Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 10
De
58 mil mujeres que sufrieron violencia y buscaron ayuda legal en 21
entidades, sólo 7 por ciento (unas 4 mil) la recibió, revela el informe
Órdenes de protección en México: mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En conferencia de prensa junto con Rodolfo Domínguez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Martha Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (Colem), Estrada subrayó: ‘‘No se puede detener la violencia de género, porque las leyes que protegen a las mujeres son letra muerta y las autoridades reconocen que no brindan ese mecanismo, ya que ‘ellas no lo solicitan’. Esto, a pesar de que es responsabilidad del Estado otorgar este recurso’’.
La protección –explicó la activista– es una medida mínima para prevenir un mayor daño a las mujeres, y está inscrita en el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El informe, que abarca de enero de 2011 a junio de 2012, se elaboró con base en información de 27 estados, pero seis no respondieron. Éstos son: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco.
Entre los hallazgos más relevantes del informe se destaca que autoridades de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala admitieron no haber emitido ninguna orden de protección, aunque hay violencia. En Puebla, por ejemplo, la procuraduría del estado registró 6 mil 237 casos de violencia de género, pero no emitió ninguna orden porque ‘‘las agraviadas no optan por esta prerrogativa’’.
Asimismo, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz han otorgado órdenes de protección que no corresponden con el clima de violencia en la entidad.
Chihuahua
conoció 7 mil 342 hechos violentos entre agosto y octubre de 2012, pero
la autoridad otorgó únicamente siete órdenes, es decir, 0.1 por ciento
del total. El Distrito Federal registró 15 mil 276 hechos, pero emitió
565 medidas de protección, esto es, 3.6 por ciento.
Chiapas, estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala no cuentan con un procedimiento mínimo para emitir las órdenes de protección, por lo cual las autoridades justifican su omisión.
A pesar de que el estado de México encabeza la lista de feminicidios, no sistematiza ni registra los hechos de violencia ocurridos contra mujeres, ni el número de protecciones otorgadas a éstas.
La mayoría de las órdenes concedidas son de carácter ‘‘urgente’’ e implican vigilancia de seguridad pública en el domicilio de la víctima, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o de estudio.
Sin embargo, dijo Estrada, estas medidas ‘‘son insuficientes por sí solas para garantizar la seguridad física de las mujeres’’, porque cuando se aplican la persona ya está en situación de riesgo. ‘‘La protección no se da en forma inmediata, porque primero se hace una investigación y la mujer tiene que aportar todas las pruebas. Incluso hay casos en que la misma afectada tiene que notificar a su propio agresor de las medidas’’.
Los integrantes de las asociaciones hicieron decenas de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, entre ellas, que las órdenes de protección sean integrables, flexibles y adaptables; que baste la declaración de la víctima para emitirla, se agilice su implementación en el país, y se reforme la ley de acceso a una vida libre de violencia y dicho mecanismo, así como el que establece la alerta de género.
Chiapas, estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala no cuentan con un procedimiento mínimo para emitir las órdenes de protección, por lo cual las autoridades justifican su omisión.
A pesar de que el estado de México encabeza la lista de feminicidios, no sistematiza ni registra los hechos de violencia ocurridos contra mujeres, ni el número de protecciones otorgadas a éstas.
La mayoría de las órdenes concedidas son de carácter ‘‘urgente’’ e implican vigilancia de seguridad pública en el domicilio de la víctima, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o de estudio.
Sin embargo, dijo Estrada, estas medidas ‘‘son insuficientes por sí solas para garantizar la seguridad física de las mujeres’’, porque cuando se aplican la persona ya está en situación de riesgo. ‘‘La protección no se da en forma inmediata, porque primero se hace una investigación y la mujer tiene que aportar todas las pruebas. Incluso hay casos en que la misma afectada tiene que notificar a su propio agresor de las medidas’’.
Los integrantes de las asociaciones hicieron decenas de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, entre ellas, que las órdenes de protección sean integrables, flexibles y adaptables; que baste la declaración de la víctima para emitirla, se agilice su implementación en el país, y se reforme la ley de acceso a una vida libre de violencia y dicho mecanismo, así como el que establece la alerta de género.
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