Inventa directiva del congreso instancia para quitarle investidura
De la redacción
México, DF 3 nov. 10 (CIMAC).- A pesar de ser una congresista destacada por su trabajo en la defensa de la paz, y los derechos de las mujeres, ayer por la noche el senado de Colombia hizo oficial la destitución de la senadora, Piedad Córdoba Ruiz, quien también quedó inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos. Información local señala que, a pesar de que se había solicitado aplazar por 10 días la determinación, que el pasado 27 de septiembre tomó el procurador Alejandro Ordóñez de destituir a la senadora por “colaborar y promover al grupo armado ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, este martes, el Presidente del Senado firmó la resolución que deja en firme la sanción de la Procuraduría.
La semana pasada en un comunicado, la Procuraduría afirmó que le aplicaban a Córdoba dicha sanción por que “instó” a las FARC para que fuera hostil contra integrantes de partidos políticos y servidores públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes del grupo guerrillero en procesos judiciales, y ejerció actos de promoción para favorecer al grupo insurgente. Ante ello Córdoba Ruiz, solicitó al presidente del Senado, Armando Benedetti, estudiar si la medida tomada por el organismo de control tenía vicios de inconstitucionalidad, y se hubiera extralimitado en sus funciones.
Ante ello, ayer Armando Benedetti, propuso discutir la solicitud de la ahora ex senadora y la creación de una Comisión Especial para que analizara si el Procurador tiene o no las facultades para determinar la pérdida de investidura de las y los congresistas Sin embargo, esta no fue escuchada, y las y los senadores le afirmaron que el fallo de la Procuraduría era responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso y no de la plenaria. Al respecto Dayra Galvis, senadora por el Partido Cambio Radical, afirmó que el asunto era relevante, toda vez que alarma que ahora haya otra instancia para que las y los congresistas “perdamos la investidura”. Con ella coincidió el senador del Partido Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, quien afirmó “parece que nació una nueva instancia de juzgamiento para los congresistas y la pérdida de investidura, porque el Procurador asumió esta situación y no el Consejo de Estado como es el trámite natural”.
A su vez, cerca de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), colombianas e internacionales entre las que se encuentran: Casa de la Mujer, Iglesia Menonita De Berna, Cátedra de Pensamiento Crítico, Intelectuales en Defensa de la Humanidad y Foro Social Latinoamericano, manifestaron en un comunicado, su repudio contra la decisión del Procurador Alejandro Ordóñez. “Consideramos que el procurador Ordóñez, lejos de decidir en derecho y conforme a las pruebas que obran en el expediente, ha actuado como agente de una campaña de persecución contra la senadora”.
Agregaron que su actuación, se suma a la estrategia de espionaje, boicoteo y desprestigio, de la cual han sido víctimas las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, es decir las personas que asumieron y defendieron la oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dicha estrategia de persecución política, se ha aplicado con severidad contra la senadora y su familia; el fallo del procurador obedece al plan que la opinión pública conoce ampliamente pero que el país no ha podido detener, sentenciaron. Agencias de noticias internacionales informaron que la ex senadora Piedad Córdoba, pidió hoy a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Senadores, que le permita ser parte civil del proceso que se lleva contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las intervenciones telefónicas.
En reiteradas ocasiones Piedad Córdoba señaló ser perseguida por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. Córdoba Ruiz, es abogada, ha sido integrante del Partido Liberal durante toda su vida política y es líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, ubicado en el ala izquierda de su partido. Como congresista ha trabajado principalmente por los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y sexuales y los derechos humanos. En agosto de 2007, se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe autorizada por su propio gobierno, del cual era opositora. Durante su mediación logró, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez, la liberación unilateral de 6 secuestrados que permanecieron en poder de las FARC durante varios años. Un caso es el de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
México, DF 3 nov. 10 (CIMAC).- A pesar de ser una congresista destacada por su trabajo en la defensa de la paz, y los derechos de las mujeres, ayer por la noche el senado de Colombia hizo oficial la destitución de la senadora, Piedad Córdoba Ruiz, quien también quedó inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos. Información local señala que, a pesar de que se había solicitado aplazar por 10 días la determinación, que el pasado 27 de septiembre tomó el procurador Alejandro Ordóñez de destituir a la senadora por “colaborar y promover al grupo armado ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, este martes, el Presidente del Senado firmó la resolución que deja en firme la sanción de la Procuraduría.
La semana pasada en un comunicado, la Procuraduría afirmó que le aplicaban a Córdoba dicha sanción por que “instó” a las FARC para que fuera hostil contra integrantes de partidos políticos y servidores públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes del grupo guerrillero en procesos judiciales, y ejerció actos de promoción para favorecer al grupo insurgente. Ante ello Córdoba Ruiz, solicitó al presidente del Senado, Armando Benedetti, estudiar si la medida tomada por el organismo de control tenía vicios de inconstitucionalidad, y se hubiera extralimitado en sus funciones.
Ante ello, ayer Armando Benedetti, propuso discutir la solicitud de la ahora ex senadora y la creación de una Comisión Especial para que analizara si el Procurador tiene o no las facultades para determinar la pérdida de investidura de las y los congresistas Sin embargo, esta no fue escuchada, y las y los senadores le afirmaron que el fallo de la Procuraduría era responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso y no de la plenaria. Al respecto Dayra Galvis, senadora por el Partido Cambio Radical, afirmó que el asunto era relevante, toda vez que alarma que ahora haya otra instancia para que las y los congresistas “perdamos la investidura”. Con ella coincidió el senador del Partido Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, quien afirmó “parece que nació una nueva instancia de juzgamiento para los congresistas y la pérdida de investidura, porque el Procurador asumió esta situación y no el Consejo de Estado como es el trámite natural”.
A su vez, cerca de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), colombianas e internacionales entre las que se encuentran: Casa de la Mujer, Iglesia Menonita De Berna, Cátedra de Pensamiento Crítico, Intelectuales en Defensa de la Humanidad y Foro Social Latinoamericano, manifestaron en un comunicado, su repudio contra la decisión del Procurador Alejandro Ordóñez. “Consideramos que el procurador Ordóñez, lejos de decidir en derecho y conforme a las pruebas que obran en el expediente, ha actuado como agente de una campaña de persecución contra la senadora”.
Agregaron que su actuación, se suma a la estrategia de espionaje, boicoteo y desprestigio, de la cual han sido víctimas las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, es decir las personas que asumieron y defendieron la oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dicha estrategia de persecución política, se ha aplicado con severidad contra la senadora y su familia; el fallo del procurador obedece al plan que la opinión pública conoce ampliamente pero que el país no ha podido detener, sentenciaron. Agencias de noticias internacionales informaron que la ex senadora Piedad Córdoba, pidió hoy a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Senadores, que le permita ser parte civil del proceso que se lleva contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las intervenciones telefónicas.
En reiteradas ocasiones Piedad Córdoba señaló ser perseguida por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. Córdoba Ruiz, es abogada, ha sido integrante del Partido Liberal durante toda su vida política y es líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, ubicado en el ala izquierda de su partido. Como congresista ha trabajado principalmente por los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y sexuales y los derechos humanos. En agosto de 2007, se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe autorizada por su propio gobierno, del cual era opositora. Durante su mediación logró, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez, la liberación unilateral de 6 secuestrados que permanecieron en poder de las FARC durante varios años. Un caso es el de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
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