Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a atender la agenda de los
menores, sobre todo ante la situación de narcoexplotación a la que
están expuestos los adolescentes en zonas de conflicto, como sucede en
estos momentos en Michoacán.
En conferencia de prensa, el
director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, advirtió que
en el primer año de gobierno de Peña la “agenda de los niños, niñas y
adolescentes ha sido eclipsada por las reformas estructurales, en las
que este sector que abarca 42 millones de mexicanos ha sido excluido de
consideración y consulta”, dijo.
Acompañado de Gabriel Rojas,
Verónica Acacio y Luis Enrique Hernández, miembros de la agrupación
integrada por 75 organizaciones en 16 entidades del país, Pérez García
exigió al Ejecutivo el cumplimiento de sus promesas de campaña a favor
de los menores de edad, así como una interlocución de alto nivel con el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para atender los
temas urgentes que atañen a la infancia.
Con base en los datos
más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la Redim resaltó que de 2011 a 2012 se registró un incremento
en el número de homicidios de menores por arma de fuego al pasar de 853
a 946.
En esos mismos años los asesinatos representaron 55% de
los homicidios totales de la población de cero a 17 años, y para el
siguiente año el porcentaje se incrementó en 58%, en tanto que siete de
cada diez adolescentes de entre 15 y 17 años que murieron por homicidio
fueron asesinados con arma de fuego en 2012.
Luego de recordar
que como candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto firmó la
iniciativa “10 por la Infancia”, impulsada por la propia Redim y la
UNICEF, Martín Pérez señaló que no ha sido ratificada por su gobierno,
por lo que lo urgió a retomar la Mesa Interinstitucional para la
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia
Organizada, creada en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón en
respuesta a una exigencia de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
El director ejecutivo alertó por el incremento en la tasa
de homicidios de jóvenes, “sobre todo entre 15 a 17 años, que pasó de
15.8 a 16.3 por cada cien mil habitantes, situación que se agravó en
los estados de Guerrero, Nuevo León y Chihuahua, dónde las tasas son de
61, 46 y 52 homicidios de adolescentes por cada 100 mil habitantes”,
detalló.
Al señalar que “la narcoexplotación de niños, niñas y
adolescentes continúa siendo una constante sin que se hayan tomado
medidas claras al respecto”, Juan Martín Pérez llamó al gobierno
federal a diseñar políticas públicas que “sancionen a quien contrata u
obliga a menores a formar parte del crimen organizado, así como para
dar alternativas a los adolescentes para que no recurran a esa
actividad por sobrevivencia”.
Y es que las cifras del desamparo
no mienten. Gabriel Rojas, de Educación con Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes en Situación de Calle (Ednica), resaltó que de acuerdo con
los datos del INEGI, tres de cada 10 menores de 18 años carecen de
servicios de salud; uno de cada cinco no están registrados
oficialmente, y tres de cada 10 no terminaron la secundaria y están
fuera del sistema educativo.
Entre los temas que no han sido
atendidos por la administración de Peña Nieto destaca el desdén hacia
la explotación sexual y la pornografía infantil, agregó Verónica
Acacio, de la Fundación Protégeme.
Tras señalar que no existen
estudios especializados realizados por el gobierno federal para atender
el grave problema, Acacio apuntó que organizaciones nacionales e
internacionales han colocado a México en los primeros lugares de
incidencia.
“La organización Asexoria, dedicada a la prevención
del abuso sexual infantil, ubicó a México como el primer lugar en el
mundo donde se trafica con niñas y niños con fines de explotación
sexual, pornografía y prostitución infantil, título que se disputa con
España; la organización encontró 300 mil sitios de internet que tiene
su origen en México, en tanto que la American Bar Association
identificó 47 bandas dedicadas a la explotación sexual y laboral
infantil que operan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero,
Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo”, documentó Acacio.
Luis Enrique
Hernández, de Caracol, organización dedicada a la atención de la
población callejera, alertó sobre una “política de exclusión y
discriminación a este sector de alta vulnerabilidad, en tanto que en 11
ciudades se impulsa la limpieza social en las calles, con el pretexto
de la recuperación de espacios públicos”. Esas ciudades son el Distrito
Federal, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Xalapa, Acapulco, Tijuana,
Guadalajara, Ciudad Juárez, Zacatecas, Boca del Río y San Luis Potosí”.
Recordó
que la política contra la población callejera fue motivo de una
audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
realizada el año pasado en Washington, en la que se resolvió la próxima
visita de la relatora para la niñez, Rosa María Ortiz, por las ciudades
mencionadas.
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