¿Quienes tienen motivos para atentar contra la libertad de expresiòn, quienes desean que no se investigue y se presente a la opiniòn pùblica sus manejos sucios? La impunidad se harà manifiesta, si no se castigan estos actos y a la vez las complicidades de los poderes fàcticos.
México D.F., a 12 de abril de 2010.
Entre el sábado 10 de abril y el domingo 11, fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, equipo de cómputo y celulares.
Este allanamiento se suma a la serie de acosos que ha padecido este medio desde 2007. Contralínea investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla.
Actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine.
El 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 en la inédita recomendación la CNDH dice –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto,
párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Teniendo en cuenta que la revista Contralínea es un medio que informa en torno a temas que buscan mantener líneas de investigación sustentadas, considerando que no es la primera vez que este tipo de agresiones se presentan, lo cual es en gran medida preocupante. Desde el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. manifestamos nuestro apoyo y condenamos cualquier acción que violente y vulnere los derechos individuales y colectivos de quienes integran la labor del periodismo que realiza este medio.
Llamamos a las autoridades competentes para que se resguarde la seguridad de las y los compañeros de Contralínea, además de que exhortamos a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general a mantenerse al tanto de lo que con este medio pudiera
suceder.
México D.F., a 12 de abril de 2010.
Entre el sábado 10 de abril y el domingo 11, fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, equipo de cómputo y celulares.
Este allanamiento se suma a la serie de acosos que ha padecido este medio desde 2007. Contralínea investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla.
Actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine.
El 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 en la inédita recomendación la CNDH dice –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto,
párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Teniendo en cuenta que la revista Contralínea es un medio que informa en torno a temas que buscan mantener líneas de investigación sustentadas, considerando que no es la primera vez que este tipo de agresiones se presentan, lo cual es en gran medida preocupante. Desde el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. manifestamos nuestro apoyo y condenamos cualquier acción que violente y vulnere los derechos individuales y colectivos de quienes integran la labor del periodismo que realiza este medio.
Llamamos a las autoridades competentes para que se resguarde la seguridad de las y los compañeros de Contralínea, además de que exhortamos a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general a mantenerse al tanto de lo que con este medio pudiera
suceder.
Atentamente;
“Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria O.P” A.C
“Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria O.P” A.C
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