El medio británico afirmó
que si el presidente de México quiere fortalecer el estado de derecho,
tendrá que llamar a cuentas a los políticos corruptos.
(Foto: The Economist).
La revista británica señaló que en los primeros dos meses del 2016 han sido asesinados cuatro periodistas,
uno más que en todo el 2015, y enumeró casos como el mortal atentado
que sufrió la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, a un día de su toma de
posesión, la desaparición forzada de cinco jóvenes en Veracruz y la
muerte de 49 reos del penal de Topo Chico, Nuevo León, en una riña.
“El número de asesinatos en enero fue 11% más alto
que durante el mismo mes del año pasado”, publicó el medio. No obstante,
matizó al considerar que las cifras “no presagian un regreso a la
horrible violencia de 2010-12; casi 40% del reciente aumento tuvo su
origen en el infestado por los cárteles estado de Guerrero”.
The Economist precisa que “el baño de sangre en las playas
(de Acapulco) no cuenta la historia completa sobre el crimen en México,
pues muchas partes del país son más pacíficas de lo que fueron alguna
vez, especialmente en áreas donde la guerra entre cárteles de la droga
ha terminado con victoria para un lado“.
Sin embargo, da cuenta de que los turistas han comenzado a notar la criminalidad
que anteriormente estaba reservada en la periferia del puerto: “un
estadounidense recuerda haber estado recibiendo un masaje cuando vio el
cuerpo de un vendedor asesinado (…) un turista canadiense que comenzó a venir a Acapulco en 1970 dice que no volverá más”.
Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la repuesta de Peña Nieto fue un decálogo anticrimen, que “está teniendo un progreso vacilante” en el Congreso, apuntó.
The Economist se refiere particularmente al mando único,
pero apunta que “la política no es la cura a todo que el gobierno
parecer creer que es. Fuerzas policiales estatales no han demostrado ser
menos corruptas o más efectivas que las municipales. Funcionarios incompetentes
sirven en ambos niveles. Cuatro de los siete policías estatales
arrestados por las recientes desapariciones en Veracruz han reprobado
los exámenes de confianza”.
“Si Peña quiere fortalecer el estado de derecho, los políticos
corruptos, al igual que los criminales pistoleros, tendrán que ser
llamados a cuentas (…) El propio Peña ha sido avergonzado
por denuncias de conflicto de interés relacionadas con el
financiamiento de la casa de su esposa; una investigación lo limpió de
cualquier irregularidad. Si los mexicanos quieren tomar seriamente las
credenciales anticrimen de sus líderes, los políticos tendrán que
vigilarse mejor”, concluye el medio.
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