Miguel Carbonell
El presidente Calderón ha hecho de la lucha por la seguridad pública la principal bandera de su gobierno. Muchos mexicanos, hartos de estar bajo la amenaza de los delincuentes, apoyan al Presidente en esta compleja labor. No cabe duda que México podrá prosperar solamente si tenemos éxito en el combate en contra de la delincuencia, sobre todo de la más peligrosa, que casi siempre está vinculada con el narcotráfico.
No hay elementos para hacernos suponer que el Presidente no habla en serio cuando se refiere a la cruzada que su gobierno ha emprendido en contra de los cárteles del narco. Existen, sin embargo, algunos datos muy preocupantes, que harían suponer que en realidad algo está fallando dentro de la estrategia gubernamental. Y no se trata de un problema menor, sino de un hueco enorme —abismal, mejor dicho— en la exigencia de responsabilidades penales para las personas que han sido detenidas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Si revisamos los anexos estadísticos del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Calderón (cosa que se suele hacer escasamente, pese a la importancia de los datos), nos encontramos con algunas cifras sorprendentes. El Presidente nos informa que han sido detenidas por delitos contra la salud, o vinculadas con el narcotráfico, 29,362 personas en 2007, 28,597 en 2008, 40,950 en 2009 y 15,844 en 2010 (hasta finales de junio).
Cualquier observador imparcial estaría de acuerdo en que son buenas noticias. Si durante tres años y medio se ha detenido a más de 113 mil personas, esto claramente indica al menos dos cosas: 1) el discurso del Presidente va en serio y la lucha contra los cárteles es frontal; 2) las instituciones públicas están haciendo un trabajo admirable para quitar de nuestras calles a delincuentes muy peligrosos. Bravo por eso.
Pero hay un detalle que pone del todo en cuestión nuestro posible optimismo. Según los datos que aparecen también en el Cuarto Informe de Calderón, el número de personas que están detenidas en nuestras cárceles y reclusorios, no parece reflejar ni lejanamente ese número de detenidos. En efecto, el Presidente nos informa que en 2007 había 212,841 personas presas en México, en 2008 eran 219,754, en 2009 eran 224,749 y en junio de 2010, la cifra alcanzaba las 223,225 personas.
Lo anterior nos indica que el aumento neto de personas presas en el sexenio ha sido de 10,384. Es decir, hay más de 103 mil personas que han sido reportadas como detenidas pero que no sabemos dónde están: solamente sabemos que en la cárcel no están.
Simplemente considerando los datos de 2009, tenemos a más de 40 mil personas detenidas, pero un aumento muy leve de 5 mil personas presas (suponiendo que todas ellas hayan correspondido a delitos contra la salud, que son juzgados por autoridades federales).
Recordemos que el Código Penal Federal señala penas muy altas por narcotráfico (en sus distintas modalidades). Las sanciones comienzan en los tres años de prisión y alcanzan más de 30, según los artículos 193 y siguientes de ese Código.
Las preguntas al confrontar los datos del informe presidencial saltan de inmediato: ¿qué ha pasado con las más de 100 mil personas que fueron detenidas pero no están en la cárcel? ¿Fueron detenciones falsas (no existieron)? ¿Fueron detenciones arbitrarias, declaradas ilegales por los jueces federales, quienes ordenaron la inmediata libertad de los detenidos?
Incluso más: si las personas detenidas no llegaron a nuestras cárceles, ¿fueron liberadas en algún momento?, ¿fueron ejecutadas de forma ilegal? En ambos casos sería gravísimo que se hubiera producido cualquier tipo de conducta ilícita por parte de alguna autoridad.
El presidente Calderón no ha sido un cabal defensor de la transparencia, ni la ha hecho una regla de su gobierno. Más bien al contrario. Pero lo que está en juego a partir de las cifras que él mismo nos proporciona, es mucho. Que desaparezcan así nada más 100 mil personas no es un juego. Hay algo que no sabemos y de lo cual el Presidente nos debe informar. ¿Dónde están si no aparecen registradas entre la población carcelaria?, ¿en qué momento, en el tránsito entre la policía, el Ministerio Público, los jueces y los directores de las cárceles, se “extraviaron” esas personas?
Podría apostar a que existe una explicación racional, pero no se desprende de ninguno de los datos que han ofrecido hasta el momento las dependencias federales. Es urgente una explicación.
www.miguelcarbonell.com / twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
No hay elementos para hacernos suponer que el Presidente no habla en serio cuando se refiere a la cruzada que su gobierno ha emprendido en contra de los cárteles del narco. Existen, sin embargo, algunos datos muy preocupantes, que harían suponer que en realidad algo está fallando dentro de la estrategia gubernamental. Y no se trata de un problema menor, sino de un hueco enorme —abismal, mejor dicho— en la exigencia de responsabilidades penales para las personas que han sido detenidas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Si revisamos los anexos estadísticos del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Calderón (cosa que se suele hacer escasamente, pese a la importancia de los datos), nos encontramos con algunas cifras sorprendentes. El Presidente nos informa que han sido detenidas por delitos contra la salud, o vinculadas con el narcotráfico, 29,362 personas en 2007, 28,597 en 2008, 40,950 en 2009 y 15,844 en 2010 (hasta finales de junio).
Cualquier observador imparcial estaría de acuerdo en que son buenas noticias. Si durante tres años y medio se ha detenido a más de 113 mil personas, esto claramente indica al menos dos cosas: 1) el discurso del Presidente va en serio y la lucha contra los cárteles es frontal; 2) las instituciones públicas están haciendo un trabajo admirable para quitar de nuestras calles a delincuentes muy peligrosos. Bravo por eso.
Pero hay un detalle que pone del todo en cuestión nuestro posible optimismo. Según los datos que aparecen también en el Cuarto Informe de Calderón, el número de personas que están detenidas en nuestras cárceles y reclusorios, no parece reflejar ni lejanamente ese número de detenidos. En efecto, el Presidente nos informa que en 2007 había 212,841 personas presas en México, en 2008 eran 219,754, en 2009 eran 224,749 y en junio de 2010, la cifra alcanzaba las 223,225 personas.
Lo anterior nos indica que el aumento neto de personas presas en el sexenio ha sido de 10,384. Es decir, hay más de 103 mil personas que han sido reportadas como detenidas pero que no sabemos dónde están: solamente sabemos que en la cárcel no están.
Simplemente considerando los datos de 2009, tenemos a más de 40 mil personas detenidas, pero un aumento muy leve de 5 mil personas presas (suponiendo que todas ellas hayan correspondido a delitos contra la salud, que son juzgados por autoridades federales).
Recordemos que el Código Penal Federal señala penas muy altas por narcotráfico (en sus distintas modalidades). Las sanciones comienzan en los tres años de prisión y alcanzan más de 30, según los artículos 193 y siguientes de ese Código.
Las preguntas al confrontar los datos del informe presidencial saltan de inmediato: ¿qué ha pasado con las más de 100 mil personas que fueron detenidas pero no están en la cárcel? ¿Fueron detenciones falsas (no existieron)? ¿Fueron detenciones arbitrarias, declaradas ilegales por los jueces federales, quienes ordenaron la inmediata libertad de los detenidos?
Incluso más: si las personas detenidas no llegaron a nuestras cárceles, ¿fueron liberadas en algún momento?, ¿fueron ejecutadas de forma ilegal? En ambos casos sería gravísimo que se hubiera producido cualquier tipo de conducta ilícita por parte de alguna autoridad.
El presidente Calderón no ha sido un cabal defensor de la transparencia, ni la ha hecho una regla de su gobierno. Más bien al contrario. Pero lo que está en juego a partir de las cifras que él mismo nos proporciona, es mucho. Que desaparezcan así nada más 100 mil personas no es un juego. Hay algo que no sabemos y de lo cual el Presidente nos debe informar. ¿Dónde están si no aparecen registradas entre la población carcelaria?, ¿en qué momento, en el tránsito entre la policía, el Ministerio Público, los jueces y los directores de las cárceles, se “extraviaron” esas personas?
Podría apostar a que existe una explicación racional, pero no se desprende de ninguno de los datos que han ofrecido hasta el momento las dependencias federales. Es urgente una explicación.
www.miguelcarbonell.com / twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
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