NACIONAL
Padecían violencia con cárteles; ahora temen a fuerzas federales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
A
las michoacanas de la región de Tierra Caliente ninguna autoridad las
protegió de la delincuencia organizada, cuyos integrantes llegaron a
considerarlas objetos de cambio o de préstamo.
Al parecer, tampoco nadie las protegerá ante posibles agresiones que
desate la reciente llegada del Ejército y la Policía Federal (PF) a la
entidad.
Los municipios que conforman esta zona colindante con el estado de
Guerrero son la fuente de trabajo y de ingresos de miles de mujeres
jornaleras. Todas ellas, mexicanas de escasos recursos que habitan o se
trasladan a los campos de cultivo para emplearse generalmente por un
bajo salario; algunas son mujeres desplazadas a causa de la pobreza
extrema en sus comunidades.
Desde 2002 a la fecha la entidad se ha convertido en bastión de la
violencia y territorio de enfrentamientos entre distintos grupos del
crimen organizado y del narcotráfico.
En 2006 Felipe Calderón decidió iniciar la “guerra” contra la
delincuencia organizada en la entidad, lo que debilitó aún más a las
autoridades locales y vulneró a sus pobladores, especialmente a las
mujeres y año con año la situación empeoró.
Así lo relató “Rocío”, michoacana que se vio obligada a trasladarse al
estado de Colima en agosto pasado a consecuencia de la inacción del
gobierno estatal y federal, para garantizar su derecho a una vida digna.
“Antes teníamos miedo, a eso el gobierno local le abonó la
incertidumbre”, dijo desde el exilio al referir que ella y sus
compañeras con las que ha logrado comunicarse tenían temor de que la
llegada del Ejército y la PF, lejos de mejorar la situación, derive en
más agresiones en su contra.
Cabe recordar que el lunes pasado, luego de conocer los incidentes de
violencia en los que fueron incendiados comercios y oficinas
municipales y fue bloqueado el acceso al municipio de Apatzingán, los
gobiernos federal y local firmaron un acuerdo de coordinación para la
seguridad en Michoacán.
Para “restablecer la paz y la seguridad en Michoacán”, el lunes por la
tarde llegaron a la entidad fuerzas federales que comenzaron por
desarmar a las guardias comunitarias. Para la mañana del martes se
denunció la muerte de tres civiles y un menor de edad.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Monte Alejandro Rubido García, confirmó ayer que las fuerzas federales
tomaron ya el control de la seguridad en 20 municipios de Michoacán, y
se preveía que en las primeras horas de este viernes serían ocupados
otros siete en la región sur del estado.
POBLACIÓN VULNERABLE
En ese contexto, “Rocío” expresó su preocupación ante la estrategia,
relató que las comunidades que decidieron conformar autodefensas lo
hicieron a raíz del hartazgo en el que vivían, y “lo que le pedíamos al
gobierno es que nos protegiera de los malos, no que matara a nuestros
compañeros”.
Recordó que en junio pasado “la gota que derramó el vaso” en el
municipio minero de Aquila (región de la costa) fue que los
delincuentes llegaban a las casas a llevarse a las mujeres y niñas para
violarlas. Ante ello, la comunidad decidió organizarse y armarse para
“hacer lo que las autoridades no hacían”.
De acuerdo con Circe López Riofrio, directora de la organización civil
Humanas sin Violencia, asentada en Michoacán, las mujeres que habitan
en Tierra Caliente enfrentaban la misma condición que las mujeres de
Aquila.
Contó que su organización conoció los casos de mujeres jornaleras que
eran secuestradas y violadas sexualmente por la delincuencia
organizada, y también casos de mujeres agredidas por sus empleadores.
Estos grupos –contó– además de cobrar derechos de piso o cuota, como
otra fuente de ingresos venden o explotan sexualmente a las mujeres.
“Cuando algo va mal generalmente también se desquitan contra las
mujeres”, explicó López Riofrio.
A lo que se sumaban otros tipos de violencia de los que debían
defenderse: “Algunas decidieron armarse y aseguraban que matarían a
quien quisiera agredirlas a ellas o a sus hijas; sabían que denunciar
era una pérdida de tiempo”.
Por ello lamentó que la estrategia de seguridad se lanzara sin pensar
que las mujeres están “en medio del conflicto”, pues si bien muchas
apoyan a sus compañeros y existen casos de mujeres que decidieron
incorporarse a las autodefensas, muchas de ellas –provenientes de otros
estados– viven solas y no cuentan con el apoyo de la comunidad.
México –recordó Circe López– ha ratificado una serie de convenios para
proteger a las mujeres en situaciones de conflicto, guerra o posguerra.
Consideró que lo que pasa en la entidad puede calificarse como tal y
que “México olvidó su compromiso” con las mujeres.
“No hemos tenido buenas experiencias cuando los militares o policías
federales han llagado a otros estados; no hay formas de control para
posibles agresiones contra las mujeres y cuando suceden tampoco hay
sanciones; lo mismo puede pasar en Michoacán”, recalcó.
Resaltó que por el momento –y no se sabe hasta cuándo– Tierra Caliente
está incomunicada, pues es muy difícil salir o entrar de la zona, lo
que “es muy preocupante” ya que en las comunidades hay mujeres
embarazadas que deben recibir atención médica “y no queda claro quién
la brindará”.
Denunció que el Hospital General de Apatzingán fue cerrado
temporalmente, “entonces no sabemos a dónde irán estas mujeres o quién
está ahí para atenderlas”.
A lo que se suma que muchas de ellas viven de lo que producen o
comercializan de los campos de cultivo, y al estar todo paralizado
“indudablemente repercutirá en su economía”.
Por su parte, la activista y defensora de Derechos Humanos de mujeres
indígenas Delia Villalobos, sostuvo que “la situación era insostenible
para toda la población, pero en especial para las mujeres que están en
medio de todos los enfrentamientos”.
Explicó que por ello se dio el surgimiento de gran parte de los grupos
de autodefensa, por lo que para resolver el conflicto se debe
considerar que cada comunidad enfrenta condiciones y necesidades
distintas.
Advirtió que no se puede desplegar “sin una estrategia clara a las
fuerzas federales”, pues las consecuencias más graves de las acciones
las sufrirá la población femenina, que puede ver violados sus derechos
sexuales y reproductivos, a la seguridad, dignidad y acceso a la
justicia.
“Hasta ahora no existen alternativas para que las michoacanas puedan
enfrentar las agresiones por parte de policías federales o militares”,
puntualizó.
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