En la inauguración de los
foros en materia de anticorrupción, Virgilio Andrade propuso 10 puntos,
entre ellos establecer parámetros de conflicto de interés y plantear
problemas de corrupción con base en redes y no sólo en individuos.
(Foto: Senado).
Armando Ríos Piter, integrante de la
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, criticó
que hoy el sistema institucional tiene “muy buenos deseos” pero no una ley que los aterrice
bien, por lo que dijo que “las instituciones que tenemos hoy deberían,
por sí mismas, sin un sistema nacional anticorrupción, tener capacidad
de combatir la corrupción”.
Lamentó que pese a tener elementos y facultades de investigación o revisión en contra de un actor, el proceso se queda estancado.
“El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido
la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015, estoy
hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos de corrupción,
sólo 19 han terminado en consignaciones, es decir, el 97 por ciento de
las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que
presuntamente debió haber habido”, dijo.
Ríos Pitter habló en la inauguración de los foros en materia de
anticorrupción, en la cual los titulares de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) señalaron
que la ley anticorrupción debe contener mecanismos que prevengan actos
de corrupción, un conjunto de valores éticos que rijan el actuar de los
funcionarios y establecer parámetros de conflictos de interés, entre
otros aspectos.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de
Justicia, dijo que se tiene que analizar la aplicación de las sanciones
que se propongan, porque actualmente existe gran indignación en la
sociedad, porque se conocen actos de corrupción o desvío de fondos y
nadie está en la cárcel por ello.
Propuso al foro que también sea convocada la Procuraduría General de la República
para que explique algunos casos de corrupción que no han tenido
respuesta, y en las que tiene obligación de actuar, señaló, y para que
aporte ideas a la nueva legislación.
Luis Humberto Fernández, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, determinó que la ley también debe atacar la corrupción política
y los elementos que están alrededor de ésta, es decir, normar la
propaganda gubernamental y todos los elementos que le dan potencia a la
corrupción.
Además, la legislación debe estar enfocada en tres rubros: educar al servidor público y a la sociedad; cero tolerancia a la corrupción en las instituciones; y crear un enfoque para prevenir la corrupción y sancionar a quienes incurran en acciones de este tipo.
Portal: la primera barrera a la corrupción
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), dijo que las políticas de integridad –conjunto de
valores éticos que tienen que regir el comportamiento de los
funcionarios– podrían ser una primera barrera a la corrupción, así como el desarrollo de una cultura de control dentro de las instituciones del sector público nacional.
Abundó en que la aportación de la fiscalización superior tendrá
efectos específicos pero no lo es todo, porque no se puede pretender que
la ASF se erija como una fiscalía contra la corrupción,
puesto que está previsto el concurso de otras instituciones, como el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, que tendrán la responsabilidad de perseguir
estos actos.
Manuel Hallivis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, comentó que la corrupción es una espiral interminable
que se fortalece con la indiferencia y complicidad, por lo que es
importante que toda la sociedad participe en su combate, con acciones
individuales.
Por su parte, Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de
la Función Pública, propuso diez ideas (del ámbito punitivo, preventivo y
del tipo orgánico institucional): clasificar las faltas en graves y no
graves; establecer parámetros de conflicto de interés;
plantear problemas de corrupción con base en redes y no sólo en
individuos; trabajar en torno a los procedimientos relacionados con los
juicios o los recursos en torno a actos de corrupción; reflexión sobre
el régimen de sanciones, especialmente aquellas que tengan espejo en el
ámbito penal.
Además, contar con sistemas, registros e informes, particularmente, de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés;
la elaboración de reglas de integridad y comités de ética; establecer
el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y de su
Comité coordinador; reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización; y
realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
para establecer con claridad el papel de la Secretaría de la Función
Pública.
(Con información de la Coordinación de Comunicación Social del Senado).
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