Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Benjamin Flores
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario británico The Economist
publicó este jueves un amplio reportaje sobre México, en el que destaca
que para afianzar el estado de derecho en el país, “los políticos
corruptos” y “los mafiosos pistoleros” deben rendir cuentas.
Sostiene, asimismo, que las políticas “no son la cura para todo, como
el gobierno suele pensar”, y precisa que las fuerzas policiales
estatales no han demostrado ser menos corruptas o más efectivas que las
municipales. “Funcionarios incompetentes sirven en ambos niveles”,
subraya.
De acuerdo con el diario, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha
demostrado que puede atrapar a los capos, pero “tiene que demostrar que
puede procesarlos y mantenerlos en la cárcel”, además de desmantelar sus
organizaciones.
The Economist señala que la propuesta de un “sistema
anticorrupción” formado por agencias independientes se está abriendo
camino en el Congreso e incluso el propio Peña Nieto “ha sido
avergonzado por acusaciones de conflicto de interés relacionadas con el
financiamiento de la casa de su esposa”.
Añade: “Para que los mexicanos tomen en serio a las acciones contra
la corrupción de sus líderes, los políticos tendrán que vigilarse mejor a
sí mismos”.
El reportaje también resalta el aumento de la violencia en México, y
detalla que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el homicidio doloso a nivel
nacional repuntó en enero pasado al registrar 50 asesinatos diarios en
enero de 2016, cuatro más que los 46 contabilizados por día en el primer
mes de 2015.
Por entidad, el Estado de México y Guerrero se situaron a la cabeza
de las cifras de homicidio doloso. En el primer estado se reportaron 192
casos y en el segundo 166. El año pasado el Estado de México reportó 2
mil 303 casos, y Guerrero 2 mil 16.
El mes pasado ambas entidades mantuvieron el primero y segundo
lugares en asesinatos, seis casos y cinco diarios en promedio,
respectivamente.
Sobre la violencia en Acapulco, Guerrero, The Economist dice
que se ha concentrado en la periferia del puerto, aunque los turistas
no dejan de notarla. Y apunta que la vigilancia de los soldados en las
playas no inspira confianza.
“El derramamiento de sangre en la playa no cuenta toda la historia
sobre el crimen en México. Muchas partes del país son más pacíficas de
lo que eran, sobre todo en las zonas donde las guerras entre bandas de
narcotraficantes han terminado con victoria para uno de los lados. En
Acapulco, en el suroeste del estado de Guerrero, la lucha por el control
del comercio de la heroína, a partir de las amapolas cultivadas
localmente, está haciendo furor. Algunos tipos de delitos, incluyendo
secuestro y la extorsión, parecen estar disminuyendo”, destaca el
artículo de la revista británica.
“Pero después de tres años de un descenso en la tasa de homicidios a
nivel nacional, en 2015 aumentó y ha seguido creciendo este año. El
número de homicidios en enero fue 11% mayor que en el mismo mes del año
pasado. Esto no pronostica un retorno a la terrible violencia de
2010-2012; casi el 40% del aumento reciente se explica porque Guerrero
está infestado de pandillas”, agrega.
Aun así, dice, “(la violencia) aumenta en gran medida la presión
sobre el presidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a ‘acelerar
el paso’ en la seguridad para la segunda mitad de su mandato, que se
extiende hasta 2018. Existe un sorprendente 99% de los delitos sin
castigar, un nivel de impunidad que fomenta la delincuencia de todo
tipo. México quedó en el lugar 58 de los 59 países del índice de
impunidad mundial publicado recientemente por la Universidad de las
Américas en Puebla”.
Sostiene que varios atropellos recientes han acumulado la presión
para un cambio de estrategia, y detalla que en lo que va de este año
cuatro periodistas han sido asesinados, uno más que en todo 2015.
Destaca, asimismo, que la alcaldesa de Temixco murió apenas un día
después de asumir su cargo, y 49 reclusos de la prisión de Topo Chico en
Nuevo León murieron en un motín en días pasados.
“En el estado de Veracruz, cinco personas desaparecieron (en Tierra
Blanca) después de ser detenidas por la policía estatal, un horrible eco
de la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes en Iguala,
cerca de Acapulco”, cita.
Agrega: “Las disputas políticas han detenido una medida que el
Presidente considera de vital importancia, una ley federal que sometería
a mil 800 o menos fuerzas policiales locales de México al control de
los 32 gobiernos de los estados: una política conocida como Mando
Único”.
El plan de Peña, añade, compite con las propuestas presentadas por
los partidos de oposición, una de las cuales permitiría a las grandes
ciudades mantener sus fuerzas policiales. “Lo más probable es que con el
tiempo se aprobará una ley federal, en parte debido a que se cree que
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene
ambiciones presidenciales.
Mientras tanto, el Mando Único se está aplicando de manera gradual;
más de la mitad de los estados han introducido su propia versión. En
Guerrero, sólo unas pocas ciudades han estado de acuerdo en permitir que
el gobierno del estado opere sus fuerzas policiales”, puntualiza.
“Las políticas no son la cura para todo, como el gobierno suele
pensar. Las fuerzas policiales estatales no han demostrado ser menos
corruptas o más efectivas que las municipales. Funcionarios
incompetentes sirven en ambos niveles. Cuatro de los siete policías
estatales detenidos en relación con las recientes desapariciones en
Veracruz habían pasado las pruebas de confianza”, sostiene The Economist.
Gabino Solano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo a la
publicación que el Mando Único podría descontaminar algunos de los
cuerpos de la policía local que han sido infiltrados por el crimen
organizado. “Pero lo que Guerrero necesita –agregó– es una respuesta
federal rigurosa a problemas tales como la debilidad de la economía, la
mala salud y la educación, y la guerra entre los grupos criminales”.
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