Ricardo Raphael
El próximo noviembre se cumplirán 5 años de la tragedia que vivieron 500 jóvenes en un antro de la delegación Gustavo A. Madero. Aquel día, alrededor de las 5 de la tarde, ingresaron al News Divine más de una decena de policías encapuchados con la instrucción de encontrar drogas y sacar del lugar a las y los menores de edad que ahí se habían reunido para pasar la tarde.
Este operativo policial fue planeado con mucha estupidez. Los mandos que lo instruyeron no contemplaron que la clientela del antro rondaba entre los 13 y los 17 años; tampoco que había un solo punto de acceso para entrar y salir.
La desembocadura de aquella fatídica tarde fue que 9 jóvenes perdieron la vida por asfixia, mientras una marabunta trataba de derribar una pared de policías que le impedía abandonar el sitio. Murieron también tres agentes durante el operativo.
Para pintar de colores aún más agrios el panorama, una centena de adolescentes fueron conducidos a instalaciones de la PGJDF donde recibieron golpes y humillaciones; varias mujeres, menores de edad, fueron hostigadas y obligadas a desnudarse.
La cosa no termina aquí. En México, la autoridad administrativa nunca es tan ineficiente y abusiva que no pueda ser superada por la autoridad judicial. Las víctimas y sus familiares tuvieron que cargar durante 4 años y cinco meses con un proceso penal incapaz de ofrecer reparación. No fue hasta el pasado 8 de abril que, por fin, un juez de la capital, Prudencio Jorge González, decidió resolver 30 sentencias pendientes.
A partir de ellas condenó a 2 ex jefes de sector de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a 12 ex policías de tropa. A los primeros les dio 24 años de prisión y a los segundos 19 por la comisión de 9 homicidios de naturaleza culposa. Se procedió contra 5 ex funcionarios de la procuraduría capitalina, acusados de haber cometido abuso de autoridad.
Los padres de las y los muchachos muertos no están conformes. Denuncian una sentencia que no asignó responsabilidades a los mandos altos; quienes, según ellos, también formaron parte en la cadena de mando que ejecutó aquel operativo. Leticia Bravo, madre de Rafael Morales, una de las víctimas, declaró para Animal Político (09/04/13): “Nuestra inconformidad es porque sólo se buscó que pagaran policías de bajo nivel, que recibieron órdenes de sus mandos superiores, a los que no tocaron …”
Ya en otro trágico expediente, el de la guardería ABC, los jueces tuvieron antes que responder a una pregunta similar: ¿qué tan alto debe subir sobre la cadena de mando, la responsabilidad por actos de autoridad pública? Entonces la interrogante que se formuló fue si el director del IMSS tenía responsabilidad a propósito de esa otra tragedia. Hoy la duda es si el ex director de la Secretaría de Seguridad Pública, Joel Ortega, debe enfrentar sanción similar a la que cayó sobre los efectivos de su antigua tropa.
Si se revisa con atención la sentencia emitida por el juez 19 penal de la ciudad de México, brillan por ausentes los argumentos para despejar tal responsabilidad. De ese documento no se puede extraer un razonamiento detallado que ayude a establecer por qué quienes planearon, diseñaron, instruyeron y vigilaron el operativo no son imputables con respecto a los hechos.
En la sentencia, los altos mandos aparecen como extraterrestres que, sólo por mala suerte, atardecieron aquel día sentados en la parte más elevada de la pirámide policial.
Algo más tendría que haber dicho el juez Prudencio. Si los altos mandos no hubiesen participado de ninguna manera, serían responsables de negligencia y en un régimen de derecho tal cosa debe tener consecuencias. Si, por el contrario, tuvieron una mayor participación, tendrían responsabilidad similar a la de los ya sentenciados.
En México, sin embargo, suele suceder que la tropa sirve como chivo expiatorio para encubrir el incumplimiento de las obligaciones de sus jefes.
Con razón suficiente, tanto los familiares de las víctimas como la procuraduría capitalina han decidido apelar la sentencia del juez penal. Por lo razonado antes, en la siguiente instancia habría de abordarse con precisión cirujana el grado de responsabilidad imputable a cada eslabón de la cadena de mando. Se lo merecen las víctimas, sus familiares y la imperiosa necesidad de justicia.
Queda mientras tanto rogar que no pasen otros 5 años para que tal cosa ocurra.
Analista político
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