México: Aprobada paridad electoral

Sara Lovera

México, enero (SEMlac).- México se convirtió en el quinto país de América Latina en aplicar la paridad de género en la conformación de los parlamentos, a partir del pasado 13 de diciembre, cuando fue aprobada la Reforma Político-Electoral por el Congreso de la Unión. La decisión fue adoptada tras la iniciativa de ley que envió al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto, 45 días antes de cumplir su primer año de gobierno y luego de haberla anunciado en el 60 aniversario del sufragio femenino, en octubre pasado, tras haberse alcanzado en la presente legislatura el mayor número de legisladoras en su historia. Las mexicanas podrán ser elegidas en las listas electorales de manera paritaria a los varones (50/50) a partir de las próximas elecciones federales de 2015, hecho muy significativo porque, con la aprobación de esta reforma concluyeron 189 años desde la primera vez que las mujeres pidieron la ciudadanía en Zacatecas, en 1824, cuando todavía había olor de la pólvora por la guerra de la independencia. La paridad es un hecho de importancia en el contexto de la reforma político- electoral, la cual también establece la creación de un nuevo órgano electoral nacional, la reelección de diputados y alcaldes, así como reducir los tiempos de campañas electorales y la posibilidad de anular una elección por rebase de topes de campaña. El acuerdo para la paridad política coloca a México en el quinto país de América Latina con ese derecho, tras Costa Rica, Bolivia, Venezuela y Ecuador, y si bien la impulsó el presidente Peña Nieto y ahora ya varios gobiernos de los estados de la República también la están proponiendo, es el resultado de la movilización de las mujeres y del consenso alcanzado por legisladoras de todos los partidos políticos. En la discusión plenaria de la reforma se intentó colocar la paridad de género de candidaturas legislativas en un artículo transitorio, pero unidas las congresistas lograron que fuera incluida en la reforma constitucional. En especial, tres senadoras alzaron su voz para imponerse: Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Diva Hadamira Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Marcela Torres Pimbert, del Partido Acción Nacional (PAN). Las legisladoras lograron abrirse paso con la demanda de las mujeres de participar en condiciones de igualdad en la vida política de México, luego de ser incluida en el artículo 41 constitucional la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local. Asimismo, se hizo ver que este significativo avance responde a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y otras conferencias sobre derechos civiles y políticos, así como conferencias internacionales. La demanda de paridad era un pendiente de la Legislatura federal anterior, durante la cual también se trabajó una reforma política, pero la propuesta respaldada por empresarias, profesionales, académicas y activistas no fue tomada en cuenta en las discusiones. La construcción y reconocimiento de liderazgos femeninos comenzó a apuntalarse, de manera más decisiva, cuando llegó al Congreso, en 2012, un número histórico de mujeres, que en el Senado alcanzaron 33 por ciento y en la Cámara de Diputados, 37 por ciento. Sin embargo, en el ámbito local la participación femenina sigue siendo muy limitada: apenas del siete por ciento en las presidencias municipales y del 24 en las cámaras locales. Se consiguió un elevado porcentaje de legisladoras federales en las elecciones de 2012, gracias a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa ocasión, ese tribunal determinó que la excepción de candidatos de mayoría relativa para no aplicar cuotas de paridad no podía ser invocada por los partidos políticos y los obligó a registrar mujeres para las elecciones federales de 2012. La paridad de género en las candidaturas legislativas viene a sumarse a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Peña Nieto, que entre sus tres estrategias transversales incorporó, por primera vez, la perspectiva de género en todas las tareas públicas y programas de su gobierno. Al respecto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que esa medida gubernamental está propiciando que los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal se estén realizando con enfoque de género, lo cual "será un acelerador de la igualdad entre mujeres y hombres". Como reacción a la paridad de género en las legislativas, mujeres representantes del movimiento feminista y del ámbito político coincidieron en que los derechos políticos de este sector poblacional no pueden limitarse solamente a esa conquista, sino que hace falta que la igualdad entre géneros abarque todos los ámbitos. Marta Lamas, antropóloga y feminista, manifestó que "la paridad va más allá de las listas electorales, pues una política paritaria debe dejar de plantearse en un solo sentido". A su vez, Patricia Mercado, excandidata presidencial, fundadora de diversas asociaciones civiles de mujeres y actual secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal, dijo que haber establecido la cuota de 50 por ciento es un gran avance, pero que la representación política abarca otros espacios de la vida pública donde no hay equidad de género en cargos de responsabilidad para compartir con los hombres encargos sociales, políticos y económicos del país. En efecto, menos del 10 por ciento de los municipios del país son presididos por mujeres y la media nacional de ellas en los congresos locales es de 24 por ciento, mientras que México se quedó sin gobernadoras en las entidades de la República, a partir del primero de octubre de 2012, al salir Ivonne Ortega, del PRI, de su cargo en Yucatán, por lo que han quedado solo hombres en las 32 entidades federativas del país. Además, las mujeres cubren apenas 24 por ciento de los puestos directivos superiores. En el Ejecutivo Federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa 35,5 por ciento y se concentra en la más baja jerarquía, en cargos como subdirectoras, jefas de departamento y enlaces. Los puestos de alta dirección en las entidades federativas tienen una presencia femenina de tan solo 14,6 por ciento, mientras que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo dos de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia, en 2012, el 28,6 por ciento eran mujeres. Hasta diciembre pasado, el principio de paridad política de género constituía una meta para superar el concepto de cuotas, en términos de equidad, y franquear las limitaciones establecidas de 60-40, lo que con anterioridad lograron algunos congresos locales de la federación. En Puebla, por ejemplo, el Congreso local aprobó por unanimidad, en octubre último, el 50 por ciento de candidaturas para mujeres, y lo mismo ocurrió en Baja California Sur, donde el Congreso incorporó en su legislación, el pasado 24 de octubre, la paridad de género para la conformación de los ayuntamientos y el Congreso estatal. Hay mucha diferencia en materia de cuotas de género en otras entidades de México, debido a que cada estado tiene su propia constitución, con excepción del Distrito Federal, así como leyes y códigos electorales. Mientras que en algunos estados se contempla el 30 por ciento de participación femenina, en otros el porcentaje aumenta a 40, incluso en algunos casos, sin contar a Puebla y Baja California Sur, que recientemente aprobaron la paridad, algunas entidades ya la habían introducido en sus legislaciones (50%). De ese modo, mientras en entidades como Guerrero y Nayarit no se especifican un porcentaje mínimo de cuotas de género, en Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, las mismas no aplican a las candidaturas por principio de mayoría relativa o elección directa por distrito. Sólo valen para las listas pluriominales. En la mayoría de las entidades prevalece la ecuación 70/30 de las cuotas de género, aunque en algunos casos se manejan porcentajes diferenciados según el principio de las candidaturas, como en Colima, donde se aplica el 30 por ciento de candidaturas de mujeres por principio de mayoría relativa y 50 por principio de representación proporcional. En el Distrito Federal, en el primer caso es de 30 y en el segundo de 46. Entre las legislaciones más avanzadas se encuentran los casos de Campeche, Chihuahua y Sonora, únicas entidades que contemplaban la aplicación de la paridad (50%) en las candidaturas por ambos principios, tanto a propietarios como suplentes. Al quedar la paridad de género plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado mes de diciembre, las legislaciones locales tendrán que adaptarse al nuevo criterio normativo. La senadora De la Peña dijo que desde 1953, cuando las sufragistas lograron el derecho al voto para las mexicanas, los avances fueron importantes en las cuotas de género, pero subrayó que en esta reforma político-electoral era hora de contemplar la paridad en las elecciones federales y estatales.