TIEMPO DE MUJERES

México: La nueva guerra sucia

La guerra sucia está de vuelta. Desde Chiapas hasta Chihuahua, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas, políticos y periodistas y violaciones de derechos humanos van en ascenso.

Kent Paterson | Agencia Lationoamericana de Información

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.

La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.

Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.

Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.

Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.

La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.

"Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."

Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.

Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

Las playas sangrientas del paraíso

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.

Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.

"Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.

Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.

De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.

El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

La violencia mancha precampaña electoral

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.

Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.

Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.

Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.

Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.

Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.

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