Con el apoyo de dos procuradores generales de la República en el sexenio pasado, especialmente de Arturo Chávez Chávez, del ex director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo y de una poderosa red de abogados vinculados a los despachos de Diego Fernández de Cevallos y de Antonio Lozano Gracia, la empresa Sub Marelher, dedicada a la fabricación de tapetes de concreto flexible, mejor conocidos como “colchacretos”, se convirtió en menos de cuatro años en un poderoso monopolio que ha obtenido contratos por más de 5 mil millones de pesos -la mayoría vía adjudicación directa-, tanto de Pemex como de Conagua para obras hidráulicas y para ductos de transporte de petróleo, gas y refinados, como gasolina.
Tan sólo en los estados de Tabasco, Nuevo León y Veracruz los desastres provocados por las inundaciones y los desbordamientos de ríos, permitieron que esta empresa obtuviera 29 contratos de la Conagua por un monto total de 928 millones 387 mil pesos. En Tabasco, Sub-Marheler monopolizó los trabajos de construcción de protección y recubrimiento marginal de diversos ríos. La dirección estatal de Conagua en esta entidad le había otorgado, hasta agosto de 2011, contratos por 513 millones de pesos por la colocación de los tapetes de concreto flexible.
En Chiapas, la misma subgerencia de construcción regional de Conagua le otorgó en 2008 un contrato por casi 57 millones a la misma empresa, según el número de adjudicación 16101042-0253-08, y la misma dependencia, un año después, le otorgó otra adjudicación por 44.3 millones de pesos para “obras no codificadas”, según la adjudicación 16101042-0034-09, obtenidas en la página de Compranet del gobierno federal.
La bonanza de Submar-Elher, representada por los empresarios Francisco Marcos Elizarrarás Wingall y por Jorge Alberto Acuña Begne, pretende multiplicarse con adjudicaciones directas de Pemex Refinación y de Pemex Gas y Petroquímica Básica en todas aquellas obras que requieran de este tipo de tapetes de concreto que sirven para controlar la erosión en las obras hidráulicas y submarinas que realice la principal paraestatal del país. Tan sólo el contrato 4500358244, adjudicado por Pemex a Submar-Elher fue por 33 millones 638 mil 378 pesos.
Hasta el año 2005, esta misma empresa sólo había conseguido contratos menores con Pemex. El contrato 4500160365 para proteger 17 ductos de Pemex Refinación fue por un monto de apenas 828 mil 589 pesos y en 2006 ganó otra adjudicación de Pemex Gas y Petroquímica Básica por 4.5 millones de pesos para las obras de esteras submarinas no abrasivas.
El verdadero auge de esta empresa se produjo cuando Elizarras Wingwall y Acuña Begné lograron con una celeridad inusitada y con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos de Autor, organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para registrar como “obra de arte” los dibujos de los tapetes de concreto flexible en 2008, ya en el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo al relato de las actas ministeriales de dos empresarios competidores que fueron detenidos y encarcelados por violar los “derechos de autor”, los empresarios deSubmar-Elher copiaron los planos y los diseños de las patentes originales creadas por el norteamericano Thomas Michael Angels para convertirlas en obras exclusivas, con la complicidad del Indautor, y eliminar a todas las otras empresas que también utilizan los “colchacretos”.
La Persecución a los Competidores
A partir de junio de 2010, la violación a los derechos de autor se volvió delito penal en México. De esta manera, el Indautor le otorgó a Submar-Elher el uso exclusivo de estas “obras de arte” y le otorgó la llave para perseguir administrativa, civil o penalmente a “cualquier persona que use, explote, comercialice, distribuya, almacene, reproduzca o manufacture” la “obra” o copias de ésta, sin consentimiento o autorización de la empresa.
Ahí comenzó la persecución en contra de todas las otras compañías, especialmente en contra del empresario chiapaneco, radicado en Campeche, José Farrera Redondo, socio de la empresa INER Servicios, y de los empresarios Mario Enrique Arias Arriaga y Benjamín Pérez Granados, de la empresa Inegosin, que recientemente les ganó a Submar-Elher la demanda por violación de la patente.
Entrevistados ambos por Proceso, Farrera Redondo y Arias coinciden que sus detenciones y el decomiso de sus fábricas y de sus tapetes de concreto se trata de “una simulación jurídica para sacar a las otras empresas del mercado” y convertir a Submar-Elher en el monopolio de los contratos con Pemex y con Conagua.
Casualmente, la ministerio público federal en ambos casos fue la misma: Verónica Quintanar Vázquez, y el subprocurador responsable del expediente de los dos casos fue el mismo, Arturo Germán Rangel, junto con el jefe de la unidad antipiratería de la PGR, Francisco Trejo Antonio. Ambos cercanos al círculo del ex procurador general Arturo Chávez Chávez.
Rangel y Trejo Antonio fueron investigados en marzo y abril de 2011 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho, derivado del ejercicio de sus funciones. Trejo Antonio fue cesado el 4 de abril por haber reprobado los exámenes de control de confianza. Y el director general de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Jesús Isaías Silva, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Organo Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, acusado de presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con los propios boletines de la PGR se emprendieron otros cateos y decomisos contra empresas competidoras de Submar-Elher. El 22 de enero de 2010 “en respuesta a una denuncia anónima”, elementos de la Policía Federal detuvieron a 7 personas en Coatzacoalcos, Veracruz, de la empresa Ingeniería Ambiental y Procesos, por fabricar “tapetes ecológicos apócrifos” para Pemex.
El mismo boletín aclaró que “se pudo encontrar que la empresa antes citada se dedicaba a la fabricación de tapetes ecológicos de concreto flexible, para el recubrimiento de orillas de los ríos y para los ductos de Pemex. Cabe señalar que esta fabricación es ilícita, toda vez que la patente para la producción de estos tapetes fue registrada a nombre de la empresa Sub-Marhelers (sic) de R.L. de C.V. desde el año 2008.
El 5 de julio de 2011 la PGR boletinó el aseguramiento de otro inmueble, en el municipio de Reforma, Chiapas, y de 2 mil 051 “tapetes de concreto” para la contención de aguas porque violaban los derechos de autor, “en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin autorización del titular de los derechos”.
Caso Farrera
En septiembre de 2010, Submar-Elher presentó una denuncia formal contra José Farrera Redondo y sus socios de INER Servicios S. de R.L por “reproducción, venta y almacenamiento no autorizado” de “obras de arte” denominadas “tapetes de concreto flexible”. INER Servicios ya había participado en otras licitaciones y contratos de Pemex, especialmente para trabajos en perforaión de aguas profundas.
El 27 de octubre del mismo año, 130 elementos de la Agencia Federal de Investigación, trasladados en un Boeing 727 de la PGR, armados y con un gran despliegue de fuerza realizaron el cateo en los terrenos de la empresa INER Servicios, en Ciudad del Carmen, Campeche.
“Llegaron como si se tratara de detener a un peligroso narcotraficante”, rememoró José Farrera. “¿Cuánto les habrá costado ese despliegue para perseguir a una empresa mediana como la nuestra?”, se preguntó.
El 5 de abril de 2011, le dictaron auto de formal prisión a Farrera de acuerdo a la causa penal 133/2010 e ingresó al Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén. Los abogados de Farrera, del despacho Aguilar Zínser y Asociados, tramitan el amparo y sale libre hasta el 30 de septiembre del mismo año.
En el juicio salió a relucir que Farrera y el Thomas M. Angel, el presunto autor de la “obra de arte”, son, en realidad, coautores de la patente de tapetes de concreto flexible y existe un convenio entre ambos, mediante el cual Farrera es el titular de los derecho en México y Thomas M. Angel en Estados Unidos y en el mundo.
“Entre el señor Thomas y yo, tenemos un convenio privado que hemos procurador conducirlo con armonía, donde lo primordial es la comunicación y la mayor equidad para ambas partes, en donde él me permite en territorio mexicano obrar con libertad. Al ser yo autor y coautor no necesito pedirle autorización para inscribir la obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor”, declaró Farrera en la audiencia pública ante la jueza primera de distrito Miriam de Jesús Cámara Patrón, en Campeche, el 28 de marzo de 2012.
-¿Cómo la misma “obra” molde de tapete de concreto flexible y que tiene dos autores puede originar la fabricación de dos obras distintas denominadas “tapete de concreto flexible”? –le preguntaron en la misma audiencia a Farrera.
-A mediados de los años noventa conocí al señor Thomas Angel, ya que ellos, los americanos, buscaban quien entendiera acerca de los productos que ellos manejan. Después de muchas pláticas me comentó que llevaban más de cinco años queriendo expandirse al mercado mexicano sin tener éxito hasta la fecha. También comentamos que había diferencias entre ambos países. Después de muchas correcciones de borradores, de plasmar las ideas, en soportes materiales tales como fierro, papel, concreto, llegamos a la conclusión de un molde y dos tapetes, la manera de obtener dos tapetes con un solo molde se logró tomando en consideración las diferencias climatológicas, geográficas y hasta el sistema métrico diferente entre ambos países.
“En el caso mexicano, tuvimos que adecuar el tapete resultante a las condiciones que los potenciales clientes exigen…Por exigencia de Petróleos Mexicanos y sus certificaciones de calidad nos obligan a colar en uno de los elementos un chip o sensor que nos permite el rastreo de los materiales que fueron utilizados en la fabricación de dicho tapete”, respondió Farrera.
En la misma audiencia pública, donde también estuvo presente el Francisco Elizarraras Wignall se le mostraron a Farrera y a su abogado José Miguel Castillo Hernández las copias de la causa penal 82/2011 en contra de Mario Enrique Arias Arriaga y Benjamín Alfredo Granados, de la empresa Ingeosin, por el mismo delito. Y también las inspecciones realizadas el 12 de octubre de 2010 y el 22 de junio de 2011. Ambas fueron ordenadas por la misma ministerio público federal: Verónica Enriqueta Quintanar Vázquez, titular de la Mesa Nueve de la Dirección de Autor y Propiedad Industrial.
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