John M. Ackerman
Un
nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el
neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular
Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de
justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales
tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la
Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias
para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está
motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la
naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica
no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su
labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para
mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir
clases como desearían, y no en salones con graves problemas de
mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los
30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros
han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por
mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores
de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por
ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la
construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de
los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse
a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación
guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a
escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su
PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo
destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros
países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican
un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en
la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB
al gasto en educación pública y en los servicios educativos. Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a
las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables. Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de
incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas. Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la
educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus
comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la
frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas
educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los
jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades
laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y
fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la
Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la
delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del
país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el
desarrollo social.
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho
a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual
podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función
de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros
o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente
exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan
despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo
123 que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la
evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no
haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho
constitucional, y proponen una evaluación
democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral. Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los
buenos, que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los
malos, que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
Twitter: @JohnMAckerman
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