VIOLENCIA
Pide Senado que expliquen rechazo de solicitudes en 4 estados
CIMACFoto | César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Ante la opacidad en el procedimiento para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), y en medio del feminicidio que azota a Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Oaxaca, el Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que informe por qué no ha implementado este mecanismo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
En la sesión de hoy, las y los senadores aprobaron un punto de acuerdo para que la Segob y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informen por qué rechazaron las cuatro solicitudes de AVG que grupos civiles presentaron para los casos de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
El punto de acuerdo no hace referencia a las recientes solicitudes de Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Oaxaca, debido a que la iniciativa se presentó en octubre de 2012, se turnó a comisiones y hasta ahora se aprobó.
La intención de la propuesta es obtener información sobre las anteriores negativas para activar la AVG.
De acuerdo con el reglamento de la LGAMVL, la AVG es para garantizar en una entidad o territorio específico la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por reformas legales.
La instancia encargada de analizar si procede o no la AVG es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrado por la Segob, el Inmujeres, los institutos estatales de las mujeres y dependencias federales.
El Sistema analiza, con base en la petición de AVG de organizaciones civiles u organismos de Derechos Humanos, si en un territorio determinado existen delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, o si se impide el pleno ejercicio de los derechos femeninos.
Sin embargo, el Sistema Nacional no divulgó los argumentos por los que desechó las solicitudes, por lo que en el punto de acuerdo presentado originalmente por la senadora perredista Angélica de la Peña se llama a la rendición de cuentas y se defiende el derecho a la información.
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