar la edad de retiro, pues hay otros problemas,
como la informalidad o el bajo salario mínimo, que contribuyen a
empeorar la situación en la que podrían vivir los futuros pensionados.
“Con el salario de
miseria que tiene un trabajador, nadie puede pensar que puede ahorrar
voluntaria o involuntariamente para su fondo de retiro, cuando las
necesidades diarias no las cumple” explica.
Perder lo ganado
En 1997, con la
entrada en vigor de la reforma al sar con la que se crearon las Afores,
México dejó de funcionar bajo el esquema de Beneficio Definido (BD) —en
el cual la población joven financia, vía impuestos, gran parte de las
pensiones—. A partir de ese año, el país opera con el sistema de
Contribuciones Definidas (CD), es decir, de ahorro individual para
aliviar la presión que las pensiones generan sobre las finanzas
públicas.
Sin
embargo, al permitir que los trabajadores de transición (tanto los del
sector privado que cotizaban antes de 1997, como los trabajadores del
sector público antes de su reforma en 2007) eligieran retirarse con
beneficios de la fórmula BD o la acumulación de CD, el ajuste fiscal se
ha pospuesto. Esto quiere decir que, actualmente, todavía hay
trabajadores que reciben el 100% de su último salario.
Un ejemplo de un esquema BD es
el de Pemex, en el que los trabajadores no aportan para su pensión y
reciben el 100% de su último sueldo. A partir de una serie de reformas
negociadas entre la petrolera y su sindicato en 2015, sólo los nuevos
trabajadores cotizarán bajo el sistema de cuentas individuales.
Con el fin de
homologar los beneficios de la población pensionada, la OCDE propone un
esquema de prorrateo para la generación de transición, es decir, hacer
borrón y cuenta nueva para que todos coticen bajo las mismas
condiciones.
Ésta es una de las propuestas más controvertidas, ya que implica
eliminar los derechos de aquellos trabajadores que se jubilaron antes de
1997.
“Proponemos que se establezca un sistema de prorrata para que la gente
que tenga derecho a elegir su pensión en el sistema antiguo conserve sus
derechos adquiridos hasta el día de hoy”, explica Pablo Antolin,
economista principal y jefe del equipo sobre pensiones privadas de la
ocde. “Pero, a partir de mañana, se calculen con base en el sistema de
cuentas individuales, que refleja perfectamente el beneficio con
respecto a lo que ha contribuido”.
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez, reconoce que la
propuesta no está exenta de controversia, pero debe evaluarse, ya que
los esquemas de BD son financieramente inviables.
“Esta propuesta sería muy
problemática en términos de carácter político,” señala Alejandro
Villagómez, especialista en sistemas de pensiones.
“Prácticamente, la mitad en el
sistema pertenece a esta generación de transición, la ley les da este
derecho. No es sencillo”, dice Óscar Vela, titular de la Unidad de
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda.
En su estudio, la OCDE señala que
los cambios demográficos y los planes de BD que no han sido reformados
pueden conducir a una presión fiscal que requerirá un esfuerzo
financiero importante en la década de 2030.
Esto se debe a que el sistema está
fragmentado. Varios gobiernos estatales, locales o universidades
públicas tienen sus propias condiciones de retiro y ofrecen una pensión
mínima relativamente elevada en comparación con las contribuciones.
“La proporción de
trabajadores activos a pensionados compensa la falta de fondeo por
ahora”, dice Roxana Muñoz, analista de Moody’s. “En el momento en que
esta composición demográfica cambie, veremos un riesgo financiero”.
Al cierre de 2014,
los recursos públicos destinados al pago de pensiones y jubilaciones
para empleados del Estado sumaron 525,443.4 millones de pesos. Esta
cifra representa 3% de pib, según cálculos de la Consar.
Hasta 2015, por cada ocho
trabajadores había un jubilado, pero en 2030, por cada cinco
trabajadores habrá un jubilado. En 2015, el número de personas de 60
años y más fue de 10.5 millones y para 2050 el número de adultos mayores
aumentará a 32.4 millones, según cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población.
Vivir con poco
En su reporte, la
OCDE destaca que México es uno de los países de la organización que
ofrece la tasa de reemplazo más baja a sus trabajadores, es decir, la
proporción de su último sueldo que recibirán como pensión.
Para alcanzar una pensión
adecuada, por ejemplo, con alrededor de 50% del último salario, las
aportaciones actuales son insuficientes.
La contribución de 6.5% que se destina a la
Afore, en el escenario más optimista, derivará en una tasa de reemplazo
de 26%, por lo que habría que aumentar la aportación a entre 13 y 15%.
“El nivel de
contribuciones de México, comparado con los países de la ocde, es de los
más bajos, por consiguiente, puede ser un problema”, dice Antolin.
“Cuanto menor sea la tasa de contribución es difícil que se pueda
alcanzar pensiones altas”.
Hasta ahora, el patrón contribuye con 5.150%, el gobierno,
0.225%, y el empleado, 1.125%. En países como Chile, el asalariado
aporta 11.2%.
Antolin dice que lo recomendable es aumentar gradualmente la
contribución obligatoria y puede ligarse a los aumentos salariales para
que el empleado no vea una reducción en su ingreso.
Los principales afectados por una
baja tasa de reemplazo son aquellos que ganan más de cuatro salarios
mínimos, ya que los trabajadores con un sueldo menor reciben más
subsidio del gobierno, lo que aumenta su aportación a entre 9 y 12%,
explica Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de
Actuarios Consultores.
“El trabajador afiliado al imss aporta 1.23% frente a los del
ISSSTE, que aportan tres veces más. Es importante hacer más
aportaciones, pero buscando el origen más adecuado”, dice Turner.
Para algunos, como la
diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social de
la Cámara de Diputados, Araceli Damián, el problema recae en el bajo
crecimiento económico y los bajos salarios, lo que hacen inviable el
actual modelo de ahorro para el retiro.
“Nadie le quita recursos al trabajador,
podemos decir que no hay condiciones salariales, puede que sea un
argumento válido. Pero entonces, ¿quién va a financiar las necesidades
de una inmensa mayoría de mexicanos en el futuro?”, dice Carlos Ramírez,
presidente de la Consar.
Aún se puede recudir el costo
El problema del
actual sistema de pensiones se extiende también a las Afores. Comisiones
altas y un régimen
de inversión restrictivo son los principales
problemas de estas instituciones, asegura la OCDE. Los recursos de los
trabajadores que administran las Afores sumaron 2.466 billones de pesos a
noviembre de 2015, equivalente casi a 15% del PIB.
El estudio señala que, si bien
las Afores han reducido sus comisiones de 1.81 a 1.11% de 2008 a 2015,
todavía están entre las más altas del mundo. Entre los países de la
OCDE, las comisiones van de un rango de 0.45% en Hungría hasta 2.59% en
Turquía.
“En
la medida en que las Afores sean más eficientes o que los modelos
comerciales sean más eficaces podrán seguir bajando las comisiones. ¿Las
comisiones son competitivas? Sí, pero pueden bajar más”, dice Carlos
Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de
Fondos para el Retiro.
Además, México es uno de los países de la OCDE con uno de los
regímenes de inversión más estrictos para los administradores de fondos
de pensión. Por ley, las Afores sólo pueden invertir 20% de los recursos
que administran en acciones extranjeras, ya que tienen que privilegiar
la inversión en el mercado de deuda y accionario mexicano.
Los rendimientos que
obtienen las Afores se reflejan en los estados de cuenta de los
trabajadores y, por lo tanto, en la pensión que obtendrán. Si las Afores
ganan, los trabajadores también, y viceversa.
La inversión en acciones nacionales
aumentó a 7.4% en 2014. La inversión en acciones extranjeras representó
el 18.3%. Aun así, las Afores se concentran en activos de renta fija,
con 75%.
“El
sistema ha pagado buenos rendimientos a lo largo de los últimos 18 años,
6% en términos reales, sin embargo, en los próximos 18 años el panorama
luce complejo para generar esa misma rentabilidad”, dice Ramírez.
La flexibilización
tendría que hacerse de manera gradual y considerando el marco
macroeconómico debido a la importancia de los recursos que están en
juego, según Vela.
Hacia el futuro
Autoridades, legisladores y especialistas
consultados coinciden en que el SAR requiere cambios urgentes para
incrementar las pensiones y disminuir el riesgo para las finanzas del
país, que actualmente ya enfrentan presiones por la caída en los precios
del petróleo.
“(Si no se hacen cambios) Uno tendría a una clase trabajadora con
niveles de pensiones muy bajos y, por lo tanto, con un nivel de vida que
correría el riesgo de no tener los satisfactores mínimos”, advierte
Gurría.
Para
poder ofrecer otras propuestas —actualmente sólo existe la de la OCDE—
Mayans dice que ya ha platicado con el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray para que en Palacio Nacional se presente un grupo de expertos
mexicanos que haga un diagnóstico y dé sus recomendaciones al sistema de
pensiones. Para él, lo ideal sería un esquema de ahorro con una mayor
intervención estatal.
“Si dejamos que pase el tiempo, los cambios van a ser más
costosos, cada día que pase que no reformes, te cuesta más, cada día que
pase, los cambios futuros se complican, tanto porque crece la población
y se vuelve políticamente más complejo”, dice Ramírez.
Hasta noviembre de 2015,
58.5% de la población ocupada en México laboraba en la informalidad, es
decir, sin seguridad social ni la posibilidad de tener una pensión.
Poco más de una
cuarta parte de los adultos mayores están pensionados (26.1%), según
datos del inegi y su Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social
levantada en 2013.
“Tal vez hay que hacerse la pregunta de si es justo o no que
algunos tengan una pensión más alta financiada con nuestros impuestos”,
dice Andrea, la diseñadora, quien para tener derecho a su pensión deberá
cotizar 1,152 semanas.
Ella piensa cambiarse a un trabajo donde le pagarán por
honorarios. Ahí no tendrá aportaciones para su Afore, a menos de que
ella lo haga voluntariamente.
Este artículo se publicó en el número 1183 de la Revista Expansión, disponible desde el 1
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