Detrás de la Noticia | Ricardo Rocha
El señor Blake de Gobernación está muy mal informado o miente con todos sus dientes. No es verdad que las recientes matanzas de jóvenes en varias ciudades del país confirman que la estrategia anticrimen es la correcta. Porque, además de que no hay argumentos para sostener tal aberración, lo cierto es que los juvenicidios no son una reacción reciente; tampoco son consecuencia, sino origen.
Una simple revisión cronológica establece que los ataques en contra de jóvenes comenzaron, ya de modo sistemático, al menos en agosto de 2008 cuando el día 1º y el 13 mataron a un total de once muchachos en dos distintos Centros de Integración de Alcohol y Drogas en Ciudad Juárez. Ahí mismo y durante 2009, nada más entre junio 6 y noviembre 9, hubo otros tres ataques a centros de rehabilitación destacando el del 2 de septiembre en El Aliviane, donde ocurrió una matanza de 17, en su mayoría jóvenes.
En 2010, los juvenicidios se extendieron a otros ámbitos del territorio nacional como si de una moda perversa se tratase: el 10 de junio nos estremecimos con la masacre de 19 chavos de entre 18 y 25 años en el Centro Cristiano Fe y Vida en la ciudad de Chihuahua y con los testimonios de cómo los sacaron de sus cuartos en la madrugada para formarlos contra la pared y balacearlos hasta destrozar sus cuerpos; apenas 16 días después en la capital de Durango 9 fueron ejecutados en el Centro Fuerza para Vivir; y este 24 de octubre en El Camino de Tijuana 13 fueron los muertos; dos menos que los 15 masacrados 3 días más tarde en un autolavado en Tepic donde laboraban como complemento a su tratamiento. Nótese que, hasta aquí, el recuento sólo incluye a jóvenes que estaban intentando su rehabilitación.
Sí, ya sé que los de siempre dirán que son simples pleitos entre pandillas y cárteles. Aunque ahora hay que considerar también la tesis de aterradoras operaciones de “limpieza” de escuadrones de la muerte particulares para acabar con jóvenes probablemente narcomenudistas y por lo tanto escoria prescindible. En cualquier caso y venga de donde venga el primer mensaje es igualmente brutal: primero muertos que rehabilitados.
Y si añadimos otros juvenicidios nada más este año: 15 en Villas de Salvárcar; 10 en el Bar Ferrie de Torreón; 10 en Pueblo Nuevo, Durango; 8 en el Bar Juanes de Tijuana; 17 en Quinta Italia en Torreón; 14 en Horizontes del Sur en Juárez y 7 en Tepito en el DF el escenario es de horror y el segundo mensaje todavía peor: el gobierno no puede protegerlos pero nosotros sí podemos matarlos.
Una simple revisión cronológica establece que los ataques en contra de jóvenes comenzaron, ya de modo sistemático, al menos en agosto de 2008 cuando el día 1º y el 13 mataron a un total de once muchachos en dos distintos Centros de Integración de Alcohol y Drogas en Ciudad Juárez. Ahí mismo y durante 2009, nada más entre junio 6 y noviembre 9, hubo otros tres ataques a centros de rehabilitación destacando el del 2 de septiembre en El Aliviane, donde ocurrió una matanza de 17, en su mayoría jóvenes.
En 2010, los juvenicidios se extendieron a otros ámbitos del territorio nacional como si de una moda perversa se tratase: el 10 de junio nos estremecimos con la masacre de 19 chavos de entre 18 y 25 años en el Centro Cristiano Fe y Vida en la ciudad de Chihuahua y con los testimonios de cómo los sacaron de sus cuartos en la madrugada para formarlos contra la pared y balacearlos hasta destrozar sus cuerpos; apenas 16 días después en la capital de Durango 9 fueron ejecutados en el Centro Fuerza para Vivir; y este 24 de octubre en El Camino de Tijuana 13 fueron los muertos; dos menos que los 15 masacrados 3 días más tarde en un autolavado en Tepic donde laboraban como complemento a su tratamiento. Nótese que, hasta aquí, el recuento sólo incluye a jóvenes que estaban intentando su rehabilitación.
Sí, ya sé que los de siempre dirán que son simples pleitos entre pandillas y cárteles. Aunque ahora hay que considerar también la tesis de aterradoras operaciones de “limpieza” de escuadrones de la muerte particulares para acabar con jóvenes probablemente narcomenudistas y por lo tanto escoria prescindible. En cualquier caso y venga de donde venga el primer mensaje es igualmente brutal: primero muertos que rehabilitados.
Y si añadimos otros juvenicidios nada más este año: 15 en Villas de Salvárcar; 10 en el Bar Ferrie de Torreón; 10 en Pueblo Nuevo, Durango; 8 en el Bar Juanes de Tijuana; 17 en Quinta Italia en Torreón; 14 en Horizontes del Sur en Juárez y 7 en Tepito en el DF el escenario es de horror y el segundo mensaje todavía peor: el gobierno no puede protegerlos pero nosotros sí podemos matarlos.
Alberto Aziz Nassif
Muchos jóvenes muertos, ¿cuántos más?
Muchos jóvenes muertos, ¿cuántos más?
Violencia que engendra violencia, un gobierno que no escucha, que no cambia, que no mueve un centímetro de su estrategia represiva en contra del crimen organizado. Con argumentos llenos de falacias como los que repite Felipe Calderón todos los días: “tenemos que enfrentarlo porque la alternativa de simplemente no hacer nada frente a la criminalidad (…) sólo nos puede llevar a mayor gravedad de nuestros problemas” (EL UNIVERSAL, 28/X/2010). Entre hacer lo que ha hecho este gobierno en cuatro años y no hacer nada, hay muchas posibilidades que simplemente se ignoran. En una reunión reciente, Diálogo sobre Seguridad Pública, se hizo un diagnóstico y un conjunto de propuestas para cambiar la estrategia: el actual enfoque “reactivo-represivo” no resuelve el problema. ¿Cuántas matanzas más se necesitan para ver que esto no lleva a ninguna solución del problema?
En sólo cinco días hubo matanzas de jóvenes en Juárez, Tijuana, Nayarit y el Distrito Federal. La acumulación de muertes nos lleva todos los días a descubrir que la matanza no tiene límites, que estamos ante una espiral de muerte, impunidad, corrupción y una mala estrategia que genera más asesinatos. Si el sistema de procuración y administración de justicia está derruido, si las cárceles son poros abiertos que sólo pervierten más a los delincuentes, si las fuerzas armadas no cuentan con un marco institucional acorde a los estándares democráticos, ¿con qué instrumentos se va a construir una estrategia adecuada? Si no se entiende que la delincuencia organizada y la violencia son, como dice el documento de Diálogo sobre Seguridad Pública, un problema de muchas causas, que se originan en la “marginación social, desigualdad económica, falta de oportunidades (…) déficit de una cultura de la legalidad”, así como en la “debilidad, ineficiencia, corrupción y falta de profesionalismo de las instituciones del sistema de seguridad y justicia penal”, entonces estamos muy lejos de cualquier salida medianamente democrática a esta “guerra”.
Sumado a la violencia, en un solo día, llegaron tres mediciones que colocan mal a México. Transparencia Internacional ubica al país en el lugar 98 de un total de 178, en la región de las Américas estamos en lugar 18 de un total de 28, entre Guatemala y República Dominicana, muy lejos de nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos. En el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, México ha caído 16% en sólo un año y está muy lejos de los punteros que son Chile, Costa Rica y Uruguay. En la medición sobre bienestar, también retrocedimos. El país tiene años a la baja en prácticamente todos las mediciones internacionales que se hacen, ya sea en materia de calidad educativa, competitividad económica, democracia o gobernabilidad. México es, según estas mediciones, menos democrático, más corrupto, menos competitivo, con una educación básica sin calidad, con un bienestar cada vez más lejano y ya contamos con algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Cuando las inercias negativas se juntan, resulta necesario hacer cambios de fondo.
Ante la sordera gubernamental, la sociedad civil tendrá que hacerse escuchar y organizarse de mejor forma, porque como nos recuerda la antropóloga Elena Azaola, esta “guerra” ha propiciado que el criminalista Irvin Waller, (director del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad) diga que el gobierno mexicano se comporta como un drogadicto que se pone una inyección y, como no le resulta, entonces se pone otras muchas y espera que funcione. ¿Cuántas muertes más de jóvenes se necesitan para que se revise la estrategia en contra del crimen organizado? Investigador del CIESAS
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