OPINIÓN
El
juicio de Sepur Zarco es de suma importancia para conocer parte de la
historia ocurrida en Guatemala hace 30 años, de la que todavía se ignora
muchos hechos represivos y las secuelas que trajeron consigo a mujeres
indígenas en el Valle del Polochic.
Es un proceso por hechos de esclavitud y violación sexual en contexto de guerra “no convencional” en los que están inculpados elementos del Ejército. Si bien es el primero con estas características, es casi seguro que tales delitos tipificados como “de lesa humanidad” sucedieron en otras partes del país.
Los peritajes presentados por especialistas exponen elementos que merecen ser difundidos ampliamente, a fin de poder dimensionar por qué militares ultrajaron a mujeres indígenas, cuyos esposos fueron previamente asesinados. Si bien esa tarea es difícil, cabe resaltar algunos elementos:
Varios peritos comprueban que los hechos represivos ocurridos en Sepur Zarco, entre ellos las violaciones sexuales, tenían como propósito beneficiar a finqueros, ya que la actuación del Ejército contra quienes gestionaban un pedazo de tierra provocó que tales reclamos se diluyeran, pero además facilitó que los finqueros se apoderaran de terrenos de manera ilegal y, a su vez, éstos contaran con mano de obra barata proveniente de quienes carecían donde sembrar.
Esta es la realidad actual en el Valle del Polochic, donde se registran elevados índices de pobreza y desnutrición.
Desde diferentes disciplinas académicas, especialistas confirman que existen los suficientes elementos para considerar que las violaciones sexuales cometidas fueron resultado de una estrategia militar, que en Sepur Zar se ejecutaron crímenes de género en la guerra, y que los cuerpos de las mujeres fueron objetos militares porque fueron quebrantados por el papel que ellas jugaban en su comunidad.
Una explicación poco conocida es la relatada por el perito Prudencio García, quien fundamentó que los militares deben mantener obediencia siempre bajo los marcos de la ley y los Derechos Humanos (DH).
Pero que la Ley Orgánica del Ejército de Guatemala de aquel entonces tenía el concepto de la “obediencia debida”, lo que significaba que cualquier subordinado debía obedecer órdenes superiores, incluso las ilegales.
Es decir, el “pensum” de la escuela militar contradecía a la Constitución de ese tiempo, como la de ahora, que reconoce la vigencia de los DH y por tanto fundamenta que ningún militar puede ordenar actos ilícitos a sus subalternos ni tampoco éstos tienen la obligación de realizarlos. Así se demuestra la responsabilidad de los militares inculpados por los delitos de violación y esclavitud sexual.
Estas mujeres q’eqchi’es de Sepur Zarco sin duda son un ejemplo de tenacidad y valentía para muchas otras mujeres y hombres. Lo que ellas vivieron y lo sucedido durante el juicio tendría que incluirse en los libros de texto que abordan la historia del país; ésa sería una verdadera muestra de adhesión a su lucha por la justicia.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | México, DF.-
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