Horizonte político
Coincido con el propósito general que se busca con un registro para teléfonos celulares: contribuir a la seguridad pública y dificultar el uso de esos modernos artefactos para extorsionar, amenazar y delinquir. No estoy seguro, en cambio, de que el procedimiento para ello haya sido el más adecuado ni que el esfuerzo vaya a servir de mucho. Muchos ciudadanos tuvieron la suerte de que desde el primer intento para registrarse lo pudieron hacer. Muchos otros, no. Reportan haber seguido las instrucciones para hacerlo desde su celular, que les marcaba reiteradamente error. Registrarse por internet tampoco fue siempre fácil. Más complicado aún, si acaso posible, es registrar las tarjetas de banda ancha.
Pero el punto central del debate es la eficacia del instrumento, cuando es posible registrarse con datos falsos, como varios ciudadanos demostraron que era posible. Con lo cual, la eficacia del mecanismo se pone en entredicho. Ante ello, autoridades de la Cofetel señalaron que el proceso estaba basado en la buena fe de los ciudadanos, y que estaba seguro de que la gran mayoría de ellos actuaría así. ¿Buena fe en el combate a la delincuencia? Ahí me parece que las autoridades y los legisladores pecan, no de buena fe precisamente, sino de absoluta ingenuidad y de una lógica surrealista. ¿Se puede esperar buena fe de los delincuentes, extorsionadores, secuestradores, sicarios? Pues es justamente a ellos a quienes se pretende perseguir y penalizar, no a los ciudadanos de buena fe. No será la mayoría quien actúe de mala fe (sino una “ridícula minoría”), pero suficiente para generar problemas. Si presumimos buena fe de ciudadanos y de autoridades, ¿por qué entonces hay tantos delitos, por un lado, y abusos por otro?
El asunto me recuerda cuando en 1994 estrenamos la credencial del IFE con fotografía y otros dispositivos de seguridad. En los años previos, había prevalecido una enorme desconfianza sobre el padrón electoral, así como la convicción de que un ciudadano podía votar más de una vez y se defraudaba así la voluntad ciudadana en las urnas. Acarreos, operaciones tamal, ratones locos y carruseles justificaban de sobra la desconfianza. Sin embargo, considerando que muchos ciudadanos no contaban —ni cuentan— con documentos oficiales de identidad —como el acta de nacimiento—, se aceptó la modalidad de registro bajo palabra de dos vecinos que atestiguaran que el solicitante era quien decía ser y vivía donde decía vivir. Evidentemente eso abría la puerta a la obtención de credenciales falsas, como algunos ciudadanos y estudiosos del fenómeno electoral se encargaron de demostrar. Lo cual provocó el enojo del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, quien aclaró que la credencial del IFE con fotografía se basaba en… la buena fe. ¿La buena fe de los mapaches, de ingenieros electorales y compradores del voto? Sí, de esos también. Si de verdad se hubiera partido de la buena fe, no habría necesidad siquiera de una credencial electoral (como ocurre en algunos países donde predomina la confianza entre ciudadanos y autoridades). Menos aún era necesaria la gran cantidad de mecanismos de seguridad del nuevo documento electoral. Es antagónico incluir tantas garantías de infalsificación con la presunción de buena fe: o se tiene confianza o desconfianza. Tan es así que, con frecuencia, a delincuentes de distinta índole, al ser atrapados, se les encuentren varias credenciales del IFE con diferentes identidades, con todo y sus hologramas, sellos de agua y barra de códigos.
Algo parecido ocurre con el Renaut. Se ha detectado que muchas de las llamadas extorsionadoras proceden de cárceles y penales (donde 45% de presos tienen acceso a móviles), pero como las autoridades son incapaces de controlar esos pequeños espacios bajo su encargo, entonces pretenden fichar a toda la ciudadanía. Si no pueden controlar las cárceles, ¿podrán hacerlo con todo el país? La medida podría ser contraproducente: se consiguen chips con datos falsos por 85 pesos; los delincuentes (reales o potenciales) registrarán su celular a nombre de Juan Camaney. O si registraron su celular con sus datos verdaderos (actuando de buena fe), entonces robarán el celular a algún ciudadano antes de delinquir. Al detectar las autoridades el nombre del dueño de ese celular (que de buena fe se registró con sus datos verídicos), será molestado y deberá demostrar que su móvil le fue robado minutos u horas antes de que lo utilizara otra persona para delinquir. ¡Vaya estrategia!
Se consiguen chips con datos falsos por 85 pesos; los delincuentes (reales o potenciales) registrarán su celular a nombre de Juan Camaney.
Hace 15 meses, vecinos de la Magdalena Contreras solicitaron una reunión con el Gobierno del Distrito Federal para conocer el proyecto de la supervía poniente, una gran autopista de cuota que conectará el norte a un congestionado sur de la capital, que impactará negativamente una de las zonas verdes del Distrito Federal.
La petición nunca tuvo respuesta, hasta que en la primera semana de abril se anunció su construcción en la sede del GDF, mientras en la demarcación la noticia se conoció en medio de granaderos, que con su presencia amagaron el descontento de los colonos de los 126 predios afectados, la mayoría de la colonia La Malinche.
Pero los agraviados, en este caso, son casi todos sus habitantes, que ven esfumarse el valor de sus predios y tendrán que dejar sus casas. Contreras es una delegación que, pese a la agresión que sufrió en su estructura social, política y urbana en los pasados nueve años, conserva la fisonomía de sus pueblos y barrios. Desde San Jerónimo, donde se concentran los residentes con los mejores ingresos, hasta las zonas altas de San Bernabé y el Cerro del Judío, donde habitan los menos favorecidos. Muchos consideraban la zona como los márgenes de la ciudad, donde las colonias surgieron de pequeños pueblos que fueron alcanzados por la mancha urbana hace más de 40 años, cuando políticos echeverristas la pusieron de moda, por sus grandes extensiones de jardines que no se podían encontrar ya en la urbe.
Junto con ellos llegaron intelectuales, ecologistas, profesionistas y universitarios, clases medias y pudientes que dieron otro matiz a la zona, respetando la vida comunitaria de los contrerenses originarios, familias de comuneros y ejidatarios que poseían miles de metros de tierra.
Sin embargo, desde 1985, el impacto poblacional rebasó la endeble infraestructura delegacional, los asentamientos irregulares se intensificaron, apoderándose de las zonas bajas de sus bosques, como Los Dinamos. Pese a ello, el índice de criminalidad llegó a ser de uno por ciento, no había bancos ni policía judicial, se podía pasear a caballo entre sus empedrados, beber pulque o curado de frutas y comer barbacoa, una de las especialidades del lugar.
Aunque la construcción indiscriminada de condominios de lujo o vivienda media ha provocado la saturación de sus vialidades –acotadas por una geografía rebuscada– que cruzan barrancas, cañadas, empedrados y callejones, los nuevos residentes se han adaptado a las tradiciones de la comunidad. Alterada recientemente por actos de corrupción, nepotismo y escándalos de las dos gestiones anteriores, que han hecho de la jurisdicción un botín económico y político-electoral. Asimismo, pesan ya la criminalidad organizada y el vandalismo, que también se han apoderado de sus calles.
El Instituto de Políticas Públicas de Desarrollo y Transporte, especialista en la promoción de políticas ambientales y proyectos sustentables en transporte, con sede en Nueva York, advirtió, junto con otros grupos civiles, que el proyecto de la supervía incumple los compromisos del Plan Verde del GDF, al privilegiar un modelo con base en la movilidad del automóvil, generando grandes emisiones de monóxido de carbono, entornos sombríos, altos índices de ruido y obstáculos para la movilidad peatonal. Concluye que van en sentido contrario a la recuperación de espacios públicos que ocurre en megaurbes como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Portland y Seúl, donde han demolido autopistas elevadas para ofrecer movilidad de calidad a la gente. Incluso ciudades de América Latina como Bogotá, de donde se trajo una modalidad de transporte masivo –el Metrobús–, expande sus vías a petición de los ciudadanos, que decidieron conectar el centro histórico hasta los suburbios, teniendo grandes avenidas donde caben muchos autos.
Si se necesita cruzar la ciudad con nuevas vialidades para enfrentar el problema de saturación, ya que, dice el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, están a punto de colapsar, ¿por qué no se pensó en otro medio de transporte menos impactante con la gente y el medio ambiente?
La falta de consenso en las decisiones públicas y la escasa participación ciudadana a través de instancias que la representen realmente son, también en este caso, motivo de debate. No basta decir que el gobernante está para ejecutar acciones al margen de la aprobación de los ciudadanos. Debe recordar que los electores son esos ciudadanos y por tanto sus representados, no sus vasallos, merecen ser escuchados. Las obras que cambian radicalmente el rostro de la capital, y por tanto la calidad de vida de sus habitantes, debieran también estar sometidas a la autorización de un auténtico cabildo que dé voz a ambas partes y concilie soluciones, para evitar imposiciones que no son propias de un gobierno de supuesta izquierda. Sin duda, como dice el espot: estaríamos mejor con López Obrador.
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