Julio Hernández López: Astillero
Crece la justa indignación por el asesinato de dos menores de edad en Nuevo Laredo a manos de soldados que dispararon contra una familia en uno de los varios episodios de terror criminal que se han producido en los inconstitucionales retenes militares que a cuenta de la triste y fallida guerra calderonista contra el narcotráfico se han instalado en todo el país.
La narración detallada que ha hecho la madre de esos pequeños deja testimonio de los niveles de violencia salvaje que el gobierno federal ha instalado, pero también exhibe la falsedad con que suelen conducirse las máximas autoridades formales del país, ya fuese el propio Felipe Calderón calificando de pandilleros en riña a los jóvenes estudiantes masacrados en la heroica Ciudad Juárez, que ahora ha sido convertida en conejillo de indias de García Luna Productions, o las autoridades militares de Nuevo León al tratar de clasificar como mafiosos beligerantes a los alumnos de posgrado del Tec de Monterrey acribillados de manera hasta ahora insuficientemente explicada, apenas esbozada mediante versiones esperanzadas en que el paso del tiempo y la actitud de colaborador apaciguamiento del rector Rangel Sostmann ayuden a ir olvidando el caso, o, en el tema de los dos pequeñitos de Nuevo Laredo, con el secretario de Gobernación desplegando nuevamente sus artes de mendacidad al afirmar, sin pruebas a la vista, que el asesinato del par de niños se produjo en medio del ya rutinario expediente del fuego cruzado que se utilizó en el Tec y en incidentes similares.
El reino de la discrecionalidad vuelve a mostrar a los rejegos súbditos que toda ley es de rigurosa observancia obligatoria siempre y cuando no haya arreglos por debajo de la mesa, intereses elitistas insatisfechos o enredos sin salida fácil. En ese mundillo del acomodo de la letra legal a los requerimientos del momento ha aparecido el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, para anunciar con absoluto desparpajo que la ventanilla electrónica para registro de usuarios de telefonía móvil sigue abierta y los interesados pueden aprovecharla, aun cuando días atrás se aseguraba con aires implacables que con el primer minuto del domingo reciente caería la guillotina tecnológica sobre los herejes que no se hubiesen anotado en las desairadas páginas electrónicas del malamente famoso Renaut. Osuna proclama alegremente que quien no se haya registrado aún puede hacerlo, colocándose en fila de los presuntos millones de interesados que habrían intentado cumplir con el requisito pero por exceso de solicitudes no pudieron tener respuesta, aunque por medio de algún artificio tecnológico habrían quedado en una especie de fila que lentamente va dejando entrar a los rezagados, no porque se hubiera dado una prórroga en los hechos sino, según eso, porque se están procesando los millones de datos almacenados más, bueno, aprovechando el viaje, los que se vayan inscribiendo en estos días, al amparo de esa política falsaria de las ventanillas abiertas.
Otro usuario de la laxitud ciudadana, de la indolencia y la disponibilidad a la manipulación es el gobernador de injusticia del estado de México, Enrique Peña Peña Bazbaz, que ha salido en defensa del procurador de Interlomas, Alberto Vieneviene, en el asunto de la niña Paulette y su colchón desalmado. Para confirmar que son de su absoluta responsabilidad las decisiones tomadas en este doloroso expediente de protección clasista, impericias intencionales, zigzagueos declarativos y engañifas insostenibles, el precandidato a la presidencia de la Tremenda Corte (tresgaviotas, en lugar de trespatines) ha salido en defensa de la desastrosa actuación de su inexperto y tembloroso procurador Peluche y ha tenido la impudicia de reprochar que en las críticas al manejo dado al expediente Gebara Farah haya componentes de interés político que pretenden descalificar tan preclaro, ejemplar, lineal y meritorio comportamiento de la PJEM con tal de... ganar ventaja política. Vaya descaro con casa de lujo en campo de golf (las enseñanzas del tío y maestro, Arturo Montiel, no se olvidan).
Astillas
Claro que es posible dar seguimiento a través de su teléfono celular a los movimientos que realice una persona: Antonio Neme, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, comparte un artículo de la revista Nature (http://bit.ly/aOnZ5j), de junio de 2008, en el que se analizan las trayectorias desarrolladas por 100 mil usuarios anónimos de teléfonos móviles durante medio año en Boston. A partir de esos datos se elaboraron pautas para entender la movilidad humana individual...
La revista Contralínea ha vuelto a sufrir allanamiento y robo en sus oficinas. Los peculiares ladrones se llevaron equipo de cómputo y telefonía móvil pero, además, documentación contable y periodística, según la denuncia hecha ayer por los directivos de esa publicación que ha sufrido continuos embates, de autoridades en lo público y de oportunos delincuentes en lo privado. Al frente de las revistas Contralínea y Fortuna, el periodista Miguel Badillo ha sido amenazado, detenido y sometido a juicio, al igual que Ana Lilia Pérez, autora del libro Camisas azules, manos negras, que entre otras cosas documenta el paso defraudador de César Nava por Pemex. En esas mismas revistas también se dio información pionera sobre las maniobras de enriquecimiento ilícito de la familia Mouriño, en especial del entonces secretario de gobernación y primer consentido de Los Pinos, el ya fallecido Juan Camilo...
Por cierto, en http://bit.ly/a8ZW2N puede verse la conversación que en el canal de Internet del gobierno capitalino tuvieron tres periodistas de gran experiencia, Rogelio Hernández López, Roberto Rodríguez Baños y José Reveles, sobre agravios y asesinatos de miembros del gremio...
Y, mientras Lujambio demuestra por computadoras portátiles que tiene habilidades para ser candidato presidencial gordillista, ¡hasta mañana, en esta columna que nunca se ha tragado el gran engaño del Seguro Popular!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Crece la justa indignación por el asesinato de dos menores de edad en Nuevo Laredo a manos de soldados que dispararon contra una familia en uno de los varios episodios de terror criminal que se han producido en los inconstitucionales retenes militares que a cuenta de la triste y fallida guerra calderonista contra el narcotráfico se han instalado en todo el país.
La narración detallada que ha hecho la madre de esos pequeños deja testimonio de los niveles de violencia salvaje que el gobierno federal ha instalado, pero también exhibe la falsedad con que suelen conducirse las máximas autoridades formales del país, ya fuese el propio Felipe Calderón calificando de pandilleros en riña a los jóvenes estudiantes masacrados en la heroica Ciudad Juárez, que ahora ha sido convertida en conejillo de indias de García Luna Productions, o las autoridades militares de Nuevo León al tratar de clasificar como mafiosos beligerantes a los alumnos de posgrado del Tec de Monterrey acribillados de manera hasta ahora insuficientemente explicada, apenas esbozada mediante versiones esperanzadas en que el paso del tiempo y la actitud de colaborador apaciguamiento del rector Rangel Sostmann ayuden a ir olvidando el caso, o, en el tema de los dos pequeñitos de Nuevo Laredo, con el secretario de Gobernación desplegando nuevamente sus artes de mendacidad al afirmar, sin pruebas a la vista, que el asesinato del par de niños se produjo en medio del ya rutinario expediente del fuego cruzado que se utilizó en el Tec y en incidentes similares.
El reino de la discrecionalidad vuelve a mostrar a los rejegos súbditos que toda ley es de rigurosa observancia obligatoria siempre y cuando no haya arreglos por debajo de la mesa, intereses elitistas insatisfechos o enredos sin salida fácil. En ese mundillo del acomodo de la letra legal a los requerimientos del momento ha aparecido el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, para anunciar con absoluto desparpajo que la ventanilla electrónica para registro de usuarios de telefonía móvil sigue abierta y los interesados pueden aprovecharla, aun cuando días atrás se aseguraba con aires implacables que con el primer minuto del domingo reciente caería la guillotina tecnológica sobre los herejes que no se hubiesen anotado en las desairadas páginas electrónicas del malamente famoso Renaut. Osuna proclama alegremente que quien no se haya registrado aún puede hacerlo, colocándose en fila de los presuntos millones de interesados que habrían intentado cumplir con el requisito pero por exceso de solicitudes no pudieron tener respuesta, aunque por medio de algún artificio tecnológico habrían quedado en una especie de fila que lentamente va dejando entrar a los rezagados, no porque se hubiera dado una prórroga en los hechos sino, según eso, porque se están procesando los millones de datos almacenados más, bueno, aprovechando el viaje, los que se vayan inscribiendo en estos días, al amparo de esa política falsaria de las ventanillas abiertas.
Otro usuario de la laxitud ciudadana, de la indolencia y la disponibilidad a la manipulación es el gobernador de injusticia del estado de México, Enrique Peña Peña Bazbaz, que ha salido en defensa del procurador de Interlomas, Alberto Vieneviene, en el asunto de la niña Paulette y su colchón desalmado. Para confirmar que son de su absoluta responsabilidad las decisiones tomadas en este doloroso expediente de protección clasista, impericias intencionales, zigzagueos declarativos y engañifas insostenibles, el precandidato a la presidencia de la Tremenda Corte (tresgaviotas, en lugar de trespatines) ha salido en defensa de la desastrosa actuación de su inexperto y tembloroso procurador Peluche y ha tenido la impudicia de reprochar que en las críticas al manejo dado al expediente Gebara Farah haya componentes de interés político que pretenden descalificar tan preclaro, ejemplar, lineal y meritorio comportamiento de la PJEM con tal de... ganar ventaja política. Vaya descaro con casa de lujo en campo de golf (las enseñanzas del tío y maestro, Arturo Montiel, no se olvidan).
Astillas
Claro que es posible dar seguimiento a través de su teléfono celular a los movimientos que realice una persona: Antonio Neme, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, comparte un artículo de la revista Nature (http://bit.ly/aOnZ5j), de junio de 2008, en el que se analizan las trayectorias desarrolladas por 100 mil usuarios anónimos de teléfonos móviles durante medio año en Boston. A partir de esos datos se elaboraron pautas para entender la movilidad humana individual...
La revista Contralínea ha vuelto a sufrir allanamiento y robo en sus oficinas. Los peculiares ladrones se llevaron equipo de cómputo y telefonía móvil pero, además, documentación contable y periodística, según la denuncia hecha ayer por los directivos de esa publicación que ha sufrido continuos embates, de autoridades en lo público y de oportunos delincuentes en lo privado. Al frente de las revistas Contralínea y Fortuna, el periodista Miguel Badillo ha sido amenazado, detenido y sometido a juicio, al igual que Ana Lilia Pérez, autora del libro Camisas azules, manos negras, que entre otras cosas documenta el paso defraudador de César Nava por Pemex. En esas mismas revistas también se dio información pionera sobre las maniobras de enriquecimiento ilícito de la familia Mouriño, en especial del entonces secretario de gobernación y primer consentido de Los Pinos, el ya fallecido Juan Camilo...
Por cierto, en http://bit.ly/a8ZW2N puede verse la conversación que en el canal de Internet del gobierno capitalino tuvieron tres periodistas de gran experiencia, Rogelio Hernández López, Roberto Rodríguez Baños y José Reveles, sobre agravios y asesinatos de miembros del gremio...
Y, mientras Lujambio demuestra por computadoras portátiles que tiene habilidades para ser candidato presidencial gordillista, ¡hasta mañana, en esta columna que nunca se ha tragado el gran engaño del Seguro Popular!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Cuál es la explicación a un fenómeno que parece contradictorio: la Bolsa de Valores rompe ocho veces este año sus marcas históricas al mismo tiempo que seis millones más de mexicanos engrosan el sector de los pobres? La Bolsa local es un reflejo de las neoyorquinas. Ayer, el Dow Jones Industrial Average cerró arriba de los 11 mil puntos por primera vez desde fines de 2008, empujado por el optimismo de importantes ganancias en la temporada de resultados de las compañías el primer trimestre del año. Impulsó a la Bolsa Mexicana, que cerró en un nivel sin precedentes de 33,852 puntos. Esto significa que las acciones de una treintena de grandes corporaciones subieron de valor e hicieron más ricos a sus poseedores. La buena racha ha sido generosa con nuestro hombre más rico del planeta, Carlos Slim. Sin embargo, las utilidades no salpican al resto de la población. Los 8 millones de nuevos pobres son el resultado del desempleo, agudizado por las empresas que están cerrando –especialmente en el norte–, huyendo de la violencia. Un dato intrigante es que cuando baja la Bolsa también sube el número de pobres, lo cual podría ser prueba fehaciente de que hay una relación de causa-efecto. Sin embargo, un puente los une: los grupos monopólicos contribuyen al empobrecimiento de los consumidores. La Constitución de 1917 los prohibió, sin embargo, han dado muestras de una extraordinaria capacidad de supervivencia, porque apenas hace unos días el presidente Calderón envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para combatirlos, y darle dientes a la Comisión Federal de Competencia. Dentadura no es lo que le hace falta a su presidente, Eduardo Pérez Motta; tiene buena mordida pero dispareja, como se vio en la autorización exprés que le otorgó a la alianza de Televisa y Nextel. Vale formular el Principio Número Uno del Filósofo de Zacualpan de Amilpas en materia bursátil: si baja la Bolsa aumentan los pobres, y si sube, también.
Aplastan la desobediencia civil
Tarde entendieron en el gobierno calderonista que lo que estaban enfrentando en la resistencia de millones de usuarios a registrarse en el Renaut no era su desidia, esa tendencia del mexicano a posponer todo para mañana, sino un colosal movimiento de desobediencia civil –sin organización, sin líderes, sin ideología, sin proclamas ni abajofirmantes. Simplemente una expresión de repudio a la corrupción e impunidad de la clase política. Ya antes funcionarios del gobierno foxista habían vendido la lista de 65 millones de registros del padrón electoral a la empresa ChoicePoint. En fuentes de la industria se dice que en las últimas horas Cofetel habría dado la orden a las telefónicas –Telcel, Movistar, Iusacell, Nextel– de registrar a sus clientes aun sin pedirles su consentimiento. Comenzó a llegar a los buzones de personas que estaban decididas a no hacerlo un mensaje en estos términos: Estimado cliente: tu línea ha sido dada de alta exitosamente ante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Renaut. Vaya abuso. ¡Y quieren que les creamos que están preparando una nueva reforma política dizque para empoderar al pueblo! Sí Chucha.
Superbarata de dólares
En las comarcas norteñas controladas, o semicontroladas, por el narco comienzan a escasear los pesos y hay una inusitada abundancia de dólares. En Tijuana y Nuevo Laredo algunas casas de cambio lo ofrecieron ayer a 12 pesos. En 2009 el dólar había subido a casi 16. Si los economistas del Banco de México y la Secretaría de Hacienda hubieran hecho mejor sus proyecciones no habrían saqueado las arcas de la nación con 30 mil millones de dólares dizque para defender nuestra moneda.
El Tec sale a protestar
El lunes de la semana anterior este espacio se ocupó de los intereses políticos y económicos de algunos directivos del Tec de Monterrey, sus ligas con el gobierno panista. Pareciera que habían sido un obstáculo para salir a la calle a protestar por el asesinato de dos miembros de su comunidad. Este último domingo una columna de alumnos y profesores vestidos de blanco, encabezados por el rector Rangel Sostman, recorrió algunas calles de la capital regia y presentó una serie de protestas para hacer frente a la crisis de seguridad.
El conteo del Renaut
Movistar prometió a sus clientes que no les suspendería el servicio, aunque no registraran su celular, pero luego metió reversa. Es el segundo proveedor, sólo después de Telcel. La gráfica arriba muestra el resultado de una encuesta entre sus clientes que forman parte de El Foro México.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Con el pretexto de cuidar y defender los intereses de los ciudadanos ante el crimen organizado, el inquilino de Los Pinos y los legisladores apretaron aún más el registro y control de los que dicen representar. Difícilmente el Renaut alcanzará los objetivos propuestos (abatir los índices de secuestro, extorsión, defraudación y conexos), pero lo que de entrada sí lograron fue fortalecer el mercado negro de teléfonos móviles y de chips piratas, los cuales, sin menor esfuerzo, se encuentran en buena parte de la ciudad de México, entre otras.
Por si fuera poco, otro logro inmediato de los esmerados cuidadores del interés ciudadano fue desnudar públicamente la rigurosa falta de garantía y confiabilidad en eso de resguardar la información personal de sus representados. Muestra de ello es que los candados y las extremas medidas de seguridad de la clave única de registro de población (CURP) sirvieron para puras vergüenzas, por mucho que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, considere que algunos se dieron de alta en el Renaut con datos falsos como resultado, dijo, de bromas o mala fe.
Simplemente para documentar nuestro optimismo (Monsiváis dixit), van dos ejemplos sobre cómo debe proceder el Legislativo cuando los intereses ciudadanos están de por medio, actitud que, desde luego, no se verá en México. El primero de ellos es sobre una iniciativa del Ejecutivo chileno más o menos en línea con el Renaut del inquilino de Los Pinos y amigos que lo acompañan. A la hora de tomar decisiones (de rechazo, obviamente), el Senado de aquel país sudamericano argumentó lo siguiente:
La disposición (del Ejecutivo) vulnera la garantía constitucional del derecho a la intimidad y privacidad de las personas. La existencia de esta norma podría derivar en abusos por parte de algunos fiscales, puesto que no contarían con un contrapeso como lo son los jueces de garantía. La iniciativa facultaba a los fiscales para requerir directamente a las concesionarias de servicio público telefónico, sin autorización judicial previa, la localización y los datos de tránsito de las comunicaciones, el número de origen y destino y la duración de éstas. Para ello, las empresas deberían conservar, a lo menos por un año, la información y datos citados. Asimismo, se obligaba a las concesionarias de telefonía móvil a mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independiente de si se trata de clientes con un plan contratado o con sistema de prepago.
Además, es inaceptable que el Ministerio Público pueda acceder directamente al tráfico de llamadas de los usuarios de telefonía móvil, pues ello vulnera la intimidad y privacidad de las personas. La norma que obliga a inscribir los teléfonos celulares no sólo puede derivar en la existencia de un mercado negro por parte de delincuentes, sino en dificultades para que usuarios de zonas apartadas puedan cumplir con esa obligación. El Senado defiende el derecho a la privacidad de la inmensa mayoría de los chilenos, no sin advertir sobre el mal uso que podrían hacer los fiscales de esta atribución; tiene que existir un contrapeso.
Los legisladores coincidieron en que debe buscarse una fórmula que permita perseguir a quienes cometen delitos a través de teléfonos (móviles) robados, pero ello no puede vulnerar la garantía constitucional de respeto y protección a la vida privada. (Hay que cumplir) la posibilidad de velar por las garantías y a la vez perseguir a delincuentes. Una iniciativa como ésta debió necesariamente haber sido analizada por la Comisión de Constitución (en México la aprobó la Comisión de Telecomunicaciones), pues vulnera el Código de Procedimiento Penal, en tanto da facultades diferentes a las que tienen los fiscales. Todas las iniciativas que afecten el ordenamiento jurídico debieran ser derivadas a la Comisión de Constitución, pues en este caso, de haber sido aprobado el proyecto existían altas posibilidades de que fuera declarado inconstitucional.
Autorizar la pretensión del Ejecutivo, argumentó, podría fomentar que se solicite información sin necesidad de justificar la investigación que lleva a cabo. El proyecto no sólo daña la privacidad de las personas, sino que generará una serie de problemas para los usuarios de celulares de prepago de zonas alejadas del país, que deberían inscribirlos obligatoriamente. La privacidad y la intimidad es un derecho fundamental de la sociedad y en ese sentido, esta es una mala iniciativa. Nadie duda de la necesidad de combatir el delito y la sustracción de teléfonos móviles, pero se debe fortalecer el derecho a la privacidad.
El segundo caso es de la siempre bella Colombia, cuyos legisladores aprobaron la creación del Defensor del Usuario de Telefonía Móvil, algo por demás impensable en México, donde la supuesta autoridad siempre va en pos del beneficio empresarial (democracia de, por y para los empresarios, como diría Vicente Fox). Así, el Congreso colombiano decretó: los operadores que presten servicios de telefonía móvil deberán contar con un defensor del usuario. El defensor tendrá como funciones ser vocero de los usuarios o suscriptores ante el respectivo operador de telefonía móvil y conocer y resolver de forma objetiva y gratuita las quejas individuales, dentro de los términos establecidos, que estos le presenten relativas a un posible incumplimiento por parte del operador, de las normas legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecen o prestan, o respecto de la calidad de los mismos.
De igual manera, ejercerá sus funciones con absoluta independencia de los organismos de administración del operador de telefonía móvil y deberá garantizar la total imparcialidad y objetividad en la resolución de las quejas sometidas a su conocimiento. El defensor no podrá desempeñar en la entidad para la cual fue designado como tal, su matriz, sus filiales o subsidiarias, funciones distintas a las previstas en la ley y en la presente ley y no podrá desempeñar sus funciones como tal, simultáneamente en varios operadores de telefonía móvil (¿Héctor Osuna entenderá esto?).
Las rebanadas del pastel
¿Y en México? Registro y control de los ciudadanos, nada más. Total, puede esperar la depuración de los cuerpos de seguridad, los mismos que están involucrados hasta el cuello en los delitos que dice combatir el Renaut… Un fuerte y solidario abrazo a Gabriela Fonseca, por la lamentable pérdida de su señor padre.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cristina Barros y Marco Buenrostro: Itacate
Uno de los más bellos libros sobre arte popular mexicano es Las artes populares en México, de Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl. En las conclusiones menciona lo que falta en la obra y considera la laguna más considerable del cuerpo de esta obra, a la cocina mexicana.
Opina que merecería por sí sola un volumen entero que habría que concebir no sólo como un simple diccionario de recetas, sino como un tratado de filosofía. Concluye: No es posible conocer completamente al pueblo de México si no se ha saboreado su cocina y si no se le ha visto comer.
Antonio Malacara: Jazz
Cuando toca el saxofón, la de Sibila de Villa es una pasión manifiesta, evidente, perpetua, que se esparce frontal y sin recato por todos lados y un poquito más allá, contrastando con la virtual timidez de la joven maestra, que nunca termina de asomarse bien a bien a este planeta y que prefiere compartir su música desde algún lejano rincón. Desde ahí, ocasionalmente (nos) sonríe entre la emoción y el agradecimiento.
El pasado viernes 9 de abril comenzó el ciclo Por lo tanto… jazz, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, y para ello, el trío de Sibila estaba programado en la sala Manuel M. Ponce. Teníamos que estar ahí; pero como no habíamos localizado a los encargados de prensa, llegamos una hora antes del concierto para comprar nuestro boleto. Y tenga. Ya todo estaba agotado. Subimos las escaleras con el ánimo arrodillado, mientras la gente preguntaba si me sobraba algún boleto. Afortunadamente, los argumentos periodísticos nos abrieron la puerta.
Seguridad nuclear: doble rasero
La Cumbre de Seguridad Nuclear, a la que la Casa Blanca convocó a gobernantes de 47 países, tiene como propósito declarado evitar el riesgo de ataques terroristas con armas nucleares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha insistido en que tal riesgo es real, y ha expresado el temor de que organizaciones fundamentalistas islámicas, como Al Qaeda, se hagan de material atómico para atacar intereses de ese país. Tal eventualidad, que hasta el 11 de septiembre de 2001 habría parecido un delirio paranoico, no puede descartarse hoy en día, por más que parezca un tanto remota, y nadie en su sano juicio se opondría a medidas orientadas a reforzar la vigilancia internacional de las sustancias necesarias para fabricar una bomba nuclear e impedir que sean adquiridas por grupos irregulares.
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El Correo Ilustrado
Reivindica labor de músico desaparecido en Michoacán
Igual que la noticia de Lucía Morett, a quien conocí desde que nació, la desaparición de Ramón Ángeles Zalpa, a quien conozco desde hace más de cinco años, me causó un profundo vuelco emocional.
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Abraham Nuncio: ¿Y los líderes empresariales de Monterrey?
En el execrable episodio donde perdieron la vida dos estudiantes del Instituto y de Estudios Superiores de Monterrey a manos del Ejército Mexicano se pudo ver con toda claridad la pérdida de liderazgo del grupo empresarial de mayor fuerza en la región.
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Luis Hernández Navarro: La última carcajada de Francisco Franco
El de la voz declara, en pleno uso de sus facultades mentales, que es mexicano por nacimiento, hijo de exiliados republicanos, y que carece de pasaporte español, pero que, muy probablemente, debido a que a lo largo de su vida escolar cantó durante años, cada lunes por la mañana, el Himno de Riego y saludó la bandera de la República española, con los colores rojo, amarillo y morado, junto a la mexicana verde, blanco y rojo, le parece que es una canallada la pretensión de proceder judicialmente contra el juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación en su intento de juzgar los crímenes del franquismo.
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El de la voz declara, en pleno uso de sus facultades mentales, que es mexicano por nacimiento, hijo de exiliados republicanos, y que carece de pasaporte español, pero que, muy probablemente, debido a que a lo largo de su vida escolar cantó durante años, cada lunes por la mañana, el Himno de Riego y saludó la bandera de la República española, con los colores rojo, amarillo y morado, junto a la mexicana verde, blanco y rojo, le parece que es una canallada la pretensión de proceder judicialmente contra el juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación en su intento de juzgar los crímenes del franquismo.
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José Blanco: Un mensaje
La semana pasada hubo en algunos medios un breve, pero intenso debate sobre el ser y el deber ser de la entrevista que Julio Scherer hiciera a Ismael El Mayo Zambada. De la entrevista se desprende un tema que ha sido mil veces puesto sobre la mesa del debate público, pero que con seguridad continuaremos debatiendo por muchos lustros.
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Magdalena Gómez: La Cocopa no tiene quien le escriba
Con perdón de García Márquez por parafrasear el título de una de sus novelas, me temo que la situación actual de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) es de absoluta soledad política y no podría ser de otra manera. Si consideramos el trato al actor principal del conflicto, el Ejército de Liberación Nacional (EZLN), en la relación con el Estado mexicano en su conjunto, no queda más que acudir a la jerga jurídica donde se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
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Aunque Osama Bin Laden es un producto netamente estadunidense, el ataque del 11 de septiembre sirvió para hacer girar las armas contra Irak… pero también contra los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos.
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Javier Flores: La UACM en la encrucijada
El recorte del presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es una de las noticias más extrañas que hemos recibido recientemente los habitantes del Distrito Federal y de todo el país. Yo recuerdo que en varias ocasiones el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha criticado los intentos reiterados por reducir a nivel federal los recursos para la educación superior y la ciencia.
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En mi texto anterior hice referencia a los belgas Camille Goemans y al poeta y editor Paul Nougé, dueño el primero de una importante galería parisina, quien tuvo contrato con Magritte. El pintor y su mujer viajaron con el galerista a Cadaqués, en 1928. a instancias de Salvador Dalí, quien se encontraba en su locación predilecta. Se conocieron; lo que Magritte admiraba de su colega cinco años más joven era su técnica precisa y objetiva, no sus contenidos. Se propuso y logró hacerse de esa técnica que el catalán cultivó en Barcelona y en la Academia de San Fernando e igual, en buena medida, analizando cuadros de su ídolo: Vermeer de Delft.
Alejandro Encinas
La foto
Más allá de la anécdota y la polémica que ha suscitado la entrevista que Julio Scherer García hiciera a Ismael El Mayo Zambada García, cabe hacer una reflexión de lo que la llamada guerra contra el crimen organizado ha significado a nuestra sociedad.
Al momento de escribir estas líneas las cifras rebasan un saldo de 19 mil 548 ejecutados a lo largo del sexenio, de los cuales 2 mil 883 se perpetraron durante el primer trimestre del año, lo que da cuenta cruel de la falta de control que el gobierno ha demostrado en su estrategia de combate a la delincuencia organizada y consecuencia de ello, del creciente descrédito de las instituciones públicas ante la ciudadanía.
La impunidad aumenta, al igual que el número de delitos. Más del 90% de los delitos quedan sin castigo. Desde el interior de las cárceles, mexicanas e incluso de las de Estados Unidos, los grupos delincuenciales controlan las redes de extorsión y otros delitos que asolan a los ciudadanos.
El número de violaciones a los derechos humanos y los decesos en la población civil, se incrementan considerablemente. Las explicaciones de las autoridades federales, para quienes las victimas son “pandilleros”, “se encontraban en fuego cruzado”, “los retuvo un reten de narcotraficantes”, o son “daños colaterales”, a nadie convencen, evaden su responsabilidad en los hechos, y abonan en el demérito del otrora prestigiado ejército mexicano.
No se sostienen las justificaciones de falta de apoyo institucional. Se han reformado los ordenamientos legales, endureciéndose las penas e incluso restringiendo libertades, como sucede con la figura de arraigo que encarcela a inocentes por la sola presunción, la denuncia anónima o de testigos tan protegidos que nadie conoce, llegándose a extremos en el abuso de autoridad, como el ajuste de cuentas políticas con sus disidentes.
Como nunca, los recursos se han multiplicado. El presupuesto acumulado para seguridad pública en el periodo 2007-2010 fue superior a 431 mil millones de pesos: 102 mil millones de pesos a la Plataforma México, y 329 mil millones de pesos para combate al narcotráfico. A pesar de ello, se registran fugas masivas de delincuentes de los penales, como sucede en Tamaulipas.
Dejando a un lado la frialdad de las cifras, los datos dan cuenta de un complejo fenómeno que se ha arraigado en la sociedad. El narcotráfico, y en general el crimen organizado, han tejido una red de complicidades y negocios, que le han permitido construir una base social de apoyo en los territorios que controlan, al convertirse en ejes articuladores de la actividad económica y social en los mismos. Esta base social se ha fundado en la violencia, el miedo, la pobreza, la impunidad y la corrupción, y ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de muchas comunidades del país. Ya sea por resignación o por cotidianeidad, la cultura de la violencia y la impunidad se muestra en las formas de convivencia y en las expresiones culturales de vastos sectores de la sociedad, desde el narcocorrido, hasta las actividades de producción de drogas que a lo largo de décadas se han hecho, donde la presencia de las fuerzas armadas, las detenciones, la quema de plantíos y el asesinato son parte del quehacer cotidiano.
La fotografía de don Julio Scherer con El Mayo Zambada no sólo aumenta el desazón y frustración con la estrategia seguida hasta ahora en el combate al crimen organizado, sino que da cuenta de una daño mayor: el narco esta ganando la batalla cultural, lo cual no se va a resolver prohibiendo la difusión de los narcocorridos ni con los grandilocuentes mensajes mediáticos que, a semejanza de los reality shows, montan los responsables de la seguridad pública, sino con la reconstrucción del capital social que a lo largo de décadas ha fracturado la estructura comunitaria y familiar, la vida institucional y la actividad económica en vastas zonas del país.
Un primer paso para avanzar en esta dirección bien podría ser preguntarse qué hubiese sucedido con nuestros vecinos del norte, tras el derroche de recursos y propaganda contra el terrorismo, si en una prestigiada revista de ese país, apareciera un periodista estadounidense en una fotografía realizando un reportaje a Osama bin Laden. Aquí no pasa absolutamente nada.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Al momento de escribir estas líneas las cifras rebasan un saldo de 19 mil 548 ejecutados a lo largo del sexenio, de los cuales 2 mil 883 se perpetraron durante el primer trimestre del año, lo que da cuenta cruel de la falta de control que el gobierno ha demostrado en su estrategia de combate a la delincuencia organizada y consecuencia de ello, del creciente descrédito de las instituciones públicas ante la ciudadanía.
La impunidad aumenta, al igual que el número de delitos. Más del 90% de los delitos quedan sin castigo. Desde el interior de las cárceles, mexicanas e incluso de las de Estados Unidos, los grupos delincuenciales controlan las redes de extorsión y otros delitos que asolan a los ciudadanos.
El número de violaciones a los derechos humanos y los decesos en la población civil, se incrementan considerablemente. Las explicaciones de las autoridades federales, para quienes las victimas son “pandilleros”, “se encontraban en fuego cruzado”, “los retuvo un reten de narcotraficantes”, o son “daños colaterales”, a nadie convencen, evaden su responsabilidad en los hechos, y abonan en el demérito del otrora prestigiado ejército mexicano.
No se sostienen las justificaciones de falta de apoyo institucional. Se han reformado los ordenamientos legales, endureciéndose las penas e incluso restringiendo libertades, como sucede con la figura de arraigo que encarcela a inocentes por la sola presunción, la denuncia anónima o de testigos tan protegidos que nadie conoce, llegándose a extremos en el abuso de autoridad, como el ajuste de cuentas políticas con sus disidentes.
Como nunca, los recursos se han multiplicado. El presupuesto acumulado para seguridad pública en el periodo 2007-2010 fue superior a 431 mil millones de pesos: 102 mil millones de pesos a la Plataforma México, y 329 mil millones de pesos para combate al narcotráfico. A pesar de ello, se registran fugas masivas de delincuentes de los penales, como sucede en Tamaulipas.
Dejando a un lado la frialdad de las cifras, los datos dan cuenta de un complejo fenómeno que se ha arraigado en la sociedad. El narcotráfico, y en general el crimen organizado, han tejido una red de complicidades y negocios, que le han permitido construir una base social de apoyo en los territorios que controlan, al convertirse en ejes articuladores de la actividad económica y social en los mismos. Esta base social se ha fundado en la violencia, el miedo, la pobreza, la impunidad y la corrupción, y ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de muchas comunidades del país. Ya sea por resignación o por cotidianeidad, la cultura de la violencia y la impunidad se muestra en las formas de convivencia y en las expresiones culturales de vastos sectores de la sociedad, desde el narcocorrido, hasta las actividades de producción de drogas que a lo largo de décadas se han hecho, donde la presencia de las fuerzas armadas, las detenciones, la quema de plantíos y el asesinato son parte del quehacer cotidiano.
La fotografía de don Julio Scherer con El Mayo Zambada no sólo aumenta el desazón y frustración con la estrategia seguida hasta ahora en el combate al crimen organizado, sino que da cuenta de una daño mayor: el narco esta ganando la batalla cultural, lo cual no se va a resolver prohibiendo la difusión de los narcocorridos ni con los grandilocuentes mensajes mediáticos que, a semejanza de los reality shows, montan los responsables de la seguridad pública, sino con la reconstrucción del capital social que a lo largo de décadas ha fracturado la estructura comunitaria y familiar, la vida institucional y la actividad económica en vastas zonas del país.
Un primer paso para avanzar en esta dirección bien podría ser preguntarse qué hubiese sucedido con nuestros vecinos del norte, tras el derroche de recursos y propaganda contra el terrorismo, si en una prestigiada revista de ese país, apareciera un periodista estadounidense en una fotografía realizando un reportaje a Osama bin Laden. Aquí no pasa absolutamente nada.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Alberto Aziz Nassif
¿Va en serio la regulación a monopolios?
La iniciativa que presentó la semana pasada Felipe Calderón en contra de las prácticas monopólicas, llega como parte de la agenda que anunció durante el mensaje del Tercer Informe de Gobierno. Como bien nos recuerda Miguel Ángel Granados Chapa, la primera acción del gobierno legítimo de López Obrador (AMLO), el día 22 de noviembre del año 2006, fue una iniciativa de “Ley de Precios Competitivos” para beneficiar al consumidor.
En ambos casos se establece que las prácticas dominantes de mercado afectan a los consumidores y, de forma más pronunciada, al sector de menores ingresos. En la presentación de Calderón se menciona que hay 30% del gasto de los hogares que “tiene algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de 40% más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones competitivas. Este problema es mayor aún cuando se trata de los hogares más pobres del país, porque destinan más del 40% de sus ingresos a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa que los produce”. En 2006 AMLO señaló en su iniciativa que había un serio desnivel de precios entre México y Estados Unidos y puso varios ejemplos: cemento gris, 223% más caro en México que en Estados Unidos; internet de banda ancha, 260% más; teléfono celular 312%; teléfono de línea fija 65% más; electricidad comercial 131%; cablevisión básico 116%; comisión bancaria compras con tarjeta en almacenes 3600% más.
La iniciativa de Calderón propone un decálogo de medidas que van desde la simplificación de trámites, la introducción de la figura de audiencia oral, pasando por un incremento en la penalización de las prácticas monopólicas, hasta la transformación de la Comisión Federal de Competencia para darle más facultades y mejores instrumentos para la regulación. Sin que se considere que esta reforma pueda representar un cambio automático, porque todavía falta ver si se aprueba y en qué términos, luego tendríamos que ir a ver cómo se regulan a esos poderosos intereses de los que está plagado el deficiente mercado en nuestro país.
En la mayoría de las evaluaciones internaciones nuestro país se ha deteriorado, sobre todo las capacidades regulatorias del Estado. En los últimos años hemos retrocedido en materia de gobernabilidad, de respeto a los derechos humanos y, por supuesto, México ha perdido competitividad.
Recientemente se hizo una evaluación sobre los cuatro órganos reguladores y tres de ellos fueron reprobados por el grupo de expertos a los que convocó el Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Una de las peores caras del México público es su debilidad institucional, sobre todo cuando se trata de la regulación de bienes y servicios. Existe una cultura de competencia débil; las reglas están mal diseñadas y son insuficientes; el desempeño de los funcionarios suele darse en un contexto de instrumentos poco efectivos y enormes presiones corporativas de las grandes empresas, por lo cual la regulación es muy ineficiente. En el estudio “Evaluación del desempeño de los órganos reguladores en México” se reprueba a los órganos que regulan la energía, las telecomunicaciones y la competencia, y sólo se salvó la Comisión Bancaria y de Valores, pero incluso se considera que en un contexto financiero más competitivo y robusto, posiblemente también se volvería ineficiente.
Sin duda, estamos ante uno de los problemas estructurales más importantes para el desarrollo del país. Cualquier logro serio en materia de regulación y penalización de prácticas monopólicas constituye un avance, no sólo para mejorar la economía de los hogares y de los sectores con menos ingresos, sino para recuperar un poco la capacidad del Estado y disminuir la captura en la que estamos atrapados cada vez con mayor fuerza. Si se piensa en términos de Estado de derecho se trataría sólo de cumplir con el artículo 28 de la Constitución. Imaginemos que se pueda meter a un orden racional y competitivo a Telmex, Telcel, Televisa, Televisión Azteca, Cablevisión, Cemex, a la red de hospitales del grupo Ángeles y un muy largo etcétera de empresas, cuyas prácticas afectan la economía de millones de hogares.
La semana pasada vimos cómo Televisa estuvo detrás de la reforma de medios que se presentó en el Senado, iniciativa que pretende la renovación automática de las concesiones. Por eso frente a la pregunta: ¿van en serio la regulación a monopolios? La respuesta es una gran duda…
Investigador del CIESAS
En ambos casos se establece que las prácticas dominantes de mercado afectan a los consumidores y, de forma más pronunciada, al sector de menores ingresos. En la presentación de Calderón se menciona que hay 30% del gasto de los hogares que “tiene algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de 40% más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones competitivas. Este problema es mayor aún cuando se trata de los hogares más pobres del país, porque destinan más del 40% de sus ingresos a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa que los produce”. En 2006 AMLO señaló en su iniciativa que había un serio desnivel de precios entre México y Estados Unidos y puso varios ejemplos: cemento gris, 223% más caro en México que en Estados Unidos; internet de banda ancha, 260% más; teléfono celular 312%; teléfono de línea fija 65% más; electricidad comercial 131%; cablevisión básico 116%; comisión bancaria compras con tarjeta en almacenes 3600% más.
La iniciativa de Calderón propone un decálogo de medidas que van desde la simplificación de trámites, la introducción de la figura de audiencia oral, pasando por un incremento en la penalización de las prácticas monopólicas, hasta la transformación de la Comisión Federal de Competencia para darle más facultades y mejores instrumentos para la regulación. Sin que se considere que esta reforma pueda representar un cambio automático, porque todavía falta ver si se aprueba y en qué términos, luego tendríamos que ir a ver cómo se regulan a esos poderosos intereses de los que está plagado el deficiente mercado en nuestro país.
En la mayoría de las evaluaciones internaciones nuestro país se ha deteriorado, sobre todo las capacidades regulatorias del Estado. En los últimos años hemos retrocedido en materia de gobernabilidad, de respeto a los derechos humanos y, por supuesto, México ha perdido competitividad.
Recientemente se hizo una evaluación sobre los cuatro órganos reguladores y tres de ellos fueron reprobados por el grupo de expertos a los que convocó el Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Una de las peores caras del México público es su debilidad institucional, sobre todo cuando se trata de la regulación de bienes y servicios. Existe una cultura de competencia débil; las reglas están mal diseñadas y son insuficientes; el desempeño de los funcionarios suele darse en un contexto de instrumentos poco efectivos y enormes presiones corporativas de las grandes empresas, por lo cual la regulación es muy ineficiente. En el estudio “Evaluación del desempeño de los órganos reguladores en México” se reprueba a los órganos que regulan la energía, las telecomunicaciones y la competencia, y sólo se salvó la Comisión Bancaria y de Valores, pero incluso se considera que en un contexto financiero más competitivo y robusto, posiblemente también se volvería ineficiente.
Sin duda, estamos ante uno de los problemas estructurales más importantes para el desarrollo del país. Cualquier logro serio en materia de regulación y penalización de prácticas monopólicas constituye un avance, no sólo para mejorar la economía de los hogares y de los sectores con menos ingresos, sino para recuperar un poco la capacidad del Estado y disminuir la captura en la que estamos atrapados cada vez con mayor fuerza. Si se piensa en términos de Estado de derecho se trataría sólo de cumplir con el artículo 28 de la Constitución. Imaginemos que se pueda meter a un orden racional y competitivo a Telmex, Telcel, Televisa, Televisión Azteca, Cablevisión, Cemex, a la red de hospitales del grupo Ángeles y un muy largo etcétera de empresas, cuyas prácticas afectan la economía de millones de hogares.
La semana pasada vimos cómo Televisa estuvo detrás de la reforma de medios que se presentó en el Senado, iniciativa que pretende la renovación automática de las concesiones. Por eso frente a la pregunta: ¿van en serio la regulación a monopolios? La respuesta es una gran duda…
Investigador del CIESAS
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