Alejandro Encinas Rodríguez
El México en el que nacimos, el México nacionalista, el país con identidad cultural, el de los valores cívicos que cultivaban la defensa del interés público, la autodeterminación de los pueblos y la lucha antiimperialista. El México en el que vivimos hasta diciembre de 2013 ha quedado atrás.
Los cambios impulsados desde las esferas del poder a lo largo de tres décadas han cerrado un ciclo. Se desmanteló al Estado social mexicano, privatizando los bienes y recursos de la Nación. La apertura comercial justificó la incorporación de nuestro país a la globalización sin reconocer la desigualdad de nuestras economías y condujo a una desmedida concentración del ingreso, sumiendo en la pobreza a la mayoría de los mexicanos.
Las recientes reformas constitucionales rompen con las bases fundacionales del México posrevolucionario y quebrantan el pacto social emanado de la Constitución de 1917. Se trata de una modificación sustancial al pacto social y al concepto de propiedad originaria de la Nación sobre su territorio y sus recursos naturales, en especial los del subsuelo, donde se da preponderancia al interés privado por encima del interés público y los derechos sociales.
Se ha impuesto la visión de una parte de la sociedad: la del dinero, la de los privilegios. La que detenta el poder público y el poder económico en el país, que tensa las relaciones de convivencia entre los mexicanos y desmorona la noción de igualdad entre los individuos dentro de la democracia occidental, restableciendo el elemento básico de la lucha de clases: la sobrevivencia.
Estamos ante la reconfiguración del poder político y del poder económico. Se ha gestado una coalición conservadora subordinada a los poderes económicos locales y transnacionales que ha cedido poder y soberanía. Asistimos al reacomodo de las corporaciones y los grupos económicos donde las reformas en telecomunicaciones y energética consolidarán una poderosa oligarquía y permitirán una mayor injerencia política desde exterior.
Esta coalición conservadora alienta la centralización del poder público y el debilitamiento del federalismo, lo que se acredita en la concentración de los asuntos de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional en Gobernación; el manejo discrecional de los recursos públicos en Hacienda; la creación de una Gendarmería Nacional que sustituirá los mandos policiacos locales, y en el intento de federalizar la legislación y las elecciones locales.
El desmantelamiento de la Constitución sintetiza este proceso. Por ejemplo: la reforma laboral modificó la relación entre el capital y el trabajo, alentando la disolución de las organizaciones sindicales al desregular la relación laboral, con las modalidades de subcontratación; la contratación temporal, a prueba o por capacitación, hora, día, semana, mes, y la flexibilización del despido sin responsabilidad para los patrones. Conformando regímenes de excepción a través de otras reformas como la educativa, donde se crea un régimen laboral especial para el magisterio fuera del apartado B del artículo 123 constitucional, o en la reforma energética, que implanta las condiciones para liquidar al STPRM, al SUTERM y sus contratos colectivos de trabajo, al establecer que Pemex y CFE, deberán constituirse como empresas productivas, las que instituirán sus propias normas administrativas, organización, funcionamiento, contratación y remuneraciones de su personal.
México cambió. Vivimos en un país distinto. La izquierda, que abonó a esta situación con su fragmentación y el craso error encarnado en la firma del Pacto por México, no puede seguir pensando ni actuando como hasta ahora. Es momento de una redefinición autocrítica; recuperar identidad ideológica y su vocación unitaria y frentista, manteniéndose en la lucha democrática y electoral, pero regresando al trabajo sectorial a fin de superar el divorcio que mantiene con la sociedad.
Senador de la República
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