Frente al interés persistente por seguir construyendo represas en el mundo, en medio de la crisis de civilización que enfrenta el planeta por las secuelas del modelo de desarrollo impuesto por los mercaderes de la vida y la naturaleza, es urgente dar a conocer algunos puntos de vista de los pueblos afectados por la construcción de represas, que debieran tenerse en cuenta para no financiar más la construcción de las mismas o impulsar políticas que las justifiquen.
Juan Pablo Soler Villamizar / Otros Mundos-Colombia
Fruto de las movilizaciones e intensos cuestionamientos en contra de las represas, en 1997 se constituyó la Comisión Mundial de Represas (CMR), que se encargó, entre otras cosas, de analizar 125 represas en el mundo, estudiar en detalle ocho grandes represas y recibir cientos de comentarios de académicos, empresarios, activistas y comunidades de base directamente afectadas por estos proyectos, lo que contribuyó a la formulación del Informe represas y desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones, publicado en 2000. Sin embargo, las recomendaciones presentadas en dicho informe no han sido ampliamente difundidas ni acatadas por los gobiernos y empresas que se empecinan en construir este tipo de infraestructuras.
La CMR estimó que, para finales del siglo XX, entre 40 y 80 millones de personas habían sido desplazadas por represas; reconoció su incapacidad de establecer un número más certero, pues, generalmente, los afectados por represas son invisibilizados en los estudios de impacto ambiental y, en la mayoría de los casos, sólo son tomados en cuenta como afectados quienes tienen títulos de propiedad de los terrenos y no todos los que interactúan con los ríos. Por otra parte, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios reportó que, hasta 2009, el total de desplazados a causa de los conflictos armados en el mundo ascendía a más de 27 millones de personas. Estas cifran revelan que las represas desplazan a más gente que la guerra, lo que las posiciona como una excelente táctica de guerra de baja intensidad para el control de territorios.
La misma Comisión manifiesta que, generalmente, los emprendimientos de represas no cumplen con sus promesas de generación eléctrica, metas de abastecimiento de agua o impactos sociales y ambientales prometidos. En la mayor parte de los casos, los costos de las represas se duplican o triplican, acrecentando la deuda externa en los países del Sur.
Llama la atención que algunos empresarios constructores de represas estén intentando, mediante el lobby político ante la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que las represas puedan ser consideradas mecanismo de desarrollo limpio, pasando por alto que la inundación de bosques genera grandes cantidades de gases efecto invernadero –especialmente metano y óxido nitroso–, muchas veces más lesivos que el dióxido de carbono, en términos del calentamiento global. Esta situación aumenta el riesgo de extinción de la vida humana.
Al respecto, el Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales ha llegado a estimar que las 52 mil represas existentes en el mundo emiten cerca de 104 millones de toneladas métricas de metano cada año, contribuyendo con más del 4 por ciento del calentamiento total del impacto de actividades humanas.
Sin desconocer los beneficios que las represas han traído consigo, éstos no son comparables con los impactos negativos sobre las comunidades y los ríos.
En la actualidad, la mayoría de los países de Latinoamérica tiene previstos diversos proyectos de represas, que en su conjunto son más de 1 mil 500 emprendimientos que amenazan las formas de vida, el bienestar social y ambiental, y que violentan los derechos de cientos de comunidades, principalmente rurales, de campesinos, negros, indígenas y pescadores. La mayor parte de estos proyectos destinará la producción de energía para el desarrollo industrial, el abastecimiento de grandes centros de población o la exportación, y no para la satisfacción de las necesidades de poblaciones locales, que por lo general carecen del servicio o pagan las más altas tarifas.
En otros casos donde las represas ya han sido construidas, las poblaciones siguen movilizándose por sus derechos humanos y ambientales violados y por las promesas incumplidas de los gobiernos y las empresas. En Brasil, las comunidades afectadas por la represa Tucuruí, una de las más grandes del mundo, aún reclaman el acceso a la energía y condiciones de vida digna. En Colombia, las comunidades negras afectadas por el Embalse Salvajina se movilizan frecuentemente para que el gobierno cumpla los acuerdos firmados en el acta de 1986: la empresa fue vendida a Unión Fenosa y nadie responde por los pasivos sociales y ambientales del proyecto. En el caso de la represa Urrá I, en Córdoba, la comunidad Indígena Embera Katío reclama justicia para todos los asesinatos de sus líderes que se opusieron al proyecto, como Kimy Pernía Domicó o Lucindo Domicó, y aboga por la paz y tranquilidad en su territorio, frente a las amenazas y represión sistemática que no cesa.
En México, más de 20 mil indígenas chinantecos reclaman al gobierno las promesas incumplidas –20 años más tarde de construida la represa Cerro de Oro– y por esta razón son reprimidos en el estado de Oaxaca. Pasa lo mismo con las presas Infiernillo, en Michoacán; Miguel Alemán, en Oaxaca, y Villa Victoria, en el Estado de México, en la región de las comunidades indígenas mazahuas donde las autoridades responsables aún no han cumplido sus compromisos.
En Argentina-Paraguay, la represa Yacyretá, construida sobre los saltos de Yacyretá-Apipé en el Río Paraná, desplazó a cerca de 40 mil pobladores, sin que hasta ahora se les reconozca los impactos causados y donde las denuncias por los procesos corruptos de la negociación y construcción del proyecto son permanentes. Del presupuesto final de 11 mil dólares, 7 mil correspondieron a costos financieros, y otros 1 mil, a estudios de factibilidad. Funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá han sido condenados por malversación de fondos y por especulación con información privilegiada: los burócratas compraron tierras en los terrenos que se inundarían con el fin de obtener indemnizaciones cuando éstas se expropiaran.
En Guatemala, desde 1980 las comunidades afectadas por la Represa Chixoy han exigido las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el proyecto, sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta justa. Chixoy desplazó forzosamente a más de 3 mil 500 miembros de comunidades mayas al inundar sus tierras y eliminar sus modos tradicionales de sustento. Es tal vez la represa que más asesinatos ha perpetrado para su imposición: más de 420 personas fueron masacradas; otras, torturadas y secuestradas cuando se opusieron a la reubicación y exigieron mejor compensación.
La historia y la crisis actual son suficientes argumentos para rechazar los proyectos de represas en curso en América Latina y el mundo, que se imponen por intereses ajenos al de las comunidades locales o no cuentan con la aprobación de las comunidades directamente afectadas. En varios casos, las comunidades no han sido informadas o consultadas debidamente, como sucede con el proyecto Chan 75, en Panamá; La Parota, El Zapotillo y Paso de la Reina, en México; Belo Monte y Madeira, en Brasil; El Quimbo, Hidrosogamoso, Besotes, Ituango y El Cercado, en Colombia; las presas de Hydroaisén, en Chile; Baba y Cajón, en Ecuador; y El Cimarrón y Chaparral, en El Salvador, entre otros casos.
Las represas han sido sinónimo de afectaciones irreversibles a la salud, al ambiente, a la identidad, a la cultura y tradición de pueblos ancestrales. Pérdida de fuentes de subsistencia y formas de vida de comunidades más vulnerables han provocado masivos desplazamientos forzados e involuntarios. Los estudios de impacto ambiental sustentan, invisibilizan a las víctimas y ocultan los verdaderos impactos. Por otra parte, la opinión de las comunidades no es tomada en cuenta para la toma de decisiones; quienes protestan por la defensa de sus derechos son criminalizados, perseguidos, desaparecidos o asesinados. Es recurrente la violación de los derechos humanos y ambientales por parte de los empresarios en complicidad con los gobiernos, tanto locales como nacionales.
Es necesario adoptar medidas para que estos crímenes sociales y ambientales, que agreden a toda la humanidad, no sigan emplazándose por medio de la violencia y en desacuerdo con las comunidades.
Las comunidades de todo el mundo afectadas por represas se darán cita del 1 al 7 de octubre en Temacapulín, México, para seguir tejiendo caminos, experiencias y resistencias por la defensa de la vida, la cultura y con la convicción de que otro modelo energético y de gestión del agua es posible.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
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