Las dificultades del IMSS no surgieron de la noche a la mañana, muchas voces advirtieron a tiempo sobre la necesidad de una reforma integral. Las causas fueron plenamente identificadas y las soluciones de fondo se dejaron para el futuro. Desde hace años se le impusieron demagógicamente obligaciones sin sustento financiero; a su costa se enriquecieron funcionarios y sostuvieron campañas políticas. La reforma de 1997 a la Ley del Seguro Social fue presentada como la vía idónea para superar sus limitaciones, se suprimió el régimen de solidaridad en materia de pensiones y jubilaciones por uno de cuentas individuales orientado a la privatización, se crearon las Afore y Siefore, se otorgó a las aseguradoras privadas el privilegio de hacer un gran negocio a costa de los trabajadores con salarios disminuidos y se promovió la subcontratación. El tiempo ha confirmado que las pensiones bajo el nuevo esquema tienden a ser ínfimas y contrastan con las gigantescas ganancias de empresas que no justifican su existencia. La reforma redujo cuotas y si bien se asumió el compromiso gubernamental de cubrir el costo del capítulo de maternidad y de enfermedades del personal jubilado, este apoyo no fue otorgado, incrementando de manera sensible el déficit de la institución. Así, se ha generado el principal problema del IMSS.
En cuanto al régimen pensionario de los trabajadores al servicio del IMSS, se sacrificó el esquema de solidaridad generacional de costos compartidos, en el cual se transitaba, por el de una división tajante entre los trabajadores en activo que laboraban antes de 2008 de aquellos que ingresaron a partir de esa fecha, totalmente privados del régimen de protección contractual. Además de diferir la solución, se provocó un problema a futuro; cuando los trabajadores de reciente ingreso tomen conciencia de su situación se detonará un conflicto de intereses de difícil conciliación.
A pesar de su importancia, el IMSS ha sido relegado en el ámbito presupuestal con la evidente intención de precarizar sus servicios y forzar la privatización a través de esquemas de subcontratación. Es increíble que en la distribución de los gigantescos recursos obtenidos por excedentes petroleros durante el sexenio anterior no se haya apoyado a esta institución para evitar el crecimiento de su déficit. La última raya del tigre privatizador es la reciente propuesta del Partido Verde, de autorizar el suministro de medicamentos con vales en farmacias particulares, a un precio sensiblemente superior al que logra el IMSS en sus procesos de licitación; siembre buscando lucrar a su costa.
Algunas interrogantes que es necesario responder para superar los problemas del instituto están relacionadas con su forma organizativa, ¿de qué ha servido su carácter tripartito?, ¿qué sentido tiene cargar con los costos de representantes sectoriales y sus equipos de asesores, cuando nada aportan a la correcta conducción de la institución? Su inoperancia es evidente al no haber hecho sentir su voz para advertir los problemas que la aquejaban. Buena parte de ellos se han dedicado más a promover sus gestiones y negocios personales que a cumplir la tarea para la cual fueron designados. Suelen ser una carga más que factor de solución.
La tarea de salvar al IMSS no puede quedar en manos de aquellos que han favorecido su hundimiento, se requiere de una amplia participación de todos los sectores, orientada a un rediseño institucional tendiente a una red de protección social para todos los mexicanos. Un médico del IMSS, de los muchos que han dado prestigio a tan noble institución, lo expresó con palabras sencillas y claras: los recursos de todos deben servir para atender a todos
. En efecto, los medios que van a ser necesarios para rescatar a este instituto provendrán en buena parte de las finanzas públicas, en consecuencia, los cambios deben preservar el carácter público del servicio y el interés de la sociedad mexicana en su conjunto, considerando que actualmente más de la mitad de la población económicamente activa carece de empleo formal y tiene derecho a una protección social de calidad.
El debate sobre el futuro de la seguridad social no puede considerarse un punto más de la agenda nacional, es una prioridad que debe incluir la revisión del modelo en conjunto, incluyendo la totalidad de las instituciones que lo integran: ISSSTE, Seguro Popular, salubridad pública y aquellos de carácter local. Lo que hoy se ve como un problema de grandes dimensiones se puede convertir en una oportunidad para fortalecer una auténtica red de protección social. El tema no puede excluir la creciente cuantía de recursos que las dependencias públicas canalizan para cubrir seguros privados bajo la resignada consideración de que los institutos públicos están condenados a la eterna precariedad.
La integración de los sistemas de seguridad social con un carácter universal y eficiente puede convertirse en el cimiento del país que todos necesitamos.
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