El aniquilamiento

Luis Javier Garrido

La disputa entre PRI y PAN por el 2012, que divide cada vez más a los grupos oligárquicos, se traduce en un desastre institucional, pero no ha detenido el desmantelamiento de la nación y de cancelación de los derechos sociales de los mexicanos, en el que los dos partidos están de acuerdo, por su afán de servir a los intereses de las trasnacionales, como a los suyos propios, ya que para ambas formaciones políticas el poder es un botín.

1. Las divergencias entre el gobierno de facto de Felipe Calderón y el PRI, que aliados usurparon el poder en 2006, y ahora se hallan distanciados porque los panistas, tras dos periodos en Los Pinos, no quieren aceptar el principio de la alternancia política; sus diferencias no son en torno al proyecto de gobierno, porque ninguno lo tiene, sino sobre quién (de entre ellos) va a ocuparse del gobierno en esos seis años y disponer de los negocios que está dejando la privatización de la nación impuesta por grupos del exterior. El PRI tiene su candidato en Enrique Peña Nieto, y Calderón, aunque no lo tiene y conoce el repudio que hay en todo el país a que Acción Nacional siga en el poder, pretende imponer a cualquiera y crear las condiciones que se lo permitan. De ahí las disputas con los priístas por las elecciones locales, el Presupuesto de Egresos y para llenar las tres vacantes del Consejo General del IFE.

2. La designación de los nuevos consejeros electorales, que ha evidenciado la discordia entre panistas y priístas, ha mostrado también que el IFE es un botín de los partidos y que las elecciones de 2012 no van a ser democráticas, porque quien controle su Consejo General va a tener amplias posibilidades de influir en el resultado final, enviando al país una señal muy clara de lo que viene. Los consejeros van a ser por el principio de cuotas, porque los que aún están en la lista son gente de confianza los partidos, y ello no va a desprestigiar al instituto porque ya está muy desprestigiado: desde su nacimiento en 1990 ha tenido innumerables fallas.

3. La falta de acuerdo en torno a estas designaciones no es asunto menor, pues es reveladora de lo que acontece, ya que PRI y PAN están con su querella (aunque sea temporal) violando el marco legal al no haber hecho el nombramiento conforme al mandamiento que tienen, y al margen de cualquier ficción legislativa de que la sesión se puede prolongar eternamente. Por mucho que los priístas pretendan desdramatizar lo que acontece y simular que no hay un desencuentro en algo fundamental, sí lo hay, y es la disputa por el poder en 2012: tanto el PAN como el PRI quieren controlar el órgano responsable del proceso electoral de ese año.

4. La tesis que Calderón ha hecho suya, que le han vendido los halcones republicanos de Estados Unidos y sus consejeros del Partido Popular de España, es que el proceso mexicano de transición (no a la democracia, sino al neoliberalismo salvaje) tiene un obstáculo: la subsistencia del PRI como partido político (por el potencial nacionalismo que creen ver en él), y que no sólo es necesario impedir que regrese a Los Pinos, sino que es menester destruirlo para instaurar un bipartidismo, teniendo frente al PAN a una organización socialdemócrata (tipo europeo, es decir, de extrema derecha) que le suceda tras una refundación o fusión con lo que quede del PRD tras el próximo enfrentamiento.

5. Esta tesis del aniquilamiento del PRI la hizo suya también otro aspirante a llegar a Los Pinos, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien se pronunció desde Madrid por acabar con el PRI, al que consideró un anacronismo (no se sabe si más que el PAN neofranquista), con el que preconiza se hagan alianzas, o que el PRD de los Chuchos (que no es otra cosa que una redición del PFCRN o ferrocarril de Rafael Aguilar Talamantes de los años 80, aliado al partido del gobierno). Ebrard insistió, sin embargo, en esa misma tesis: el PRI es una neblina que debe despejarse.

6. En esa tesitura de estar actuando como jefe de partido y no de lo que pretende ser como habitante de Los Pinos, Calderón es eco de la pretensión de otros grupos y juega con la posibilidad de que el PAN, ante la flacura de la caballada blanquiazul, postule para 2012, en alianza con el PRD, al ex rector Juan Ramón de la Fuente, quien ha estado en permanente campaña, y con tal de satisfacer sus ambiciones parece decidido a prestarse a cualquier cosa, para lo que ha abandonado su militancia priísta. Eso explica el absurdo que personificaron ambos el miércoles 3, que parece extraído de una obra de Ionesco, pues Calderón premió a De la Fuente con una presea inexistente por méritos también inexistentes y lo elogió por hechos acaecidos hace 11 años en los que le atribuyó virtudes inexistentes.

7. Vale la pena recordar estos hechos por lo que se dice. El movimiento estudiantil de 1999-2000, encabezado por el CGH, se opuso a la privatización de la UNAM, pretendida por el entonces rector Barnés, y De la Fuente, colaborador de Zedillo, quien fue designado, a finales de 1999 en la Rectoría, tras romper sin razón el diálogo que estudiantes y autoridades llevaban a cabo en el Palacio de Minería, lanzó a la entonces Policía Federal Preventiva contra los estudiantes, encarcelando a cientos, para después terminar dándoles la razón: echando abajo el plan de Barnés y cediendo en el pliego petitorio. La comunidad universitaria, a la que alude con ignorancia Calderón, reproduciendo las mentiras de la prensa de la época, había dado poco antes la espalda al plebiscito del rector, el que fue respaldado por poco más de 40 por ciento de académicos, a pesar de las presiones que se ejercieron sobre de ellos, lo que contribuyó al triunfo histórico de la huelga del CGH.

8. El fracaso del gobierno de facto de Calderón ha sido absoluto en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, y ello hace inverosímil la pretensión de los panistas de quedarse otros seis años, con candidato suyo o prestado, que para el caso sería lo mismo, pretendiendo engañar a los mexicanos seis años más.

9. Las cuentas positivas que el gobierno panista de facto pretende pasar a los consorcios trasnacionales por la aplicación de los programas de los manuales neoliberales requieren del aval del PRI: lo mismo para culminar la destrucción de Pemex o del IMSS que para imponer la contrarreforma laboral que cancelaría todo el derecho colectivo del trabajo. El desmantelamiento del Estado mexicano, en el que se ha empeñado Calderón con su supuesta guerra contra el narcotráfico y la cesión de las riquezas estratégicas al capital extranjero, no parece suficiente para garantizarle un respaldo desde el exterior para 2012, en particular tras la derrota de Obama en las pasadas elecciones legislativas que abren un escenario incierto en Estados Unidos, y ello le ha llevado a extremar la maniobrería política interna.

10. El gobierno actual busca perpetuarse en el poder, a pesar de su carácter depredador, y requiere exterminar al PRI y acabar con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador que se perfila como principal alternativa política para 2012, y esa ambición parece mucha cosa para un grupo de tan poca importancia.

Violencia y palabras agotadas

Editorial La Jornada

La mañana de ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que la actual estrategia de combate a la delincuencia es enormemente valorada por los mexicanos de hoy, quienes aplauden la presencia del Ejército en las calles; horas más tarde, en Baja California, admitió que seguramente habrá más masacres como las ocurridas en los días recientes en ésa y otras entidades del país, y opinó que la clave es perseverar y no cejar hasta tener reconstruidas nuestras instituciones y reconstruido el tejido social.

Tales declaraciones tuvieron, como telón de fondo una jornada particularmente cruenta, en la que fueron asesinados dos estudiantes universitarios a manos de un comando armado en Ciudad Juárez; el hallazgo de 18 cadáveres en una fosa clandestina en Acapulco; el homicidio, en esa misma localidad, de cuatro policías de tránsito, y la ejecución de tres hombres en Tijuana, Baja California. Estos crímenes han de agregarse al saldo trágico registrado en la semana anterior, en el que se inscriben, también, el asesinato de una veintena de personas el pasado martes en varias entidades, y las muertes, en distintos episodios, de cinco ciudadanos estadunidenses en la propia Ciudad Juárez.

En este contexto de violencia desorbitada, los ensayos verbales en defensa de la política de seguridad de la actual administración, con sus extrañas explicaciones en el sentido de que los asesinatos y levantones son signo del avance en la lucha contra la delincuencia, contrastan con la inaceptable cuota diaria de muertes y han terminado por agotar las posibilidades políticas del discurso, incluso si éste no resultara tan autocomplaciente y falto de autocrítica como el que es habitual escuchar de la administración calderonista.

Tal circunstancia resulta lamentable y preocupante, porque uno de los principales instrumentos de todo régimen político es, precisamente, su capacidad discursiva. Pero si hasta hace unos meses habría sido deseable un viraje en las expresiones públicas de las autoridades en materia de seguridad –que incluyera el reconocimiento de la inviabilidad de la actual estrategia y la disposición para reformularla–, hoy parece haberse agotado el margen para actuar en ese sentido.

El actual equipo de gobierno tendría que darse cuenta que la paciencia de la sociedad comienza a agotarse, y que la tranquilidad de la población no podrá restaurarse con palabras, y menos si lo que se quiere comunicar con ellas es la perspectiva de un baño de sangre indefinido en el país, como lo hizo ayer el Presidente. En la situación presente, lo que cabe esperar del gobierno federal es que reformule su estrategia fallida y contraproducente de combate a la delincuencia y que se consagre, en lo inmediato, a la tarea más urgente: lograr el cese de la violencia, la pacificación del territorio y la reconstrucción de la seguridad pública.