La trampa michoacana

Miguel Carbonell

La primera característica de todo Estado moderno es obtener el monopolio de la violencia legítima. Lo dijo Max Weber a principios del siglo XX en su magna obra Economía y sociedad. Un Estado que permita que cualquier grupo social compita violentamente por imponer las reglas de la convivencia, está en serio peligro de desaparecer como tal.

En Michoacán es probable que se esté viviendo en una situación verdaderamente límite, en la que la sociedad ha tenido que tomar las armas para hacer frente a distintos grupos de la delincuencia organizada que tenían (y tienen) amenazados tanto a las propias autoridades como al conjunto de la ciudadanía.

No se trata, por cierto, de un fenómeno nuevo. Recordemos que la primera embestida militar del sexenio de Felipe Calderón tomó rumbo precisamente hacia Michoacán, que desde ese entonces ha sido un foco rojo en términos de seguridad nacional.

No hay forma de justificar la existencia de los grupos de autodefensa, ni en Michoacán, ni en Guerrero, ni en ningún otro estado, pero lo cierto es que la población ya está cansada de la incompetencia de tantas autoridades (en todos los niveles de gobierno) y quiere recobrar unas mínimas condiciones que hagan posible la convivencia pacífica.

La gente en Michoacán quiere estar libre del yugo de las permanentes extorsiones que con total impunidad han practicado tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios.

No ha habido cuestión política o movimiento económico de relevancia que no haya sido influida por el chantaje permanente de los delincuentes. Ellos han decidido candidaturas, han puesto y quitado funcionarios, han creado un sistema ilegal de pago de “contribuciones”, han desarrollado un esquema de cobro de piso a empresarios medianos y grandes, han sustituido a los jueces para que un deudor pueda cobrarle a sus acreedores, han controlado lo que entra y sale de las aduanas y así hasta el infinito.

La respuesta a los criminales que están realizando las autodefensas no es una solución viable a mediano y largo plazo. Es más bien una trampa, porque como ya lo sabía muy bien el propio Max Weber, solamente los poderes públicos cuentan con la legitimidad suficiente para imponer un orden jurídico que sea válido (y justo, si no fuera mucho pedir) para todos.

Lo que Michoacán necesita con urgencia es presencia y densidad institucional. Requiere de instituciones eficaces, que cumplan con su papel, que desquiten el salario que se les paga a sus integrantes y que estén dispuestas a pagar el precio que cuesta imponer el Estado de derecho.

No hay atajos que valgan; nadie dice que será fácil, pero no hay otra alternativa más que imponer el orden jurídico, hasta sus últimas consecuencias. Nadie duda tampoco de que eso será imposible sin el apoyo del gobierno federal, que es el único que cuenta con el aparato de inteligencia y la fuerza policiaca suficiente para pacificar ese bello estado de la república.

La batalla por Michoacán es una batalla de la razón jurídica contra la fuerza bruta. Es decir, es una batalla de la civilización contra la barbarie. Ojalá salgamos bien librados de ella.

 

@MiguelCarbonell

Investigador del IIJ-UNAM