Wikileaks en La Jornada/Acuerdo Transpacífico
Víctor M. Toledo
La estatua de la Libertad. Estados Unidos se opone a ratificar el Protocolo de KyotoFoto Ap
¿Qué novedades, sorpresas e innovaciones se descubren en esta nueva revelación de Wikileaks
que llega envuelta en papel celofán, un moño de colores y una pequeña
tarjeta con dedicación especial a la libertad de información? ¿Por qué
los gobiernos insisten en tomar acuerdos de manera secreta sobre temas
y decisiones que afectarán a millones de ciudadanos? ¿No acaso un
principio de la democracia es la transparencia, la discusión abierta y
pública de las decisiones gubernamentales? Tras el vigésimo aniversario
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cocina a
fuego lento y de espaldas a la opinión pública un nuevo tratado más
amplio, ambicioso y profundo (con todo lo que esto signifique), en el
que participan 12 países, incluyendo a México. El Acuerdo de Asociación
Transpacífico –ATP o TPP, por sus siglas en inglés– es un tratado de
libre comercio multilateral, cuyas negociaciones comenzaron en marzo de
2010, aunque las conversaciones preliminares se remontan a 2006. A la
fecha existen documentos reservados, producto de intensas
negociaciones, que contienen 29 capítulos, uno de los cuales, el
dedicado al escabroso tema ambiental, ha hecho público Wikileaks y ha sido entregado a La Jornada y otros dos medios. Aunque se dice que es un
documento consolidado, lo cierto es que se trata de un texto aún sujeto a discusión, provisional y con numerosas porciones no consensuadas.
El primer hecho que salta a la vista es que este capítulo, a
diferencia del de propiedad intelectual (que se dio a conocer en
noviembre), prácticamente excluye obligaciones claras y bien definidas,
así como sanciones y penalidades sobre acciones que afecten los
objetivos centrales contenidos en el capítulo. En su artículo nueve se
establece explícita y contundentemente que las partes reconocen que
mecanismos voluntarios y flexiblespueden contribuir al logro y mantenimiento de altos niveles de protección ambiental.
Las partes también reconocen que tales mecanismos deberían ser diseñados de tal manera que maximicen los beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.
Un segundo rasgo general es el permanente vaivén entre declaraciones
contundentes casi apoteósicas sobre los principales temas ambientales y
ecológicos, que dan fe de un conocimiento actualizado de las
problemáticas, y ciertos párrafos que se filtran, como invitados no
deseados, en los intersticios del documento, que son expresión de un
oculto objeto del deseo por remontar, soslayar, ignorar y, finalmente,
abolir cualquier obstáculo que impida la plenitud del libre comercio,
que es la meta dorada del acuerdo.
Por ejemplo, nadie en su sano juicio puede objetar los gloriosos
párrafos dedicados a los objetivos (artículo 2): “…las partes reconocen
que la cooperación efectiva para proteger y conservar el ambiente y
manejar de manera sostenible sus recursos naturales conlleva beneficios
que pueden contribuir al desarrollo sustentable, fortaleciendo su
gobernanza ambiental y complementando los objetivos del ATP”. Sin
embargo, el apartado siguiente echa abajo de inmediato esa afirmación y
reconocimiento al señalar que (artículo 2, inciso tres):
Las partes también reconocen que es inapropiado utilizar sus leyes ambientales u otros mecanismos similares en modalidades que pudieran constituir una restricción sobre el comercio o la inversión entre las partes.
Algo similar ocurre con el artículo 3, dedicado a los compromisos
generales. Por un lado, las partes reconocen el derecho soberano de
cada país a establecer sus niveles, prioridades y estándares de
protección ambiental, y de adoptar o modificar su legislación y
política ambiental. Sin embargo, un poco más adelante se señala que una
vez iniciado el acuerdo multilateral, ninguna de las partes orientará
su legislación ambiental en un sentido que afecte el comercio o la
inversión entre países. La balanza retorna un poco cuando en los
párrafos siguientes se afirma que
...las partes reconocen que es inapropiado potenciar el comercio y la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de sus mecanismos legales previamente establecidos sobre protección ambiental.
Un tema central es si este nuevo tratado multilateral respetará los
numerosos acuerdos internacionales sobre el ambiente y el uso de los
recursos naturales, y que han firmado la gran mayoría de los países
participantes o, por lo contrario, dará un paso atrás relajando las
normas y desconociendo los compromisos ya adquiridos por cada nación.
Aquí, el documento aborda el caso del Protocolo de Montreal, que limita
la expulsión de sustancias que afectan la capa del ozono (artículo 4,
sección cuatro), el de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y el del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) cuando se examina el tema de
comercio y conservación. Sobre estos temas la disputa no solamente es
paradójica, sino curiosa: mientras Estados Unidos impulsa volver
obligatorios el Protocolo de Montreal y el CITES, los 11 países
restantes se oponen. Inversamente, mientras Washington se niega a
aceptar el CDB, el resto de las naciones lo promueven.
Sin
embargo, el capítulo deja fuera muchos acuerdos, como el Convenio de
Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que regula el
tratamiento de las sustancias tóxicas, la Convención de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, la Convención sobre acceso a la
información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a
la justicia en temas medioambientales (Convenio de Aarhus), y el
Protocolo de Kiev, de registro de emisión y transferencia de
contaminantes.
Mención especial merece el reciente Protocolo de Nagoya (PdeN),
enfocado al acceso justo y equitativo de los beneficios derivados del
uso de los recursos genéticos. El protocolo es resultado de siete años
de negociaciones y resulta estratégico para los países considerados
biológicamente megadiversos: Perú, Australia, Malasia y México. Las
tesis del PdeN han sido consideradas, pero son rechazadas por Estados
Unidos. Algo similar ocurre con el caso de las pesquerías marinas,
donde los acuerdos impulsados por la FAO para detener el notable
deterioro de los recursos pesqueros fuertemente disminuidos por la
sobrexplotación no alcanzan consenso entre las partes.
Finalmente, el documento es cauto o suspicaz cuando por ejemplo
aclara que deja fuera de su definición de ley ambiental los temas de la
seguridad y salud de los trabajadores, o el manejo de los recursos
naturales por los pueblos aborígenes o indígenas, como si la naturaleza
se pudiera separar del trabajo y la cultura. Igualmente, dedica muy
poco a lo que es la problemática nodal: la crisis climática. Como si
una ampliación del comercio, que implica el incremento de la energía
fósil para el transporte de mercancías, no acelerara el efecto
invernadero y agravara la ya de por sí crítica situación global.
El capítulo es, pues, un mar de contradicciones, paradojas,
incongruencias y vaguedades. La complejidad del tema parece rebasar las
capacidades de quienes han intentado lograr un documento consensuado
por 12 países que, para hacerlo más complicado, presentan situaciones
económicas, políticas, culturales, ambientales e históricas bastante
disímbolas. Pero, sobre todo, porque se trata de hacer compatibles la
necesidad urgente de tomar medidas para detener el deterioro de un
planeta que se mueve hacia el desfiladero, con los deseos disfrazados u
ocultos del capital encapsulados en la idea paradigmática del
libre comercio. La devastación ambiental, social y cultural que hoy sufre México, por ejemplo, provino en buena medida del TLCAN, como ha sido mostrado por diversos autores. Un nuevo tratado multilateral no puede ser sino simplemente sospechoso, más aún cuando se prepara de manera secreta. Por fortuna, en dos décadas los ciudadanos del mundo hemos ensanchado, fortalecido y multiplicado los mecanismos de resistencia, y hoy resulta más difícil escamotear derechos elementales. El hecho que podamos desnudar tratados concertados entre las esferas del poder político y del poder del capital es ya una señal positiva.
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