Las premisas de una relación social intercultural adecuada deberán basarse en la interacción con igualdad de condiciones entre grupos humanos con culturas diferentes, así como en la eliminación de asimetrías y de la imposición de una cultura dominante. La diversidad no se elimina, se asume. La diversidad representa una riqueza.
Baja California es un estado multicultural. Uno de sus desafíos es lograr una sociedad plural y justa, en la cual los diversos pueblos y culturas convivan armoniosamente, y los conflictos puedan resolverse por vías no violentas y con respeto a los derechos individuales, colectivos y de grupo. La población indígena, pero especialmente las mujeres, jovencitas y niñas, requiere atención específica para erradicar la inequidad de género, que se traduce en mayor vulnerabilidad respecto de la salud sexual y reproductiva, así como la violencia familiar y de género.
Un estudio reciente de El Colegio de la Frontera Norte presenta casos en los que el detonante de la violencia física hacia la mujer indígena embarazada que habita en el Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, fue la disputa por la comida. Otros casos muestran que los abusos en edad temprana fueron perpetrados por un familiar cercano, desarrollando en la agredida sentimientos de indefensión, desesperación, depresión, desórdenes alimentarios, aislamiento, inseguridad, miedo a tomar decisiones y culpabilidad.
Para que las indígenas puedan acceder a una vida libre de violencia hay que romper los esquemas ancestrales que les impiden el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Las consecuencias derivadas de la falta de respeto a estos derechos fundamentales, las afectan en todos los ámbitos y tienen consecuencias que ejemplifican dos testimonios.
“Llegué y le dije que me hiciera Papanicolau y me dijo que cobraba 50 pesos y le pregunté ‘¿por qué vas a cobrar, si mi marido trabaja en el campo agrícola?’, y me dijo que así cobraba a las que atendía, que a él no lo mandaba el centro de salud; pagué. Siempre me engañan porque yo no sé.”
Me hizo el Papanicolau y tardó seis meses para entregarme el resultado y la enfermera salió a la puerta y me lo entregó, y había mucha gente y me dijo que salí con infección, y me lo dijo delante de la gente.
Una de las consecuencias más graves de la lejanía de los servicios de salud es el riesgo en que se colocan ante una posible enfermedad, aun cuando está demostrado que detectado a tiempo el cáncer es curable. La falta de personal de salud especializado en la revisión de laminillas es una constante en esta zona.
Es común que la migrante jornalera padezca enfermedades gastrointestinales, desnutrición e intoxicaciones causadas por los agroquímicos empleados en el campo de cultivo, lo que, aunado al desgaste por exceso de trabajo, en ocasiones ha producido abortos.
Respecto de la planificación familiar la gravedad de los casos documentados por estas mujeres amerita un análisis institucional sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al consentimiento informado, uno de los avances que la sociedad civil organizada ha demandado desde los años 70. Lamentablemente, el acceso a la seguridad social es uno de los derechos más restringidos. A finales de 2006, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que a pesar de las reformas realizadas al reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante las cuales se obliga a atender a las trabajadoras del campo y otorgarles el derecho a la atención médica, hospitalización y guarderías, en el Valle de San Quintín sólo la mitad de ellas (y ellos) estaban registradas como derechohabientes; únicamente existían 10 guarderías para el cuidado de hijos menores de cinco años.
Que no se aplique el citado reglamento obedece, en gran parte, a la resistencia de los empresarios agrícolas, quienes han promovido amparos para protegerse del incumplimiento de este derecho. Además, funciona bien la amenaza de despido para quienes insistan en ser afiliados al IMSS.
No obstante, las indígenas del Valle de San Quintín han visto una luz de esperanza desde el momento en que han tomado conciencia de su situación y adaptado sus costumbres –que determinan el pudor y la vergüenza como propios de su cultura– para favorecer el cuidado de su salud. Sin embargo, no han cambiado ni se han flexibilizado las prácticas médicas en la detección y atención del cáncer cérvico-uterino.
El Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral Jesús Rubiell, AC, y Mujeres por un Nuevo Amanecer reconocen que existen convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito obligándose a respetar los derechos de las mujeres y eliminar la violencia basada en el género, y que también hay leyes nacionales y estatales, así como normas oficiales de salud.
Los grupos organizados de mujeres indígenas cada día toman conciencia de sus derechos y de que pueden ser las mejores aliadas en la implementación de programas –especialmente orientados a la mujer y vigilados socialmente por ellas– y políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, para hacer real el derecho a una vida libre de todas las formas de discriminación, una vida con justicia y dignidad.
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