Ariel Noyola Rodríguez* Opinión
La crisis de deuda de la década de 1980 marcó un punto de inflexión en los esquemas de integración bajo la perspectiva cepalina
(haciendo alusión a la teoría económica desarrollada por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, desde 1950). De una
estrategia basada en la industrialización sustitutiva de importaciones
y la ampliación del mercado intrarregional se pasó a otra sustentada en
las exportaciones extrarregionales impulsada por un proceso de
liberalización comercial creciente que culminó con la adhesión al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su
sigla en inglés). Así, ya en la década de 1990, la Cepal hizo del
regionalismo abierto la doctrina para la “transformación productiva con
equidad” con fundamento teórico en el equilibrio walrasiano-paretiano:
máxima optimización de los recursos con base en las señales del mercado
de libre competencia.
El
planteamineto central de la Comisión consistía en hacer compatibles las
políticas de integración regional (acuerdos preferenciales) con las de
apertura (libre flujo de bienes, servicios y capitales) para aumentar
la competitividad. Sin embargo, este enfoque omitió nociones
elementales de poder y conflicto, tópicos fundamentales para comprender
la dinámica de las relaciones económicas internacionales bajo el
capitalismo: eliminó de facto el dilema del desarrollo en un mundo
económicamente interdependiente y jerarquizado; hizo abstracción del
contexto económico de la etapa (mundialización del capital dirigida por
empresas trasnacionales); y suprimió el análisis de los efectos de la
integración sobre el capitalismo periférico. En suma, la concepción
desarrollista de integración se transformó en un mecanismo de
subordinación al mercado mundial abandonando así sus funciones como
instrumento compensatorio de las tensiones de la industrialización
periférica en curso.
El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) ejemplifica claramente este giro. Para México, según
la Cepal, el TLCAN permitió “un acceso más estable a su principal
mercado [Estados Unidos], reforzó la credibilidad de sus políticas y
garantizó la incorporación del país al proceso de globalización”
(Cepal, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe,
1994, http://bit.ly/1kjTjST). Luego de 20 años de su entrada en vigor,
la prospectiva cepalina quebró: la recuperación estadunidense tras la
crisis de 2007-2008 permanece incierta, y con ello su “efecto de
arrastre” sobre la economía mexicana; la “credibilidad política”
(equilibrio fiscal, control de la inflación, contención salarial,
etcétera) derivó en una distribución regresiva del ingreso y,
finalmente, la “incorporación a la globalización” quedó reducida a la
emigración masiva de mano de obra hacia Estados Unidos y la
extranjerización de la planta productiva.
Iniciado el nuevo milenio, Washington
intentó consolidar el libre comercio para el conjunto de América Latina
a través de un “TLCAN ampliado”: el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Si bien la iniciativa estadunidense logró frustrarse
en Mar de Plata, Argentina, en 2005, como resultado de una fuerte
oposición popular y el ascenso de gobiernos de centro izquierda,
Estados Unidos se abrió paso con la firma de acuerdos de libre comercio
bilaterales con Centroamérica y el Caribe y sumó varios aliados en
Suramérica. En este sentido, la Alianza del Pacífico (lanzada en Lima,
Perú, en abril de 2011) que integra a Chile, Colombia, México y Perú,
constituye hoy una especie de mini-ALCA y la continuidad del regionalismo abierto.
En el plano económico, representa el 35 por ciento del producto interno
bruto, 50 por ciento del comercio y 41 por ciento de la inversión
extranjera de América Latina. En agregado, las cuatro economías
constituyen la octava economía mundial y la séptima potencia
exportadora. En el plano geopolítico, el bloque se amolda bien a los
intereses estratégicos estadunidenses: hace avanzar de otra forma el
libre comercio con las Américas; disputa hegemonía regional con
otros procesos de integración (la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones
Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
etcétera); y articula una estrategia subregional con gobiernos
neoliberales afines para hacer frente al desafío económico chino a
través de su apéndice global, el Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP, por su sigla en inglés).
En febrero de este año, bajo el marco
de su VIII Cumbre, la Alianza del Pacífico concretó la eliminación
arancelaria sobre el 92 por ciento de los bienes y servicios, y la
adhesión de Estados Unidos en calidad de nuevo Estado observador junto
con 13 países, sumando un total de 29. Adicionalmente, Costa Rica
acelera los trámites para ingresar como miembro pleno y no se descarta
que Washington pueda hacerlo en breve. Con todo, el éxito de la Alianza
no está asegurado. El regreso de Michelle Bachelet a la presidencia de
Chile y su deseo de “recuperar” las relaciones con Brasil y Argentina
(miembros del Mercado Común del Sur), “revisar exhaustivamente” el TPP
y “reforzar” sus vínculos con China (Xinhua, 12 de marzo de 2014)
podría poner en cuestión los términos de la Alianza y acotar las
ambiciones económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la región.
*Miembro del Observatorio Económico de
América Latina, y del Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
No hay comentarios.:
Publicar un comentario