Luis Linares Zapata/ III
El conocido modus operandi televiso se hizo notorio: envió a su abogado en jefe a supervisar que los trabajos en la comisión respectiva del Senado correspondieran con sus designios. La cargada de influencias volvió por añorados fueros y, sin dilaciones mayores, se aprobó un renovado esperpento, similar al anterior, pero que intenta esquivar los molestos dictámenes emitidos por la SCJN.
Esta vez los santones de los medios tenían un acicate adicional para sus prisas. En la Cámara de Diputados se había presentado una iniciativa tachada de inoperante y peligrosa por las altas esferas del poder. En esta tentativa de los diputados, que contempla mayores elementos de juicio y aspectos no sólo de los medios, sino de telecomunicaciones, se recoge mucho del esfuerzo, las posturas y acendrados anhelos de amplios grupos sociales, académicos y políticos expresados por años en discusiones y agrias disputas.
A todo este mazacote de sucesos se le tiene que añadir un reciente decreto presidencial que trastocó el escenario de las elites y aceleró algunas discordancias entre ellas. El señor Calderón decidió ensanchar las funciones de la Secretaría de Gobernación añadiéndole un factible diseño operativo en medios audiovisuales. Una pretensión por demás fútil, como tantas más de sus reformas estructurales recocinadas para que sólo floten en el etéreo reducto de los desplantes irresponsables. El envoltorio no expreso, menos aún revelado, de todo este ir y venir entre políticos, traficantes de influencia y negociantes, apunta hacia la venidera sucesión de 2012. Cada grupito que secunda las aspiraciones de alguien, cada facción de partido afiliado a una u otra causa o candidatura en ciernes, desea su tajada mediática para soportar pretensiones futuras.
En este batidillo de ambiciones y desplantes de variada índole, se incluyen los tejemanejes del señor Calderón para asegurarse una cuota mayor de espacios difusivos con el propósito, siempre presente en su inseguro y tambaleante ánimo, de posicionarse como figura estelar. Pretende seguir lanzando sus decálogos, descalificaciones y ensoñaciones cada vez que se siente acorralado o ninguneado por los poderosos. Pero también quiere asegurar un lugar preferente para quien escogerá como su sucesor. Sabe que los grupos de presión, los meros capitostes, ya han tomado su decisión. El adalid de sus macrointereses es, al menos por ahora, Enrique Peña Nieto, el joven de la encopetada figura y la angelical compañía. Es por eso que una televisora y sus adláteres lo han promovido sin recato.
En el mero fondo de tan elitista pleito de trincheras una realidad asoma más allá de tan reducidas visiones y tapujos: la continuada lucha de un segmento creciente de la sociedad mexicana para restituirle validez a sus aspiraciones de un mundo mejor y más justo. Quieren los ciudadanos ser actores del quehacer colectivo y no un escuálido referente discursivo entonado por los flautistas del poder. Se saben portadores de necesidades imperiosas, de anhelos y temores con los que fechar y dar contenido al origen y el destino de los asuntos que se dirimen en las altas esferas del poder; es decir, se van haciendo presentes, una y mil veces, hasta cambiar el rostro y las entrañas del gobierno y del sistema de dominación que lo aprisiona. Esta aspiración, ya secular y penosa, pasa por diversos pasajes. La apertura de agendas para que se incluyan los tópicos que a la ciudadanía interesan es uno. La pluralidad de voces que ahora usufructúa el manojo de opinadores bajo consigna también cuenta. Y, quizá el determinante, por distintas formas de posesión de los medios masivos, ahora en manos de una sola clase de empresarios derechistas a ultranza.
En este rejuego de propuestas y oposiciones, los mexicanos se hermanan con otras sociedades del subcontinente. En Argentina, por ejemplo, lograron ensamblar una masiva movilización en apoyo de la reciente Ley de Medios recién aprobada. La sienten suya por voluntad y diseño propio, labrado, como aquí, durante penosos años de trabajos y rebeldías. Pero el ensamblaje conservador de la derecha en la comunicación electrónica se extiende por gran parte de Latinoamérica y responde, con sólido espíritu de cuerpo, a lo que identifican como ataques a su libertad de expresión. Frente a este trabuco, los afanes democráticos colectivos han chocado de frente y, en repetidas ocasiones, han sido derrotados.
En México, el sistema establecido ha roto, una y otra vez en tiempos recientes, las tentativas democratizadoras que ha lanzado una izquierda enraizada en el pulso ciudadano. Tal sistema ha conculcado y trastocado el espíritu y hasta la letra legal de la democracia en su marcha hacia la normalidad.
Y en ese núcleo descompuesto de ambiciones y privilegios surge, traslúcido e identificable, el mayor obstáculo para continuar la transición que México emprendió hace ya mucho tiempo. La derecha y su sistema se niegan a reconocer, con férrea necedad, la voluntad ciudadana, ya sea que se exprese en las urnas o cuando solicita cambios en el modelo de gobierno y en el aparato de comunicación.
No sobra develar el horizonte de liberación que se ha entrevisto. Parte, en su base primigenia, de la confianza en la energía, la inventiva y la sabiduría del pueblo. Con él y para él se deben plantear las salidas. Lo demás son pleitos entre poderosos momentáneos que a duras penas atajan la ya indetenible irrupción de la modernidad, esta vez de sello popular.
José Antonio Crespo
Congruencia mayoritarista
Ante el debate suscitado por la propuesta de Enrique Peña Nieto de explorar la formación de mayorías gobernantes, yo me ubico en favor de tales mayorías gobernantes que faciliten el impulso al proyecto gubernamental y reduzcan la probabilidad de conflicto entre poderes, pero no a través de la distorsión de la representación ciudadana o dañando la pluralidad. Por eso me inclino por el parlamentarismo, que incluso en sistemas multipartidarios garantiza (o al menos facilita) la formación de una mayoría gobernante, pero conformada por más de una fuerza política. En sistemas presidenciales también son posibles las coaliciones gobernantes, pero resultan más difíciles de construir. La inclusión de una fórmula de representación proporcional (sea de manera pura o mixta) originalmente busca equiparar el porcentaje de votos con el de curules para cada partido. Pero, en México, la representación proporcional siempre ha tenido una función distinta que en el resto del mundo: no evita la sobrerrepresentación, sino que la modera en el mejor de los casos.
La fórmula que ahora proponen los diputados del PRI, la misma de 1993, propicia la formación de una mayoría legislativa con un grado variable de sobrerrepresentación (es decir, más porcentaje de curules que de votos). En 1987 apareció la “cláusula de gobernabilidad”: el partido mayoritario tendría derecho a tantos pluris (de los 200) como hiciera falta para garantizarle 251 de los 500 legisladores. En 1988, el PRI ganó 239 diputados de mayoría, con 51% del voto, pero con los plurinominales (y uno que otro legislador comprado) alcanzó 260 curules (con apenas uno por ciento de sobrerrepresentación). En la Asamblea capitalina el PRI obtuvo 27% del voto, pero con la cláusula de gobernabilidad alcanzó el 50 % más uno (23% de sobrerrepresentación). En 1990 se introdujo la llamada “escala móvil”: además de los plurinominales necesarios para alcanzar 251 diputados si lograba al menos 35% de votación, un partido recibiría dos plurinominales más por cada punto porcentual por arriba de ese porcentaje.
Con eso, en 1988 el PRI hubiera obtenido 283 diputados en lugar de 260 (con casi 7% de sobrerrepresentación).
En 1993 volvió a cambiar la fórmula: ya no habría cláusula de gobernabilidad ni “escala móvil”, sino que los 200 diputados plurinominales se repartirían a partir de la votación de cada partido, pero sin tomar en cuenta sus triunfos de mayoría (contrariamente a como ocurre en otros sistemas mixtos). Es decir, se instauraban prácticamente dos cámaras bajas en lugar de una: una de mayoría pura (con 300 diputados) y otra de representación proporcional pura (con 200 diputados). Eso se anunció como un avance democrático, pero en realidad propiciaba mayor sobrerrepresentación, de nuevo, con los resultados de 1988, el PRI hubiera obtenido, no 260 diputados, sino... 341 (18% de sobrerrepresentación). Esa es la fórmula que el PRI propone ahora restaurar.
Si bien es atendible la preocupación por formar mayorías gobernantes, quienes defienden dicha tesis tendrían que ser consecuentes con ese propósito, lo que exigiría incluir las siguientes cláusulas a la norma:
1) el que tendría derecho a obtener los plurinominales para lograr la mayoría absoluta debiera ser el partido que ganó el Ejecutivo, sin importar si alcanzó también la mayoría relativa en el Congreso (el PAN en 2000);
2) pero dicha fórmula tendría que aplicarse también en los comicios intermedios, so pena de generar, no un gobierno unificado, sino uno superdividido (contrario a la lógica de los mayoritaristas);
3) o bien habría que eliminar los comicios intermedios para que el partido gobernante obtuviera la mayoría absoluta, y la preservara durante todo el mandato presidencial para no caer en el gobierno dividido o superminoritario a los tres años;
4) por otro lado, habría que aplicar también en el Senado una “cláusula de gobernabilidad” a favor del partido gobernante, para garantizar el mismo resultado. Sólo así se podría obtener lo que los mayoritaristas promueven; un gobierno unificado (en ambas cámaras), con mayorías absolutas del partido gobernante, que facilitara empujar el proyecto del gobierno en turno.
La pregunta es: ¿la diputación priista, el gobernador Peña Nieto, y todos los que secundan la propuesta mayoritarista, estarían dispuestos a aceptar esas reformas complementarias, en congruencia con sus planteamientos? No estoy seguro, pero sería bueno conocer su postura al respecto.
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