TIEMPO DE MUJERES

“Contradicciones” del Estado mexicano en su defensa de militares

Esperan abogados de indígena tlapaneca, fallo positivo de CoIDH

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 16 abr 10 (CIMAC).- Aunque el Estado mexicano argumentó que los ocho años de impunidad en el caso de Inés Fernández Ortega -indígena tlapaneca violada por soldados del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002- es culpa de ella, la defensa espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dicte una sentencia favorable para la víctima.

Esto debido a que la defensa de Inés pudo refutar esos argumentos y hacer ver que el Estado mexicano se contradecía, así lo consideró Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y una de las defensoras legales de Inés, quién estuvo presente en la audiencia pública que se realizó ayer en Lima, Perú y quien confió en que esperan una sentencia “positiva”.

Explicó que la comitiva del Estado mexicano –encabezada por Alejandro Negrín, director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores- aceptó que existieron anomalías judiciales durante la investigación, sin embargo insistió en que esto fue culpa de la “presunta víctima”, quien no logró probar la violación, ni cooperó con las averiguaciones.

PRUEBAS VALORADAS

Es necesario señalar que en el Informe de Fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 30 de octubre de 2008, señaló que el Estado mexicano omitió algunos elementos básicos de la investigación como: aportación de elementos para el retrato hablado de los presuntos agresores, un dictamen psicológico de Inés y la confrontación de presuntos responsables.

También observó que el caso se encontraba en etapa de investigación preliminar desde hace casi siete años, sin que hasta ese entonces se hubieran “completado las diligencias más elementales o identificado a los presuntos responsables”.

Además en la audiencia ante la CIDH -realizada el 12 de octubre de 2007- Inés declaró que una de las diligencias de investigación realizadas por el fuero militar fue presentarse en su domicilio con un pelotón del ejército portando una máquina de escribir para que ella saliera de su casa a declarar frente a los soldados.

En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó (Informe 48/2003) que no existió constancia de que Inés Fernández Ortega hubiera sido legalmente citada a comparecer a las diligencias mencionadas por el Estado mexicano y por tanto que si no se presentó, no fue por falta de interés, sino porque no fue debidamente citada.

Aunado a lo anterior la CNDH emitió una certificación psiquiátrica en la que señaló que Inés Fernández Ortega estuvo expuesta a un acontecimiento traumático.

REPARACIONES COLECTIVAS

En este panorama, la abogada de CEJIL Gisela de León afirmó que auque el Estado mexicano señala que no hay pruebas suficientes: “no es así, hay varias pruebas y si no hubo adicionales, es culpa del Estado mexicano quien no realizó una investigación eficaz y eficiente”.

Además detalló que esta postura del Estado mexicano hizo que una jueza de la CoIDH cuestionara las “contradicciones” sobre la conclusión de negar lo sucedido a Inés y por otra parte decir que la investigación militar aún no estaba concluida.

Con tal afirmación el tema de la jurisdicción militar volvió a entrar a discusión. La abogada recordó que el 23 de noviembre de 2009, la CoIDH declaró culpable al Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974.

Refirió que dicha sentencia mandata al Estado mexicano a reformar el fuero militar para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios. A pesar de esta resolución, en el caso de Inés, la comitiva del Estado mexicano volvió a defender la competencia de la jurisdicción militar.